Caso Mascarillas: tres funcionarias y el intermediario apuntalan la acusación tras declarar como testigos ante el juez

Conrado Domínguez, tras declarar el pasado jueves. (EFE)

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Tras las declaraciones, entre el martes y el jueves, de los tres imputados en el denominado caso Mascarillas, que investiga el fallido contrato por el que Sanidad pagó cuatro millones de euros para la adquisición, durante la pandemia, de un material que nunca llegó a los hospitales de las Islas, este viernes ha sido el turno de los testigos.

Las contradicciones sobre la segunda oportunidad que Sanidad dio a la empresa incumplidora de las mascarillas

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Tres funcionarias del Servicio Canario de Salud (SCS) y el intermediario de la operación, Samuel Machín, han apuntalado con sus testimonios ante el juez instructor algunos de los indicios que el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas recogió en su querella contra el director del SCS, Conrado Domínguez; la exdirectora de Recursos Económicos del organismo público, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7 United, la empresa dedicada a la compraventa de vehículos que cobró por anticipado esos cuatro millones de euros por unas mascarillas que no llegó a servir. La Hacienda canaria aún intenta recuperar ese dinero.

Las técnicas del SCS que han comparecido ante el magistrado Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, coincidieron en que el Comité de Emergencias Sanitarias que coordinaba Conrado Domínguez (entonces secretario técnico en la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda) propuso durante la pandemia que se contratara a proveedores no habituales sin acreditar su solvencia, su trayectoria o su capacidad para importar material sanitario. Todo ello bajo el paraguas de la contratación de emergencia y la normativa excepcional aprobada por el Gobierno de España al principio de la pandemia debido a las dificultades para obtener material de protección sanitaria debido a la alta demanda mundial.

Dos de ellas, ambas jefas de servicio en el área de Contratación, ratificaron además ante el instructor lo que ya habían declarado ante el fiscal Anticorrupción en las diligencias preprocesales, esto es, que aconsejaron a la máxima responsable del área de Recursos Económicos del SCS, la investigada Ana María Pérez, en una reunión celebrada en octubre de 2020, cinco meses después de la adjudicación, que no realizase el segundo y último pago anticipado a la empresa, de dos millones, porque había riesgo de estafa.

Una de las funcionarias llegó a acudir a la dirección en la que figura el domicilio social de RR7 y no vio nada, “ni siquiera una placa”, por lo que sospechó de que se trataba de una “empresa fantasma” y así se lo transmitió a la directora de Recursos Económicos, que a pesar de esas advertencias decidió finalmente autorizar el pago. Lo hizo después de recibir un correo de la empresa adjudicataria y un informe del servicio de Programas Asistenciales. El correo advertía de las dificultades para adquirir las mascarillas por la “enorme demanda de gobiernos e instituciones” y de que, en caso de no disponer del 50% restante de los fondos para afrontar la operación, quedaría “al final de la cola en la recepción de la mercancía”. El informe sostenía que era necesario “completar el proceso de adquisición” de las mascarillas FFP3, ya que China había prohibido la exportación de este tipo de material y había que acudir a otros mercados. Ese fue, según el relato que hace el fiscal Anticorrupción en su querella, “el timo de Rayco”.

En sus intervenciones ante el juez, las técnicas también se refirieron a la segunda oportunidad que Sanidad dio a RR7 United en julio de 2021, dos meses después de haber resuelto el contrato por incumplimiento y cuatro después de que la Agencia Tributaria destruyera una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía al reportarse como mercancía falsa por parte de la empresa fabricante 3M. A pesar de no haber recibido ni una sola de las mascarillas comprometidas, aceptó la propuesta de la empresa para modificar el modelo contratado (N95 1860 de 3M) por otras de la marca Honeywell. Se mantenía el precio, pero se ofrecían 200.000 mascarillas más y se le daba un plazo de siete días a la sociedad para entregar un material que tampoco llegó.

Las funcionarias del SCS manifestaron no entender cómo se le permitió esa posibilidad a la empresa adjudicataria con un contrato que ya estaba formalmente extinguido, que no era posible y que, además, se había iniciado un procedimiento de reintegro de cantidades.

El intermediario Samuel Machín ha vuelto a reconocer, además, que esa segunda oportunidad fue pactada con Conrado Domínguez, que hubo un arreglo previo. Se trata de una de las contradicciones que se han planteado durante este procedimiento, ya que el actual director del Servicio Canario de Salud ha descargado la responsabilidad de esa decisión en la directora de Recursos Económicos y ha defendido que su actuación se limitó a negociar con Samuel Machín que se incrementara el número de mascarillas y a firmar la resolución que redactó la propia Ana María Pérez. La atribución de esa iniciativa es una cuestión crucial de cara a una eventual acusación por prevaricación.

El intermediario admitió que tenía una relación cordial y, en algunos periodos, casi diaria con Conrado Domínguez, tal y como atestiguan los numerosos mensajes de Whatsapp que el propio Samuel Machín aportó a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. El testigo dijo que habló en alguna ocasión con Ana María Pérez, pero que el peso de la operación lo llevó desde un inicio el actual director del Servicio Canario de Salud.

El abogado de Rayco Rubén González planteó que Samuel Machín declarara como investigado y no como testigo. El resto de las defensas se adhirieron a la petición, pero tanto el fiscal como el juez se opusieron. En los procedimientos judiciales, los testigos tienen la obligación de declarar y de decir la verdad. En caso de que no lo hagan, pueden incurrir en un delito de falso testimonio. En cambio, no existe esta obligación expresa para los investigados, que tienen el derecho a no declarar y a “no confesarse culpables”.  

 En su querella, la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la actuación de Conrado Domínguez, de prevaricación en la de Ana María Pérez y de estafa agravada y blanqueo de capitales en la de Rubén Rayco González.

Tanto el director del SCS como la exdirectora de Recursos Económicos contestaron a las preguntas formuladas por todas las partes. El primero el jueves y la segunda, el martes. El empresario, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar este jueves.

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