Caso Mascarillas Canarias

El director del Servicio Canario de Salud declara ante el juez y defiende que actuó “siempre bajo la legislación de cada momento”

El director general del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha defendido este jueves en su declaración ante el juez que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado caso Mascarillas que “siempre” actuó “bajo la legislación vigente en cada momento”.

Durante más de dos horas, Domínguez ha dado explicaciones en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el contrato por el que la Fiscalía le acusa de prevaricación y tráfico de influencias: la compra de un millón de mascarillas FFP3 en las primeras semanas de la pandemia de COVID-19 a una empresa del sector de la automoción sin experiencia alguna en la importación de material sanitario, RR7 United; mascarillas que nunca fueron entregadas a la sanidad pública, pero por las que se pagaron cuatro millones de euros.

“He respondido a las preguntas de todas las partes y he intentado aclarar que el SCS y yo en particular siempre he actuado bajo la legislación vigente. He intentado aclarar también algunas cuestiones que tienen que ver con las mascarillas que se adquirieron y su utilidad”, apostilló a su salida del Juzgado, para agregar que el interés del SCS “fue, es y seguirá siendo recuperar para las arcas públicas esos 4 millones de euros”.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno de Canarias “es el estafado aquí y tiene que recuperar esos recursos” para lo que la Agencia Tributaria Canaria “trabaja con todos sus medios” para poder recuperar los 4 millones de euros.

El responsable de esa sociedad, dedicada al comercio de vehículos, Rayco Rubén González, se enfrenta a cargos por estafa agravada. También él ha comparecido este jueves ante el juez encargado del caso, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.

Mascarillas que acabaron destruidas en la aduana

El pasado mes de julio, el Juzgado admitió a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director del SCS, la directora general de Recursos Económicos del SCS (que ya declaró el pasado martes) y el administrador de RR7 United por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, que se ha personado en el caso, indicó en su momento que no cejará en su empeño para recuperar los 4 millones abonados a la empresa y que permanece atento a la evolución judicial del caso Mascarillas.

En mayo de 2020, dos meses después de la declaración del estado de alarma, Canarias era, después de Andalucía, la comunidad con el mayor porcentaje de sanitarios infectados en relación con el total de contagios. Es en este escenario en el que se produce la polémica adjudicación a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, de un contrato de emergencia por importe de cuatro millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas FPP3, las de máxima protección, que tenían como destino los hospitales de las Islas y que nunca se sirvieron. A las Islas solo llegó una partida de algo más de 900.000 unidades que acabó siendo destruida en Aduanas después de que la empresa fabricante, 3M, alertara a la Agencia tributaria de que se trataba de mascarillas falsas. 

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado este procedimiento de “abrumadoramente irregular”, incluso de “grotesco”. La querella remarca que el contrato se negoció durante 21 días a través de Whatsapp y que durante ese periodo en ningún momento se preguntó por la solvencia de la empresa, su capacidad para conseguir y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos. Señala que, a pesar de que se justificó por la necesidad “urgente e imperiosa” de suministrar mascarillas FFP3, las de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al mayor precio que se pagó en toda la pandemia (más de un euro por encima por unidad con respecto a la segunda más cara).

También reprocha al SCS que acordara un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas y después de que dos jefas de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público advirtieran de que el riesgo de estafa “era notorio” y de que RR7 United era “una empresa fantasma, pirata”. O que en junio de 2021, cuando ya había resuelto el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar una modificación por la que el adjudicatario se comprometía a entregar por el mismo precio un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro modelo, un compromiso que tampoco cumplió y que asumió tres meses después de que llegara a Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en la Aduana tras constatarse que eran falsas.