Los fiscales independientes, preocupados por el “desprestigio” del Ministerio Público
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha mostrado este viernes su preocupación por el “desprestigio” que generan a la Fiscalía actuaciones como la que ha tenido en el caso Lezo el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para quien piden su destitución.
En declaraciones a Efe, el portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, ha señalado que les ha parecido de “extrema gravedad” el hecho que se hayan producido, de nuevo, órdenes a fiscales encargados de un caso en el que están implicados dirigentes o exdirigentes del PP para no llevar a cabo prácticas de diligencias.
Este tipo de órdenes no deberían ocurrir “nunca” en la carrera fiscal “porque no conducen a nada”, y por ello, Pallarés ha considerado que, cuando se reforme el Estatuto Fiscal para que los fiscales lleven las tareas de instrucción, si se mantienen las órdenes las particulares, éstas deban ser positivas y por escrito para que quede constancia de las mismas y las puedan conocer las partes.
En España se permiten las órdenes concretas, previstas en el Estatuto Fiscal, así como las instrucciones generales por parte de la Fiscalía, “imprescindibles” para que se actúe con unidad de criterio en el conjunto del Estado y se eviten diferentes interpretaciones del Código Penal, ha explicado el portavoz de la APIF.
No obstante, ha destacado que el artículo 27 del Estatuto Fiscal dispone, cuando se trata de una orden particular, que el fiscal que la recibe puede expresar sus consideraciones si la estimara ilegal o improcedente y, en ese caso, la Junta de Fiscales debe pronunciarse al respecto, que es lo que ha ocurrido con la causa de Lezo, que por “abrumadora mayoría” dio la razón a los fiscales que se discreparon de las instrucciones de Moix, quien aceptó el criterio de este órgano.
El problema con este artículo radica en que el Estatuto recoge que, una vez que se pronuncia la Junta, el fiscal de rango superior puede mantenerla, por lo que, en opinión de Pallarés, debe revisarse porque la posibilidad de que se imponga su criterio sobre las Junta “no tiene ninguna justificación, carece de sentido”.
En la última reforma del Estatuto Fiscal que se llevó a cabo en de 2007 “no es casual” que se mantuviera esta cuestión, porque con ello se “refuerza una estructura especialmente jerarquizada para tener el control de la institución”, según Pallarés, quien no comprende el motivo por el que el funcionamiento del Ministerio Público “no se acomoda a la reglas democráticas”.
Ante la situación creada en el caso Lezo, la APIF reclama que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explique la próxima semana ante el Consejo Fiscal el comportamiento de Moix, porque no se entiende “el conocimiento tan exhaustivo” que tiene de la causa cuando lleva poco tiempo al frente de Anticorrupción y, además, de órdenes encaminadas a “torpedear el procedimiento”.
Pallarés reconoce que no es frecuente que se destituya a un fiscal jefe, como ellos proponen que se haga con Moix, pero recuerda que no sería la primera vez, pues ya se hizo con anterioridad con los fiscales José Aranda, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y Martín Rodríguez Sol en Cataluña.
En cuanto a las peticiones de dimisión de Moix y Maza por parte de los partidos de la oposición, Pallarés ha considerado que, desde el punto de vista político, son lícitas, pero ha remarcado que su preocupación reside en que este tipo de actuaciones hayan dado lugar a que la fiscalía quede desprestigiada.
