Paralizado el último parque comercial de Maspalomas al anularse la expropiación de una de las fincas implicadas

El magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alfonso Silos López, ha estimado la medida cautelar de suspensión de la expropiación de la finca 2094, ubicada dentro de la unidad de actuación del Plan Parcial de El Hornillo, un proyecto que pretende levantar un parque comercial y 300 viviendas en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Los dos demandantes, propietarios del terreno, alegan que el programa de expropiación, reparcelación y urbanización de la iniciativa fue anulado por la Justicia en mayo de 2021, aunque la sentencia aún no es firme. La Junta de Compensación del plan considera que adoptar dicha medida ocasionaría “importantes daños y perjuicios” ya que paralizaría por completo el resto de operaciones urbanísticas.

El auto, emitido el 4 de febrero, da 15 días a la parte demandada, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Junta de Compensación del Plan Parcial El Hornillo, para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los demandantes presentaron un recurso contencioso administrativo contra la resolución del gobierno municipal del 9 de agosto de 2021 por el se convocaba, entre otros, a los propietarios de la finca 2 del proyecto de reparcelación registral 2094 el 18 de agosto de 2021 para comunicarles el levantamiento del acta de pago y de ocupación del solar, con el fin de comenzar las obras del parque comercial.

El magistrado Silos López aprecia un uso del “buen derecho” ejercido por los demandantes al alegar la existencia de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que anula el acuerdo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, firmado el 13 de junio de 2020, que aprobaba los proyectos de reparcelación, expropiación y urbanización del Plan Parcial de El Hornillo.

En ese fallo, la jueza María del Carmen Monte Blanco, tumba el dictamen del gobierno municipal al considerar que el Ayuntamiento obvió una controversia sobre la ubicación de varias fincas y concedió a los promotores de la iniciativa, Sonneland Inversiones S.L y Borneiriña S.L, unas superficies cuya propiedad es, cuanto menos, litigiosa. En la sentencia se exponen dos informes topográficos con conclusiones contradictorias.

“No puede, por tanto, la Administración actuante, ante la que se había puesto de relieve la controversia sobre la propiedad de los terrenos que conforman la unidad de actuación, desatenderse de la realidad y conferir a una certificación registral una extensión que no tiene”, expone la jueza.

En este sentido, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha rechazado la suspensión cautelar del acto de expropiación, y por consiguiente del plan, porque cree que “no ocasiona perjuicios irreparables” para los demandantes y “no se motivan los intereses en conflicto”. La Junta de Compensación, por otro lado, defiende que “han de ponderarse” todas las aristas del conflicto ya que “la suspensión del acto impugnado supone una perturbación grave para los intereses generales (…) impidiendo la ejecución de las operaciones urbanísticas”.

El magistrado Silos López no ha querido entrar en el fondo del asunto, pero sí ha puesto en negro sobre blanco que “un órgano judicial ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad del proyecto de reparcelación y expropiación” y que, si la sentencia cobrase firmeza, “podría suponer que prosperase la acción entablada en este procedimiento”. Además, el auto añade la existencia de “peligro por mora procesal” pues si el recurso fuera desestimado y la expropiación se realizase, “sería muy complicado revertir las cosas al estado anterior”.

Días complicados para los promotores del plan

Esta semana, este periódico informó que la Justicia está investigando hasta seis presuntos delitos en la promoción del Plan Parcial de El Hornillo, que se ubicaría en una pieza de suelo de 175.000 metros cuadrados en la zona de El Hornillo-Sonneland, San Bartolomé de Tirajana.

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha admitido a trámite una querella contra el promotor del proyecto, Carlos Javier Rial, y el exdirector de Urbanismo, Victoriano Pérez, a quienes se les acusa de haber orquestado un plan “en connivencia con el Ayuntamiento” para agilizar el expediente “a sabiendas [de] que incumplía las normas de aplicación, incurriendo en manifiestas irregularidades”.

Ambos investigados estaban citados para declarar este viernes 6 de mayo, pero la sesión se ha suspendido. Se les acusa de un delito continuado de prevaricación, de administración desleal, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento privado, de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

La defensa de Rial ha pedido que la querella se inadmita “al estar conociendo de los mismos hechos el orden jurisdiccional civil y el contencioso-administrativo”. Además, considera que se estaría haciendo un “abuso de la jurisdicción penal” y que los denunciantes “quieren explotar el orden penal con la no disimulada intención de paralizar la actuación”.