Suspendida la deliberación del caso Faycán por la baja del juez Alba
“La sentencia está muy avanzada. Aunque esté de baja, y haciendo un esfuerzo con lo que sea necesario, mi intención es deliberarla con el resto de miembros del tribunal este viernes (…) Hay una deliberación señalada y, si Dios quiere, se celebrará el viernes”. A pesar de este anuncio realizado por el magistrado Salvador Alba en una entrevista concedida a Antena 3 a principios de semana, la deliberación del caso Faycán ha sido suspendida sine die porque el juez procesado por cinco delitos, designado presidente del tribunal y ponente de la sentencia, no ha recibido aún el alta.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han confirmado a este periódico que la deliberación no se ha celebrado este viernes y que no se ha señalado una nueva fecha para que los tres magistrados de la Sala, Salvador Alba, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, discutan el fallo sobre esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde gobernado en coalición por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) durante el mandato 2003-2007.
Las manifestaciones públicas de Alba habían generado cierto estupor en el foro judicial. Magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa ya advirtieron a este periódico de que era “imposible” que el juez pudiera participar en la deliberación y fallo o en cualquier otra actividad vinculada a su cargo mientras se encontrara en situación de incapacidad temporal, pues supondría una “transgresión de la buena fe contractual”.
La sentencia del caso Faycán sigue, por lo tanto, bloqueada. Hasta que Alba no reciba el alta, y aunque el juez haya redactado la resolución, no se podrá deliberar. A ello se le suma la amenaza de suspensión provisional que se cierne sobre el magistrado después de que el TSJC decretara el pasado 8 de mayo el auto de apertura de juicio oral por la presunta comisión de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) en la operación urdida, junto a un empresario al que investigaba por fraude fiscal, contra la también jueza Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no recibió hasta este miércoles el auto dictado una semana antes por la magistrada instructora de la causa contra Alba, Margarita Varona. El retraso del tribunal canario en remitir la resolución al órgano de gobierno de los jueces impidió que la Comisión Permanente del CGPJ pudiera adoptar una decisión, previsiblemente la suspensión de Alba, en la sesión celebrada el jueves.
Tras recibir este auto, el servicio de personal del Poder Judicial tiene tres días de plazo para dar audiencia a Alba y al representante del Ministerio Fiscal, un trámite requerido antes de elevar la propuesta de separación temporal. De llegar esta propuesta al orden del día de la próxima sesión del Consejo Permanente, Alba deberá dejar de ejercer como juez a partir del próximo jueves y hasta que haya sentencia firme.
El pleno del CGPJ mantiene en suspenso desde mayo de 2017 una propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria que propone la expulsión de la carrera judicial de Salvador Alba por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias judiciales. Se le acusa de interrogar al empresario Miguel Ángel Ramírez por hechos ajenos a los que investigaba con el objetivo de obtener datos para favorecer la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria había presentado contra Victoria Rosell, rival política del también expresidente del PP de. Canarias en las elecciones celebradas en diciembre de 2015. La decisión definitiva se encuentra paralizada a expensas del futuro de la causa penal.
El magistrado se enfrenta a peticiones de cárcel que van desde los diez años que pide para él la Fiscalía hasta los trece y medio que solicita Rosell, que ejerce de acusación particular en calidad de víctima.
Incertidumbre con el caso Faycán
El caso Faycán quedó visto para sentencia el 12 de marzo. El juicio se había iniciado dos meses antes, el 15 de enero, doce años después de que se abriera la instrucción. Este macroproceso judicial, reducido de forma drástica por el arrepentimiento de 21 de los 28 encausados, juzga una trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde en la etapa 2003-2007. En el banquillo de los acusados se han sentado, entre otros, los exalcaldes Francisco Valido y María del Carmen Castellano, además de empresarios y funcionarios de la corporación.
La confesión de la mayoría de los procesados, tras pactar con la Fiscalía, y las dilaciones indebidas durante la instrucción han diluido las peticiones de condena hasta el punto de que ningún procesado pisará la cárcel, puesto que todos ellos se enfrentan a penas de dos o menos años de prisión.
En una entrevista concedida al periódico Canarias 7 la pasada semana, Alba denunciaba haber sufrido presiones para poner la sentencia de Faycán y citaba entre ellas la decisión del TSJC de liberarlo la última semana de abril del reparto de recursos para poder centrarse en este caso. Señalaba entonces que el procedimiento es muy voluminoso, que no se daría prisa en redactar la sentencia (días después dijo que ya estaba prácticamente finiquitada) y que había cuestiones previas “importantes” que resolver, entre ellas su controvertida decisión de convertir en testigos a los procesados arrepentidos sin haber dictado formalmente sentencia.
Con la participación de Alba en el aire por su baja médica y la amenaza de expulsión, desde la Audiencia Provincial de Las Palmas se da por sentado que serán sus dos compañeros, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, quienes pongan la sentencia. El TSJC ya advirtió, en la nota difundida tras la apertura de juicio oral a Alba, de que intentará evitar “si es posible” la repetición de la vista oral del caso Faycán.
