La Junta de Castilla y León rebaja el impuesto de impacto ambiental para “fomentar” la instalación de renovables
Las empresas del sector energético podrán beneficiarse de 8,93 millones de euros en ventajas fiscales en Castilla y León durante 2027, según las previsiones recogidas en el presupuesto de beneficios fiscales del proyecto de cuentas de la Junta. El Ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox, quiere introducir rebajas fiscales en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental, el tributo propio con el que la Comunidad grava el impacto ambiental y visual de infraestructuras como parques eólicos o solares.
Una de las principales ventajas es la exención durante dos años para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Las empresas no abonarán el impuesto durante el ejercicio en el que comiencen a funcionar sus parques y el siguiente ejercicio completo. En el caso de la energía eólica, el periodo supone una reducción respecto a la exención de cinco años que se había aprobado en 2017. El proyecto de ley presupuestario está pendiente de aprobación por el parlamento autonómico, aunque la mayoría parlamentaria de PP y Vox permitirán este beneficio para las eléctricas.
La Junta justifica este cambio por la evolución del sector en la Comunidad, que se ha consolidado como una de las principales potencias nacionales en energía eólica. La Administración autonómica defiende que mantener incentivos durante la puesta en marcha de las instalaciones permite evitar que la fiscalidad ambiental se convierta en un obstáculo para atraer nuevas inversiones.
Según la documentación presentada por el Ejecutivo autonómico, no tributan las placas solares situadas en tejados o cubiertas de edificios ni los parques en suelo que ocupen menos de cinco hectáreas. A estas excepciones se suman las instalaciones destinadas principalmente al autoconsumo y las dedicadas a investigación y desarrollo.
Descuentos por renovar los molinos y por invertir en los pueblos
El proyecto de Ley contempla, además, una bonificación del 20% sobre el incremento de la cuota tributaria para los parques eólicos con más de diez años de antigüedad que sustituyan sus aerogeneradores por otros de mayor potencia y reduzcan el número total de molinos. El incentivo se aplica durante dos ejercicios.
El objetivo de esta medida es favorecer la modernización de las instalaciones para producir la misma cantidad de electricidad o incluso más con menos aerogeneradores, reduciendo así la ocupación visual del territorio y los efectos sobre el paisaje y la fauna.
Otro beneficio fiscal pasa por las inversiones en el medio rural. Las empresas podrán deducirse el 20% de las cantidades destinadas a programas socioeconómicos y actuaciones de lucha contra la despoblación en los municipios directamente afectados por sus instalaciones, con un límite máximo del 30% de la cuota del impuesto.
Para acogerse a esta deducción deberán formalizar convenios con las entidades locales o con la Administración autonómica. El mecanismo pretende que una parte de los recursos empresariales revierta en los pueblos que acogen las infraestructuras energéticas, mediante actuaciones destinadas al desarrollo económico y a la fijación de población.
La norma encuadra estos incentivos en el carácter extrafiscal del tributo, es decir, en su finalidad de influir en la actividad de las empresas y no únicamente de recaudar. La Junta argumenta que Castilla y León produce más energía renovable de la que consume y que, por tanto, el territorio soporta parte de los costes ambientales y paisajísticos asociados a estas instalaciones.
Nuevas tarifas para los grandes aerogeneradores
La reforma también actualiza las tarifas aplicables a la energía eólica, que, según la documentación presupuestaria, permanecían sin cambios desde 2012. La nueva estructura incorpora tramos para aerogeneradores de mayor potencia: 14.000 euros por unidad para los que se sitúan entre 3.001 y 5.000 kilovatios y 16.000 euros para los que superan los 5.000 kilovatios.
El sistema establece un importe por aerogenerador que disminuye en relación con cada kilovatio de potencia a medida que aumenta el tamaño de los molinos. La intención, según la Junta, es favorecer instalaciones más eficientes y de mayor capacidad de generación.
Este impuesto también alcanza otras infraestructuras con impacto ambiental o visual, entre ellas determinados embalses y líneas de alta tensión. La documentación de la reforma incluye asimismo las instalaciones de telecomunicaciones dentro del ámbito regulado.
Con todo esto, las ventajas fiscales previstas para el sector eléctrico suponen que Castilla y León va a dejar de recaudar 8,93 millones de euros, según la estimación de la Junta. Un dinero que el Ejecutivo autonómico quiere que las compañías eléctricas destinen a nuevas inversiones, modernizar las instalaciones y promover actuaciones en los municipios rurales afectados.