La Junta de Castilla y León califica de “fracaso” el control de fronteras y amenaza con recurrir el reparto de niñas migrantes de Ceuta
La Junta de Castilla y León está estudiando ir a los tribunales si el Gobierno central decide trasladar a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que los Servicios Jurídicos valoran las posibilidades de recurrir una decisión de este tipo y ha acusado al Ejecutivo central de haber “fracasado” en el control de las fronteras.
Para Carriedo, el reparto de menores y su posterior tutela corresponden a las competencias de las comunidades. A su juicio, se trata de un problema de “seguridad nacional” y de “control de fronteras” que afecta directamente a la seguridad del país.
El portavoz de la Junta ha acusado al Gobierno de España de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha reclamado que se garantice el retorno de las personas que hayan entrado de manera irregular en España a sus lugares de origen.
El portavoz autonómico ha advertido la “oposición radical” del Ejecutivo de Castilla y León contra cualquier intento de trasladar el problema a las comunidades autónomas. “El Gobierno no puede diluir un problema de seguridad nacional en el conjunto de España”, ha defendido, antes de insistir en que, a su juicio, la prioridad debe ser garantizar el control de las fronteras.
La Junta estudia recurrir el reparto de menores
En caso de que se confirme el traslado de estas menores, Carriedo ha indicado que los Servicios Jurídicos de la Junta “explorarán” si existe alguna vía para recurrir una situación en la que estos se encuentren físicamente en un territorio cuya tutela corresponda a otra administración.
La Junta se opondrá, ha señalado el portavoz, a cualquier medida que considere contraria a los intereses de Castilla y León o que se adopte sin tener en cuenta la posición del Ejecutivo autonómico y vulnere las competencias de la Comunidad. “Presentaremos los recursos correspondientes”, ha afirmado.
La posición, ha defendido, no supone un cambio respecto a la anterior legislatura. El portavoz ha recordado que la Junta ya acudió entonces a los tribunales frente a determinadas decisiones del Ejecutivo central en materia migratoria cuando consideró que afectaban a los intereses de Castilla y León.
PP y Vox comparten postura
Según ha explicado Carriedo, tanto su partido, el PP, como su socio, Vox, comparten postura sobre qué hacer con un posible reparto de menores. El portavoz ha indicado que su posición es postura “común” y “coherente” con el acuerdo de legislatura firmado por ambas formaciones.
Además, el portavoz ha recordado que la oposición de la Junta a las políticas migratorias del Gobierno central es continuista respecto al anterior mandato junto a Vox y también cuando el PP gobernaba en solitario en Castilla y León.
Carriedo pide seguir la línea marcada por la UE
El portavoz autonómico ha reclamado además al Gobierno de España que tenga en cuenta las directrices de la Unión Europea a la hora de abordar la crisis migratoria. Según Carriedo, las instituciones comunitarias han establecido una vía “muy precisa” sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que escuche la posición de Europa.