CCOO abre vía judicial para que profesores universitarios de Castilla y León cobren por dirigir tesis doctorales
CCOO de Castilla y León ha presentado un requerimiento formal ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León como paso previo a la interposición de una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa para que el profesorado de las universidades públicas cobren el cuarto complemento autonómico previsto en la normativa vigente.
Con ello, CCOO ha urgido este lunes en un comunicado a la reunión de la Mesa Sectorial del personal al servicio de las universidades, recogida en la Ley de la Función Pública de Castilla y León, para que aborde la negociación de los criterios necesarios para aplicar el cuarto complemento retributivo.
Ese complemento tiene como fin incentivar al profesorado que participa en programas de doctorado y en la dirección de tesis doctorales.
Asimismo, el sindicato exige la negociación de la actualización económica de las cuantías recogidas en ese decreto y la determinación del importe correspondiente al año 2026.
También reclama COOO que, una vez desarrollada la negociación solicitada, la Consejería de Educación apruebe los criterios mencionados y actualice las cuantías del complemento dentro del plazo máximo de seis meses fijado por una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Dicha sentencia condena a la Consejería por su inacción y le obliga a definir los criterios a los que debe ajustarse la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León en la evaluación necesaria para la percepción del complemento destinado a reconocer la participación del profesorado en programas de doctorado y en la dirección de tesis doctorales.
Desde CCOO han considerado “inaceptable la actitud mantenida por la Consejería de Educación en relación con el personal de las universidades públicas de Castilla y León, ya que, además de incumplir los mandatos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), desatiende de forma reiterada su propia normativa autonómica”.
A su juicio, esa situación contribuye a que el personal docente e investigador de las universidades públicas de la Comunidad se mantenga entre los peor retribuidos del conjunto del país.