El Ministerio Fiscal solicita, como pena principal (entre otras alternativas) para el acusado 2 años de prisión, 6.480 euros de multa y 4 años de inhabilitación para cazar, además de solicitar 39.197,22 euros como indemnización a la Junta de Castilla y León al hombre que mató a una osa en Ventanilla (Palencia) en la Reserva Nacional de Caza de Fuentes Carrionas.
Según informa Ecologistas en Acción en un comunicado, después de año y medio de instrucción de la causa en el Juzgado no 1 de Cervera de Pisuerga, se abre juicio oral por la muerte de una hembra de oso pardo el 29 de noviembre de 2020, en el transcurso de una cacería al jabalí. La Junta de Castilla y León se declara conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal mientras que Ecologistas en Acción y Asociación para la Defensa de la Naturaleza – WWF/ADENA solicitan 2 años y medio de prisión, 5 años de inhabilitación para cazar y 100.000 euros de indemnización a favor de Junta de Castilla y León, Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la muerte de la osa.
La Fundación Oso Pardo se desmarca de todo lo anterior y solicita 1.200 euros de multa y 2 años de inhabilitación para cazar, sin ningún tipo de indemnización por la muerte, petición que Ecologistas califica de “ridícula e irrisoria en comparación con lo solicitado por el resto de las partes, algo sorprendente en una Fundación que lleva al oso pardo en su nombre”. Los ecologistas subrayan la “paradoja” de que el acusado tenga retirada su arma por intervención de la Guardia Civil y de los juzgados, pero que la Junta de Castilla y León no le haya retirado la licencia de caza que le ha permitido continuar cazando, sin arma, pero con perros.
Ecologistas en Acción considera aceptables las penas solicitadas, “siempre y cuando no se vean rebajadas en posterior negociación”, pero considera “escasa” la cantidad económica solicitada como responsabilidad civil por parte de la Junta de Castilla y León y Ministerio Fiscal, “teniendo en cuenta que el ejemplar muerto era una hembra, muy probablemente con cría, y que en la documentación oficial de la Administración de la Junta de Castilla y León que obra en las diligencias se habla de un posible valor de hasta 100.000 euros”.
En otra causa en paralelo a esta aparecen como investigados dos cargos de la Junta de Castilla y León, el director conservador del Parque Natural Montaña Palentina, Pablo Zuazua, y la directora de la reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, Esperanza García Corvo. Ambos están investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión al haber permitido que se celebrara una cacería colectiva a pesar de que había habido avistamientos de osa parda con cría en los días previos a la partida de caza.