El juicio a los cinco académicos que integraron la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O se ha suspendido por segunda vez a causa del coronavirus. Si el pasado mes de abril la vista oral se aplazó debido a la suspensión general de actuaciones judiciales debido a la pandemia, el juicio que debía celebrarse los próximos 4 y 5 de noviembre se ha suspendido porque el personal del juzgado está en cuarentena tras el positivo de una funcionaria.
En una providencia, la magistrada del juzgado penal 11 de Barcelona expone que la totalidad de la plantilla del juzgado está desde este jueves en cuarentena “por contacto estrecho con una de las funcionarias con resultado positivo de la prueba de COVI-19”, por lo que “no es posible” preparar la prueba anticipada previa al juicio ni “la comprobación y ultimación de todos los despachos pertinentes” para la celebración de la vista.
En consecuencia, la magistrada suspende el juicio y fijará una nueva fecha una vez finalice la cuarentena del juzgado. Se retarda así otra vez el juicio para los profesores y catedráticos de universidad Jordi Matas, Tània Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones, a los que la jueza sentó en el banquillo en noviembre del año pasado.
La causa contra los síndicos del 1-O se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones.
La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicos y juristas que conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros.
La instrucción del caso se alargó varios meses porque la Fiscalía insistía en acusar a los síndicos por malversación, delito que el juez instructor descartó tras un informe de la Guardia Civil que no corroboró que los síndicos emplearan fondos públicos en los escasos días en que desempeñaron su cargo.
En su declaración como investigados ante la juez, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral se acogieron a su derecho a no contestar a la Fiscalía y, a preguntas de su defensa, alegaron que disolvieron el órgano en cuanto el Tribunal Constitucional acordó sancionarles si no cesaban en sus funciones