Un cambio legal de la Generalitat reactiva la ayuda de 1,5 millones de Mazón a su “hermano” de la Cámara de Alicante

El Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca ha aprobado mediante el decreto del segundo Plan Simplifica una serie de cambios legales para flexibilizar la concesión de subvenciones públicas. Se trata de diferentes apartados del artículo 165 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y del 166 de contenido de la convocatoria.

Uno de los cambios más llamativos abriría la puerta a reactivar la ayuda de 1,5 millones de euros que ya en 2024 concedió a dedo el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, a la Cámara de Comercio de Alicante para la reforma de su sede ubicada en el edificio Panoramis, en el puerto de Alicante. Como informó elDiario.es, se trata de un inmueble alquilado a una empresa cuya concesión, otorgada por la Autoridad Portuaria de Alicante, tiene vinculaciones con el empresario condenado por Gürtel Enrique Ortiz. Es decir, la Generalitat estaría financiando parte de la reforma de un inmueble propiedad de un privado, en concreto, un 50% de los 3 millones del coste del proyecto.

Sin embargo, el Ayuntamiento ordenó paralizar las obras al carecer de la pertinente licencia y de momento no han podido reactivarse al no haberse solucionado aún el asunto. Esto ha hecho que la ayuda de 1,5 millones no haya podido hacerse efectiva, pese a que nuevamente se incluyó en el presupuesto de 2025 aprobado el pasado mes de mayo.

Al haberse prorrogado por el momento estas cuentas, la ayuda ha desaparecido, pero eso no significa que se vaya a perder. Y es que, el mencionado cambio normativo hace referencia al apartado I sobre el plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Hasta ahora, la normativa vinculaba una posible prórroga de los plazos de realización y justificación siempre y cuando el proyecto o actividad no se pueda ejecutar “por causas debidamente justificadas previstas”.

Con el cambio aprobado, se establece que la convocatoria podrá conllevar “una ampliación de plazos de realización material, pago y/o justificación cuando el proyecto o actividad subvencionada no pueda realizarse en el plazo previsto por causas debidamente justificadas”, eliminando la coletilla de “previstas”.

Un hecho que para el diputado socialista en las Corts, José Díaz, supone un blindaje en toda regla para rescatar esta ayuda de 1,5 millones en cuanto se solvente el problema con la licencia de obras. Díaz ha censurado que el Consell de Pérez Llorca utilice el decreto ley del segundo Plan Simplifica para hacerle un “traje a medida” al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y así dejarse la puerta abierta a reactivar la subvención de 1,5 millones de dinero público de todos los valencianos para las obras ilegales en el edificio Panoramis del Puerto de Alicante, que la entidad cameral alquiló a una empresa de la familia de Enrique Ortiz, condenado en el caso Gürtel, para utilizarlo como futura sede. “El Consell de Pérez Llorca se apunta al sistema Montoro, consistente en legislar a la carta del cliente que paga”, recrimina el diputado del PSPV.

Según Díaz, la mencionada modificación suprime el término “previstas”, de forma que, “con un informe justificativo, se podrá dar una subvención aunque se incumpla el plazo”. “Es lo que ha pasado con la subvención de 1,5 millones que quedó paralizada porque las obras carecen de licencia, una causa, desde luego, no prevista; ahora, sin embargo, se abre la puerta a regar a una actuación caprichosa de Carlos Baño y su hermano, como él mismo lo denominó, Carlos Mazón”.

Para el parlamentario socialista, el Consell del PP “está causando un daño irreparable al tejido económico alicantino con su apoyo ciego e indiscriminado a Carlos Baño, que fue detenido por irregularidades en la gestión del bono comercio que impulsó Mazón”.

En la misma línea, la diputada de Compromís en las Corts, Aitana Mas, ya apuntó en la sesión de control del pasado jueves 30 de abril que tras la aprobación del segundo Plan Simplifica el Consell “ya se ha encargado de que puedan cobrar la ayuda de 1,5 millones de euros a pesar de la infracción urbanística”.

Suprimen la exigencia de no incurrir en deslocalización empresarial

Los cambios aprobados en la ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones implican la eliminación de los apartados L y P del artículo 165. El primero de ellos establecía la aportación de “medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimientos de cancelación”.

El segundo implicaba que “Siempre que el objeto de la subvención de la naturaleza del beneficiario así lo permitan se incorpora la exigencia de un compromiso de no incurrir en deslocalización empresarial”, un compromiso que requería de un desarrollo normativo para su aplicación.

Preguntada la Conselleria de Hacienda sobre si todos estos cambios implican un recorte de los controles en la adjudicación de ayudas públicas, han comentado que “los cambios del Simplifica no eliminan controles, sino que reordenan el sistema de subvenciones: las bases reguladoras fijan el marco general y las convocatorias concretan aspectos como cuantías, requisitos o compatibilidad de ayudas”.

Así, han añadido que “varios contenidos que antes estaban en el artículo 165 se trasladan al 166 (convocatorias), lo que permite adaptar cada ayuda sin modificar las bases generales, en línea con la normativa estatal”. Sobre la afección del cambio legal en el caso concreto de la subvención de 1,5 millones de euros para la reforma de la sede de la Cámara de Comercio de Alicante no ha habido respuesta.