Después de las palabras de la ministra de Educación en funciones. Isabel Celaá, en las que advertía a la escuela concertada que la libertad de elección de centro educativo de los padres no es un derecho constitucional, el cardenal Antonio Cañizares ha reaccionado más de una semana después duramente asegurando que “volvemos a la dictadura, al Estado totalitario”. La propia Celaá desmintió un día después que fuera a haber un cambio en las políticas de conciertos educativos del Gobierno: “El sector puede estar tranquilo y las familias no tienen nada que temer los y padres y madres tienen libertad para elegir un centro educativo dentro de la programación de enseñanza”.
En su carta semanal, el Arzobispo de València hacía su propia disquisición y contrapone dos vías: “¿Quién educa, la familia o el Estado? Si es el Estado, vamos o volvemos a la dictadura, al Estado totalitario, a la supresión de derechos fundamentales o al no respeto a éstos”.
Cañizares también pone a la misma altura a la Iglesia y al Estado en cuanto a responsabilidad de ofrecer educación asegurando que “Escuela, Estado, Iglesia… somos subsidiarios de la familia, no podemos, ni debemos ni nos asiste derecho alguno a sustituirla, a invadirla, a debilitarla o a impedirla”. Así también denosta en su escrito la “enseñanza 'única, pública, laica y neutra', tan querida por los socialistas”.
En sus comparaciones el purpurado señala que hay “una escuela de iniciativa estatal, a la que se le llama inadecuadamente 'pública', y una escuela 'concertada', libre, mayoritariamente confesional, que responde a la pluralidad y libertad social y con la enseñanza religiosa escolar”.
Las palabras de Celaá son “reprobables y fuera de sitio”
Concluye Cañizares con una crítica a Celaá asegurando que en sus palabras “en el fondo también subyace la visión e implantación de la escuela única, pública, laica y neutra que se reclama desde su sector partidista. Así, nos abocamos de nuevo a una dictadura y a no avanzar por el camino democrático emprendido y consolidado hace más de 40 años en la Constitución”. Para el cardenal, sus palabras son “desacertadas, erradas, reprobables y fuera de sitio”.
Antonio Cañizares en el mismo texto también se queja de que sí se ha producido una defensa de la educación concertada, pero “nula o escasa reacción habida por lo que se refiere a la enseñanza religiosa y el derecho a la libertad de los padres para elegir enseñanza religiosa para sus hijos”.
Así, la enseñanza religiosa es descrita como un “derecho fundamental” que “no es en virtud de un derecho o legislación positiva, de unos consensos, o de una decisión de legisladores. Corresponde a ese grupo de conceptos o criterios prepolíticos y prejurídicos que deben respetarse por sí mismos”. Con todo advierte de que “no caigamos en la trampa de considerar que el tema de la enseñanza religiosa es un asunto privado o de la Iglesia.