Educación rechaza investigar a siete colegios valencianos que segregan por sexo pese a financiarlos con 72 millones
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La Conselleria de Educación ha descartado investigar la concesión de fondos públicos a siete colegios concertados de la Comunitat Valenciana que separan al alumnado por su género. El departamento dirigido por Carmen Ortí ha inadmitido el requerimiento presentado el pasado mes de mayo por el grupo parlamentario Compromís, argumentando que los diputados impulsores de la denuncia no aportaron pruebas suficientes para justificar la apertura de un expediente de extinción de los conciertos.
Educación ha respondido así a la petición registrada por Compromís a través de su síndic Joan Baldoví y del diputado Gerard Fullana, quienes reclamaban la retirada de la financiación pública a los centros privados Altozano y Aitana (Alicante); Vilavella, El Vedat y Guadalaviar (Valencia); y Torrenova y Miralvent (Castellón). Según la formación valencianista, mantener el concierto por un periodo de seis ejercicios a estas instalaciones —que escolarizaron a casi 4.000 alumnos en régimen de segregación durante el curso 2025-2026— supone un desembolso de 72,6 millones de euros de los presupuestos autonómicos que, aseguran, incumple de manera directa la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la normativa autonómica de coeducación.
Ante este requerimiento, presentado el 4 de mayo, el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, exigió a los representantes de Compromís la aportación de documentación probatoria adicional. Tras expirar los plazos legales establecidos sin que los diputados accedieran a la notificación electrónica ni aportaran nuevos elementos de prueba, la consellera Carmen Ortí firmó el pasado 15 de julio de 2026 la resolución definitiva de inadmisibilidad del procedimiento.
La conselleria esgrime que no consta en los registros de la Generalitat Valenciana ninguna denuncia formal previa por discriminación formulada por el alumnado o las familias, y defiende que la falta de aportación documental impide iniciar de oficio la tramitación sancionadora o de rescisión contractual.
Enfrentamiento en las Corts
Este asunto ha protagonizado este martes parte del debate en el pleno de las Corts Valencianes, donde Gerard Fullana ha reprochado a la titular de Educación su negativa a investigar la legalidad de los pagos. “Es usted, que paga esos centros, la que debe investigar, no los diputados de la oposición”, ha criticado el parlamentario valencianista, quien ha cuestionado la coherencia del Consell al renovar millones de euros a escuelas que, a su juicio, vulneran frontalmente el marco normativo vigente.
Por su parte, la consellera Carmen Ortí ha respondido responsabilizando a los anteriores gobernantes del Botànic de haber mantenido este modelo de financiación en etapas anteriores. La responsable de Educación ha defendido que las familias deben disponer de libertad para elegir la formación moral de sus hijos, amparándose en el artículo 27 de la Constitución Española, al tiempo que ha criticado la “doble vara de medir” de Fullana, al recordarle que el Botànic renovó estos conciertos los ocho años que estuvieron en la Generalitat y que destinaron 152 millones de euros a la financiación de estos centros.