La naviera MSC cuya empresa filial, TIL, opta al montaje y explotación de la futura terminal norte de contenedores del Puerto de Valencia, ha comunicado su renuncia a instalarse en la zona de actividades logísticas (ZAL), cerrada desde el momento de su construcción por estar asentada sobre terrenos de especial protección agrícola, lo que ha propiciado numerosas sentencias que han impedido su puesta en marcha.
La multinacional italosuiza, principal operadora del Puerto valenciano, se había adjudicado de forma inicial un suelo en el que iba a construir una nave de 20.200 metros cuadrados con la que preveía la creación de 60 puestos de trabajo directos y 500 indirectos. Asimismo su filial logística Medlog iba a promover otra plataforma especializada en el transporte por contenedor en frío para congelados y productos refrigerados.
Desde MSC se trasladó este lunes que se buscarán alternativas de suelo en el área metropolitana de València para instalarse y achacó esta decisión a la lentitud burocrática en una clara estrategia de presión para acelerar la aprobación de la ampliación norte del Puerto, puesto que la paralización de la ZAL nada tiene que ver con cuestiones de tramitación administrativa, sino que básicamente está declarada ilegal, salvo que los recursos que se dirimen en el Tribunal Supremo digan lo contrario.
La estrategia de presión hacia las autoridades gubernamentales para que se dé el visto bueno definitivo a la terminal norte se hizo más evidente con la valoración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre la renuncia de MSC a la ZAL. Desde el organismo portuario comentaron que “es una decisión empresarial que esta Autoridad Portuaria respeta y debería servir para que se tome buena nota de lo que pasa cuando se demoran los proyectos más de la cuenta”, en alusión a la futura terminal de contenedores.
La aprobación de la infraestructura portuaria se quedó paralizada en el Consejo de Ministros cuando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente la condición de la APV como órgano sustantivo de la actuación, un estatus que le cedió el Ministerio de Transición Ecológica y que la Justicia ha cuestionado, sumiendo el proyecto en una inseguridad jurídica que al menos hasta ahora el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a asumir, por lo que presumiblemente la situación de parálisis se alargará hasta que haya una sentencia firme.
La aprobación en el consejo de la APV del proyecto constructivo de los nuevos muelles también está judicializada al haberse realizado con una declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 que la Comissió Ciutat-Port, plataforma ecologista y vecinal denunciante, considera que está caducada y que no ampara las modificaciones que se han hecho sobre el proyecto inicial. Además, la vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien seguirá en el Ejecutivo si se reedita el Gobierno del PSOE y Sumar, se ha mostrado contraria al proyecto por falta de garantías ambientales.
Precisamente, elDiario.es ha desvelado un informe de la terminal pública CSP Iberian Valencia que considera “no viable” el proyecto de ampliación al elevar su coste para las arcas públicas de los 386 millones de euros previstos inicialmente a los 868 millones por la revisión de los precios de la construcción. Además, pone en evidencia que el estudio de viabilidad del proyecto estimó un volumen total de 8 millones de contenedores para el año 2023, siendo la cifra prevista para este año 4,7 millones, un 40% inferior, y afirma que reduciría un 30% la mano de obra y que requiere de una nueva declaración de impacto ambiental.
Compromís pide renaturalizar la ZAL
La portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, comentó sobre el anuncio de MSC de abandonar los terrenos de la ZAL que “gana la ciudadanía una batalla que lleva muchos años en marcha y para ello hay que agradecer a la plataforma Recuperem la Punta - Aturem la ZAL su trabajo durante todo este tiempo”.
Según Robles, “se abre una puerta para que la señora Catalá pueda revertir las agresiones que sufrieron los vecinos y vecinas de la Punta de manos de la señora Rita Barberà. Puede renaturalizar un polígono industrial que claramente no tiene ningún sentido y aprovechar para hacer ese corredor verde que conecte la ciudad con el Parque Natural de la Albufera”.
Para la portavoz de Compromís “se demuestra, una vez más, que no es compatible regalarle a una multinacional ni nuestro puerto ni nuestra ciudad a expensas de la salud y la vida de las personas que vivimos aquí y que amamos profundamente a València”.