El Gobierno ha enfocado los esfuerzos del nuevo ingreso mínimo vital en combatir la pobreza más alta y, en especial, aquella que afecta a los hogares con niños. Con la dotación presupuestaria de 3.000 millones de euros anuales, el equipo del Ministerio de Inclusión que dirige José Luis Escrivá y el de la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias tuvo que ajustar los números para diseñar la renta mínima estatal, que pretenden que llegue a 850.000 hogares. Los cálculos del Ejecutivo de coalición indican que la ayuda permitirá “salir de la pobreza muy alta a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes”.
Así lo indican a eldiario.es desde el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, organismo que creó Pedro Sánchez en el pasado Ejecutivo socialista y que en esta legislatura de Gobierno de coalición ha mantenido bajo el manto de Presidencia. Tras la dirección de María Luisa Carcedo, una de las mayores impulsoras del ingreso mínimo vital en el PSOE, y del experto en pobreza infantil Pau Marí-Klose, el alto comisionado está dirigido por Ernesto Gasco en esta legislatura.
En el Alto Comisionado celebran la creación de esta renta mínima a nivel estatal, que garantiza una renta mínima de al menos 461,5 euros, como “un paso histórico en la construcción del Estado del Bienestar en nuestro país”, que beneficiará a alrededor de 425.000 hogares con hijos e hijas o menores a cargo, la mitad del total de hogares beneficiarios.
El Ejecutivo además ha querido centrar recursos en los hogares monoparentales, formados por un adulto con menores a cargo, entre los que calculan que podrán recibir la prestación unas “100.000” familias. El 90% de ellas, encabezadas por mujeres.
En ambos casos, en pobreza infantil y en la de familias monoparentales, España está en los primeros puestos de la UE, con la segunda mayor tasa de pobreza en los dos indicadores de los 28 estados miembros de la UE. Más de uno de cada cuatro niños en España está en riesgo en pobreza y en el caso de los hogares encabezados por un solo adulto, la cifra no se queda lejos de la mitad (el 43%). Se aborda aquí la pobreza con el indicador más habitual, la pobreza relativa, que incluye a las personas con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana.
Reducción de la pobreza más aguda
Además de los hogares a los que llegará la medida, el siguiente paso en los números y estudios del Gobierno se ha centrado en estimar cuánto reducirá la pobreza este nuevo mecanismo. Uno de los problemas de las transferencias sociales existentes en España hasta el momento consiste en que son poco redistributivas (benefician menos a los más necesitados que a las personas con más recursos) y, además, son menos efectivas que en otros países europeos.
El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil prevé que el ingreso mínimo vital permitirá “salir de la pobreza muy alta a más de 400.000 niños, niñas y adolescentes, una reducción del 65% en la pobreza infantil muy alta”. Según sus números, dos de cada tres menores dejarán esta situación de gran escasez económica.
“Esta reducción puede llegar al 90% de niños, niñas y adolescentes en hogares monomarentales”, añaden en el Alto Comisionado. Según las cifras del organismo, hay unos 108.000 niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema que viven en hogares monoparentales. “De ellos, calculamos que cerca de 100.000 saldrían de la pobreza muy alta con el ingreso mínimo vital”, apuntan a este medio.
¿Qué define el Gobierno como “pobreza muy alta”? Aquellas personas que viven con ingresos por debajo del 30% de la renta mediana estatal, es decir, que ingresan menos de 370 euros al mes, teniendo en cuenta un hogar formado por una persona.
Tramitaciones más rápidas de oficio
El Ejecutivo ha centrado sus datos y estimaciones en esta variable de pobreza muy aguda, pero lo cierto es que a nivel europeo se suelen centrar las estadísticas en la “pobreza severa”, que mide aquellas personas que viven con ingresos inferiores al 40% de la renta mediana. Este indicador incluiría a un mayor número de personas que el del 30%, más restrictivo.
El alto comisionado, Ernesto Gasco, destaca en una nota distribuida desde la institución que señala que el ingreso mínimo vital “se reconozca de oficio a aquellos hogares que reciben la prestación por hijo a cargo”. Estas familias son parte de los 100.000 hogares para los que la Seguridad Social tramitará la ayuda de oficio en los próximos días, sin que ellas lo soliciten, con la intención de que reciban ya el abono de la ayuda a finales de junio. “En esta situación de crisis, los hogares más vulnerables podrán percibir esta ayuda de manera rápida y expeditiva”, subraya Gasco.
Para las personas que no se vean beneficiadas de esta prestación de oficio, el Gobierno ha dado algunos detalles sobre cómo pedir la renta mínima estatal, para lo que se deberá acudir de manera preferente al trámite telemático en la Seguridad Social, pero que tiene una gestión “multicanal”, es decir, que desde diferentes organismos, como los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se facilitará el acceso a esta ayuda.
En el caso de los hogares con niños, el Gobierno levanta la mano en algunas restricciones a beneficiarse de la renta mínima. Por ejemplo, existe un criterio de edad: podrán solicitarla las personas entre 23 y 65 años miembros del hogar con necesidades. Pero en el caso de que el hogar tenga niños a cargo, estas limitaciones se eliminan. Por ejemplo, el caso de una abuela mayor de 65 años que se hiciera cargo de sus nietos.
Uno de los colectivos que queda fuera del ingreso mínimo vital, pese a la petición de ONG como Oxfam Intermón y Save The Children, son los hogares de niños en los que sus padres están en situación irregular. Es decir, no cuentan con permiso de residencia. La renta mínima exige a los beneficiarios además la residencia legal y efectiva en España de “al menos un año ininterrumpido”, aunque se exceptúa de este requisito la situación de las víctimas violencia de género, trata y explotación sexual.
Save the Children transmitió por carta al ministro José Luis Escrivá que “la emergencia requiere de medidas excepcionales que permitan a la población migrante y refugiada acceder a la documentación”, es decir, a un trabajo y al permiso de residencia, “única manera de asegurar que esté protegida frente a la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas”.