El mar no espera a las urnas: tres decisiones urgentes para proteger los océanos antes del 29N

Gonzalo Garzón

Aunque el mar no entiende de calendarios electorales, su protección sí depende de decisiones políticas sujetas a plazos administrativos y cambios de Gobierno. En España, en el contexto de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, varias medidas fundamentales para la conservación del océano corren el riesgo de quedar pendientes.

Así lo advierte Oceana, que reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aproveche las últimas semanas de la legislatura para desbloquear tres iniciativas que llevan años de trabajo técnico y que, según la entidad, solo necesitan el impulso político definitivo. Dos dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), encabezado por Sara Aagesen, y una del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas.

Vera Coelho, directora ejecutiva y vicepresidenta de Oceana en Europa, destaca que “culminar estos procedimientos permitiría consolidar el legado ambiental y pesquero del Gobierno y evitar que el adelanto electoral interrumpa avances importantes para la conservación marina”.

Protección real, no solo sobre el papel

La primera medida afecta a cuatro espacios marinos de especial valor ecológico: el Espacio Marino de Alborán, el Sur de Almería-Seco de los Olivos, el Banco de Galicia y el Golfo de León. Todos cuentan con planes de gestión listos para su aprobación, tras superar los correspondientes procesos de consulta pública.

Coelho explica que “para que la protección de un área marina sea efectiva, es necesario establecer normas que regulen las actividades permitidas y limiten las prácticas perjudiciales. Entre ellas figura el arrastre de fondo, una técnica pesquera que desplaza grandes redes sobre el lecho marino y puede deteriorar hábitats vulnerables y provocar capturas accidentales de numerosas especies”.

Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Niza en junio de 2025, el Gobierno español se comprometió a aprobar 40 nuevos planes de gestión en un año. Sin embargo, según Oceana, hasta octubre de 2026 únicamente se habían aprobado diez, que además no incorporan medidas de protección frente a los impactos pesqueros que la organización considera fundamentales.

La segunda decisión pendiente es la designación de 23 nuevos espacios marinos protegidos, entre ellos 21 Lugares de Importancia Comunitaria para la conservación de hábitats y especies y dos zonas destinadas a la protección de aves marinas. Su aprobación permitiría avanzar hacia el objetivo internacional de proteger al menos el 30% de las aguas marinas para 2030, conocido como 30x30.

Este compromiso busca frenar la pérdida de biodiversidad y reforzar la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Las áreas protegidas bien gestionadas pueden favorecer la reproducción de las especies, recuperar poblaciones de peces y beneficiar a las localidades que dependen de los recursos marinos.

Más transparencia contra la pesca ilegal

La última medida corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y está relacionada con la transparencia y la lucha contra la pesca ilegal. Oceana reclama actualizar el real decreto que regula el Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros, una normativa con más de veinte años de antigüedad. El objetivo es identificar a los titulares reales de las empresas que se benefician de la actividad de buques con intereses españoles que operan fuera de aguas europeas.

Conocer quién está detrás de estas operaciones permitiría combatir estructuras empresariales opacas, mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros y dificultar la entrada en el mercado de capturas ilegales. Además de sus consecuencias ambientales, estas prácticas perjudican a quienes cumplen las normas y deben competir con operadores que eluden los controles.

El martes 17, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto sobre el acceso y la gestión de los recursos pesqueros, otra norma necesaria que estaba pendiente de un último paso antes de las elecciones. La decisión demuestra que aún hay tiempo para actuar. 

Para Coelho, “el Gobierno tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con la protección de los océanos mediante decisiones concretas. Las tres medidas reclamadas responden a problemas conocidos y son fruto de años de trabajo técnico, por lo que dejarlas pendientes supondría desaprovechar el esfuerzo realizado”.