PP y Vox vetan la comparecencia de un científico del CSIC sobre los centros de datos en Extremadura: “Es un ecologista chavista”
PP y Vox han cerrado la puerta a cualquier crítica a los centros de datos en Extremadura, a pesar de que cuatro megainfraestructuras se proyectan en la región, alguna con trámites muy avanzados. Los socios de gobierno han impedido la comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea del científico del CSIC Manuel García Domínguez, propuesta por Unidas por Extremadura para que aportara “una visión científica acerca de los beneficios y los riesgos asociados a los proyectos de instalación de grandes centros de datos” en la comunidad.
El diputado de la coalición de izquierdas, Francisco Llera Cáceres, explicó que el investigador se encuentra elaborando su tesis doctoral precisamente sobre la gobernanza, los cuellos de botella, la sostenibilidad y el impacto socioeconómico real de los centros de datos en Aragón y Extremadura, pero pese a los argumentos académicos esgrimidos por Llera, el PP y Vox rechazaron de plano la solicitud. La portavoz del PP en la comisión, Isabel Cortés
Pese a los argumentos académicos esgrimidos, la bancada del Partido Popular rechazó de plano la solicitud. La diputada del PP Isabel Cortés, cargó con dureza contra el perfil del ponente, cuestionando que se convoque a “alguien de fuera”, pese a sus vínculos familiares con Extremadura, y que, a su juicio, mantiene “una visión muy negativa y un ecologismo chavista”.
Cortés defendió el interés empresarial suscitado en la región y cifró en unos 700 los empleos directos de operación que generarán estas plantas, reprochando a la izquierda estar instalada en el “no a todo” frente al crecimiento regional y contraponiendo esta postura con los 4.000 puestos vinculados a la central nuclear de Almaraz.
Por su parte, Vox justificó su negativa amparándose en motivos competenciales. La diputada Eva García Alegre sostuvo que los trabajos de la comisión parlamentaria deben ceñirse a un enfoque estrictamente técnico-industrial orientado al desarrollo económico, por lo que las valoraciones de carácter científico como las del investigador propuesto deben canalizarse a través de los trámites administrativos de información pública y alegaciones.
La iniciativa contó únicamente con el respaldo del bloque progresista de la Cámara. Desde las filas del PSOE, el diputado Aitor Vaquerizo calificó la solicitud de “oportuna” y confirmó el voto favorable de su formación con el fin de evaluar tanto los riesgos como los potenciales beneficios de estos megaproyectos.
Ecologistas en Acción carga contra el “negacionismo ambiental”
El veto parlamentario ha provocado una contundente reacción de Ecologistas en Acción, que ha denunciado formalmente que PP y Vox “cierran las puertas de la Asamblea a la ciencia ambiental” al impedir la intervención del científico. Desde la organización ecologista inciden en que la intención del grupo proponente “no era paralizar ningún centro de datos, sino escuchar a un investigador antes de tomar decisiones que pueden condicionar el futuro de Extremadura durante décadas”.
Para el colectivo, resulta “preocupante” que la derecha relegue el conocimiento científico a meros expedientes administrativos de información pública, excluyéndolo del debate y la fiscalización parlamentaria. Ecologistas en Acción advierte de que el rechazo se produce en un contexto de “fuerte presión” por grandes inversiones industriales, energéticas, mineras y agroganaderas, donde las preguntas sobre el elevadísimo consumo de agua y energía, la ocupación de suelo o las emisiones “quedan relegadas frente al discurso triunfalista de los anuncios de inversión”. En este sentido, recuerdan que la propia Junta de Extremadura ha llegado a reclamar la retirada de propuestas estatales destinadas a fijar exigencias de eficiencia energética e hídrica a estas plantas informáticas.
“El negacionismo ambiental no consiste solo en negar el cambio climático; también se manifiesta cuando se ignoran las evidencias científicas, se minimizan los impactos económicos o se impide escuchar a quienes pueden explicarlos”, indica la organización. El colectivo subraya que la comunidad autónoma padece ya manifestaciones graves de degradación (embalses eutrofizados, acuíferos contaminados por nitratos, suelos degradados y dehesas amenazadas por la seca) que exigen rigurosidad técnica y evaluación de efectos acumulativos. “Cerrar las puertas de la Asamblea a la ciencia no hace desaparecer los impactos ambientales. Solo impide conocerlos y prevenirlos antes de que sean irreversibles”, concluyen.