Los presupuestos de Extremadura para 2026 llegan a 8.854 millones con un IRPF más bajo y deducciones por herencias de tíos a sobrinos
El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 ya es una realidad. Tras el vuelco político que supuso la retirada de las anteriores cuentas por falta de apoyos y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, el Ejecutivo regional de PP y Vox ha aprobado este jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario las nuevas cuentas, que ascienden a 8.854 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a los 8.657 millones del proyecto frustrado el pasado octubre.
La portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha defendido en rueda de prensa que estas cuentas son “expansivas” —dotadas con 755,6 millones más que el presupuesto prorrogado de 2025— y pretenden dar respuesta al “bloqueo que los extremeños expresaron en las urnas”. El proyecto, que se registrará este viernes en la Asamblea de Extremadura, se ha elaborado bajo una previsión de crecimiento del PIB del 1,9% y una creación de empleo del 1,56%. La Junta confía en acelerar su tramitación para que estén plenamente en vigor a finales de julio.
Un paquete fiscal de 43 millones
El apartado tributario es uno de los pilares del proyecto y, según ha reconocido la propia Manzano, “uno de los pilares del acuerdo con Vox”. Las rebajas fiscales recogidas tendrán un impacto de 43,1 millones de euros en las arcas públicas, una cifra que la consejera defiende que no responde a “una obsesión ideológica”, sino a una “herramienta de progreso y justicia”. Entre las principales novedades fiscales destaca la bajada del IRPF en un 0,25%para los dos primeros tramos de la tarifa autonómica (situándose en el 7,75% y el 9,75%), lo que la Junta califica como “los más bajos del país”.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce un nuevo supuesto de “especial vinculación”. Los sobrinos cuyos tíos fallezcan sin descendencia directa podrán acceder a las mismas bonificaciones fiscales que los familiares directos. Además, se crea una deducción por gastos de veterinario con un límite de 100 euros anuales y se eleva a 4.000 euros la deducción por gastos de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
También se elevan sustancialmente los límites de ingresos para poder aplicarse las 19 deducciones autonómicas vigentes, pasando de los 19.000 euros actuales a los 30.000 euros en tributación individual (y 55.000 en conjunta).
Sanidad y Educación
En el desglose por departamentos, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia se lleva la mayor partida expansiva: crece un 17,6% hasta alcanzar los 3.339 millones de euros (500 millones más que en el ejercicio anterior). De estos, 904 millones se blindarán para la Atención Primaria y 616 millones se destinarán a las políticas de dependencia.
Por su parte, Educación y Formación Profesional contará con 1.620 millones de euros. Esta partida permitirá ampliar al 100% la jornada laboral de los auxiliares técnicos educativos y de los intérpretes de signos, además de consolidar el aumento retributivo de 80 euros para los docentes que se aplica desde enero, una cantidad considerada insuficiente por los sindicatos. La Consejería y las organizaciones que representan a los docentes se reunirán en junio otra vez. También se reservan 23,7 millones de euros para garantizar la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 1 años.
El programa Aval Joven en materia de vivienda sube su dotación hasta los 6 millones de euros y se abre de forma fija también a las familias numerosas. Además, la Junta habilitará una línea especial para que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de vivienda habitual se pueda aplazar y abonar en diez años sin intereses ni comisiones.
En el plano laboral, la Consejería de Economía y Empleo incrementa sus fondos en 133 millones de euros e incluirá una ayuda de 800.000 euros para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de aquellos autónomos que se encuentren de baja por incapacidad laboral.
Finalmente, el sector agrario recibirá 10,8 millones de euros para la línea de seguros agrarios y 7 millones para el relevo generacional en el campo, mientras que el Servicio de Prevención de Incendios Forestales (Infoex) sumará un millón de euros para renovación de unidades terrestres y 1,74 millones para un nuevo complemento de disponibilidad y retén.
Vox celebra la “prioridad nacional”
Tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno, el socio de coalición del Ejecutivo regional ha comparecido en la Asamblea de Extremadura para valorar de forma muy positiva el documento económico. El presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández —quien ostenta además la vicepresidencia de la Junta y la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia—, ha afirmado que estas cuentas marcan el inicio de “un cambio real” en la comunidad.
Según Fernández, el giro político de estos presupuestos se sustenta en el concepto de “prioridad nacional”, enfocado en “el sentido común y en priorizar las necesidades de los extremeños”. Bajo esta premisa, el líder de Vox ha destacado un drástico recorte de 10 millones de euros en cooperación y en asignaciones destinadas a asociaciones y entidades que, según sus palabras, “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”.
Entre la batería de medidas pactadas en el seno del Ejecutivo que Fernández ha puesto en valor, se encuentra la reducción a la mitad de las subvenciones dirigidas a los sindicatos, la duplicación de las ayudas a la natalidad y el blindaje al sector agropecuario mediante un fondo de compensación diseñado para que “nuestros agricultores y ganaderos puedan defenderse de las nefastas políticas de Bruselas que emanan del Pacto Verde y de la Agenda 2030”.
En clave sectorial e infraestructuras, la formación ha reivindicado que el proyecto cumple con el compromiso de arrancar “en breve” las obras del regadío de Tierra de Barros. En materia sanitaria, además de refrendar el crecimiento superior al 17% de las partidas de salud, Fernández ha anunciado el compromiso de iniciar la contratación de 1.500 profesionales del sector a lo largo de la presente legislatura.