La fiscalía de la provincia de Rieti, en la región del Lazio, una de las zonas más afectadas por el terremoto que asoló el centro de Italia, ha abierto una investigación sobre las labores de prevención en los edificios que se han derrumbado. El fiscal jefe Giuseppe Saieva coordina las investigaciones en torno a la hipótesis de un delito de “desastre doloso” que implicaría la omisión de las pertinentes medidas de seguridad antisísmicas, según ha informado la TV pública italiana RAI.
El fiscal Saieva ha dispuesto la orden de indagar sobre todos aquellos edificios que se han derrumbado, pero que habían sido reestructurados recientemente como la escuela de Amatrice o el campanario de la ciudad de Accumoli. Paralelamente se están sucediendo las críticas de los expertos que indican que en Italia podría hacerse mucho más para proteger la infraestructura de sus edificios del impacto de los seísmos.
El presidente del Consejo Nacional de Geólogos, Francesco Peduto, ha señalado en una nota de prensa que “hace años” que denuncian que Italia está “lejos de una cultura de la prevención”. “Sería necesaria una normativa más coherente con la situación del territorio italiano”, ha declarado.