Test de drogas a los policías en prácticas de Calahorra: el Defensor del Pueblo interviene tras el silencio del Gobierno de La Rioja
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ante la falta de respuesta de la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja a una solicitud de informe jurídico sobre la realización de pruebas toxicológicas a agentes de la Policía Local.
El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando la Jefatura de la Policía Local de Calahorra ordenó la realización de controles de drogas masivos a los agentes en prácticas del municipio. Según denuncia el SRPF, estas pruebas se llevaron a cabo utilizando tests indiciarios de los empleados habitualmente en controles de tráfico, “sin indicios individualizados, ni justificación relacionada con un caso concreto de afectación al servicio” y sin que conste la garantía de protocolos estandarizados, supervisión médica externa o el cumplimiento estricto de la cadena de custodia y de la normativa de protección de datos de salud.
Ante esta situación, el sindicato solicitó formalmente a la Dirección General de Justicia e Interior que emitiera un dictamen jurídico interpretativo sobre la legalidad y los límites de estos controles al amparo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de La Rioja. Asimismo, reclamaron la creación de una orden autonómica específica —similar a la que regula el Cuerpo Nacional de Policía— para garantizar un procedimiento unificado y con plenas garantías jurídicas en todos los municipios de la región.
Al no obtener contestación por parte de la Administración regional, el SRPF acudió al Defensor del Pueblo, que dio por admitida la queja y requirió información a la Dirección General.
En su contestación a la institución, la Consejería reconoció que el escrito del sindicato había quedado sin responder debido al “elevado número de cuestiones que plantaba la organzación y a un cambio de personal en la Sección de Coordinación”. No obstante, desde la organización sindical critican que “la respuesta autonómica evita pronunciarse sobre el fondo del asunto”.
La Dirección General señalaba que los agentes en prácticas habían firmado un consentimiento para la realización de pruebas durante el proceso selectivo y que los ayuntamientos ostentan competencias para realizarlas, aunque no se refieren al informe legal, el análisis sobre protección de datos o la proporcionalidad solicitados. Además, la Consejería descarga elaborar una normativa al respecto. Por su parte, el Ayuntamiento de Calahorra no ha respondido sobre cómo se realizaron las pruebas.
Desde el SRPF aclaran que no se oponen a la realización de controles preventivos a quienes portan armas de fuego y ejercen autoridad, pero consideran urgente abrir un debate para dotar a estas actuaciones de “seguridad jurídica, homogeneidad y transparencia” que evite interpretaciones unilaterales según el municipio