Denuncian irregularidades en la licitación del servicio de seguridad en dos importantes obras públicas de La Rioja
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha presentado una reclamación ante la Junta de Contratación de la empresa pública TRAGSA por el incumplimiento de la normativa vigente en el concurso para el servicio de videovigilancia móvil en dos obras estratégicas de la región: la ampliación del Centro de Salud de Calahorra y la nueva Residencia de personas mayores de Torrecilla en Cameros.
Un incumplimiento flagrante de la Ley derivado de los pliegos de condiciones que, con un presupuesto de licitación de 47.395 euros (sin IVA), establecen que la adjudicación se basará exclusivamente en la oferta económica (100 % de la ponderación). FeSMC UGT denuncia que esta fórmula ignora la Ley de Contratos del Sector Público que estipula que en servicios de vigilancia y seguridad los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51 % de la puntuación total.
Para el sindicato, esta omisión va más allá de una cuestión meramente administrativa, ya que tiene consecuencias directas sobre el empleo y el servicio. Por un lado, genera una evidente falta de garantías sociales, ya que, al competir únicamente por precio, se incentiva la aparición de ofertas a la baja que ponen en riesgo el cumplimiento de los convenios colectivos y las condiciones de las personas trabajadoras.
Además, esta limitación total de criterios en torno al precio podría generar deficiencias en el servicio debido a que se obvian factores fundamentales como la solvencia técnica de las empresas o las mejoras en los medios tecnológicos, entre otras.
FeSMC UGT considera que una empresa pública como TRAGSA debe ser ejemplar en la inclusión de cláusulas sociales y no permitir que la seguridad de las infraestructuras y servicios riojanos se subasten al mejor postor. Por ello, tras trasladar estas consideraciones a la Junta de Contratación de TRAGSA, solicita la correspondiente subsanación de los pliegos para que se ajusten a la legalidad y garanticen un servicio de calidad que responda a las necesidades reales de las obras. El sindicato se mantendrá vigilante para asegurar que la contratación pública en esta comunidad no sirva como herramienta para la precarización del sector de la seguridad privada.