El Gobierno de La Rioja defiende la “sostenibilidad ambiental” de la macrofábrica de Manjarrés y dice que las quejas vecinales son “infundadas”
El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha defendido la declaración como PIER del proyecto de Soluciones en Prefabricados Industriales (SOPREIN) para una planta en Manjarrés a pesar de la concentración que este pasado fin de semana convocaron los vecinos del municipio en su contra. Ha garantizado que “está asegurada la sostenibilidad ambiental de la explotación”.
Alfonso Domínguez ha respondido que “las movilizaciones son siempre legítimas”, pero ha considerado que son “infundadas” porque “la declaración como PIER está fundamentada en argumentos que declaran la sostenibilidad ambiental de la explotación económica a realizar”. “Está verificada desde todos los puntos de vista y por la Consejería de Medio Ambiente por lo tanto esos argumentos que defienden en la concentración no encuentran soporte en los informes presentados”, ha añadido.
Así, ha destacado que la instalación se realizará en una comarca afectada por la despoblación, podrá crear 110 trabajos directos y otros 20-30 indirectos, traerá inversión y recaudación y desarrollo industrial a la comarca“.
Mientras el Gobierno de La Rioja defiende la “sostenibilidad ambiental” uno de los motivos de la COTUR para suspender la tramitación del proyecto fueron “motivos paisajistos”. El otro motivos fueron los accesos que se solucionan con la construcción de la variante de la carretera que ha proyectado el Gobierno de La Rioja, por 2,4 millones de euros, que tampoco convence al vecindario.
Además de las quejas vecinales y de la asociación Amigos de la Tierra en La Rioja, algunos grupos políticos también han comenzado a denunciar públicamente este macrofábrica prevista en Manjarrés. Izquierda Unida de La Rioja ha mostrado su tajante oposición a la declaración como Proyecto de Interés Regional (PIER) del proyecto industrial previsto en Manjarrés y considerón “inaceptable” que el Gobierno de La Rioja impulse esta tramitación “sin que estén despejadas las dudas sobre el impacto ambiental y paisajístico”, por lo que ha registrado 22 preguntas parlamentarias para exigir transparencia al ejecutivo. También el PR+ ha apoyado a los vecinos en su concentración y ha rechazado “la falta de transparencia y el nulo diálogo” del Ejecutivo regional.