Lo que no cabe en el precio
El litro de gasolina cuesta lo que cuesta extraer el crudo, refinarlo, transportarlo, y el margen de quien lo vende. No cuesta lo que cuesta quemarlo. La tonelada de carbono que sube a la atmósfera cuando ese litro arde no aparece en el surtidor, no se descuenta de la cuenta, no la asume nadie en el momento de pagar. La paga otra persona, en otro sitio, y durante mucho más tiempo del que dura una vida: el COâ‚‚ se queda en la atmósfera durante siglos. El precio, aquí, no es que mienta: es que no llega a contar toda la historia.
A esto los economistas lo llaman externalidad: un coste real que el precio no recoge porque quien lo sufre no es quien compra ni quien vende. Llamarlo fallo del mercado sugiere un error técnico, corregible con un ajuste. Es, en realidad, un límite de origen. El precio solo sabe contar lo que pasa entre dos partes que negocian. Todo lo que le pasa a un tercero —al río, a la generación siguiente, al pueblo que no participó en la transacción— queda, por diseño, fuera de la cuenta —y fuera del mapa—. Y hay cosas que no solo quedan fuera: no se dejan meter dentro.
Karl Polanyi ya había puesto el dedo ahí, aunque no hablara de clima. Llamó mercancías ficticias a la tierra, el trabajo y el dinero: cosas que el mercado trata como si se hubieran producido para la venta, cuando en realidad no se produjeron para eso. Nadie fabrica un río pensando en venderlo. Nadie cultiva una capa de ozono. Y sin embargo el mercado necesita tratarlos como si fueran mercancías cualquiera, con su precio y su curva, porque de otro modo no sabe qué hacer con ellos. El resultado, advertía Polanyi, es que esa ficción tiene un coste: tratar la tierra como mercancía acaba por agotarla, igual que tratar el trabajo como mercancía acaba por agotar a quien lo ejerce.
Y el tercero que queda fuera del precio no es solo humano, ni siquiera futuro humano. Un bosque talado no tiene manera de sentarse a negociar su propio precio, ni la tendrá nunca, y no porque el turno se demore, sino porque no hay lenguaje de mercado en el que un río o una especie puedan hablar por sí mismos. Cuando desaparece un anfibio o una variedad de trigo, no hay factura pendiente ni deuda que cobrar —hay, simplemente, un silencio que el precio nunca registró porque nunca estuvo diseñado para escucharlo—.
Durante décadas, la respuesta a este límite tuvo un nombre: la tragedia de los comunes. Garrett Hardin, en 1968, imaginó un pasto compartido donde cada pastor añade una oveja más porque el beneficio es suyo y el coste se reparte entre todos, hasta que el pasto se agota y todos pierden. La conclusión que se sacó de ahí, durante años, fue que lo compartido está condenado: o se privatiza, o lo gestiona el Estado, porque dejado autogestionarse a la gente se destruye solo.
Elinor Ostrom pasó buena parte de su carrera demostrando, con trabajo de campo, que eso no es verdad, o no siempre. Estudió sistemas de riego en España, bosques comunitarios en México, pesquerías en distintas partes del mundo, y encontró comunidades que llevaban siglos gestionando un recurso compartido sin privatizarlo y sin que nadie desde fuera se lo impusiera: con normas propias y sanciones que los mismos vecinos vigilaban. El propio Hardin, años después, reconoció que debería haber titulado su ensayo la tragedia de los comunes sin regular: el pasto se agota cuando nadie se conoce y nadie rinde cuentas a nadie. Cuando hay comunidad el recurso compartido puede sostenerse durante generaciones sin necesitar un precio que lo discipline.
Carlos Taibo lleva años insistiendo en un argumento más incómodo todavía: que ni siquiera arreglando el precio se arregla esto. Taibo desplaza la pregunta hacia la obsesión con que la cuenta, cualquier cuenta, tenga que crecer siempre. El decrecimiento que defiende no pide un capitalismo mejor calculado, con externalidades por fin internalizadas; pide producir y consumir menos en las sociedades ricas —y repartir de otro modo lo que queda: el trabajo, el tiempo, la energía—, deliberadamente, como condición para que el planeta —y quienes lo habitan sin voto en el mercado— tengan margen para seguir existiendo. Es una crítica que va un paso más allá de Polanyi: no basta con dejar de fingir que la tierra es una mercancía como otra cualquiera: hay que dejar de exigirle que rinda cada vez más.
Ostrom y Taibo no hablan exactamente de lo mismo. Ella mostró que una comunidad pequeña puede gestionar bien lo que comparte, cara a cara, con reglas propias. Él pide algo más grande: que sociedades enteras dejen de exigir crecimiento. No está claro que lo primero baste sin lo segundo, ni que lo segundo funcione sin comunidades capaces de gestionar de cerca lo que les toca gestionar. Este ensayo no lo resuelve. Solo deja constancia de que ahí hay un salto de escala sin puente todavía. Puentes con nombre ya existen: cuencas hidrográficas, bioregiones, gobernanza multinivel; pero nombrarlos no es lo mismo que haberlos construido.
Los mercados de emisiones y los impuestos al carbono son, en el fondo, el intento contrario a Taibo: no salir del precio, sino estirarlo hasta que quepa lo que antes no cabía. Ponerle precio a la tonelada de carbono, decidir cuánto vale un bosque en pie frente a uno talado. Pero en cuanto alguien tiene que fijar ese número, vuelve la pregunta de siempre: ¿quién decide, y con qué criterio, que un bosque en Indonesia vale menos que una fábrica en Alemania? —y quien decide suele ser quien tiene más poder de negociación, no quien tiene mejor criterio. Antes de esa pregunta hay otras dos, más prosaicas y no menos decisivas: quién mide la tonelada de carbono que un bosque en pie evita emitir, y con qué margen de error; y si pagar por no talar un bosque que de todos modos no iba a talarse reduce algo, o solo mueve el dinero de un bolsillo a otro. Contar lo que antes no cabía extiende la misma curva, más ambiciosa, sin dejar de fingir que todo puede caber en una cuenta. Puede que el precio no cuente mal: puede que haya cosas que, sencillamente, no se dejan contar.
Ahí está el hilo que conecta todo esto con lo que ya habíamos visto: la escasez, decíamos ayer, no se descubre, se fabrica o se impone. El clima añade una vuelta de tuerca. Aquí ni siquiera hace falta fabricar la escasez: basta con no contarla. El coste climático del petróleo no está escondido por un cártel ni por un algoritmo; está simplemente fuera del marco, como si no existiera mientras nadie lo mire.
Y sin embargo alguien lo está pagando ya. No con dinero, con sequía, con cosecha perdida, con una isla que pierde metros de costa cada año. Y ese alguien casi nunca es quien más ha emitido: son los países del Sur Global, las comunidades que apenas participaron en la industrialización, quienes cargan primero con la factura de un precio que otros dejaron sin pagar. La cuenta existe, pero quien la generó no es quien la paga. Eso no convierte al Sur Global en mera víctima: también emite, y emitirá más a medida que se desarrolle. La justicia climática no puede ser solo que el Norte compense: tiene que dejar margen para que el Sur tenga también derecho a crecer dentro de los límites que quedan.
Aquí el mapa vuelve a encontrar una falla, esta vez de otra manera: dibuja solo lo que cabe en el papel y deja fuera lo que no cabe. Un boceto también decide, con su propio silencio, qué cuenta como paisaje y qué no.