La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha declarado este miércoles como investigada tras ser denunciada por familiares de personas enterradas en el Valle de los Caídos debido su “negativa” a reactivar la licencia de obras del Valle de Cuelgamuros –anteriormente denominado Valle de los Caídos– para proceder a las exhumaciones.
López Esteban no ha explicado a los medios de comunicación en qué ha consistido su declaración. Por su parte, el letrado Eduardo Ranz, impulsor de la querella, ha señalado que ha existido “una inmensa contradicción” en la actuación de la alcaldesa. “Por un lado se declara que la Junta de Gobierno local, por unanimidad, decidió suspender la licencia de actividad, y por otro lado, nos manifiesta que la licencia está viva”, ha apuntado el abogado.
Al atender a los periodistas presentes en los juzgados del municipio madrileño, donde se encuentra el Valle de Cuelgamuros, Ranz ha insistido en que esta demanda “no es un juicio político”. “La finalidad de este proceso no es la inhabilitación de la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, sino exhumar a los hermanos Lapeña y con ello cerrar una herida”, ha detallado Ranz.
Un procedimiento encallado en los tribunales
La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 en Calatayud y enterrados en el Valle de Cuelgamuros, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro. Las actuaciones para realizar las exhumaciones de estos represaliados republicanos llevan años encalladas, a pesar de que en 2016 la Justicia autorizó su inhumación.
La alcaldesa ha aseverado ante la magistrada, siempre según el abogado de los demandantes, que “la licencia” de obra “no ha sido revocada” y, por lo tanto, “está viva”. Y ha añadido: “Prueba de ello es que Patrimonio Nacional abonó la correspondiente tasa municipal y esta tasa no ha sido devuelta”. López Esteban ha aportado este miércoles a la jueza un informe municipal que “contradice” la versión previa que dio el Ayuntamiento para frenar la licencia de obras e impedir las exhumaciones, según ha detallado el letrado.
En un informe jurídico de junio, la Secretaría General del Ayuntamiento alegó que no accedería a la solicitud de renovar el permiso hasta que la sentencia no fuese firme. Sin embargo, la alcaldesa ha aportado este miércoles ante la jueza un informe municipal, fechado el 16 de diciembre, un segundo informe “que contradice” la decisión anterior “que decía que había que esperar a la firmeza”. Estos hechos constituyen para el letrado “una acción de punibilidad”.
En diciembre se reanudaron los trabajos
Tras un proceso judicial que se ha enquistado en varias ocasiones, el Gobierno ordenó en diciembre reanudar las exhumaciones de los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros.
“Una vez levantadas las medidas cautelares por parte del TSJM el pasado mes de julio y después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial estableciese que el Consistorio no tenía competencia para suspender la licencia de obra, desde Patrimonio Nacional se ha procedido a reanudar los trabajos para terminar así con el sufrimiento que esta situación estaba ocasionando a los familiares de las víctimas”, explicaron desde el Ministerio de Presidencia. En su declaración, tal y como ha señalado Ranz, la alcaldesa también ha confirmado que “la delegada de Patrimonio [Nacional]” trasladó al Ayuntamiento que estos trabajos “se están realizando” desde diciembre o enero.