Móstoles espera un desenlace inminente del caso de los enchufes que puede suponer el final para su alcaldesa, Noelia Posse. Más de 200.000 habitantes están pendientes de la decisión que tome el PSOE en los próximos días. Su futuro pende de un informe del Comité de Ética que se emitirá la próxima semana. En el pueblo, el escándalo se comenta en cada esquina con resignación en algunos casos, con enfado en otros.
“Si el jefe de Madrid le ha marcado la puerta, digo yo que se tendrá que ir”, asume Paco mientras pone una caña en el bar que regenta. Dice que a su establecimiento la gente va a ver el fútbol y a “hablar de otras cosas que no son política porque está muy harta”.
Pero la crisis por los nombramientos a dedo de familiares y amigos de la regidora ha entrado irremediablemente en el bar. En este y en otros. También en las peluquerías o el quiosco. Móstoles es la segunda población más grande de Madrid, pero el centro se parece más a un pueblo que a una gran urbe de más de 200.000 habitantes. La ciudad se ha acostumbrado últimamente a salir en los telediarios. “Ya parecía que había bajado un poco el escándalo de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquello sí me dio pena... Y ahora esto”, dice Elvira, de 70 años, en la puerta de la parroquia. La facultad de Móstoles fue el epicentro de las prácticas corruptas que se destaparon a raíz del caso Máster que involucró a la expresidenta Cristina Cifuentes y provocó su dimisión.
La naturalidad con la que fluyen las últimas horas sobre el escándalo de la alcaldesa se congela en las inmediaciones del Ayuntamiento. Funcionarios y funcionarias entran y salen de un edificio cuadrado de ladrillo vista. Nadie quiere hablar. Donde a principios de septiembre las caceroladas y los gritos de protesta de algunos vecinos impidieron a Posse dar el pregón, ahora se impone el silencio. “No podemos hablar”, dice una trabajadora, que al final admite que llevan semanas “a la expectativa”. Hay más de 1.000 empleados municipales, entre personal funcionario y laboral que también aguardan un final.
Parece difícil encontrar a un votante socialista por la calle, pese a que la lista del PSOE, encabezada por Noelia Posse, fue la más votada en mayo. La alcaldesa mejoró los resultados de su antecesor, David Lucas: logró 100.000 votos y obtuvo tres concejales más que hace cuatro años.
Antonio, jubilado, es la excepción. “Estoy decepcionado. No sé. No la volvería a votar. Me gustó como gestionó, ahora tengo dudas”, admite. Considera que “debería dimitir” y cree que el partido la está empujando a que lo haga. “Pero a lo mejor no se va. Si es que aquí esto lo hacen todos”, relativiza.
“Y los enchufes que no se conocen...”, apunta un jardinero que trabaja en una plaza céntrica y que resta importancia a lo ocurrido, como si el pueblo estuviera acostumbrado. “Gente de todos los partidos lo hace”, justifica. Otro compañero, a su lado, pronostica que “tiene mala pinta”. “O se va, o la echan. La cosa huele mal, parece que hay gente del partido está metiendo mano”.
El propio Partido Socialista ha dado alas a esta teoría del fuego amigo. “Es posible que compañeros desde dentro alimenten esta hoguera, no lo descarto”, dijo esta semana el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, tras anunciar que Posse tendría que comparecer ante el Comité de Ética. El veredicto final del órgano dependerá en buena medida de su presidente, Javier Rodríguez, el alcalde de Alcalá de Henares procesado por prevaricación. El entorno de la alcaldesa, entre los que se cuenta al secretario general de Móstoles, Álex Martín, cree que hay un grupo en la agrupación que tiene “hostilidad” hacia la comisión ejecutiva.
Fuentes socialistas refuerzan en privado esta hipótesis. También admiten el miedo a que la alcaldesa se enroque en su cargo pase lo que pase con el proceso que ya se ha iniciado para que dé explicaciones ante el Comité de Ética del partido sobre los nombramientos que la han hecho protagonista de titulares a diario. Incluso si termina expulsada del partido. “Yo creo que está protegida, aquí conoce a mucha gente”, opina un vecino de toda la vida del municipio.
La lista municipal con la que concurrió en mayo ya generó problemas en vísperas de las elecciones y dejó una agrupación socialista fracturada. Varios miembros, entre ellos el concejal de Hacienda, Javier Gómez, renunciaron a formar parte de la candidatura después de que el partido mostoleño barriera de los puestos de salida a la mayoría de concejales del PSOE de la ciudad, el equipo con el que Posse misma trabajó durante dos años cuando sucedió a David Lucas, dimitido en 2017.
Por eso en el PSOE piensan que, ante una expulsión, Posse tendría cierta capacidad para mantener el apoyo de sus concejales. “La lista se hizo a imagen y semejanza”, dice un cargo socialista de renombre. Eso explicaría la “actitud desafiante” que, para algunos miembros del partido, está manteniendo la alcaldesa ante la crisis.
La intención de la dirección socialista es, en todo caso, que Posse termine renunciando ante el escándalo. La posición de sus socios de Gobierno también será decisiva: Más Madrid Ganar Móstoles ya ha pedido su dimisión y este lunes los dos ediles anunciarán que abandonan el tripartito, mientras Podemos dilata el momento de pronunciarse porque lo están “estudiando” ante la sorpresa de miembros incluso del PSOE. Los afines a la alcaldesa cuentan con una baza a su favor: dan por hecho que el Gobierno no está peligro porque sus socios no apoyarían una moción de censura impulsada por el PP.
Posse mantiene que no hay nada “ilegal” en sus nombramientos y ha admitido que está “muy cabreada” consigo por “los errores”. “No creo que haya cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad como para tenerme que marchar. Lo importante es rectificar y seguir trabajando”, dijo después de cuatro dimisiones de cargos de confianza: su hermana, su tío, un antiguo dirigente de la URJC con un contrato blindado y una amiga de la alcaldesa. Hubo una salida forzada más. La directora de Comunicación de la alcaldesa durante la crisis, Franca Velasco, no ha sobrevivido a los escándalos y fue cesada por “pérdida de confianza”.
El Comité de Ética prevé resolver esta semana la comparecencia de Posse y tener una decisión tomada para la próxima. La puerta de la expulsión está abierta.
Laura Posse, hermana. Fue nombrada coordinadora de Mensajes y Redes Sociales por la alcaldesa en un puesto de libre designación y con un salario de 52.000 euros al año. Dos semanas después, la regidora la cesó en el cargo “por humildad”.
Héctor Posse, tío. Ya era era funcionario en el Ayuntamiento de Móstoles pero con el nuevo Gobierno municipal, encabezado por su sobrina, recibió un complemento salarial mensual de 1.600 euros por un ascenso. Fue nombrado Director Técnico Deportivo del Área de Deportes. Terminó renunciando al ascenso y al plus.
Luis Vázquez. El elegido para dirigir el Instituto Municipal del Suelo también ha dimitido. Vázquez dirigía la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, sin ánimo de lucro, y cobraba cuatro veces más que otros miembros de la alta dirección del centro universitario, según la Cadena Ser. Además, el exrector Fernando Suárez, que dimitió por la polémica de los plagios, le proporcionó un contrato blindado que le garantizaba una mejora de su indemnización si era despedido o incluso si se marchaba voluntariamente. La universidad prescindió de él porque la fundación estaba en quiebra y Vázquez puso una demanda.
Alicia Domínguez, amiga. Su nombre figura en la cuarta renuncia dentro del Gobierno municipal en menos de un mes. Es amiga de la infancia de la regidora y fue fichada como coordinadora de Gabinete de Alcaldía con un sueldo de 52.000 euros.
Gonzalo Sánchez Oliva, expareja. Posse también ha colocado como supervisor de un grupo nuevo para resolución de problemas urgentes de la ciudad a una antigua pareja sentimental. Sánchez Oliva es funcionario del Ayuntamiento pero esta designación le proporciona una subida de sueldo de 800 euros al mes.
Jesús Miguel Espelosín. Una sentencia judicial se ha sumado a todas las polémicas anteriores. El juez tumbó esta semana el nombramiento del nuevo gerente de Urbanismo por no cumplir con los requisitos de la convocatoria pública a la que se presentó para lograr el puesto.
Carmen Rosas: el Ayuntamiento de Móstoles también ha fichado a la persona que certificó que el gerente de Urbanismo tenía los credenciales para poder acceder a la plaza y cuyo nombramiento ha tumbado la justicia por carecer de los requisitos. Carmen Rosas es la nueva coordinadora general de Urbanismo, un puesto de libre designación.