Así 'vigila' Cifuentes los pisos turísticos ilegales: el caso de la calle Ruiz

Una cama de matrimonio, dos literas y un sofá cama alojan cada mes a decenas de turistas en una minúscula buhardilla ubicada en el número 14 de la calle Ruiz. Un espacio que no llega a los cuarenta metros cuadrados, sin cédula de habitabilidad y que en una ciudad sin boom de apartamentos turísticos solo funcionaría como trastero. Pero esto es Madrid y “nadie vigila”, denuncian los vecinos de esta finca contactados por Somos Malasaña.

“Denunciamos la existencia de esta vivienda turística ilegal ante la Comunidad de Madrid”, explica Ana, penúltima presidenta de su portal. “Lo hicimos cuando vimos que se anunciaba en Airbnb y daba alojamiento hasta para seis personas”. El lugar no muestra la obligatoria placa de vivienda turística, no está dado de alta en el registro regional y en su interior no se puede ejercer actividad terciaria, destacan los vecinos.

“La denuncia llegó después de que la comunidad de vecinos transmitiera a la propietaria que no estábamos de acuerdo con que se alquilara para turistas. Ella nos dijo que lo iba a seguir haciendo”. Su demanda llegó a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid. Después de meses de silencio, les comunicaron que archivaban la denuncia “porque un inspector había visitado el lugar y no confirmaba que eso fuera un piso turístico”, cuenta indignada Ana.

“¿Cómo hacen en la Comunidad las inspecciones? ¡Si con verlo en Airbnb se comprueba que se alquila a turistas!” se queja esta vecina. El ejemplo de Ruiz explica por qué el gobierno de Cristina Cifuentes ha puesto solo seis multas a apartamentos turísticos ilegales en los últimos tres años y medio. También explica la proliferación en el barrio de miles de viviendas que se ofrecen para turistas al margen de la ley.

A menos de 9 € la noche

Los vecinos se quejan del trasiego de personas que no conocen de nada en el portal. Y de que ya han tenido dos incidentes de escándalo en la escalera. El apartamento pirata está siempre lleno, porque sus precios son imbatibles para cualquier establecimiento hotelero o incluso un albergue: alquilado por 52 euros al día, al viajero le sale a menos de 9 euros la noche si se utilizan todas las camas disponibles.

La anfitriona, Raquel, gestiona -con la buhardilla de Malasaña- tres viviendas turísticas en Madrid. Está dada de alta en la plataforma Airbnb desde 2015. Sus otras dos propiedades se encuentran en la zona de Puerta del Ángel y las abrió después de comprobar el éxito de su piso de la calle Ruiz y ante la falta de eficacia en las inspecciones.

Los vecinos también han recurrido al Ayuntamiento de Madrid para que, a través de la inspección urbanística, consiga cerrar la vivienda turística ilegal. En diciembre enviaron el modelo de denuncia con el que los vecinos del Centro están visibilizando su problema. Pero la respuesta aún no se ha producido.

Ana se decide ahora a denunciar públicamente el caso ante la falta de reacción de la administración: “La casa no reúne condiciones de seguridad, ni para los que están ahí ni para nosotros”, se queja. “Yo no estoy en contra de que la gente alquile una habitación, si vive en la casa, pero lo que no se puede hacer es lo que sucede en este sitio”, lamenta mientras mira al futuro con pesimismo: “Ahora tenemos un piso turístico, pero hay otras dos buhardillas más y esto parece que va a ir a más. Ya sabemos que es difícil regularlo, pero los que pueden tienen que hacerlo”.

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