¿Cómo afectan las elecciones al automóvil? Se aleja el Plan Renove pendiente y más dudas para ampliar el Plan Auto+

El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre amenaza con dejar en el aire algunas de las decisiones que el sector del automóvil considera más urgentes. Entre ellas se encuentran la puesta en marcha del Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico, pendiente desde marzo, y la continuidad de las ayudas del Plan Auto+, cuya dotación de 400 millones de euros está destinada a incentivar la compra de vehículos electrificados. Además, queda pendiente también la puesta en marcha de un plan específico para incentivar la electrificación de los vehículos pesados, una asignatura pendiente.

La disolución de las Cortes y el inicio de un nuevo ciclo electoral dificultan la aprobación de nuevas medidas durante los próximos meses y elevan la incertidumbre sobre programas que el automóvil considera esenciales para rejuvenecer el parque y acelerar la electrificación. El sector afronta así un escenario en el que sus principales reivindicaciones quedan condicionadas por el calendario político.

El Plan Renove acumula ya más de medio año de retraso respecto al plazo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible. La norma fijó el 5 de marzo de 2026 como fecha límite para aprobar este programa, que debe facilitar la sustitución de los vehículos más antiguos por otros más modernos, seguros y eficientes. El Congreso instó en junio al Gobierno a ponerlo en marcha mediante una proposición no de ley aprobada con 185 votos a favor.

La iniciativa parlamentaria reclamaba ayudas para retirar de la circulación los vehículos más antiguos y contemplaba tanto vehículos nuevos como de ocasión que cumplan la normativa Euro 6d. El sector ha defendido que el programa no se limite a los eléctricos, sino que permita acceder también a modelos híbridos y de combustión eficientes, con el objetivo de que las ayudas lleguen a un mayor número de conductores y rebajar la edad media del parque automovilístico, que supera los 14,5 años.

Incertidumbre también para el Plan Auto+

El otro gran interrogante afecta al Plan Auto+. El programa, aprobado dentro del Plan España Auto 2030, cuenta con 400 millones de euros, de los que 350 millones se destinan directamente a la adquisición de vehículos electrificados. Las ayudas alcanzan hasta 4.500 euros para los turismos eléctricos y hasta 5.000 euros para determinados vehículos comerciales.

Industria ha asegurado recientemente que todavía quedan fondos disponibles y que confía en que el programa tenga recursos suficientes para llegar hasta final de año. Sin embargo, el sector automovilístico prevé que se agoten los fondos próximamente, por lo que el adelanto electoral añade ahora dudas sobre qué ocurrirá en caso de que sea necesario ampliar las ayudas o establecer un nuevo programa que dé continuidad a los incentivos para evitar un parón del mercado.

La incertidumbre llega además en un momento especialmente relevante para las marcas. Los fabricantes están lanzando una nueva generación de modelos eléctricos, muchos de ellos situados en segmentos de precio más asequibles, y necesitan un marco de incentivos estable para estimular la demanda.

La industria reclama que las elecciones no paralicen las decisiones

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha advertido precisamente de los riesgos de que el proceso electoral se traduzca en una parálisis de las decisiones económicas. La organización, que agrupa a patronales como Anfac y Sernauto, considera imprescindible que la industria ocupe un “lugar central” en los programas de los partidos que concurran a las elecciones.

Su portavoz, Carlos Reinoso, ha reclamado que los próximos meses no supongan un freno a las actuaciones necesarias para afrontar los problemas urgentes de la economía y la industria. “La industria no es una reivindicación sectorial, sino una prioridad nacional”, ha señalado.

Entre las prioridades que plantea la Alianza se encuentran el fortalecimiento de la competitividad, el impulso de la inversión productiva, la transformación tecnológica y la garantía de un suministro energético seguro a precios competitivos. También reclama recuperar la tramitación de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2024 pero todavía pendiente de completar su recorrido parlamentario.

El texto acumula más de sesenta ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas en el Congreso y queda ahora condicionado por la disolución de las Cortes. Para la industria, disponer de un marco normativo estable resulta especialmente importante en un momento marcado por la competencia internacional, la reindustrialización europea y la transformación tecnológica del automóvil.