A menudo oímos hablar de la educación como de uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. Es una afirmación que repiten sin sonrojo políticos, periodistas y expertos de todo tipo, como si fuera el resultado de un consenso básico del que no cabe dudar. Y sin embargo, cuando se trata de convertir ese consenso en acciones concretas, nos encontramos con que tiene más de proclama retórica que de realidad. En un país cuyo gasto público en educación (9,5%) está por debajo de la media europea (10,6%), y donde hace años se viene hablando sin éxito de un pacto educativo, circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo hacen más evidente la escasa sensibilidad de nuestros gobernantes, y de buena parte de la ciudadanía, en lo que se refiere a la formación de nuestros niños y jóvenes.
Como creadores y trabajadores del mundo de la cultura, no podemos permanecer al margen de un asunto que nos concierne a todos: la riqueza cultural de un país se asienta, en gran medida, en la escuela. Una cultura al alcance de todos constituye un elemento básico de la democracia, lo que pasa necesariamente por una educación pública de calidad. Nadie con un mínimo de sensatez podría poner en duda la importancia de la investigación científica para afrontar esta pandemia. Pero, para curar y entender las heridas que dejará y está dejando esta crisis, habrá que recurrir también a los saberes humanísticos y de las ciencias sociales y, cómo no, a manifestaciones artísticas que arrojen luz sobre lo que somos y queremos ser como personas y como sociedad. Es precisamente labor de la escuela la transmisión de todos esos saberes científicos y humanísticos, así como el aprecio de las obras de arte y las creaciones culturales. La escuela constituye asimismo ese imprescindible espacio de convivencia en el que aprendemos a poner en práctica valores cívicos, de los que no andamos sobrados.
Por todo ello, lamentamos profundamente la improvisación y falta de interés con que los poderes públicos están abordando la educación en los tiempos de la COVID. No solo porque la vuelta a las aulas sin las garantías adecuadas puede traer nuevos focos de infección, que ponen en riesgo la salud de los trabajadores (docentes y no docentes), de los alumnos y de las familias. También, y sobre todo, porque sigue olvidándose el papel esencial de la educación, que se quiere reducir al de mero soporte de la conciliación familiar, como si esta dependiera únicamente de la escuela y no fuera una responsabilidad compartida por políticos, empresarios y la sociedad en su conjunto. Urge asumir la bajada de ratios, el aumento de plantillas docentes, la revisión y simplificación de los currículos, el aumento de la inversión en la enseñanza pública… medidas que no pueden ser improvisadas ni coyunturales, sino que deben formar parte de una política continuada, más allá de la situación que estamos viviendo.
Comprobamos que, incluso en una crisis como la actual, las autoridades responsables no han estado a la altura. La torpeza y la improvisación parecen estar en la raíz de unas medidas que llegan tarde y resultan del todo insuficientes. Está por ver, incluso, hasta qué punto se harán realidad las promesas de contratar suficientes profesores en todas las Comunidades y en qué condiciones. De hecho, comenzamos a asistir a los primeros incumplimientos. Por otro lado, a pesar de las deficiencias que durante el confinamiento ha mostrado la educación a distancia, se sigue recurriendo a la tecnología como una panacea milagrosa, sin comprender que detrás de la llamada brecha digital está la brecha social y económica en un país en el que la desigualdad no deja de crecer.
La pandemia ha destapado numerosos problemas y debilidades de nuestra democracia, cuestiones estructurales que no podemos seguir ignorando. Es el momento de plantarse ante la idea de que la lógica del negocio imponga sus reglas sobre la sanidad, la educación o el cuidado de nuestros ancianos. En el caso concreto de la escuela, se hace preciso apostar de lleno por la enseñanza pública, que es la única que garantiza la pluralidad ideológica y la única que puede hacer posible que la educación sea un instrumento real de transformación frente a la desigualdad y a favor de la igualdad de oportunidades.
Por último, hay que insistir en lo obvio, pues hace tiempo que ha dejado de serlo: los profesores son el pilar de la enseñanza. Quien no cuida al profesor descuida a los alumnos. Rechazamos espectáculos bochornosos como las largas colas de docentes llamados de un día para otro para hacerse un test. Y deploramos los comentarios denigrantes que a menudo se escuchan o se leen, no solo en las redes sociales, sino en grandes medios de comunicación o en boca de responsables políticos, sobre todo cuando los profesores se atreven a hacer reivindicaciones o a plantear legítimas acciones de protesta. Pareciera como si la profesión de docente estuviera en permanente sospecha. Quizá lo que debería estar bajo sospecha es una sociedad que mira con tanta desconfianza, y a menudo desprecio, a sus profesores. La educación pública (y quienes trabajan en ella) lleva años soportando una presión cada vez más enconada.
Hay que tomar medidas ya, a corto y largo plazo. Como primer paso, resulta imprescindible: reducir el número de alumnos por aula de modo permanente en todos los niveles; asegurar al profesorado la formación y los equipos necesarios para ejercer su labor tanto presencialmente como a distancia; tomar medidas concretas de atención a a la diversidad que garanticen la educación de los alumnos con necesidades especiales o más vulnerables; igualar la inversión pública con la media europea.
George Steiner decía que el verdadero combate contra la barbarie se lleva a cabo en los institutos de enseñanza secundaria. Y eso precisamente es lo que está en juego si no reaccionamos a tiempo.