Límite 48 horas, presidente
El estado de ánimo de un país se parece a un trasatlántico enorme y lento. A pesar de cuanto suele afirmarse alegremente, no vira a babor o a estribor con el penúltimo titular escandaloso o el último vídeo viral que incendie la red. Sus movimientos resultan complejos, pesados y requieren tiempo. Pero una vez que cambia el rumbo cabe hacer dos cosas: empujar en la dirección que se considere correcta y cueste lo que cueste, o estorbar. Corregir tu propio rumbo no garantiza acertar, pero ponerse en su camino a estorbar siempre acaba en un Titanic.
El escandaloso desahucio de Maricarmen por parte de unas instituciones escondidas tras la legislación vigente ha cambiado el estado de ánimo sobre el drama de la vivienda. Todos podían haber hecho algo. Desde la jueza a los gobiernos o la comitiva judicial. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos; todos lo sabemos.
No más cifras, no más datos, no más excusas, no más coartadas: soluciones y ya. Claro que es una demanda política; para eso es la política, si no, ¿para qué? Puede que Maricarmen no sea ni el peor caso, ni el más injusto, ni siquiera el más repetido. Pero es aquel que ha hecho click en la conciencia mayoritaria. Hasta los cínicos propietarios de Urbagestion, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, lo han entendido, aunque sea tarde y mal. No habrá paz para los malvados en esta historia.
Los reproches sobre si se ha hecho poco o nada durante estos ocho años de gobierno de coalición son tan válidos como las quejas por las prisas que ahora ahogan al Ejecutivo. Otra cosa será cuánto le pueda importar ese debate a la gente convencida de que no hay justicia en el mundo que ampare las imágenes que hemos soportado esta semana.
Ni la complejidad evidente del problema ni la selva competencial son ya escondites seguros para los responsables de todos los gobiernos. Ponerse ahora a hablar de si ha habido mil o dos mil desahucios menos, de si funciona o no el control de alquileres en Berlín, de la ley de la oferta y la demanda, de si hay que juzgar a Pedro Sánchez por traidor, o de si hay que ir a elecciones significa no entender casi nada. Andar negociando por los pasillos del Congreso tal o cual rebaja fiscal es jugar con fuego a estas alturas
El límite son las próximas 48 horas. Estar trabajando contra reloj y pedir esfuerzos a los demás ya no basta. El gobierno y sus socios se juegan la legislatura y las próximas elecciones como nunca antes. Es la hora de desconectar el piloto automático que parece guiar a este Gobierno desde la entrada masiva en Ceuta, presidente.