Cantabria ayudará en la acogida de menores migrantes, pero pide aclarar condiciones y que “no se excluya” a ninguna CCAA

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

Cantabria “va a ayudar”, dentro de “la medida de sus posibilidades” y de la “capacidad de sus recursos”, en la acogida de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, pero ha pedido que se “clarifiquen” las condiciones y que “todas las comunidades sean solidarias” y “no se excluya a nadie”.

Así lo ha señalado este lunes, a preguntas de la prensa, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), que ha reclamado que este problema se aborde “de forma seria y responsable” y se “determine, de una vez por todas”, el régimen jurídico“ de la acogida y se clarifiquen las condiciones.

“Efectivamente seguimos siendo solidarios, pero siempre y cuando se adopten decisiones que eviten el sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y que se tomen medidas en los países de origen para evitar que sufran los peligros de las mafias que abusen de estos niños. Lo que necesitamos son decisiones claras y profundas”, ha dicho.

Ya en febrero, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, expuso que la comunidad se oponía “rotundamente” a los criterios de reparto y además que sean fruto de la “imposición” y “a la fuerza”, vía decreto tras el acuerdo al que llegaron el Estado y Canarias, en que dos comunidades quedaban “excluidas” de esa distribución.

Así, Cantabria se negó “en redondo” a los criterios consensuados en ese momento entre el Ejecutivo central y el archipiélago para trasladar a 4.500 menores migrantes, teniendo en cuenta la población y esfuerzo de acogida, y con los que Cataluña y País Vasco -“las de siempre”- tendrían menor participación.

La presidenta censuró que estos criterios no se debatieran en Conferencia Sectorial cuando, a su juicio, es un asunto que se debe decidir “entre todos”, procurando la integración social y laboral de estos menores. Se mostró partidaria de un reparto “ordenado”, dentro de un plan “integral” y desde el consenso entre el Estado y las comunidades, “sin privilegios y sin exclusiones”, y dotado también con financiación y recursos “suficientes”.