La declaración de idoneidad de candidatos a entrar en el Tribunal Constitucional suele ser un trámite formal en el Congreso. Lo habitual es que para cuando los futuros magistrados llegan a la Cámara Baja el acuerdo entre partidos haya sido cerrado. Los reproches, por norma general en estas sesiones, van dirigidos al sistema de elección por parte de partidos que no forman parte del acuerdo. La defensa que esta semana han tenido que hacer los polémicos candidatos propuestos por el Partido Popular, Concepción Espejel y sobre todo Enrique Arnaldo, es algo inédito, tanto como la aparición de un futuro magistrado del Constitucional en varios sumarios de corrupción. La polémica sobre la elección de los nombres del PP sigue abierta mientras el PSOE y el propio presidente, Pedro Sánchez, que tendrá que refrendarlos por sus votos, se felicitan por el acuerdo pero piden que cada partido se responsabilice de los nombres elegidos.
Un ejemplo nos lleva de vuelta al 9 de julio de 2012. Ese día la comisión consultiva de nombramientos del Congreso se reunió para escuchar el currículum de los cuatro candidatos que hoy serán sustituidos con algo de retraso. Eran Encarnación Roca, Juan José González Rivas, Fernando Valdés y Andrés Ollero. Este último tenía la mayor vinculación que alguien puede tener con el partido político que le propone: había sido diputado del PP por Granada desde 1986 hasta 2003.
Ollero no tuvo que defender su independencia ese día. Rosa Díez (UPyD) se limitó a calificar de “farsa” el proceso. Ramón Jáuregui (PSOE) le preguntó por el abuso del decreto-ley por parte del Gobierno y sus consecuencias judiciales. Pedro Gómez de la Serna (PP) destacó, entre otras cosas, que había sido “uno de los políticos importantes que ha pasado por esta Cámara entre 1986 y 2003”. Ese día Fernando Valdés, propuesto por el PSOE y hoy a la espera de juicio, recibió elogios del portavoz conservador: “Lo ha sido prácticamente usted todo en el ámbito del Derecho del Trabajo”.
El pasado mes de octubre Ollero se sintió impelido a defender su independencia en un voto particular. Habló de su partido en estos términos: “Abandoné la militancia sin obligación legal, hace más de nueve años, para sentirme más libre en el ejercicio de las responsabilidades con las que el Congreso de los Diputados, del que fui miembro en cinco legislaturas, me había honrado; libertad que, a estas alturas, ha sido por muchos en no pocas ocasiones plenamente reconocida”.
Esta semana, casi una década después, el decorado era el mismo pero la escena era distinta. El pacto cerrado entre PP y PSOE y apoyado con más o menos entusiasmo por varios partidos excluía perfiles directamente ligados a ambas formaciones, algo que Pablo Casado ha llegado a definir como un proceso de “despolitización” del tribunal de garantías. Pero los reproches y las explicaciones de los nombramientos han sido más propias de una negociación fallida, como sucedió cuando el PP cargó abiertamente contra José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que firmó la sentencia de la Gürtel, cuando en 2018 intentó acceder al Consejo General del Poder Judicial como jurista de reconocido prestigio.
En el actual contexto, además, el pasado de Enrique Arnaldo acaparó más focos todavía que la famosa recusación de Concepción Espejel, quien tuvo que apartarse de. caso Gürtel por su cercanía al PP.
Primero fue Edmundo Bal (Ciudadanos) el que, después de reproducir críticas muy similares a las que hizo Rosa Díez (UPyD) hace nueve años, cargó contra su currículum de sumarios. Odón Elorza (PSOE) lo hizo después aunque sin variar su voto favorable en base al pacto alcanzado con el Partido Popular al decir: “Su candidatura nos genera desconfianza”. Y Enrique Arnaldo dio explicaciones sobre varios de estos aspectos apelando tanto a la presunción de inocencia como a su independencia profesional, prometiendo ejercer como magistrado del Tribunal Constitucional sin favores debidos. Dijo: “Me siento plenamente independiente sin equipajes ni peajes que nunca aceptaría”.
Palma Arena, Lezo y FAES
Distintos medios de comunicación han ido revelando distintos aspectos del pasado de Arnaldo y su aparición en sumarios de corrupción como Palma Arena o Lezo sin ninguna consecuencia legal para él. En el caso de Palma Arena, la laberíntica causa de corrupción de Baleares centrada en el entonces presidente Jaume Matas, Arnaldo llegó a estar imputado aunque la causa se archivó contra él antes de llegar a juicio por prescripción de los hechos. Aseguró Arnaldo: “Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado”. Después pidió respeto a su presunción de inocencia.
Su imputación, tal y como explicó elDiario.es nada más conocerse el acuerdo, vino por su papel como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando una contratación a su bufete. Medios como El Periódico de España han desgranado en los últimos días detalles del sumario, como por ejemplo que maniobró para colocar a Jaume Matas en la universidad con el entonces rector de la URJC y hoy magistrado Pedro González-Trevijano. También que una administradora de su despacho declaró ante el juez José Castro que pagaban comisiones al presidente balear.
Ante el Congreso Arnaldo se limitó a defender que nunca llegó a ser juzgado. Los diputados también le preguntaron por su presencia en charlas organizadas por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), ligada al Partido Popular, a lo que el candidato contestó: “Eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades (...) la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación”. Sobre su actividad profesional y los contratos que recibió de numerosas administraciones controladas por el PP - aunque también por el PSOE, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Unida - se limitó a asegurar a Elorza que tenía compatibilidad para hacerlo desde 2002.
Arnaldo zanjó su intervención asegurando que todo esto no compromete su independencia como futuro magistrado y tampoco supone una animadversión al PSOE y al actual Gobierno de coalición: “No tengo ningún tipo de beligerancia ni con este ni con ningún Gobierno”. Lo que quedó sin explicar fue su conversación con el expresidente madrileño Ignacio González en noviembre de 2016, en la que tal y como reveló La Sexta prometió a González estaba moviéndose “para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado] sea bueno”. Faltaba medio año para la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid pero ya entonces estaba en marcha la investigación -archivada hace un año- sobre su ático en Estepona.
Fuentes cercanas a Arnaldo afirman a este periódico que no realizó “ninguna gestión” para influir en la elección de un nuevo fiscal general y que en ese momento no tenía conocimiento de la investigación que estallaría meses después. Especifican estas fuentes que “si lo hubiera sabido, no lo hubiera dicho” y subrayan que él entonces era abogado en ejercicio. Remarcan que, en cualquier caso, nunca fue llamado a declarar por este asunto ni como testigo ni como imputado.
La “campaña de desprestigio”
Todo este debate sobre el pasado de Enrique Arnaldo se llevó por delante la previsible polémica que acompaña a la otra candidata propuesta por el Partido Popular: la presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. El portavoz socialista se limitó a constatar que “hay” dudas pero aseguró que le otorgaba “esta presunción de imparcialidad”. El de Junts per Catalunya repitió que ni ella ni Arnaldo le parecen candidatos adecuados. Y Espejel no necesitó más referencias al “querida Concha” para negar cualquier vínculo con el Partido Popular al que no pudo juzgar.
Denunció la magistrada una “campaña de desprestigio” derivada de su recusación en el caso Gürtel, cuando fue apartada de varios juicios por haber sido en el pasado vocal del Consejo General del Poder Judicial con los votos favorables del PP en el Senado. La sala rechazó expresamente que tuviera que ser recusada porque María Dolores de Cospedal se refiriese a ella como “querida Concha” en un acto público en 2014. Explicó Espejel en el Congreso: “Se me apartó pero no por esa circunstancia, que fue expresamente rechazada [por la Audiencia Nacional]”.
Recordó Espejel el verdadero motivo de su recusación: “Yo fui recusada exclusivamente en uno de los motivos, haber sido nombrada del CGPJ por el senado a propuesta del Partido Popular”. Lo cierto es que los cuatro candidatos que accederán próximamente al Constitucional pasaron previamente por el Consejo a propuesta de un partido: Arnaldo y Espejel lo hicieron por el PP, Juan Ramón Sáez por Izquierda Unida e Inmaculada Montalbán por el PSOE.