El PP reclama al juez del 'caso Leire' que prohíba a la cúpula de la Guardia Civil dirigir la UCO mientras dure la causa
El PP ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, “cualquier facultad de mando” sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras la causa siga investigándose. Así lo ha hecho a través de un escrito en el que incide en que ambos mandos de la Guardia Civil, imputados en la causa, mantienen “el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar”.
Los 'populares', que dirigen la acusación popular unificada en la causa, interesan varias “medidas cautelares de protección” para los agentes investigadores, empezando por “la prohibición de ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la UCO y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus integrantes, atribuyéndose tales facultades a un mando ajeno a la cadena de los investigados”.
Asimismo, abogan por que se impida a González y Llamas “incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento”.
También interesan que no puedan acceder “a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso, así como la de comunicarse, directamente o a través de terceros, con los agentes y testigos que han declarado en la causa”. Asimismo, dejan en manos del juez instructor, Santiago Pedraz, que adopte “cuantas otras medidas que estime procedentes para asegurar la indemnidad de la investigación, la integridad de las fuentes de prueba y la protección de los agentes afectados”.
El PP considera que existe un “riesgo de represalia sobre testigos y agentes”
En nombre de la acusación popular unificada, apuntan que “existe un riesgo de represalia sobre testigos y agentes”, porque “los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones sufridas siguen orgánicamente subordinados a los investigados”, que ante el juez negaron haber presionado a esa unidad.
El PP recuerda que el juez imputó a González y Llamas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por obstrucción, “consistentes en la instrumentalización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE”.
Según resalta, el bien jurídico que se debe proteger “no es sólo el correcto funcionamiento de la Administración, sino, de manera nuclear, la indemnidad de la actividad de auxilio a la Administración de Justicia que la UCO desarrolla, bajo la dirección de los distintos órganos judiciales, en procedimientos penales de la máxima sensibilidad”. “Constituye un hecho público y notorio que, pese a su condición de investigados, tanto la directora general como el DAO continúan al frente de sus respectivos cargos, sin que se haya adoptado decisión administrativa alguna de cese o suspensión y sin que hayan presentado su dimisión”, añaden.
Una situación que, bajo su punto de vista, “resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados, pues los dos máximos responsables del Cuerpo mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO y sobre quienes conservan facultades de dirección, destino, evaluación, régimen disciplinario y asignación de medios”.
Solicitan la imputación del antecesor de Mercedes González
Los 'populares' también han solicitado por segunda vez que se cite como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, el antecesor de la actual directora, una petición que el juez Pedraz rechazó en el primer intento al no apreciar indicios en su contra.
En un escrito, insisten en que el exjefe de la UCO Rafael Yuste desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y de Llamas para “ponerse de perfil” en la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Así, remarcan que los hechos investigados “responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional”.