El portavoz socialista de Sanidad en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, ha anunciado hoy en Burgos que pedirá la próxima semana en la Cámara baja que se cree una comisión parlamentaria para investigar las consecuencias de la privatización total o parcial de veinte hospitales españoles.
Aunque no ha ofrecido el listado de centros, Martínez Olmos ha adelantado que entre ellos estará el hospital de Burgos, construido por el sistema de concesión de catorce servicios no asistenciales durante treinta años.
Ha precisado que su petición pretende que se determine “con la mayor precisión posible” el impacto económico de la privatización y su efecto sobre el erario público, aunque también los efectos de estos sistemas sobre la calidad asistencial.
Se ha mostrado convencido de que una investigación parlamentaria permitirá demostrar que la “estrategia privatizadora” de favorecer el interés privado con la actividad hospitalaria no ahorra costes ni mejora la calidad de la asistencia que reciben los pacientes.
El diputado socialista ha acusado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, de “favorecer el desmantelamiento de los servicios públicos en favor de la iniciativa privada” y provocar el deterioro de la sanidad pública que comienza a figurar en los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas como una preocupación de los españoles.
Además, ha pedido la retirada de medidas como el copago farmacéutico que, en su opinión, provoca que haya personas que no siguen los tratamientos por falta de recursos económicos.
Ha recordado que un estudio elaborado por la Federación Española de Defensa de la Sanidad Pública concluye que el 16 % de los jubilados no siguen sus tratamientos por falta de recursos.
En su opinión, es algo “lógico” porque hay autonomías en las que no se está respetando el tope de cobro de ocho euros al mes y la devolución de lo que se paga de más se está tardando en recibir más de seis meses.
Martínez Olmos ha criticado también la “irresponsabilidad” de retirar las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles y ha puesto el ejemplo de lo ocurrido en el caso de un senegalés que falleció de tuberculosis en Mallorca.
Ha afirmado que como consecuencia se ha tenido que tratar a más de veinte personas que habían tenido contacto con él, lo que evidencia que “no se ha ahorrado nada y se ha puesto en peligro la salud pública”.