¡Viva la libertad carajo! y ¡Fuera Milei! se ha podido escuchar a uno y otro lado de la Puerta del Sol la tarde de este viernes. El Presidente de Argentina Javier Milei ha vuelto a visitar de forma no oficial la capital para recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y otro premio del think tank ultraliberal Juan Mariana. 

Los partidarios del dirigente se han congregado sobre las seis de la tarde alrededor del vallado con el que se ha protegido la entrada de la Real Casa de Correos para poder verle y mostrar su apoyo. Junto a ellos, durante un par de horas, se han mezclado también algunos detractores, antes de que se convocara otra concentración paralela detrás de la estatua del oso y el madroño condenando la concesión de ambos premios.

“¡Milei, Presidente, España está contigo!” y gritos de emoción cada vez que hacía amago de asomarse en el balcón entre las decenas de personas que han ocupado parte de esta plaza céntrica madrileña. Se han visto banderas de España y de Argentina, camisetas de ambas selecciones y algún libro “El camino del libertario”, escrito por el dirigente de ultraderecha. La Presidenta de la Comunidad y Javier Milei, finalmente, han saludado a su público desde unos de los balcones, provocando vítores y abucheos por igual. 

“Hemos venido aquí a apoyarle, ¡no hay que darle tantas vueltas!”, recriminaba una de las asistentes. “Queremos demostrar que el conflicto diplomático es unilateral. Se lo ha inventado el presidente por alusiones a su mujer, que yo sepa no tiene ningún cargo institucional. Además, no sabemos cuánto va a durar, porque querían que pidiera perdón y eso no lo va a hacer”, explica más detalladamente otro chico, que porta una bandera argentina. A su lado, un grupo de turistas del país latinoamericano explica que se han acercado por curiosidad al enterarse de que estaba aquí su presidente. “Vengo aquí y después a Ferraz”, ha comentado un hombre, entrado en edad, al grupo con el que ha acudido. “Somos fachas, somos fachas eso dicen, que digan lo que quieran”, ha gritado otro al lado suya ante la presencia de algunos medios de comunicación.

Aunque las horas han pasado con tranquilidad a las afueras de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se han visto algunos encontronazos con la prensa y entre partidarios y detractores del presidente argentino. “Fuera, sinvergüenza, no representas a los madrileños”, gritaba desde el mismo lugar un grupo de mujeres. “¿Venís a favor o en contra?”, se preguntaban en la parte trasera del tumulto. “Yo he venido para dejar constancia de que en Madrid no apoyamos esto. Es una vergüenza que a esta persona, después de insultar a nuestro Gobierno, la dejen entrar en España, ¿quién es Ayuso para darle una medalla en nuestro nombre?”, se pregunta una de las mujeres: “Ayuso se ha erigido como su hada madrina”, añade. 

Han sido momentos de breve confusión y mezcla de consignas hasta que la Policía ha desalojado a quienes no apoyaban al dirigente y les ha emplazado a situarse al otro lado de la plaza, en el comienzo de la calle Alcalá, para evitar que escalara la tensión. Ese ha sido el lugar elegido por la plataforma Argentinxs en Movimiento para expresar su rechazo a la  decisión de Isabel Díaz Ayuso de condecorar al líder latinoamericano. A este otro lado se han visto muchas banderas argentinas, alguna palestina, pañuelos verdes y  carteles con recortes de prensa sobre la represión en las protestas de Buenos Aires. “Llévate de aquí la motosierra”; “Milei, basura, vos sois dictadura” o “Milei Madrid te repudia”, han gritado varias decenas de personas. “Comunidad del odio” o “los juegos del hambre”, son otros de los lemas que se han podido leer. 

“Somos las argentinas que estamos absolutamente en contra de las políticas de Milei, que llevan al empobrecimiento del pueblo argentino,  a la limitación de todas las libertades y a la destrucción de la institucionalidad. Y nos parece una vergüenza que encima se le premio por ello”, ha explicado a elDiario.es Cecilia Denis, presidenta de la organización convocante, que también recuerda que se enteraron de esta condecoración hace apenas unos días. “Son dos premios los que se lleva hoy, uno de la Comunidad de Madrid, supuestamente en nombre de todos los madrileños, y otro que se le va a entregar ahora en el Casino, supuestamente por su defensa de la libertad, justamente cuando hace unos días se reprimió con violencia una manifestación pacífica en contra de su gobierno y se ha detenido a compañeros a los que quieren acusar de terrorismo”, y concluye Denis: “Hemos venido aquí porque es lo único que podemos hacer, por Milei y por el auge de la ultraderecha en el mundo”. 

Activistas de Femen, a las puertas del Casino

A estas protestas se suman las de tres activistas de Femen, que han acudido esta tarde a las puertas del Casino de Madrid para manifestarse contra las políticas de Milei y contra el fascismo.

Las tres mujeres han pintado en sus cuerpos mensajes como “caviar y fascismo”, “al fascismo ni honor ni gloria” o “la cena de los fascistas” y han levantado el puño mientras gritaban estas consignas ante lo que algunos de los presentes les han contestado “libertad, libertad”. Finalmente la Policía Nacional ha obligado a las activistas a salir de la zona ante el aumento de la tensión.

El centro de primera acogida para menores del barrio madrileño de Hortaleza estuvo en la diana de Vox en 2019. El partido de ultraderecha relacionó a sus residentes con actos de delincuencia y violencia callejera y llegó a convocar un mitin electoral a sus puertas. Ese señalamiento se tradujo en episodios de acoso, el asalto a sus instalaciones por parte de un grupo ultra y hasta el lanzamiento de una granada a su patio.

En ese contexto, con una situación terrible en el interior del edificio —su nivel de ocupación rozó el 300% ese año— y la tensión aflorando en el distrito, nació Somos Acogida, una asociación vecinal para ayudar a estos menores. Su impulsora, Emilia Lozano, vive cerca y conoció a algunos de ellos paseando a su perra: “Hablaron conmigo porque la perra les hacía gracia y me di cuenta de que tenían muchas carencias. No iban ni clases de español”, comenta a elDiario.es desde el centro Pegasus, donde ahora ofrecen esas lecciones: “En esta salita donde estamos dimos la primera, eran cinco o seis”. A pocos metros una veintena de alumnos repasa las conjugaciones.

Antes del idioma, aprovecharon para enseñarles el barrio, llevarles de excursión o inscribirles en equipos de fútbol “porque a la mayoría les encanta”. Son pequeñas actividades que les ayudan a sentirse parte de la comunidad, relacionarse con otras personas y dejar de pensar en sus problemas. “Son muy pequeños, tienen entre 16 y 18 años y han pasado de todo. No basta con que les den una litera y la comida justa”, apunta Lozano insistiendo en que, en muchos casos, ni siquiera tienen acceso a esa litera. Se refiere a los picos de saturación que, desde 2018, sufre el centro de Hortaleza, especialmente en invierno. Desde entonces ha pasado de tener 35 camas a 72 en el mismo espacio, a lo que se suma que en diciembre una de las plantas quedó inoperativa por un incendio.

“Nunca he podido entrar dentro, pero lo hizo el año pasado una diputada y lo que nos comentó es que no había ni siquiera ropa suficiente. Si se amplían las plazas debe hacerse también el presupuesto y los recursos”, dice la voluntaria. En junio fue invitada a acudir a la Comisión de Derechos Sociales de la Asamblea de Madrid para trasladar sus preocupaciones y experiencia con los chicos tutelados y extutelados. Sin embargo, cree que no ha servido de nada “porque falta empatía e interés”. “¿Cómo puede ser que, después de explicar un tema tan serio, se me responda con que si el Gobierno, que si Pedro Sánchez’?”, se pregunta. Y añade: “En la anterior legislatura vimos interés por la consejera que lleva estos asuntos y hasta se trató de firmar un acuerdo de colaboración, pero desde las últimas elecciones nada de nada”. 

Actualmente en la Comunidad de Madrid hay tres centros donde pueden ser derivados los menores migrantes sin familiares que puedan hacerse cargo de ellos. En Hortaleza hay dos, cada uno destinado a una franja de edad, y el otro se encuentra en Casa de Campo. El Gobierno regional anunció el cierre de este último, pero finalmente lo ha mantenido por falta de espacios y ha anunciado la apertura antes de final de año de un nuevo edificio con cien plazas en Fuenlabrada, donde también se realizarán, según han informado, diferentes talleres para residentes del centro y vecinos. Con este ya serían cuatro los centros para hacer frente al aumento de llegadas de menores en los últimos años, con 100 plazas nuevas, que se sumarán a las 259 ya disponibles. Desde comienzos de este año, según confirman desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la red de protección de menores ha atendido a casi 1.200 jóvenes, casi los mismos que en 2023, cuando se llegó en los doce meses a 1.360. 

La mayoría de los chicos que toman apuntes en el espacio Pegasus durante el desarrollo de la entrevista son de Casa de Campo. “Con este centro tenemos buena comunicación, deja que les demos clase y nos han invitado a visitar las instalaciones después de que algunos se quejaran de la comida”, explica la manchega: “En los dos de Hortaleza es más complicado, especialmente en el grande. No nos derivan a los niños para que aprendan español, pero ellos siguen sin enseñarles”.

A la pregunta de por qué a esa negativa, dice, cree que es miedo a que cuenten cómo les tratan, porque saben que ellos lo van a denunciar. “A veces sufren violencia. La asociación se constituyó como tal cuando vi a uno de los chicos con la mano reventada de un porrazo del guarda de seguridad. Le pedí explicaciones y me dijo que 'solo era una vecina', y decidí que no iba a ser más solo una vecina”.

Desde la Consejería aseguran que en todos centros se ofrece español y apoyo escolar, salvo en los meses de julio y agosto, por vacaciones. Si bien, recuerdan que es un centro de primera acogida en el que se intenta que pasen el menor tiempo posible, y que en el resto de recursos de la red de acogida, además de apoyo al idioma, cuentan con talleres de inserción laboral, recursos escolares y alfabetización.

Desamparados a los 18 años

Pero la historia más dura no empieza en los centros, sino fuera. Los menores tutelados por la Comunidad de Madrid pueden permanecer en ellos hasta que son mayores de edad. En ese momento se convierten en adultos a ojos de la Administración, que no está obligada a prestarles ningún tipo de asistencia. Muchos se ven en la calle el mismo día de su cumpleaños, a pesar que desde 2016 está en marcha el programa Tránsito, que ofrece alternativas habitacionales en pisos supervisados hasta los 21 años. Sin embargo, las plazas ni son inmediatas, ni son suficientes, lo que les aboca a albergues y parques. “Antes de que llegue su cumpleaños ya estamos viendo dónde alojarles. Recuerdo este verano a un chiquillo que le dijeron: 'No te preocupes, es verano, en el parque se duerme muy bien’”.

Mohammed, de 23 años y originario de Tánger, llegó a España meses antes de cumplir los 18 años, pero tuvo suerte y consiguió entrar en una de estas viviendas. Antes, pasó por Hortaleza: “Primero estuve en el centro grande, durmiendo en un pasillo hasta que me dijeron que había una planta para chicos de mi edad en el otro sitio”. Todo esto pasó en 2018, después le llevaron al piso y le salió trabajo en una tienda de comida gourmet en Gran Vía, lo que le permitió mudarse por su propia cuenta. Ahora está ilusionado porque lleva dos semanas ejerciendo como mediador con algunos de los migrantes de la zona, aunque le gustaría hacer un curso de azafato: “Este trabajo me gusta porque entiendo a estos chicos perfectamente, sus historias, por lo que están pasando. A veces les acompaño al médico, al abogado, hoy aquí a las clases”.

Se refiere a experiencias de vida como la de Babacar. El caso de este senegalés es diferente porque ya tiene 29 años y llegó en otoño tras jugarse la vida en un cayuco rumbo a El Hierro. Se embarcó junto a varios amigos huyendo de la violencia contra las protestas juveniles, en una travesía que describe como “dura y traumática, con la gente muy enferma”. Pasó por diferentes alojamientos, pero en pocos meses y sin regularizar su situación le expulsaron del centro de acogida en el que vivía. “Iba a dormir en la calle pero gracias a Somos Acogida tengo una casa”, explica al terminar sus clases de español.

Babacar es uno de los actuales residentes de La Casa de la Solidaridad, otro de los proyectos que Lozano ha puesto en marcha y del que más orgullosa se siente. Surgió a raíz de haber acogido en su propia casa a algunos de los chicos que iban expulsando de Hortaleza. “Volvimos a mi pueblo, La Puebla de Almoradiel, y mi marido me dijo ‘mira cuántas casas vacías’”. Se les ocurrió rehabilitar para los migrantes que las necesitaran y el pueblo se volcó, cediendo un inmueble y ayudando en su reforma. En cuatro años han pasado por allí casi una veintena. “Lo más bonito es ver que encuentran trabajo, que pueden estudiar y les va bien, que son la mayoría: soldadores, fontaneros, camareros... Uno de los primeros se ha casado y tiene ya una hija”, cuenta, ilusionada.

Este domicilio, además del suyo particular, les sirve también para evitar que los chicos, al quedarse sin plaza en un centro, tengan problemas para empadronarse. Pueden seguir recibiendo correos, solicitando documentación y, a la larga, demostrar arraigo. Además, Luis, el marido de Lozano, junto con un abogado voluntario, les ayuda a regularizar su situación en España. Hasta ahora siempre lo han conseguido, aunque es un proceso “complicado y lento”. “Yo ahora quiero trabajar de lo que sea y conseguir mis papeles. Llamo cada día y lo muevo por internet, pero no hay suerte”, dice Babacar. Por un motivo diferente, el resto de sus compañeros de español están nerviosos porque dentro de poco les dirán si han sido registrados oficialmente como menores o no. De no ser así, tendrán que irse de Casa de Campo.

La Casa de la Solidaridad ha reencontrado a Emilia Lozano con su tierra natal, de la que emigró con prácticamente la misma edad que lo hacen los adolescentes con los que ahora se vuelca. “Nos ha costado mucho sacar esto adelante, porque todo depende de las donaciones y la solidaridad. La calefacción; la comida, que no es mucha; ir a un dentista cuando lo necesitan… Pero merece la pena porque nos hemos convertido todos en una especie de familia”, sostiene.

La tricolor ha teñido las calles de Madrid este domingo, en vísperas del aniversario de la coronación del rey. “España mañana será republicana”, “no pasarán” o “no hay dos sin tres”, son algunas de las consignas que se han podido escuchar en esta marcha republicana, a la que han acudido alrededor de 30.000 personas, según las cifras que han ofrecido los organizadores. Con el lema “monarquía no, democracia sí”, quieren que se reabra el debate sobre la institución monárquica y que Felipe VI pase a los libros de Historia como “Felipe, el último”.

La manifestación comenzó a las 12.00 del mediodía desde tres columnas diferentes: una norte, partiendo de Colón; otra del este, que ha salido de la Puerta de Alcalá; y una del suroeste, que subió desde Neptuno hasta Cibeles, donde todas confluyeron para continuar hasta la Puerta del Sol. 

A mitad de camino, frente al edificio del Banco de España, Álex Pérez y Antonia Nogales, en nombre del grupo promotor de la marcha republicana, han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación: “El motivo de esta marcha es reclamar que se sanen las estructuras del sistema democrático y que nos dejen de usurpar el derecho a decidir quién va a ocupar la jefatura del Estado. Nos negamos a unirnos a cualquier celebración de tinte anacrónico, de una España en blanco y negro, que no es real. Queremos poner este país en hora desde la movilización popular”, ha dicho Pérez, del Ateneo de Vallecas, anunciando una nueva marcha el 15 de junio de 2025 “si nada cambia”. “Estamos aquí para reivindicar que este sistema es una anomalía democrática y que esta fórmula es contraria al principio de igualdad que reconoce la Constitución”, ha concluido Nogales, del Ateneo de Zaragoza. 

Ya en Sol, el cineasta Benito Rabal y la periodista Irene Zugasti han leído a dos voces el manifiesto de la convocatoria “Felipe VI, diez años bastan”, que fue lanzado el pasado 31 de octubre, coincidiendo con la jura de la Constitución de Leonor de Borbón, tras haber cumplido 18 años. “Este mes se cumple una década del inicio del reinado de Felipe VI. La Corona protagonizó entonces una ceremonia de coronación inédita que sirvió para apartar como rey emérito en un retiro dorado a su padre, Juan Carlos I, justo cuando empezaba a conocerse la punta del iceberg de su carrusel de corrupción”, comenzaba Zugasti. 

El comunicado defiende la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y cree que democracia y monarquía no pueden ir de la mano. “El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones”, continuaba Rabal, bajo aplausos y vítores de los asistentes, que han ocupado por completo la Puerta del Sol. 

“Ante la decadencia de la monarquía, la democracia abrirá paso a la república del siglo XXI”, con esta frase ha terminado la lectura del comunicado, que describe a la monarquía como la institución “patriarcal” y “corrupta” por excelencia. Antes de dar por finalizada la marcha Nogales y Pérez han dicho unas últimas palabras: “Vamos a asistir al enésimo acto de blanqueamiento de los borbones con los fastos de homenaje por este aniversario”, ha afirmado Pérez. “Nuestros motivos están claros. Queremos una república de diversidad, que va más allá de los partidos políticos. Una república respetuosa con todas las sensibilidades, ecologista, laica, que represente a todos los sectores democráticos y de progreso”, ha concluido Nogales, antes de que Rabal gritara al público: “No somos comunistas, ni anarquistas, ni sindicalistas. Somos todos todos antifascistas, porque lo que tenemos delante es el fascismo. No lo olvidéis”. Acto seguido los manifestantes han coreado el “no pasarán”.

El movimiento republicano unido

Hasta la capital han acudido personas de todos los puntos de la península, por sus propios medios y también gracias a autobuses que han fletado algunas organizaciones. Una de ellas es Purificación, de Vitoria, que ha viajado más de 300 kilómetros, junto a otros 37 vecinos. “Estamos aquí porque queremos una tercera república. No queremos reyes, ni princesas, ni leches. Esto lo tenemos que mover, porque tener una monarquía impuesta por un rey y por Franco, como que no”, ha dicho a elDiario.es.

La movilización del movimiento republicano, que ha marchado unido y prácticamente al completo, ha sido intensa estos meses atrás. Se han recogido más de 4.500 firmas a título propio, entre las que destacan nombres de la cultura y la política como Pablo Iglesias, Rafa Mayoral, Cristina Fallarás, Olga Rodríguez, Marta Nieto, Pablo Badén o Alberto San Juan. Además, hasta 134 colectivos y organizaciones se han sumado al manifiesto del 31 de octubre, desde agrupaciones feministas, ecologistas o de pensionistas, a partidos políticos de la izquierda. Entre ellos, Izquierda Unida, el PCE, Alianza Verde o Podemos, que ha contado con su propia cabecera, en la que se han podido ver, entre otras figuras, a Irene Montero, Ione Belarra y Clara Serra. 

“Hay muchísima gente en España que entiende que no vamos a tener una democracia plena hasta que no seamos una república porque, mientras tengamos una monarquía, donde por el único motivo de una excepción genética eso signifique privilegios y estar por encima de la ley y del resto de españoles y españolas, nos parece que es imposible que haya una democracia plena mientras esto siga siendo así”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los medios de comunicación. 

Uno de los colectivos que se ha unido a esta protesta ha sido el de los Yayoflautas. José María, de Madrid, no se ha perdido una marcha republicana en años. Cree que las nuevas generaciones están desmovilizadas y no son conscientes de la importancia de exigir una democracia mejor: “La mayoría de los que hemos venido hoy somos gente mayor. Hay jóvenes, pero muy pocos, y el porvenir es de ellos. Son los que deberían luchar”, y añade: “No sé si Leonor llegará a ser reina, espero que no, pero yo no lo veré”. 

“Estamos aquí porque creemos en la república y en la igualdad de todas las personas, y esa igualdad no es compatible con que una persona, por su apellido, tenga acceso a un cargo electo, a un sueldo vitalicio o a una educación privilegiada”, explican dos veinteañeras que no han querido perderse la marcha. “Los jóvenes están muy polarizados, o se es muy republicano, o todo lo contrario. Y falta movilización, esperemos que poco a poco el sentimiento republicano se extienda”. 

Las tres columnas han confluido en Cibeles alrededor de las 12.30 del mediodía y han llegado a su última parada antes de que dieran las dos de la tarde. A lo largo de la marcha se han escuchado canciones clásicas del movimiento republicano como “Ay, Carmela”, o el himno de Riego, que ha interpretado un espontáneo con su gaita. No ha faltado el recuerdo a los ancianos fallecidos en las residencias de Madrid y la condena de la masacre en Gaza, a la que han acompañado banderas palestinas y cánticos como “desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”. 

Diez años de Juan Carlos I como emérito

El 2 de junio fue el décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, acorralado por numerosos escándalos. El 19 de junio, este miércoles, será el de la coronación de su hijo, Felipe VI. Los actos de conmemoración, sin embargo, comenzarán el martes, según adelantó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró que el Ayuntamiento se “volcaría” en el homenaje. De los detalles del acto, ya sabemos que se izará la bandera o que los autobuses lucirán una decoración especial, que aún es una incógnita. 

“Si el alcalde vasallo de Madrid propone engalanar las calles con banderas monárquicas para rendir pleitesía al monarca en el aniversario de la coronación, el movimiento republicano también quiere celebrar que Felipe VI tiene que ser el último rey de nuestro país y que la Corona que luce es una institución obsoleta y absurda”, sentencian los convocantes en una nota remitida a los medios de comunicación. 

El 19 de junio no es la única fecha destaca en la familia real, este año los reyes han cumplido veinte años de casados, mientras que Leonor ha acaparado la atención tras haber iniciado su adiestramiento militar en Zaragoza y jurado la Constitución el pasado 31 de octubre, consagrándose oficialmente como heredera al trono. 

Este último acto es el que impulsó la marcha republicana que hoy ha tenido lugar, organizada por los ateneos de Vallecas, Carabanchel y Rivas Vaciamadrid. A lo largo de estos meses han ido sumando apoyos y han organizado múltiples eventos, coloquios y hasta “conciertos por la democracia” en todo el territorio. Los organizadores han confirmado al final de la marcha que volverán a las calles el año que viene para seguir exigiendo “democracia y república”. 

Minutos antes de que den las nueve de la mañana, profesores y trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid se han reunido frente al edificio de Rectorado, junto con algunos alumnos, acompañados de banderas de palestina, kufiyas y pancartas en alusión a la masacre en Gaza. “Vergüenza nos da que nuestras autoridades de la UPM sigan impasibles” o “por el final del genocidio y del aparheid”, se podía leer en algunos carteles. Los asistentes también han portado pancartas recordando los nombres de profesores y alumnos asesinados en la Franja. 

“Este acto es, en primer lugar, un homenaje al personal que ha muerto en las universidades”, dice a elDiario.es uno de los académicos presente en el evento. La concentración de este viernes, organizada a través de la Red Universitaria por Palestina, que reúne a personal de siete universidades de la región y más de cuarenta en todo el país, denuncia la pasividad de estos centros ante el genocidio del pueblo palestino. Se unen así a las protestas y acampadas de los estudiantes españoles que se han extendido por todo el país en los últimos meses.

En paralelo a la concentración, estaba convocado el claustro de la UPM, su máximo órgano de presentación, que no había incluido en el orden del día el cómo se va a implementar los compromisos de la Conferencia de Rectores Españoles, por falta de firmas y ante la negativa del rectorado: “Es la única universidad pública madrileña que no está tomando medidas y no está negociando con los estudiantes. Se ha levantado de las conversaciones y dicen que no van a hacer nada, con el argumento de que no tienen obligación legal y porque podría tener implicaciones económicas si se rompe algún convenio, pero queremos que sepan que la vida de nuestros compañeros en Gaza está por encima de cuestiones económicas”, ha continuado explicando este profesor: “Lo que pasa en Gaza lo vivimos con infinita preocupación y dolor. Son cientos y cientos de muertos, tenemos más de 300 firmas condenando, pero nos duele la frialdad de los órganos de gobierno”. 

“La Universidad Politécnica ha sido la más reticente a sentarse a hablar con nosotras y poner encima de la mesa un acuerdo. También son quienes más consecuencias económicas pueden tener al romper relaciones con Israel, por eso es importante hacer presión”, explica a este medio un grupo de estudiantes de diferentes universidades madrileñas, organizadas a través de la Acampada Interuniversitaria. Aseguran que, aunque se han levantado las tiendas del recinto de la Complutense, siguen movilizadas: “Nos hemos transformado, pero no paralizado. En estos meses hemos conseguido cosas, pero menos de lo que esperábamos, así que ahora lo que estamos es viendo cuál es la mejor forma de continuar”.

Otra profesora de UNED, que ha acudido en solidaridad con los docentes de la Politécnica, pide a su claustro que condene el genocidio y se revisen los acuerdos con instituciones semitas y que esta universidad a distancia piense cómo puede colaborar con los centros palestinos, “ya que por contar con una modalidad online puede ofrecer tecnología y ayuda a los estudiantes, como se hizo con Ucrania”.

Kaled Abushad, profesor gazatí: “No hay un sitio seguro en Gaza, no hay donde huir”

Kaled Abushad es profesor de la universidad de Gaza, afincado desde hace poco en España, a donde llegó como profesor invitado por haber realizado su doctorado hace unos años en la Complutense. En su país sobrevive parte de su familia, aunque sabe que algunos miembros han sido víctimas de los bomberos, al igual que muchos de sus antiguos compañeros de la universidad de Gaza. Se calcula que más de 4.000 profesores y estudiantes han muerto desde el 7 de octubre, una cifra que recuerdan las pancartas que portan las decenas de manifestantes que a lo largo de la mañana se han unido a la protesta frente al edificio del Rectorado. 

“Más de 100.000 estudiantes están en las calles sin recibir educación, en unas condiciones muy duras. Desde hace una semana intentamos dar clase online, pero casi no hay acceso a internet. Es lo único que podemos hacer”, ha contado al resto de asistentes. Cree que con su historia se puede entender cuál es el trauma que atraviesa su pueblo. Aunque ahora lucha por conseguir el estatus de refugiado en nuestro país, es originario de Kan Jounis, desde donde tuvo que moverse a la Franja de Gaza y reconstruir su vivienda en hasta cinco ocasiones, en lugares sin electricidad, baño o servicios básicos. Dice que en la Franja no hay espacio para la felicidad, sólo se piensa en sobrevivir: “No hay un sitio seguro en Gaza, no hay dónde huir”. Ha concluido su intervención dando la gracias al movimiento propalestina, “que les da esperanza para lograr la paz”. 

Inmediatamente después una representante de la Red Universitaria por Palestina ha comenzado a leer el manifiesto: “Pedimos a los órganos de gobierno de la UPM una condena clara y explícita contra la destrucción deliberada de las universidades gazatíes y los ataques al profesorado, estudiantes y personal universitario”, comenzaba diciendo, para continuar añadiendo otras exigencias: “Pedimos, además, una dotación de recursos económicos y humanos para la recepción y protección de estas personas y para la reconstrucción de las universidades en Gaza y para la recuperación de sus programas de enseñanza”.

En el manifiesto, también han pedido que se revise y, en su caso se suspendan los acuerdos de colaboración de la UPM con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional, así como con empresas y bancos españoles o extranjeros que contribuyan a la ocupación. Por otro lado, elevan al Gobierno de España la petición de respaldar los procesos en marcha ante la Corte Penal Internacional, así como la suspensión de suministro de armas y relaciones comerciales con Israel y la suspensión de la participación de Israel en cualquier evento deportivo o cultural internacional. 

Más de medio año de movilizaciones 

Este viernes, los docentes de la Politécnica de Madrid han continuado con el ejemplo de los de la Complutense, que ha finales de mayo se reunieron en apoyo al pueblo palestino frente a su institución rectora, recordando los bombardeos a universidades y centros de enseñanza, y el asesinato de miles de profesores y estudiantes. 

El epicentro de este movimiento universitario estuvo en las acampadas de Estados Unidos, que se acabaron extendiendo a otras ciudades como París, la capital mexicana o Valencia, una de las primeras universidades españolas en llevar a cabo acciones. Tras ellas se unieron algunas como Salamanca, Oviedo, Granada o la Complutense de Madrid, donde hasta hace unos días permanecía la mayor acampada de las realizadas en España hasta la fecha. Al igual que en Valencia o en Barcelona, los organizadores decidieron levantar sus tiendas de campaña y continuar con actos de protesta descentralizados como el que se ha organizado este viernes. 

Mensajes contra Pedro Sánchez, otros señalando a los marroquíes como delincuentes y hasta conjeturas sobre un supuesto atentado a Alejo Vidal Cuadras, que ya fue desmentido. Es lo que se han encontrado los vecinos de Moralzarzal, un pequeño municipio de la sierra de Guadarrama, en Madrid, al entrar en la cuenta “X” de la Policía Local, desde donde se han retuiteado y añadido a “favoritos” este tipo de post.

Detrás de esta cuenta estaba, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento, Borja Guillén, concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, además de Tercer Teniente de Alcalde, aunque también tenía acceso el equipo de Comunicación. “Se ha realizado un mal uso de esta cuenta por parte del concejal de Seguridad Ciudadana, Borja Guillén, quien lamenta lo ocurrido y asegura que no se volverá a producir”, han añadido.

El principal partido de la oposición, Vecinos Por Moralzarzal Participa! (VMP!) califica la situación de “imperdonable” en declaraciones a este medio: “Se haya equivocado o no, es imperdonable. Son contenidos racistas, en algunos casos bulos o que incitan a la violencia, y que se vaya de rositas no nos parece bien. Este señor tendría que dimitir e irse a su casa”, e insisten: “Las disculpas que han pedido nos suenan a aquello de ‘lo siento mucho, no volverá a pasar’ —recordando al emérito—, no nos conformamos con eso”.

La agrupación local, además, recuerda que Moralzarzal cuenta con un director de Comunicación y se preguntan cómo no se ha dado cuenta en casi 12 meses de esta forma de proceder: “Lo que es sangrante, por otro lado, es que se contrató por 52.000 euros anuales a un director de Comunicación y que, en todo este tiempo, no haya sido capaz de revisar la cuenta. Porque entendemos que si lo hubiera hecho hubiera tomado medidas”.

Otros partidos minoritarios de la oposición también han mostrado su descontento y piden explicaciones a la Junta de Gobierno. El Partido Socialista cree que Guillen “tendrá que dar explicaciones y asumir responsabilidades” y critica que no se utilice la cuenta de Twitter en asuntos que afecten a la vida diaria del pueblo. Desde Moralzarzal En Común instan al concejal a pedir disculpas y a dejar su acta de concejal, y definen como “impresentable” el uso partidista que se ha hecho de @PolMoralzarzal: “Exigimos que el (ir)responsable pida disculpas y dimita YA”, han tuiteado.

Desde bulos a mensajes racistas

No es necesario profundizar mucho en el perfil de Twitter de la Policía Local para encontrar uno de los primeros retuits, eso sí, desde el martes a los “me gusta” ya no se puede acceder por las nuevas reglas de la red social, aunque los vecinos se han encargado de dejar todo registrado a modo de pantallazo. Ese primer post pertenece a El Puntual 24h, y asegura que dos agentes nacionales se encuentran hospitalizados por el ataque de dos marroquíes, que ya estarían en libertad. Ha sido uno de los que más ha indignado al resto de agrupaciones políticas, que lo tildan de “racista” y “xenófobo”.

El resto van en la misma línea, todos ellos provenientes de perfiles anónimos o pseudo-medios. El pasado 9 de noviembre se retuitearon dos post sobre el ataque sufrido por Alejo Vidal Quadras en la capital, promoviendo la tesis ya desmentida de que era un atentado político. Uno de ellos alertaba de que “la Guerra Civil comenzó con el asesinato de Calvo Sotelo” y el otro comparaba España con Venezuela. Pedro Sánchez tampoco se ha librado, otra de las publicaciones criticaba su visita al Valle de los Caídos y aseguraba que era parte de “una estrategia para intentar tapar la corrupción del Gobierno”, además de calificar como “falacia” la Ley de Memoria Histórica.

La cuenta, a pesar de todo el revuelo, apenas aglutina 240 seguidores, no tiene mucha actividad y está inactiva desde principios de mayo. Se creó en julio de 2023, apenas dos meses después de que el Partido Popular se hiciera con la alcaldía del municipio gracias al apoyo de Vox, que cuenta con un único concejal, Guillén. Hasta entonces, y desde 2014, en esta pequeña localidad de la sierra madrileña con menos de 15.000 habitantes había gobernado VMP!.

El objetivo de crear este perfil específico en la rama de Seguridad, según han insistido desde el Ayuntamiento, es “informar a los vecinos de las actividades de la Policía Municipal y difundir información de utilidad para todos los residentes en nuestra localidad”, por lo que tomarán medidas “para asegurar su buen funcionamiento”.

En cambio, la agrupación local de la oposición dice que esta ha sido “la gota que ha colmado el vaso”: “Detrás de este caso hay un año entero de uso partidista de las redes sociales, la revista y la web municipal. Hemos visto hasta que subían las mismas imágenes a los canales oficiales que antes habían utilizado en los perfiles del partido, o que se hacían eco de cuestiones de su formación en espacios que creemos que no deben de estar destinados a ello”. Y concluyen: “Nosotros teníamos una cuenta oficial conjunta, la del Ayuntamiento, porque es lo que tiene sentido en una localidad tan pequeña, pero si deciden hacer otra, detrás tiene que estar un empleado municipal que trate los temas con objetividad”.

Y tras algo menos de una hora de avemarías, comienzan los “Pedro Sánchez hijo de puta”, “PSOE criminal”. Son algunos de los cánticos que se han escuchado este sábado en el cruce entre la madrileña calle de Ferraz y Marqués de Urquijo, a unos doscientos metros de la sede del Partido Socialista. A diferencia de estos días, no han sido inmediatos. El grupo de feligreses se ha dividido entre los que instaban a realizar la protesta en silencio para respetar la jornada de reflexión y los que, un día más, han vuelto a echarse a la carretera, entre semáforo y semáforo, banderas de España y pancartas en mano.  

El polémico rosario “por la conversión de todos los españoles” ha sido más multitudinario que días atrás. Con el cruce repleto de personas, el rezo ha comenzado tras un “Viva José Andrés”, en apoyo a José Andrés Calderón, el joven abogado de 26 años que, desde el pasado 12 de noviembre, organiza todas las tardes el acto a las puertas del santuario Inmaculado Corazón de María. “Hay mucha gente, probablemente vengan cientos, porque están viendo lo que hace el delegado del Gobierno”, dice Calderón en declaraciones a los medios antes de comenzar. “No tiene ninguna intención política porque yo nunca he hecho política”, y añade: “No rezamos contra ellos -el PSOE- y nunca iremos a la sede porque no nos gusta ir a sitios siniestros”. 

Decenas de personas se dejan ver entradas las siete de la tarde. “Cuántos medios de comunicación, nunca ha habido tantos”, comenta una de las asistentes a varias mujeres. “Ni un paso atrás, mañana seguiremos aquí como siempre”. Son las palabras con las que el joven jurista ha dado por finalizado el acto, antes de gritar un “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen! ¡Viva España!”

“Hoy nos han pedido que la protesta ruidosa que hacemos siempre después sea silenciosa”, dice Lucho, conocido entre los asistentes, desde el megáfono con el que minutos antes se oraba. “Y viva España sí se puede decir”, concluye. La concentración se divide entonces entre silenciosos y ruidosos. Quienes se han limitado a ir con el rosario desaparecen de la escalinata poco a poco y llegan otros, cargados de banderas españolas constitucionales, franquistas, con la imagen de la virgen María y  también alguna carlista, como ya es habitual. 

“No es un presidente, es un delincuente”, “me la pela, la Unión Europea”, “viva la libertad carajo”, gritan. “Los jóvenes no conocen la historia de este país y a los reyes católicos, ese es el problema”, argumenta una de las que vitorea, mientras porta una bandera con una fotografía de Franco. “También se están manifestando unos palestinos en Sol y de eso nadie habla hoy, sólo nos criminalizan a nosotros”, se queja a los medios otra  mujer.

“Yo vengo aquí desde el principio”, explica a este medio un hombre de avanzada edad que pide no ser identificado. En cuanto empieza el ruido se va porque “no le representan”.  Le sorprende la cantidad de gente reunida, que no suele verse, aunque entiende que, al ser jornada de reflexión, haya generado expectación. Pese a los cánticos y la presencia mediática y policial, la protesta transcurre con normalidad. 

Seis meses de rosario “por la conversión de España y del mundo” 

Muchos portan pancartas y piden la dimisión de Sánchez, pero insisten en que lo hacen después del rezo, que es para lo que han pedido permiso. Ese es el argumento de Calderón, que cree que el acto no tiene ningún tipo de contenido ideológico. “Rezamos para salvar a España”, asegura. Salvarla, continúa diciendo, de “ideologías perversas, como la ideología de género”. 

No niega que el rosario nace del “noviembre nacional”, unos disturbios instigados desde la ultraderecha en contra de la Ley de Amnistía. “Siempre se ha convocado horas antes de que empezaran las protestas, lo que hagan los demás no es culpa nuestra”, insiste. 

Calderón lleva meses con una cruzada abierta contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que no autorizó los actos convocados este sábado 8 de junio y mañana, día electoral. Finalmente ha sido el TSJ de Madrid el que ha permitido que siguieran adelante, a pesar de que otros encuentros han sido vetados. 

Son ya más de seis meses los que Calderón lleva reuniendo a un pequeño grupo de católicos frente a esta iglesia, unos días acuden más y otros menos, pero son persistentes. En este tiempo, han conseguido incluso que acudiera el actor y ex candidato de la extrema derecha a la presidencia de México, Eduardo Verastegui. 

“Mañana espero que seamos los mismos o más”, explica a elDiario.es el mismo hombre que decía no verse representado por los alegatos políticos. “Iré a votar y vendré a aquí, como he venido cada día, y lo seguiré haciendo”, y concluye: “no creo que nada de esto vaya a cambiar el voto de una sola persona”.

Entre el seis y nueve de junio, más de 400 millones de europeos se darán cita en las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En esta ocasión, los españoles elegirán a 61 eurodiputados, en unos comicios decisivos, marcados por los conflictos armados en Ucrania y Palestina, así como por el auge de la extrema derecha, que, según los sondeos, podría hacerse con un tercio del Hemiciclo.

La configuración de las fronteras nacionales, la política migratoria, los derechos de las minorías o la transición energética son algunos de los temas en los que se tendrán que posicionar los Veintisiete en los próximos cinco años. Y en este contexto, elDiario.es se pregunta: ¿qué ha hecho Europa por nosotros? ¿Cómo ha cambiado nuestra visión del proyecto europeo en estas décadas? ¿A qué se debe la ola antieuropeísta que  amenaza a la UE?

Estas son las cuestiones que aborda el nuevo número de la revista trimestral en papel de elDiario.es ‘Qué ha hecho Europa por nosotros’, que se ha presentado este martes en un evento exclusivo para socios y socias en la redacción de Madrid que también ha podido seguirse por streaming. En el acto, los asistentes han podido disfrutar de un debate moderado por Andrés Gil, subdirector de Internacional y Desalambre de elDiario.es, en el que han participado Gonzalo Fanjul, investigador sobre migraciones en porCausa.org; Olga Rodríguez, periodista y escritora especialista en Derechos Humanos; e Irene Castro, corresponsal en Bruselas de elDiario.es.

El encuentro se ha celebrado en un día clave para Europa, con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, Irlanda y Noruega. “Es un gesto simbólico pero importante, que puede ayudar a que otros países den el paso”, ha dicho Rodríguez, que cree que  la Unión Europea podría hacer más: “Se pueden hacer muchas cosas. Poner sanciones, romper temporalmente relaciones diplomáticas, incluso comerciales. Las organizaciones por los derechos humanos están pidiendo que se revise el acuerdo de comercialización entre la UE e Israel, pero sabemos que es difícil el consenso y la unanimidad”.

La experta y habitual colaboradora del elDiario.es ha analizado, asimismo, la respuesta europea ante el estallido del conflicto en Gaza. En las dos primeras semanas tras los atentados de Hamás, con la incursión terrestre ya en marcha, la Unión Europea se limitó a pedir pausas humanitarias y no fue hasta que Washington dio el primer paso que se puso en la mesa un alto el fuego. “Para hacerse una idea de la equidistancia, tan sólo unos días después del atentado de Hamás, Von der Leyen viajó hasta Israel para dar su apoyo a Netanyahu, cuando ya se estaba bombardeando Gaza. Y se le olvida en ese viaje pedir el respeto al derecho internacional”, ha añadido Irene Castro, corresponsal en Bruselas. “Tuvo que haber 30.000 muertos para que los líderes se reunieran durante horas para pedir ese alto el fuego y han tenido que pasar tres meses para que se haga algo respecto al acuerdo comercial con Israel”, ha insistido. 

Respecto a ese Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Estado de Israel, ha recordado la periodista que, a día de hoy, Úrsula Von Der Leyen no ha dado respuesta a la carta enviada por Pedro Sánchez y el ya expresidente de Irlanda, pidiendo a la Comisión una evaluación urgente del mismo, ya que en su artículo segundo exige el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Pese a ello ha considerado Castro que, aunque con lentitud, se van dando pasos: “Fue llamativo que ayer los ministros de Exteriores convocaran a su homólogo israelí en base a ese acuerdo”. 

El criticado acuerdo migratorio 

Uno de los temas que han debatido los expertos ha sido el nuevo acuerdo migratorio, que aprobó casi con urgencia la Unión Europea, ante el miedo de que en la próxima legislatura una mayor presencia de la ultraderecha pudiera endurecer aún más las posturas. Sin embargo, Gonzalo Fanjul, experto en migraciones, ha considerado que este es el pacto “con el que hubiera soñado la ultraderecha unos años atrás” y que, frente a la idea de orden que quiere transmitir, lo que hace es consolidar “el caos en el que Europa ha convertido el flujo migratorio”.

“Podemos describir este pacto como un pacto de control migratorio donde la UE intenta impermeabilizar sus fronteras exteriores”, ha explicado. Lo ha calificado de “mal acuerdo” y de “fracaso colectivo”: “Es un pacto militarista completamente insuficiente y, probablemente, incompetente en materia de reparto de responsabilidades, porque nadie sabe muy bien, por ejemplo, cómo va a funcionar el sistema de multas”. 

“El cordón sanitario con la extrema derecha se ha roto y eso ya se ha visto esta legislatura en Bruselas. Lo peor es que el mensaje ultra ha calado y lo hemos visto en ese pacto migratorio que, después de años de debate, se ha aprobado de urgencia, y al que sólo le falta incluir al acuerdo con Ruanda del Reino Unido”, ha comentado Castro. 

Por su parte, Rodríguez ha traído a colación el concepto de “banalidad del mal” de Hannah Arendt para explicar cómo se está comprando el marco a la extrema derecha: “Lo vemos cuando se define inmigración como amenaza híbrida que requiere de un aumento del gasto militar o cuando se nos presenta la guerra como algo inevitable.  Todo esto se ha ido normalizando, se están militarizando las mentes”, ha explicado la escritora, señalando a su vez los recortes en libertad de expresión que ha vivido el continente en los últimos meses, con la cancelación de congresos y manifestaciones en apoyo a la causa palestina, o la forma en la que se ha puesto en duda el Derecho Internacional: “Parece un Derecho de quita y pon. La Europa de 2003 supo decir que no a la guerra de Irak, pero había una Alemania y una Francia determinadas. Ahora debemos preguntarnos por dónde quiere ir Europa”.

Proteccionismo frente a los retos globales

Los socios y socias que han asistido al encuentro han podido trasladar sus preguntas a los cuatro ponentes. Algunas de estas cuestiones han girado alrededor de dinámicas y conceptos comunitarios que habitualmente son desconocidos por la ciudadanía, como la formación de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, que ha sido noticia estos días al saberse que Sumar se dividirá entre dos de estas familias. O sobre el futuro de Von der Leyen, que podría depender de los votos de la ultraderecha de Meloni. 

Uno de los asistentes ha preguntado sobre la paradoja entre que cada vez haya más proteccionismo en los estados miembros, a la vez que aumentan los retos globales: inteligencia artificial, medioambiente, guerras… Los ponentes han recordado que, no sólo se está un momento donde crecen los nacionalismos, sino que van a aumentar las fuerzas euroescépticas en Bruselas, al igual que lo harán las que son negacionistas del cambio climático.

También han querido saber más sobre las políticas de asilo, las dificultades para solicitarlo en origen o la diferencia de trato entre quienes provienen de conflictos extracomunitarios y los refugiados ucranianos. “Cuando la guerra es en Europa y quienes vienen son rubios y con ojos azules, se actúa con eficiencia y se demuestra que si se quiere, se puede”, ha respondido Fanjul. Además del componente europeo, añade Rodríguez, tanto Ucrania, como Israel o Taiwán son aliados de Occidente y gobiernos clave para Estados Unidos, “no sólo porque sean rubios, sino porque son plataformas de desgaste contra sus adversarios: China, Irán y Rusia”. 

¿Europa en cincuenta años va a ser o se va a acabar? Con esta pregunta, una de las últimas planteadas por los socios, Fanjul se ha mostrado muy optimista con el proyecto comunitario, a pesar de asumir que “las cosas se van a complicar”, y cree que la clave está en las nuevas generaciones: “Estamos en una suerte de gerontocracia que hace a Europa excesivamente conservadora en algunos aspectos”.

Castro, más cauta, ha dicho que puede que Europa encuentre “la fuerza para seguir” en iniciativas como los fondos Next Generation y, aunque es más pesimista respecto al futuro, no ha dudado de que su supervivencia esté garantizada: “Son muchas las generaciones que no conocen otra cosa que no sea la UE y esto hace que no imaginemos nuestras vidas fuera de ella, aunque también alenten al euroescepticismo”. Rodríguez ha ido más allá: “La cuestión no es si habrá una Europa o no la habrá, sino qué tipo de Europa será. El andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz está en peligro”, ha concluido. 

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El nombre de Daiara Tukano (São Paulo, 1982) era Daiara Hori Figueroa antes de que ella decidiera adoptar como apellido el nombre de su pueblo. No se concibe a sí misma fuera del activismo por la supervivencia indígena. Ha nacido en el seno de una familia de líderes e intelectuales que contribuyeron a la redemocratización brasileña. Su madre, socióloga colombiana, ha estado implicada en diferentes proyectos en el Amazonas, y su padre, Álvaro Tukano, jugó un papel primordial en el desarrollo de la Constitución de Brasil, además de impulsar las primeras organizaciones de indígenas en el país.

Ella eligió expresar su activismo a través del arte y ha expuesto sus obras en varios países de América y Europa. Es experta en Derechos Humanos e integrante del Consejo Nacional de Culturas de Brasil. “Todo nuestro arte se ha infravalorado en un acto racista, violento y prejuicioso”, cuenta en una entrevista con elDiario.es, poco antes de participar hace unos días en el ciclo “Mujeres contra la impunidad”, organizado por Fundación Montemadrid y la Asociación de Mujeres de Guatemala.

La mujer indígena, quien más sufre el racismo

En su faceta artística, Tukano ha trabajado con pinturas corporales, cerámica, tejidos… Pero son especialmente conocidos sus cuadros, de colores vibrantes y grandes dimensiones. En ellos la mujer indígena juega un papel protagonista, como cuidadora de la tierra y origen de la vida. El mural Selva Mae Do Rio Menino, ubicado en Belo Horizonte, representa el poder de la crianza y es la pintura más grande que ha pintado hasta ahora una mujer nativa. 

Su trabajo es el reflejo de las nuevas generaciones del movimiento indígena que cuenta con una presencia femenina muy fuerte, con enorme peso político, cultural y social. “El feminismo tiene muchas raíces e intersecciones. Hay que escuchar lo que decimos las nativas. Es algo que hay que abrazar y comprender, porque es la única forma de conseguir que todas tengamos acceso a la dignidad humana”, comenta.

Entre esas mujeres que se han abierto camino en la política brasileña están Joenia Wapichana, primera abogada y diputada indígena del país en 2019; o Sonia Guajajara, ministra de la recién creada cartera para los Pueblos Indígenas y uno de los rostros más internacionales de estos pueblos. Tukano la describe como una “mujer increíble”: “Creo que realmente hay un compromiso de este gobierno por abrir el poder ejecutivo a los indígenas, no sólo con el nuevo ministerio, también tenemos la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas y nuestras cuatro diputadas federales, que es algo insólito”. 

En el otro lado de la balanza, recuerda, las indígenas son las que más sufren la desigualdad y el racismo. “Tenemos un índice de violaciones de derechos humanos extremadamente alto y el origen de ello está en la cultura de la violación, porque para colonizar uno viola y domina a la mujer. Esa es la lógica del patriarcado: se mata al hombre, se domina a la mujer y los hijos serán los siervos”, dice. 

Según un informe reciente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la violencia de género y la tasa de mortalidad materna son más altas en los países donde hay mayor población indígena, como Bolivia. Son ellas las que peor acceso tienen a servicios sanitarios y métodos anticonceptivos. “Que estas problemáticas, como la violencia doméstica o el tráfico de personas, se den más en nosotras es un síntoma del racismo estructural y de una violencia que debemos vencer”, apunta. “Los indígenas no somos una raza, porque somos más de trescientos pueblos diferentes y las razas no existen, pero sí sufrimos racismo”. 

Ella asegura que, como pintora, se ha tenido que enfrentar al racismo estructural y a los prejuicios: “Todavía en Brasil o España se piensan que vamos en taparrabos y me han llegado a preguntar que porqué tengo un móvil”. Y sobre cómo actuar en estos casos de discriminación, dice: “Hay que tener franqueza para decirle a un profesor o al director de un museo: ”mire usted, está representando a una institución racista y excluyente, y no queremos estar aquí como piezas exóticas, y queremos que se nos paguen las piezas igual que a una persona occidental porque tienen el mismo valor“. 

Derecho a la memoria

Además de la creación del ministerio de los Pueblos Indígenas, este año se ha producido un hito en la historia de la lucha amazónica. Coincidiendo con el 60º aniversario del inicio de la dictadura militar, el 2 de abril Brasil pidió perdón a los pueblos originarios por las torturas y asesinatos que se produjeron entonces. “Quiero arrodillarme ante usted. Estoy emocionada. Quiero pedir disculpas en nombre de Brasil”, le dijo la abogada Enéa de Stuz e Almeida a la matriarca Djanira Krenak y al cacique Tito Vilhalva durante una ceremonia oficial.

Tenemos un índice de violaciones de derechos humanos extremadamente alto y el origen de ello está en la cultura de la violación, porque para colonizar uno viola y domina a la mujer

“¿Por qué son importantes estos gestos? Porque sirven para recordar que hasta los ochenta los indígenas no empezamos a ser reconocidos y, por tanto, no teníamos acceso a educación, salud, transporte, libertad de expresión…. Reconocer todo lo que un día nos fue negado es el inicio para cambiar las desigualdades que se perpetúan”, explica la defensora. “Es un gesto que tiene que ver con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia de nuestros pueblos”.

Para Tukano los gestos de perdón son “el primer paso para asumir lo que pasó y que no se repitan las violencias del pasado”, pero recuerda que no ha sido fácil llegar hasta este momento. Es la culminación de un proceso que empezó con la Comisión de La Verdad, creada para investigar y juzgar las muertes demostradas de más de 8.000 indígenas, muchos por el trato recibido de los Servicios de Protección del Indio. “Se ha demostrado que hubo diferentes violencias y que las políticas de integración de la dictadura, que intentaron borrar nuestras lenguas y costumbres, fueron acompañadas de secuestros, asesinatos, torturas y una educación racista, que ahora estamos cambiando”. 

La líder indígena aplaude que su país haya impulsado la obligatoriedad de estudiar la historia de los pueblos originarios y afrobrasileños, una medida que, cree, también debe implantarse en Europa. “Estos países, para ser verdaderamente democráticos, tienen que pedir perdón y, antes de ese perdón, hace falta educación y contar las historias que no han sido contadas, que es la clave para romper con el sistema racista”, dice. Tukano, que vivió durante unos años en Francia, recuerda cómo se estudiaba allí, al igual que en España, la llegada a América.

“Nuestra historia, como nuestro arte, es parte de la identidad nacional brasileña y nos atraviesa a todos, incluso a los blancos, que comen nuestra comida y pisan calles con nuestra nomenclatura. Y lo mismo pasa con Europa. Ustedes comen patata, tienen parte de nuestra riqueza y patrimonio. Y deben conocerlo y valorarlo. Me sigue sorprendiendo cómo se habla de Colón y se sigue hablando de ‘descubrimiento' de América. Es negar nuestra existencia. No hay mal en decir que ya vivían millones de personas en ese continente y que la colonización también fue una invasión con consecuencias que continúan”.

La violencia continúa pese a los avances

A pesar de todo, Tukano cree que se ha avanzado mucho en la lucha por los derechos de los indígenas, especialmente en el último año “como respuesta al discurso de odio promovido en el gobierno anterior”: “Bolsonaro era claramente antiindígena y racista, y su discurso provocó y sigue provocando muertes”, asegura. Además, cree que la inclusión de la agenda nativa en las instituciones está haciendo que se recrudezca la violencia contra los defensores de la naturaleza. 

El expresidente, que llegó a elogiar en 1998 a la caballería estadounidense por haber exterminado a los indios, trató durante su mandato de desmantelar las políticas ambientales y de protección a estas comunidades. Human Rights Watch denunció que, entre 2021 y 2022 al menos se talaron 11.000 kilómetros cuadrados de selva, poniendo en peligro la supervivencia de etnias como la yanomami, que en enero fue declarada en riesgo, después de documentarse malnutrición y enfermedades asociadas a la incursión de casi 20.000 buscadores de oro en sus tierras.

No hay mal en decir que ya vivían millones de personas en América y que la colonización también fue una invasión con consecuencias que continúan

“Nosotros, los indígenas, vivimos en una crisis epistémica de muchos valores. Entendemos la propiedad de una manera muy distinta, de una forma que tiene que ver con la permanencia en el territorio. La tierra es algo sagrado. Somos hijos de la naturaleza, el agua, el bosque”, dice.

Brasil es el segundo país del mundo donde más defensores del clima murieron en 2022, último año del que hay datos, aunque se han contabilizado 11 fallecidos en conflictos por los recursos del Amazonas en el primer semestre de 2023. La supervivencia de estos pueblos no sólo se ve amenazada por la violencia, que proviene mayoritariamente  de empresarios y agricultores, sino que son los más afectados por el cambio climático.

Hay un dato que Tukano repite sin parar en todas sus conferencias: los pueblos indígenas protegen más del 80% de la biodiversidad del planeta. Sin embargo esa cifra podría decrecer. En el último año, Brasil se ha visto envuelto en episodios de calor abrasador, megaincendios e inundaciones, como las que viven en Grande do Sul en estos momentos, y que ya se han cobrado la vida de más de un centenar de personas. “Vamos a defender nuestra selva y nuestra identidad con nuestra sangre y nuestra vida, como hemos hecho hasta ahora. Hasta el último indio y el último asesinato”, concluye Tukano. 

Unos pescadores encontraron el barco a varios kilómetros de la costa, en una área difícilmente accesible, en Bragança (Pará, Brasil), el pasado 13 de abril. Al principio pensaron que estaba vacía, pero la pequeña barcaza de fibra de vidrio transportaba ocho cadáveres, a los que se sumó otro que se localizó posteriormente a pocos metros. Días después, las autoridades brasileñas confirmaron que la embarcación había partido de la costa de Mauritania después del 17 de enero y quedó a la deriva, recorriendo alrededor de 4.800 kilómetros hasta el otro lado del Océano Atlántico.

Los cuerpos, en tal estado de descomposición que en un primer momento costó saber cuántos eran, procedían de Mauritania y Mali, según ha podido saberse por sus documentos de identidad. Varios días después del hallazgo, el superintendente de Pará, José Roberto Pérez, informó de la identificación de los nueve pasajeros, fallecidos “muy probablemente por falta de alimento y agua”.

La rapidez con la que se han conocido algunos detalles no suele ser habitual. Muchas veces nunca llega a conocerse la identidad de las víctimas, su origen o el lugar al que querían llegar, ni siquiera cuántas eran. En 2021, Associated Press documentó el hallazgo de hasta siete de estos cayucos perdidos y con cadáveres a bordo, que habían salido de África Occidental con rumbo a Canarias, pero que se perdieron en el camino sentenciando a morir de sed y deshidratación a sus pasajeros. Es un ejemplo más de los horrores a los que se enfrentan los migrantes en la ruta migratoria canaria, la más mortífera, que se cobró casi mil víctimas en 2023, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Hace ya más de 15 años, Juan Manuel Pardellas inició una investigación sobre uno de los primeros “barcos fantasmas” de los que hay registro, el destartalado yate Bonny and Clyde que, en 2006, en plena crisis de los cayucos, apareció en Barbados con 11 cuerpos momificados, de los 48 chicos que se sabe que viajaban en él. Todos ellos procedían de Senegal y Mali, y fueron muriendo uno tras otro, después de quedar a la deriva porque su barcaza tuvo un problema en el motor.

Hace unos meses, el entonces redactor de El País y actual consultor, sacó a la luz el libro En este gran mar (Gaveta Ediciones). En él, Pardellas reconstruye la historia de los chicos que se subieron en aquel bote y conversa con los familiares que nunca volvieron a saber de ellos. “Cada vez que hay una noticia como la que hemos conocido ahora, en la que un barco se pierde y aparece con varios muertos, los familiares reviven el dolor y la tragedia de sus fallecidos”, cuenta en una entrevista con elDiario.es. 

Cuando se enteró de este nuevo naufragio, tan parecido al que relata en su libro, ¿qué es lo primero que se le vino a la cabeza?

Para ser absolutamente sincero, lo primero que pensé es que es imposible que sólo nos hayamos enterado de un caso, porque desde el verano del año pasado hasta hace prácticamente unas pocas semanas, una cantidad altísima de cayucos enfilaron directamente a la isla de El Hierro, la más alejada de la costa africana. Por lo que me comentan los que saben de navegación, los migrantes se alejan intencionadamente de la costa de Senegal y Marruecos para huir de la vigilancia marítima, arriesgándose a ser arrastrados por las corrientes. Son decenas y decenas de embarcaciones repletas de personas las que no han llegado hasta Canarias y eso es lo primero que se me pasó por la cabeza cuando escuché esta noticia. Que tiene que haber muchos más botes.

Este tipo de noticias no siempre tienen un especial impacto mediático y, de hecho, en el libro hace referencia a ello. ¿Es falta de interés o, quizá, el público está “narcotizado” ante estas tragedias?

Yo creo que más lo segundo. Hay interés y, afortunadamente, vivimos un momento en el que, en el periodismo español, casi todos los medios de comunicación cuentan con alguien que habla de inmigración, refugiados, etc. Pero sí que creo que, poco a poco, nos hemos acostumbrado a escuchar que un barco naufraga con decenas de personas o que desaparece en el mar. Pienso que nos falta bucear un poco más en lo que hay detrás, o igual falta ir hasta el origen mismo del suceso. Ir hasta el lugar donde se produce y hacer un seguimiento mayor.

Hadj Sano, familiar de una de las once víctimas del yate y personaje clave en su libro, tuvo muchas dificultades para que se abriera una investigación en España sobre aquellas muertes, ¿se investigan lo suficiente estos casos?

El problema de base es que no hay registros porque el propio movimiento migratorio exige una cierta confidencialidad y secreto, por tanto, al no haber un listado de personas que emigran es difícil estimar cuántas vidas se pierden por el camino. Nos movemos, como dice un capitán marítimo en el libro, en una estadística imposible en la que, de cada tres botes que salen, uno no llega. Si lo multiplicamos por unas cien personas en cada uno de ellos, pues imagínate cuántas han podido fallecer en veinte años. Es un número imposible de asimilar.

Nos movemos, como dice un capitán marítimo en el libro, en una estadística imposible en la que, de cada tres botes que salen, uno no llega

A lo largo de su investigación, viajó a Senegal y Cabo Verde, donde pudo hablar con familiares de algunos de los desaparecidos en aquella tragedia, ¿ha vuelto a saber de ellos?

Sigo en contacto con ellos a través de Sano que, digamos, es mi puente con el resto de familias. Y ellos, cada vez que hay una noticia parecida, o cada vez que aparece un barco al otro lado del Atlántico con fallecidos, reviven el dolor y la muerte de sus seres queridos.

¿Cómo afrontan estas familias un duelo así, sin poder enterrar a sus seres queridos y, muchas veces, sin respuestas?

Lo primero para ellos es la tristeza enorme de la pérdida de un ser querido, pero también la tristeza del fracaso de todo un proyecto familiar. Aquellas personas les confiaron a esos chicos, que, digamos, eran los más preparados del núcleo familiar y a los que eligieron porque eran los que tenían más posibilidades, sus joyas, su dinero... y pusieron en ellos todas sus esperanzas de prosperar.

La muerte de estos chicos, tan jóvenes, es una pena inconsolable. Las personas que me encontré eran absolutamente inconsolables. Aparte del abandono institucional: no hay gobierno, no hay ninguna organización ni nadie que se encargue de ellos, de su pena y de sacarlos del estado en el que están. Eso es ya de por vida.

En aquel viaje conoció la vida de algunos de aquellos jóvenes que se embarcaron en el Bonny and Clyde rumbo a Canarias, pero nunca llegaron. ¿Qué vio en su viaje?

Cuando estuve allí me encontré hogares muy humildes, sin electricidad, con un baño que era una cloaca para decenas o varias decenas de personas, con pocas opciones de alimentación, o pueblitos muy pequeños con los bienes suficientes para hacer una comida al día. Lo que me encontré es a gente muy, muy humilde.

Una de las imágenes que más me impactó y que incluyo en el libro es, además, desde mi punto de vista, icónica de lo que realmente es el “efecto llamada”. El “efecto llamada” no es una ley, ni la regularización de cientos de miles de personas. Es un póster, como el que tenía en su habitación el primo de Sano [una de las víctimas], que fabricó él mismo en su habitación con imágenes de héroes de Hollywood. El “efecto llamada” es una antena parabólica en la aldea más remota del corazón de África, es decir, toda la información que llega hasta allí, a través de la televisión o de Internet, de cómo es la vida en Occidente, en Europa, en Estados Unidos...

Y ellos se preguntan constantemente por qué no pueden aspirar a un mundo así. Lo que está en su cabeza es ayudar a su familia, con un concepto de familia mucho más amplio que el nuestro, y tener una vida mejor. Una aspiración que considero más que legítima. Probablemente nosotros, en su misma situación, haríamos lo mismo.

La muerte de estos chicos, tan jóvenes, es una pena inconsolable. Las personas que me encontré eran absolutamente inconsolables

La historia que cuenta en el libro pasó hace ya casi 20 años, en plena crisis de los cayucos. ¿Cómo ha cambiado la migración en la ruta canaria en este tiempo?

El año pasado hubo un periodo de llegadas, que va desde verano hasta prácticamente final de año, vinculado a una fuerte crisis política en Senegal, que provocó una explosión impresionante de salida de embarcaciones. En este caso, eran personas que realmente veían cómo su vida corría peligro y huían de una represión que hacía muchísimos años que no se veía en Senegal. Pero, más allá de esto, lo que ha cambiado es el perfil de las personas que deciden emigrar por mar. Es un perfil que se ha diversificado en estos últimos años y ya no son sólo chicos jóvenes, sino que cada vez vemos más mujeres y niños. Antes venían los jóvenes más preparados de la familia y ahora todo el que puede.

Hay otro elemento que no estaba tan presente en 2006, que es la extrema derecha. ¿Cómo ha cambiado el discurso sobre los migrantes?

Yo creo que el discurso de extrema derecha no ha cambiado respecto a aquellos años, pero lo que sí ha cambiado mucho son los principios del resto de partidos. Es decir, nadie se explica por qué, de la noche a la mañana, encontramos una solución inmediata para las regularizaciones y se dan permisos de trabajo y de residencia a cientos de miles de refugiados ucranianos; pero nos cuesta tanto hacer lo mismo con unos pocos de miles que vienen desde el África subsahariana.

Lo que no tiene sentido es que se apliquen unas normas para los migrantes y refugiados que son rubios, caucásicos, de piel blanca, y otras para los subsaharianos de piel oscura, de los que –con todos los respetos– podemos aprovecharnos porque son mano de obra. Creo que esto tiene mucho que ver con que los preceptos de la extrema derecha estén enraizándose en los partidos tradicionales.

Cuando realizó la investigación, no existían agrupaciones de familiares de los desaparecidos ni tantas ONG que se encargan de monitorear las embarcaciones. ¿Si volviera a cubrir esa misma noticia en la actualidad, cree que tendría más facilidades?

Seguramente sería más sencillo. Gracias a esas redes que se están tejiendo es mucho más fácil identificar los cuerpos o avistar barcos que quedan varados, aunque de fondo está el problema de la clandestinidad que exige el propio movimiento migratorio. Eso es lo que dificulta las identificaciones y, también, contar la historia. Otra cosa que ha cambiado en estos últimos 20 años es la comunicación. Antes, lo normal era que las personas no se pusieran en contacto con sus familias hasta que no tuvieran un trabajo estable o alguna forma de ganarse la vida y enviar dinero a sus casas. Ahora ya no es así. Ahora lo más importante es que la familia sepa que han llegado bien. La comunicación es más fluida, pero lo que no ha cambiado es la presión sobre los que sobreviven.

¿Qué fue lo más complicado de contar esta historia?

Si no llego a acceder a las fuentes oficiales, en este caso, al sumario policial de Barbados, no hay libro. Todo se hubiera movido en una hipótesis. Hubiera podido escribir una novela con un trasfondo real, pero gracias a ese sumario pude construir una historia verídica de lo que sucedió. Por supuesto, localizar a los familiares y poder contactar con ellos fue muy difícil, y sólo fue posible gracias a Sano, a este senegalés que me contactó cuando vio la noticia y gracias al cual se pudo contar con un listado de víctimas, es decir, el mérito de esta historia es tanto mío, por escribir el libro, como de él.

La comunicación es más fluida, pero lo que no ha cambiado es la presión sobre los que sobreviven

¿Qué se puede hacer para evitar que estas muertes se repitan año tras año?

Yo creo que podemos ayudar escuchando y prestándole más atención a esta realidad. Insisto mucho en lo que ustedes están haciendo, en dedicar cuanto más espacio posible a conocer las historias de estas personas que de deciden emigrar, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que quieren y cómo podemos ayudarles.

Quizá deberíamos de plantearnos un estilo de vida que fuera solidario con las poblaciones de donde salen los recursos materiales que nos permiten vivir como vivimos. Y, lo que es más importante para mí, tenemos que escuchar, escuchar y escuchar, y escuchar a quienes viven en estos territorios sin imponer nosotros lo que ellos deben hacer en estas zonas.

¿Cómo se enfrentan las democracias a las injerencias de las potencias extranjeras? ¿Tiene Europa herramientas suficientes para frenar campañas de bulos, cada vez más sofisticadas?¿Estamos preparados para una guerra mediática? El “sí” al Brexit en 2016 y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca poco después hicieron saltar las alarmas en la Unión Europea y sus estados miembros pusieron encima de la mesa algunas de estas preguntas. El informe de la Fundación Alternativas “Desinformación y censura en conflictos internacionales. Los casos de Ucrania y Gaza” trata de contestar a estas cuestiones e incide en el impacto de los dos conflictos armados en la lucha contra las noticias falsas.

“En 2016 se dan cuenta de que esto va en serio y surge el miedo a que se hackee el propio proceso europeísta desde dentro, en el marco de las elecciones europeas de 2019”, dice Jorge Tuñón, catedrático de la Universidad Carlos III y uno de los autores del informe, junto con la doctoranda Rocío Sánchez del Vas y el periodista Iñigo Sáenz de Ugarte.

Ocho años de carrera frenética contra la desinformación

El miedo al boicot en las elecciones postbrexit, marcadas por el auge de los grupos euroescépticos, impulsó la primera batería de medidas contra la desinformación. Desde entonces, se ha desarrollado todo un “corpus legislativo” que Tuñón ordena en tres fases. 

Entre 2017 y 2019 ven la luz varias iniciativas previas a los comicios del Europarlamento, en los que se sabe que hubo intentos de alentar a la abstención y de minar la credibilidad de las instituciones. La Covid-19 impulsó las llamadas leyes de “segunda generación”, para hacer frente al movimiento “anti-vacunas”, que se movió con fuerza en redes sociales. La ONU, entonces, acuñó el término “infodemia”: había tanta información, que era imposible diferenciar la verdad de la mentira. 

“La UE se da cuenta en estos años de que debe proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contrastada”, explica el catedrático. Para ello, se aprobó el Plan de Acción por la Democracia, la creación del Observatorio Europeo de Medios de Comunicación y se revisó el Código de Buenas Conductas.

La ley de Servicios Digitales y la ley de Medios de Comunicación, fundamentales en esta materia, son posteriores, aprobadas ya bajo la invasión a Ucrania. “La ley de Medios protege, por primera vez, el pluralismo y la independencia de los periodistas. Algo que no se había hecho hasta ahora”, añade Tuñón. “Por su parte, la de Servicios Digitales obliga a las grandes plataformas a una mayor rendición de cuentas, algo que ya está teniendo sus consecuencias”.

La respuesta europea en tiempos de guerra

El 24 de febrero de 2022 Vladímir Putin anunció en la televisión rusa el inicio de una “operación militar” en Ucrania. Ese mismo día Kiev denunció la invasión en su cuenta de Twitter. Lo hizo con un meme. 

“La propaganda es un arma de guerra que está con nosotros desde que existen los medios de masas, pero con las nuevas tecnologías se viralizan mucho más y llegan a millones de personas”, cuenta Rocío Sánchez del Vas. Las guerras ya no se libran como antes. Las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla que no entiende de fronteras, y del que no estamos protegidos, especialmente en un conflicto como este, en el que Europa ha tenido que posicionarse abiertamente con uno de los bandos.

Un buen ejemplo de ello fue la voladura de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, que coincidió con la aprobación de fuertes sanciones económicas contra Rusia. Durante meses se utilizó el sabotaje para atacar a Putin, pero cuando algunas investigaciones apuntaron hacia Ucrania y Polonia, sencillamente se hizo el silencio: “Es un ejemplo de cómo ciertas informaciones, que se consideran dañinas para el bando que se apoya, no aparecen bien reflejadas en los medios”, explica Íñigo Sáenz de Ugarte. “No es necesariamente desinformación, pero sí una ignorancia tolerada por los medios y los gobiernos sobre un hecho concreto, que no tiene razón de ser en democracia”. 

La cancelación de los medios de propaganda rusos Rusia Today y Sputnik también abrieron un intenso debate en el continente. “En una democracia, la disidencia es permitida y los comentarios pro-rusos se deben permitir. Otra cosa es bloquear a un medio de propaganda como RT”, opina Sáenz de Ugarte.

Gaza y la desinformación para deshumanizar

“Nunca había visto un conflicto donde se subiera —a las redes— tanta desinformación con la intención directa de deshumanizar a las víctimas reales de la guerra”, aseguraba hace unos meses Shayan Sardarizadeh, periodista de verificación de la BBC, en una cita que recoge el informe. 

Los autores han hecho un recorrido por los principales mensajes propagandísticos de esta nueva escalada bélica, en la que se han rebasado muchos límites morales en el plano digital: primero, con la difusión masiva de imágenes de la matanza del siete de octubre por parte de Hamás —los terroristas suelen ir acompañados de cámaras—, pero, más tarde, incluso con “tiktoks” de soldados agrediendo a palestinos o influencers disfrazados de víctimas.

Desde el minuto uno el gobierno israelí activó lo que se conoce como hasbará, un término intermedio entre propaganda y diplomacia, con el que busca controlar el relato y atacar a sus enemigos. Gran parte de esa campaña ha ido dirigida a la UNRWA, acusando a algunos de sus miembros de colaborar en el atentado. “Israel quería demostrar que era un brazo más de Hamás, lo cual es falso. Meses después, no han aportado ninguna prueba concluyente, a pesar de las consecuencias que tuvo, porque muchos gobiernos retiraron su financiación al organismo”, explica Sáenz de Ugarte.

Uno de los bulos más impactantes de estos meses empezó en un directo de la televisión israelí. “He hablado con algunos de los soldados y me dicen que lo que han visto es a bebés con la cabeza cortada”, aseguró un periodista. No era cierto, pero la cuenta de Twitter oficial del Gobierno se hizo eco de ello y el mismo Joe Biden aseguró haber visto unas imágenes que no existían. Aunque luego se desmintió, en tan sólo dos días aquella noticia falsa tuvo 44 millones de impresiones, 300.000 likes y hasta 100.000 retuits.

La  guerra en Gaza cuenta con una dificultad añadida. A diferencia de Ucrania, los periodistas extranjeros no tienen acceso al terreno de combate porque Israel no se lo permite. “Para poder luchar contra la desinformación es necesario poder acceder a las zonas de guerra y eso no se está pudiendo hacer en Gaza, donde sólo están informando los periodistas palestinos, con verdadero heroísmo”, recuerda el periodista y coautor del informe. 

Las 'Big Tech,' principales beneficiarias de la desinformación

“La desinformación genera muchos más clicks que las informaciones veraces, y hay personas que se están lucrando con ello”, asegura Tuñón, que apunta a la necesidad de aclarar las responsabilidades de estas empresas “que se benefician de la falta de regulación”. 

Para los tres expertos, el antídoto a la desinformación pasa por una triada de medidas: educación, regulación y cooperación. “La alfabetización mediática es una vacuna, no puede parar el virus, pero sí la enfermedad que provoca”, explica Tuñón. En este contexto han jugado un papel protagonista los fact checkers o verificadores, no sólo como divulgadores. “Son más importantes de lo que parecen. Han actuado como mediadores entre gobiernos, usuarios y empresas”, apunta Sánchez Del Vas. 

En cualquier caso, tanto Tuñón como Sánchez del Vas coinciden en que nada será posible sin las grandes tecnológicas. Pero ¿están dispuestas a colaborar? Por el momento, reconocen que actitudes como las de Elon Musk siembran la duda y que, aunque algunas plataformas han tomado medidas, no han sido muy útiles. Es el caso del “tick azul” de Twitter, que ha perdido su eficacia al hacerse de pago, o de las “community notes” (la posibilidad para los usuarios de añadir notas de contexto a una publicación potencialmente engañosa), menos eficaces de lo que parece, según recoge el informe. A ello hay que sumarle la “batalla legal” entre algunas de estas empresas y la Unión Europea. La semana pasada Tiktok ha paralizado su versión de pago en España y Francia, mientras se investiga la falta de protección a menores  y el uso de interfaces adictivas en su nueva red social.

“Nunca vamos a conseguir atajar para siempre la desinformación, porque es parte de las guerras híbridas, que tienen como objetivo, en ocasiones, el territorio europeo”, concluye Tuñón, mientras que Sánchez Del Vas incide en a la dificultad de regular “el monstruo de la desinformación” ante avances tecnológicos imprevisibles. Sáenz de Ugarte pone encima de la mesa a un actor más, los medios de comunicación: “Para combatir la desinformación que viene del extranjero, necesitamos secciones de internacional de calidad, que generen interés y confianza en la ciudadanía”.

Betty Mutesi es directora regional de la organización International Alert y experta en justicia transicional y procesos de paz. En el 30 aniversario del genocidio de Ruanda, habla con elDiario.es desde este país, donde, además, es cónsul honoraria de España desde 2009. “Las mujeres han jugado un papel protagonista en la reconstrucción de la paz” en Ruanda, afirma la experta, tras el comienzo en abril de los tres meses de conmemoraciones para recordar el genocidio, en el que murieron entre 800.000 y un millón de personas, la mayoría de etnia tutsi. Gran parte de los fallecidos eran hombres, y otros muchos huyeron del país o entraron en las cárceles.

“La vida de la mujer en Ruanda ha cambiado para siempre”, desde que el conflicto las obligara a quedarse al frente del país. Asumieron labores que hasta ese momento les habían sido negadas: se hicieron cargo de los cultivos, empezaron a trabajar y se incorporaron a las escuelas. Décadas después, el resultado es que un 60% de los escaños del Parlamento ruandés están ocupados por mujeres, el porcentaje más alto del mundo. Las mujeres han llegado a ocupar carteras tan importantes como la de Recursos Minerales o Asuntos Exteriores, siempre bajo el control férreo del presidente Paul Kagame, que lleva en el poder desde 2003 y volverá a presentarse a las elecciones de julio.

La experta cree que se ha avanzado mucho en estas tres décadas, pero que aún queda mucho camino por recorrer para lograr una sociedad igualitaria y, especialmente, para cerrar las heridas del pasado. Una de las labores de la organización a la que pertenece es ofrecer terapia a víctimas del conflicto y sus hijos, que heredan los traumas del genocidio. Pero también trabajan con las familias de quienes perpetraron los asesinatos y que, tres décadas después, arrastran la culpa y la vergüenza.

Además, en los próximos cuatro años, se estima que 350.000 condenados por crímenes perpetrados durante el genocidio saldrán de las cárceles: “Es necesario tener un proceso de reintegración significativo en las familias”, apunta Mutesi.

¿Qué papel ha jugado la mujer ruandesa en el proceso de reconstrucción de la paz? 

Las mujeres han jugado un papel protagonista en la reconstrucción de la paz. No sólo en el Parlamento, donde son mayoría, sino dentro del Gobierno, asumiendo puestos de poder relevantes. Han liderado programas de reconciliación y reparación, tanto gubernamentales, como de otras organizaciones; y han participado en los gacaca  [un sistema de Justicia tradicional al que se recurrió tras el genocidio].

Tras el genocidio, miles y miles de hombres murieron, entraron en las cárceles o huyeron del país. Las mujeres se quedaron solas y tuvieron que trabajar en oficios que antes eran de hombres, entonces, el papel de la mujer no se ha limitado a la política y las nuevas leyes, sino que han contribuido a la economía de las familias. No fue su decisión, pero en un momento difícil demostraron que son capaces, que tienen fuerza y pueden ser líderes. 

En el día a día, ¿cómo es el antes y el después de la vida de las mujeres en Ruanda?

Todavía hay prejuicios, claro, y muchas cosas en las que mejorar. Vivimos en una cultura patriarcal y va a llevar mucho tiempo cambiar la manera de pensar de los hombres y de la sociedad. Pero creo que la vida de la mujer en Ruanda ha cambiado para siempre. Ahora se reconoce su capacidad, se le permite trabajar, tiene voz y voto en su comunidad…. Ha cambiado la percepción que se tiene sobre qué es ser una chica y qué cosas puede o no hacer. 

El liderazgo de las mujeres tras el genocidio ha provocado un cambio de mentalidad en las familias. Las mujeres poco a poco han ganado influencia y ahora poseen sus propias tierras, las trabajan y no dependen de sus maridos. Se ha normalizado que la mujer trabaje, que vaya a la universidad o que sea ministra. Ahora somos importantes en todos los ámbitos de la vida. 

No fue su decisión, pero en un momento difícil demostraron que son capaces, que tienen fuerza y pueden ser líderes

¿Ese empoderamiento habría sido posible sin un marco legal que fijara cuotas para las mujeres en las instituciones? 

Ruanda no es un país aislado del mundo y la globalización, los movimientos feministas han impulsado mejoras. Las mujeres se han visto influenciadas por ellos. Pero todo ello ha ido acompañado de leyes y normas en favor de la igualdad. La Constitución, por ejemplo, fija un 30% mínimo de representación femenina en el Parlamento, aunque se rebasa ese porcentaje desde hace años. El hecho de que hayan podido entrar en la política ha significado impulsar leyes sobre los problemas que las afectan.

Se estima que unas 250.000 mujeres sufrieron violencia sexual durante el genocidio. Además, según el Observatorio de la Violencia, los sexuales son los delitos que más han quedado impunes. ¿Todavía cuesta hablar de ello?

Es muy difícil para las víctimas hablar de algo así, han sufrido mucho. Muchísimas mujeres fueron brutalmente violadas en 1994 y dieron a luz a niños que no saben quiénes son sus padres. Un estudio reciente cifra en un 69% los niños que nacieron bajo estas circunstancias tras el genocidio. Ellas tienen secuelas psicológicas que sus hijos han heredado, junto al rechazo, el estigma en las comunidades, y otras muchas cosas.

Estas mujeres han sido rechazadas en sus pueblos y, a veces, en sus propias familias. Los niños también han podido sufrir el rechazo de sus madres y vecinos por cómo fueron concebidos, pero se está trabajando en ello desde hace años con espacios para hablar abiertamente del pasado. Hemos trabajado con algunas de estas familias y los resultados han sido buenos. 

En varias ocasiones, ha dicho que todavía hay que luchar contra el silencio. ¿Es un silencio dentro de las casas, entre vecinos, es miedo a ser juzgados? 

El silencio está muy presente y son muchas las razones que hay detrás. Lo primero es entender que este silencio tiene efectos negativos en la vida de las personas. Hay una necesidad de generar confianza, incluso en las escuelas, donde se explica lo que pasó, pero puede ser difícil hacer preguntas… Hay un cierto miedo, que puede venir del tipo de gobernanza.

En las comunidades también sucede y nos dificulta el desarrollo de los programas de reconciliación que llevamos a cabo en diferentes asociaciones. Al principio cuesta que la gente se abra porque hacerlo es revivir el trauma. El pasado afecta al presente, hay familias que perdieron a muchos de sus miembros y otras donde pesa una gran culpa por los asesinatos que cometieron sus familiares. 

Una gran parte de la población de Ruanda no ha vivido el genocidio, pero lo tienen muy presente. Usted habla de trauma transgeneracional, ¿a qué se refiere?

Después de un suceso como el genocidio de Ruanda, el dolor se transmite de padres a hijos, incluso a nietos. Según el Barómetro de Reconciliación de Ruanda de 2020, las heridas emocionales no cicatrizadas son de un 27% de la población. Conviene recordar cómo fue el genocidio, un genocidio que dejó casi un millón de muertos en muy pocos días, que se produjo entre vecinos y dejó un enorme shock psicológico. Este es el origen de lo que llamamos trauma transgeneracional.

Sabemos por otros estudios que un 20% de la población aproximadamente dice sufrir algún problema de salud mental, entre ellos, hijos de padres que fueron víctimas o perpetradores del genocidio. Los jóvenes, que son el 70% del país, conocen el genocidio por lo que les han contado en casa o en las escuelas. Sus familiares les han contado la agonía que sufrieron o, en el caso contrario, que no recibieron un trato justo en el sistema judicial. Toda esa información sesgada ha afectado realmente a la población joven. Por eso ellos tienen que ser el foco de las políticas de paz, porque son el futuro. 

Las organizaciones estamos dirigiéndonos cada vez más a ellos. Creo que en un momento dado no se les prestó la atención necesaria, pero que esto ha cambiado realmente y se les está tratando de brindar apoyo psicosocial a nivel comunitario. Esto, a la vez, hace que aumente la conciencia en los pueblos para acudir a estas terapias. Este verano, en el que se van a seguir celebrando actos de memoria por los treinta años del genocidio, vamos a crear espacios enfocándonos en el ámbito familiar, especialmente en el caso de las familias con perpetradores en las cárceles, donde el sentimiento de culpa se hereda. 

El pasado afecta al presente, hay familias que perdieron a muchos de sus miembros y otras donde pesa una gran culpa por los asesinatos que cometieron sus familiares

En los próximos años saldrán de prisión las personas con penas más altas por genocidio. ¿Está la sociedad ruandesa preparada para este momento?

Los perpetradores con sentencias más altas, entre veinte y treinta años, están saliendo de la cárcel. Lo van a hacer en los próximos tres, cuatro años. Para ello es necesario tener un proceso de reintegración significativo en la sociedad, pero también en las familias.

Va a ser un reto, pero se está abordando desde muchos ámbitos y entidades para evitar que haya efectos negativos. Son alrededor de 35.000 personas, que se van a tener que integrar tras haber sido acusados de los crímenes más graves. No creo que ninguna sociedad esté preparada para algo así, pero se está haciendo un esfuerzo y hay un interés generalizado de que salga bien. 

¿Sigue latente el miedo a que se reactive el odio entre etnias? 

Ese miedo siempre está presente. Aún hay un 8% de continuidad de una ideología del genocidio y de una política divisiva, pero, según datos gubernamentales, la situación de reconciliación en Ruanda pasó del 82,3% en 2010 al 94,7 en 2020.

Hay desafíos, evidentemente, como abordar el legado social, psicológico y económico, no sólo del genocidio contra los tutsis, sino de décadas de estereotipos étnicos, discriminación, violencia e impunidad, liderados por los gobiernos precedentes al genocidio. Ya no somos de una etnia u otra, somos ruandeses, y se ha impulsado mucho este mensaje, pero, como decía, hay que abordar las heridas que no han cicatrizado en supervivientes y en los perpetradores y sus familias. 

Aún hay un 8% de continuidad de una ideología del genocidio y de una política divisiva

Después de treinta años, ¿qué hemos aprendido todos del genocidio de Ruanda?

¿Hemos aprendido algo? Es difícil decirlo porque años después sigue muriendo mucha gente en el mundo, en África y otros lugares. Se viven situaciones parecidas en otros países en estos momentos, pero la esperanza está en que todavía hay personas que trabajan por la paz y siempre las habrá, con mejores herramientas que entonces. 

Con vistas al futuro, ¿cuáles son los retos para mantener una paz duradera y cerrar las heridas del genocidio? 

Son muchos los retos, empezando por los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo. Más de un 20% de los jóvenes de la región no tienen trabajo, en una región donde proliferan los grupos armados. Otro de los retos es precisamente este, las crisis actuales en República Democrática del Congo y en Burundi, nuestros países vecinos, que impactan en nuestra estabilidad, y hay mucha negatividad sobre lo qué está pasando ahí. 

Por último, creo que hace falta mejorar en gobernanza. La gobernanza y el tipo de democracia actual obstaculiza los espacios abiertos de diálogo y libertad para abordar los traumas de forma constructiva, sin miedo a la censura. La existencia de elementos de buen gobierno está relacionada con el trabajo que aún queda pendiente con los grupos más afectados por el genocidio, y el riesgo a que continúe el trauma transgeneracional. 

Amnistía Internacional (AI) da la voz de alarma ante los incumplimientos del derecho internacional de gobiernos y actores empresariales. En su informe anual que, como reza su titular, hace una radiografía de La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización constata un retroceso en el respeto de los derechos humanos, a la vez que se multiplican los conflictos armados. “El informe presenta un sombrío panorama de alarmante represión de los DDHH y frecuente infracción internacional de las normas establecidas, en un contexto de desigualdad global creciente”, ha señalado su secretaria general Agnés Callamard.

La máxima responsable de la organización ha comparado la situación actual con la película de culto Regreso al futuro. Estaríamos frente a una “máquina del tiempo”, que nos ha trasladado hasta mucho antes de 1985, concretamente, hasta el año en que se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos. “Estamos retrocediendo hasta 1948. El mundo dijo entonces ‘nunca más’. Sin embargo, las bases morales de ese ‘nunca más’ se quebraron en mil pedazos en 2023”, ha subrayado Callamard.

El conflicto palestino-israelí ha marcado la recta final del año pasado, con el desplazamiento forzosos de casi 1,9 millones de palestinos, y la muerte hasta la fecha de más de 34.000, entre bombardeos, hambruna y falta de asistencia humanitaria. Los datos recogidos en el informe, que se ha presentado este martes en Londres, apuntan a que los indicios de crímenes de guerra continúan acumulándose en la Franja, mientras el gobierno israelí “se burla del derecho internacional”.

Dejación de funciones en la protección de los DDHH

“La falta de medidas de la comunidad internacional para impedir que se mate a miles de personas y niños en la Franja de Gaza ocupada pone de manifiesto que las instituciones establecidas para proteger a civiles y hacer valer los derechos humanos no cumplen ya su función”, ha asegurado Callamard. La secretaria general ha hecho mención al “doble rasero” de Europa, que apoya a Israel mientras denuncia los crímenes de guerra de Rusia y Hamás; y ha recordado que Estados Unidos ha bloqueado durante meses un alto el fuego en la zona, mientras sigue enviando armas a Tel Aviv. 

En el informe se documentan, un año más, ataques indiscriminados contra zonas ucranianas densamente pobladas por parte de Rusia, así como el uso de la tortura y malos tratos a prisioneros. 2023 también estuvo marcado por la grave crisis humanitaria que atraviesa Sudán, donde más de ocho millones de personas se han visto obligadas a huir y al menos 12.000 fallecieron en ataques indiscriminados contra civiles. 

“Dada la situación global, se necesitan medidas urgentes para revitalizar y renovar las instituciones internacionales”, ha señalado Callamard. “Deben tomarse medidas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, de manera que los miembros permanentes no puedan ejercer su poder de voto sin control”. 

2024, un año electoral bajo el miedo a la desinformación

AI también alerta sobre los riesgos que acarrea una tecnología que avanza a un ritmo tan frenético que es prácticamente imposible ponerle límites. La llegada antes de lo previsto de la inteligencia artificial ha propiciado un terreno fértil para el racismo, la represión y la desinformación en un año clave en lo electoral. Las regulaciones llegan “tarde y a cuentagotas”, avisa la organización, y amenazan con una “sobrecarga” de las violaciones de los derechos humanos. 

El Salvador y Senegal han sido de los primeros países en ir a las urnas y pronto lo hará India, con uno de los procesos de votación más largos del mundo. La Unión Europea reconfigurará su parlamento en junio y, en noviembre, será el momento de las elecciones presidenciales de Estados unidos. “Durante un año electoral clave y ante los cada vez más poderosos grupos de presión que, impulsados y financiados por los actores de las grandes empresas tecnológicas, se oponen a la regulación, estos avances tecnológicos descontrolados y no regulados suponen una enorme amenaza para el mundo”, ha afirmado Callamard. 

La tecnología es una herramienta más de los actores políticos en muchas partes del mundo para manipular discursos basados en el enfrentamiento y conseguir votos, denuncia la organización. En este panorama, los más afectados son minorías raciales y étnicas, mujeres, discapacitados, personas LGTBI… La organización por los derechos humanos recuerda que las redes sociales, como Facebook, Instagram o Tiktok, sirven de catalizador para cometer violaciones de derechos, especialmente en contextos electorales. Los contenidos de odio han aumentado, por ejemplo, con la guerra en Gaza, con mensajes islamófobos y antisemitas en Estados Unidos y Europa. 

“Hemos visto cómo el odio, la discriminación y la desinformación son amplificados y propagados por algoritmos de las redes sociales”, explica Callamard: “Las herramientas pueden generar imágenes, audios y vídeos sintéticos en segundos, así como llegar a grupos específicos de público a escala, pero la regulación tiene todavía que ponerse al día con estas amenazas”.

Según el informe, se ha utilizado reconocimiento facial para controlar protestas públicas en lugares como Argentina, India o Reino Unido. El Departamento de Policía de Nueva York ha utilizado este tipo de herramientas para vigilar las manifestaciones del Black Lives Matter, según ellos mismos han revelado tras acciones legales emprendidas por Amnistía Internacional.

Software espías y tecnologías de externalización de fronteras

Estas herramientas no han estado exentas de utilizarse en los conflictos armados. Amnistía Internacional denuncia el papel que han jugado las grandes tecnológicas en la expansión de algunos de estos conflictos, con la venta de herramientas automatizadas, programas de vigilancia masiva y software espía. En Etiopía en el contexto del conflicto armado, se instrumentalizó la tecnología para enfrentar a unas comunidades con otras.

En las zonas fronterizas, un año más, se ha recurrido al uso de alternativas digitales de detención, tecnologías de externalización de fronteras, software de datos, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones, con sesgos racistas y xenófobos, poniendo en riesgo la vida y los derechos de miles de migrantes y refugiados. Y una vez dentro de las fronteras todos estos mecanismos, denuncia AI, se han utilizado para ejercer una vigilancia “desmedida” contra las personas racializadas y migrantes. 

La organización de derechos humanos prevé que estos problemas se agudicen en 2024. El uso de programas espías ha permanecido en buena medida sin regular, a pesar de su vinculación con el seguimiento de defensores de los derechos humanos, activistas o periodistas. En 2023, AI desveló el uso de Pegasus contra periodistas y activistas de la sociedad civil en países como Armenia, India, República Dominicana y Serbia, a la vez que se vendían libremente estos sistemas desde la UE a Estados de todo el mundo. En el último año, en España tampoco ha habido avances que permitan aclarar responsabilidades sobre quién espió con Pegasus a al menos 65 periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad catalana; o sobre quién utilizó esta misma tecnología contra el Presidente del Gobierno y los ministros de Interior y Defensa, un caso reabierto finalmente este martes por la Audiencia Nacional.

“Hay un enorme abismo entre los riesgos del avance descontrolado de las tecnologías y el nivel que tenemos que alcanzar en materia de regulación y protección. Es el futuro que nos espera y no hará más que empeorar si no se limita la proliferación desenfrenada de tecnología no regulada”, ha señalado Agnès Callamard, que reconoce algunos avances legislativos como la Ley de Servicios Digitales de toda la UE.

En el otro lado de la balanza, frente al “posible colapso del derecho internacional”, miles de personas han salido a las calles en 2023 para exigir el fin de la guerra, justicia climática o reivindicar derechos sociales. El Me Too y otras organizaciones civiles han conseguido que Taiwán apruebe una reforma de la Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual para poner fin a la violencia en Internet. La COP 28, aunque insuficiente, habló por primera vez de la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. La población de Estados Unidos, El Salvador y Polonia se echó a la calle para reivindicar el derecho al aborto. El conflicto entre Israel y Hamás ha desencadenado centenares de protestas en todo el mundo exigiendo el alto el fuego. “La gente ha dejado totalmente claro que quiere derechos humanos, ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, ha sentenciado Callamard. 

El puente Avenida entre Irún y Hendaya tiene apenas 112 metros de longitud. Por este cruce, que separa el último reducto vasco antes de llegar a territorio francés, pasan a diario decenas de vecinos y, desde aproximadamente 2018, también lo hacen otras tantas personas migrantes en su intento de llegar a Francia.

Ambas ciudades son “ciudades de tránsito”. Son parada obligatoria para aquellas personas que llegan a España con la intención de continuar su viaje hacia otros países de la Unión Europea, como Francia o Alemania. Ion Aranguren es voluntario de Irungo Herrera Sarea, una red de vecinos irundarras que se han movilizado para dar asistencia a los migrantes que pasan por la localidad. Les recogen en las estaciones, les dan ropa si la necesitan y, cada día, colocan una mesa informativa en la plaza de San Juan.

“Les informamos de los pocos derechos que les quedan y de cómo continuar su camino. No pasan más de veinte o treinta minutos con nosotros”, dice en una entrevista telefónica con este medio. En este corto periodo de tiempo conocen de ellos lo básico. De dónde vienen (un 90% de ellos de África, y desde hace unas semanas han aumentado las llegadas de malienses frente a los guineanos), a dónde quieren ir, o por qué se van de España - por el idioma, en busca de familiares o de mayores oportunidades de trabajo-. Pero es difícil saber si un chico tiene la edad que dice tener, si sus familiares realmente lo son, o si la oferta de trabajo por la que han abandonado sus casas no es más que un cebo de posibles redes de trata. 

Estas son algunas de las situaciones que están investigando y tratando de atajar un grupo de siete organizaciones procedentes de España, Italia y Francia con el proyecto E.V.A (en inglés “Detección Temprana y Protección de Víctimas de Trata en Contextos de Frontera). Llevan un año trabajando en Irún y otras zonas de tránsito italianas y francesas, como Ventimiglia, Nimes o París. Su trabajo, que se prolongará hasta 2025, consiste en identificar  y dar apoyo a mujeres jóvenes y menores que son o han sido víctimas de trata. 

Precisamente en Irún tuvo lugar el pasado marzo un encuentro entre los diferentes grupos de trabajo, organizado por Save the Children, una de las ONG que participan en el proyecto. “Hemos corroborado perfiles diferentes en cada país. En Italia y Francia hay un alto número de mujeres y niñas, pero en Irún un 70% de los atendidos son chicos”, explica en conversaciones con elDiario.es Charro Arranz, directora de Save the Children en Euskadi. “Sabemos que hay mujeres y niños, pero no pasan por nuestra oficina porque se quedan en los albergues, por lo que puede haber un punto de invisibilización que estamos estudiando”, agrega.

Hasta el momento, les consta que al menos una menor pudo ser localizada y protegida ya en territorio francés tras haber llamado a las autoridades españolas, gracias a que se le facilitó el teléfono de emergencias antes de cruzar la frontera. “Cuando vienen a nuestras oficinas les hacemos una serie de preguntas que nos pueden hacer sospechar de casos de trata. Ante la duda, siempre les facilitamos contactos y direcciones en las que pedir ayuda, ya sea en un díptico, una pulsera.. De alguna forma”, dice Arranz. 

Mujeres y niños

Lo que sucede en la frontera sur y la canaria se refleja semanas o meses más tarde en la frontera norte. Desde el 15 de febrero, la red ciudadana de Irún está atendiendo a una media de 70 personas al día, unas 600 al mes. Es el doble que el año pasado y saben que por la plaza de San Juan sólo pasan la mitad de quienes cruzan la frontera y, finalmente, reciben asistencia en Bayona. 

“En enero del año pasado llegaron a Canarias menos de 1.700 personas, en 2024 han sido más de 11.000”, recuerda Arranz, que apunta a que, tanto en Italia, como en España, cada vez atienden a más niños y mujeres migrantes, los dos perfiles más vulnerables frente a las mafias. “Nos preocupa que el aumento de llegadas de menores migrantes que estamos viviendo en los últimos meses se traduzca también en mayores riesgos para esta infancia al caer en posibles redes de trata”. 

“En las fronteras nos movemos en base a indicios. La explotación no se va a producir en ese lugar y las víctimas pueden no haber sido captadas todavía o no ser aún conscientes de haberlo sido”, explica a elDiario.es Teresa De Gasperis, autora de varios informes sobre la trata de seres humanos y miembro de ACCEM, una de las entidades que forman parte de la Red Española Contra La Trata. En las fronteras y demás zonas de tránsito las víctimas aún se encuentran en un momento de entusiasmo, pensando que quienes les han contactado les van a garantizar una vida mejor: “Por eso se necesita personal formado en trata en las fronteras y mecanismos de detección temprana multidisciplinar. Al más mínimo indicio, deberían de activarse todos los mecanismos de protección y asistencia”. 

“Nos podemos encontrar con niñas y mujeres que vienen acompañadas de supuestos familiares, pero al entrevistarlos, o bien no saben nada de ellas, o no las dejan hablar. Son niñas, por ejemplo, que nunca están solas, les quitan el móvil y se las ve decaídas o asustadas”, dice Arranz poniendo algunos ejemplos de los casos que han visto estos meses. Tanto en Italia, como en España, las asociaciones implicadas en el proyecto E.V.A también se han encontrado con adolescentes que niegan ante las autoridades su minoría de edad para evitar entrar en el sistema de protección y poder continuar con su viaje, “convirtiéndose en carne de cañón para los traficantes”. De los menores que sí llegan a ser protegidos,  algunos desaparecen sin dejar rastro: “No podemos olvidar que en los últimos años han desaparecido 819 menores de los centros, de los cuáles se desconoce su paradero. Hay investigaciones que prueban cómo existen redes de explotación en Europa que se benefician de su alta vulnerabilidad”.

“Cada vez que llega un niño o adolescente a España en situación irregular debe valorarse la situación de riesgo y realizarse una investigación adecuada, con personal formado en infancia”, dice a elDiario.es Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en Infancia de Save The Children. La organización apunta a que la mayoría de perfiles que se identifican como vulnerables en la frontera sur, suelen arriesgar aún más su vida al continuar hacia otros territorios europeos. Por eso creen que aumentar las intervenciones en el norte puede ayudar a llegar a más víctimas. 

“En las fronteras los migrantes son vulnerables a ser explotados o captados por las mafias, de las que cada vez es más difícil huir” , asegura De Gasperi. “Han aprendido a camuflarse en Internet y están presentes en redes sociales, portales de empleo o apps de citas. Saben dónde encontrar a personas desesperadas por la pobreza, los conflictos o las políticas migratorias, cada vez más duras, de las que se aprovechan las redes de trata”. 

La “idea preconcebida” de la trata

“Hay que despojarse de la idea preconcebida que tenemos sobre la trata de seres humanos. La realidad es más compleja de lo que vemos en los medios de comunicación o se dice desde las instituciones”, dice Perazzo.

“En el imaginario colectivo la trata es sólo prostitución, pero estamos hablando de explotación laboral, delincuencia obligada, reclutamiento de niños soldados, tráficos de órganos…”, continúa explicando. La mayoría de víctimas son mujeres, un 53% de ellas, y un 61% sufren explotación sexual. Pero no es el único perfil, según datos oficiales, en 2022 se identificaron a 26 mejores víctimas de trata, unas cifras que duplican a las recogidas el año anterior, donde eran apenas una decena. En total, las víctimas identificadas ese año fueron 1.180, un 30% más que en 2021. “Estos datos son sólo la punta del iceberg. Las asociaciones sabemos que son muchas las víctimas que no llegan a ser identificadas”, apunta. 

“Un tipo de explotación que sabemos que se da en gran medida es la laboral, incluso en menores”, señala De Gasperis. En 2022 se realizaron 5.793 inspecciones administrativas en centros de trabajo, más de un millar sólo en Andalucía. Del total de víctimas de trata, más de la mitad eran menores: 89, frente a 85 adultos, con mayor prevalencia masculina en ambos casos. “Se ha mejorado mucho en los últimos años en cuanto a datos, pero todavía nos falta conocer, entre otras cosas, en qué sectores hay más prevalencia, como ya pasa en Reino Unido”, agrega.  En Euskadi, la región en la que trabaja Arranz, en el mes de diciembre hicieron frente a otra de las vertientes de la trata, los matrimonios forzados. “En Irún, cinco mujeres fueron captadas para ser casadas a la fuerza, entre ellas una mujer. Sólo una fue rescatada y está siendo protegida en otra comunidad autónoma, al resto se les perdió la pista”, lamenta. 

Precisamente el pasado ocho de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ministra de Igualdad anunció que se iba a retomar la aprobación de la Ley Integral de Trata de Seres Humanos, que en la pasada legislatura quedó en un cajón por el adelanto electoral. Esta ley es una petición histórica de las asociaciones para conseguir una visión “más amplia” de lo que es la trata. 

“El enfoque actual es muy sesgado, enfocado casi en exclusiva a la prostitución”, apunta la experta De Gasperis, que también resalta la necesidad de acabar con un marco legal “muy fragmentado y con algunas lagunas”. Por su parte, Perazzo es cauta y quiere esperar a conocer más sobre el texto que, espera, tenga un enfoque en la infancia: “Necesitamos formación en infancia para todos los actores implicados, recursos especializados para los niños que son víctimas y que estos cuenten con un representante legal que garantice sus derechos”. 

La inmigración se ha convertido en la principal baza política para muchos partidos de la extrema derecha. Esta semana, en el Congreso de los Diputados de España, volvió a escucharse un marcado discurso xenófobo por parte de Vox durante el debate de la puesta en consideración de la Iniciativa Legislativita Popular para una regularización extraordinaria de ciudadanos sin papeles. Los parlamentarios de la formación de Santiago Abascal insistieron en ligar sin datos la inmigración con el aumento de la criminalidad y azuzaron mensajes racistas cargados de odio. “Yo quiero que España siga siendo España, no Marruecos, Nigeria o Senegal”, dijo Rocío de Meer, diputada de Vox, el único partido que votó en contra de debatir la medida. “Claro que cambiarán nuestros barrios y claro que generarán víctimas, víctimas de fronteras abiertas”.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha asentado el discurso del odio de la extrema derecha en las instituciones españolas? ¿Cuándo empezó a instrumentalizarse la inmigración en España?

La irrupción de la extrema derecha en España fue algo tardía respecto al resto de la UE. Vox no fue noticia hasta su inesperado resultado en las elecciones andaluzas de 2018 y sus posteriores 52 diputados en el Congreso. Esto hizo que durante algún tiempo los analistas dibujaran a España como “una excepción”, también en la polarización del debate migratorio. Pero este proceso podría haber comenzado mucho antes, como apunta el estudio Politización de la inmigración y uso del lenguaje en las élites políticas: un estudio de los discursos en el parlamento español, realizado por un equipo multidisciplinar de la Universitat de València y la Universidad Politècnica de València. 

“Se ha minusvalorado el papel de la derecha tradicional en la politización de la migración”, afirma en conversaciones con elDiario.es Berta Chulvi, profesora de Psicología Social y principal autora de la investigación: “Que Vox tardara algo más en conseguir representación parlamentaria no implica, como se había creído hasta hace poco, que los discursos xenófobos y antiimigración no estuvieran presentes antes”. 

Según la investigadora, de alguna manera, “el Partido Popular ya le había preparado el terreno” a los de Abascal, modelando su forma de hablar en el Hemiciclo: “En determinado momento se instrumentaliza el problema de la migración y se mantienen en esa línea hasta la actualidad, independientemente del número de entradas en el país o del interés que suscite”, agrega. Son las principales conclusiones a las que han llegado tras analizar más de 2.000 discursos que pronunciaron tanto los diputados del PP como del PSOE —los dos partidos que se alternaban en el poder— entre 1996 y 2016: “Hemos elegido este periodo porque abarca una década antes y otra después de un año que hemos considerado clave: 2006”. 

Es el año de la llamada “crisis de los cayucos”. Canarias recibió en esa fecha más de 36.000 personas, un suceso sin precedentes hasta el momento en España. Varios países europeos, entre ellos Alemania, Holanda o Italia, se mostraron reticentes a enviar ayuda al archipiélago y acusaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber provocado “un efecto llamada” con, precisamente, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes sin papeles aprobado por su Ejecutivo en 2005. A estas críticas se sumaron los populares de Mariano Rajoy pidiendo por activa y por pasiva la dimisión del impulsor de aquella medida, Jesús Caldera Capitán, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, adaptando su ya tradicional “váyase, señor González”: 

“Señor ministro, usted dijo que iba a poner el contador de la inmigración a cero y ha fracasado. El contador marca más de un millón y medio. Usted dijo que iba a poner legalidad donde había ilegalidad. Ha fracasado, hoy hay más ilegalidad que nunca. Usted decía que íbamos a ser la envidia de Europa y somos los más criticados. (...) Váyase a su casa, señor Caldera, porque los españoles se lo van a agradecer”, dijo María Salom Coll, diputada del PP, el 13 de septiembre de 2006.

Este es un extracto de una de las intervenciones que han recogido los investigadores como ejemplo del cambio en la estrategia del Partido Popular sobre la inmigración. En ella se aprecian algunos de los elementos que han tenido en cuenta durante el estudio: uso reiterado de apelaciones (señor ministro, usted), negatividad o lenguaje poco analítico.

“El PP actual no es el mismo de antes de 2006”, continúa explicando la experta. De los dos partidos, es el que más fluctuaciones presenta entre un periodo y otro. Por ejemplo, si nos fijamos en una de las gráficas elaboradas por el equipo valenciano, la que explica los resultados del índice “nosotros vs ellos” en dos períodos diferentes, 1996-2005 y 2006-2016, vemos que la recta que representa a los conservadores prácticamente cae en picado a partir de 2006, mientras que la del PSOE apenas tiene variaciones. 

Este índice hace referencia al número de veces que se utiliza la primera persona del plural frente a la tercera, por tanto un resultado negativo significa que prepondera el uso de “ellos, aquellos”. “Estos datos, aunque puedan parecer abstractos, son muy reveladores porque este índice está relacionado con el discurso del odio”, dice la experta. “En este caso no sólo analizamos qué ha pasado entre una franja de tiempo y otra, sino qué cambios hay entre estar en la oposición y estar en el Gobierno. En el PSOE apenas los vemos, por eso se mantiene en la mitad de la gráfica y prácticamente en horizontal, pero el PP cambia completamente su estrategia discursiva, la suaviza mucho en el Gobierno y la radicaliza cuando pierde el poder”. 

¿Hay una relación entre volumen de inmigración y polarización? 

Más allá de la crisis de los cayucos, en los años anteriores el flujo migratorio ya había sido especialmente alto. Entre 1996 y 2006 el número de extranjeros nacionalizados en el territorio pasó de 542.314 personas a 4.144.166 en 2006. Sin embargo, no era un tema de gran interés en la opinión pública ni de confrontación excesiva de los grupos políticos. Solo encendieron el caldero algunos hechos puntuales, como los asesinatos de El Ejido del año 2000 que generaron un estallido de violencia racista durante tres días.

No pasó lo mismo de 2008 en adelante. A partir de ese año el número de llegadas a España comenzó a estabilizarse y en 2010  incluso se redujo. La atención de la ciudadanía por el tema fue paralelamente decreciendo, pero no lo hizo de la misma manera el número de debates dedicados a esa cuestión, que se mantuvo elevado en los años posteriores a la crisis. El estilo del debate tampoco volvió a ser el mismo. 

Chulvi recuerda una intervención del 18 de septiembre de 1996, el primer año en el que ellos empiezan a contabilizar discursos. Lo pronunció Jaime Mayor Oreja, diputado por Álava: “Tenemos la suerte en esta Cámara de que no haya ningún grupo político con sentimientos xenófobos; creo que no puede decir lo mismo ningún parlamento europeo (...) pero eso de dejar caer que un grupo es más o menos radical que otro, o más xenófobo, es mala política para España, sobre todo en materia de inmigración, donde nos vamos a necesitar en los próximos años, gobierne quien gobierne”.

“Sería imposible escuchar ahora algo así”, asegura. Un estudio similar, que mencionan los autores en su bibliografía, llegó a resultados similares analizando los efectos de la crisis de refugiados de 2015 en Europa. En esta investigación, publicada en el año 2022, se fija la primera década de los años 2000 como punto de inflexión en la forma en la que se habla sobre los extranjeros. Además, se señala que “no fueron los partidos de derecha radical los que provocaron el cambio en la retórica sobre la inmigración”, sino que los partidos de centro-derecha también produjeron estos cambios “a menudo antes de verse sometidos a una fuerte presión por las nuevas corrientes conservadoras”. 

La crispación aumenta en la oposición

“El mensaje cambia en función del sillón en el que uno se sienta”, sentencia Chulvi. Es algo que se aprecia en los seis índices que se han planteado a lo largo del estudio. “Aunque el PP cambia mucho más su tipo de discursos, ambos lo hacen”, añade. 

Los populares son los que más varían en su léxico entre los años que pasaron en la oposición, de 2004 y 2011, frente a los que gobernaron, tanto con Aznar, como con Rajoy. Para llegar a esta afirmación, durante la investigación se han clasificado todos los discursos en dos estereotipos: el de los migrantes como víctimas, más utilizado por el PSOE; y el que los ve como amenazas, el preferente del PP. “Ambos, por su ideología, se orientan más hacia un lado u otro, pero nos ha llamado la atención que el PP, cuando está en el Gobierno encasilla más al extranjero como víctima que el PSOE cuando está en esa posición”. La autora no se atreve a determinar el motivo exacto por el que esto sucede, aunque intuye que se debe al juego político y a las responsabilidades que luego cada uno debe asumir cuando tiene el bastón de mando. 

La forma en la que han clasificado los textos dice mucho del léxico que utilizamos todos en el día a día, y en el imaginario sobre los extranjeros que se genera en la opinión pública. Gracias a la Inteligencia Artificial han puntuado cada palabra utilizada, en cada uno de los más de 2.000 discursos recogidos, en función de cuántas veces se utilizan bajo el prejuicio de “amenaza” o de “víctima”. Por ejemplo, palabras como “muerte”, “tragedia” o “racismo” se utilizan siempre en oraciones del segundo tipo, mientras que “repatriado”, “patera” o “ilegal” se pronuncian más en frases de “amenaza”. Otro elemento que han tenido en cuenta es el uso de los pronombres de segunda persona, o cuántas veces y en qué momento se pronuncia más “tú” y “usted”. “Es similar a señalar a alguien con el dedo cuando se habla, por lo que abunda en las intervenciones desde la oposición”, explica la profesora. 

Por último, han querido saber, en base a una serie de algoritmos, en qué situaciones se recurría más a discursos “poco analíticos” ( con un lenguaje simple y sin muchos datos) y en qué circunstancias solían tener un tono considerado negativo. En ambos casos, asegura la principal autora, aumentan desde la oposición, aunque “cada vez es más frecuente encontrar discursos emocionales y de confrontación”.

Viernes 29 de marzo, primera hora de la mañana. Un vecino del barrio madrileño de Lavapiés graba con su móvil una detención policial violenta de dos jóvenes negros y la publica en redes sociales, expresando su indignación. Cientos de personas se hacen eco de esas imágenes, en las que puede verse cómo un agente inmoviliza a un chico en el suelo, mientras que un segundo policía le golpea en la pierna varias veces. Instantes después, este segundo policía arremete contra otro chico, que no ofrece resistencia en ningún momento y trata de sentarse en el suelo, pero recibe un fuerte golpe a la altura de la clavícula y trata de huir.

Dos días después, los vecinos se concentraron en la plaza principal del barrio para apoyar a los dos chicos, de poco más de 20 años. A ellos también se les pudo ver allí, emocionados. El acto fue convocado por varios colectivos antirracistas de la capital, entre ellos, SOS Racismo. “No se trata de un caso aislado, sino algo sistemático que sucede porque existe una estructura racista”, deja claro la presidenta de la organización, Sarahi Boleko, en una entrevista con elDiario.es.

¿Qué pensaron cuando vieron el vídeo de la actuación policial en Lavapiés?

No nos sorprende, porque pasa a menudo en Lavapiés. Justo un año atrás, el 15 de abril, nos estábamos manifestando por otro abuso policial. Lo que demandamos las asociaciones antirracistas es que se tome conciencia de que lo que pasa en Lavapiés no es un caso aislado, sino algo sistemático que sucede porque existe una estructura racista.  

Su oficina está en el barrio. ¿Les suelen llegar denuncias de los vecinos por casos similares?

Muchas. En Lavapiés, están dispuestos alrededor de un 40% de los dispositivos policiales que hay en todo Madrid. Es un barrio bajo sospecha porque las personas racializadas que viven en él están bajo sospecha. Nos llegan muchos testimonios, pero sabemos que hay muchos más que quedan invisibilizados por desconocimiento o miedo a denunciar. 

¿Por qué cuesta tanto a las víctimas denunciar? 

Hay personas que no denuncian porque desconocen incluso los derechos que tienen y las vías de denuncia que existen. Pueden desconocer los medios para presentar una queja o los espacios donde pedir ayuda. También influye la barrera idiomática. Por ejemplo, los dos chicos del vídeo no hablan del todo bien español y no se les proporcionó en ningún momento acceso a un traductor. En otros casos, no se les garantizan sus derechos en el proceso de denuncia porque no hay un abogado capacitado y sin una gran carga de trabajo que pueda atenderles. 

Es un barrio bajo sospecha porque las personas racializadas que viven en él están bajo sospecha

A todo esto hay que sumar que el o la afectada en cuestión se encuentre en una situación administrativa irregular. Es algo que limita y da miedo a la hora de denunciar, porque piensas que te pueden deportar o encerrar en un CIE. Las barreras son muchas. 

¿Se suele criminalizar a este tipo de barrios, donde hay una gran población de origen migrante? 

Hace tiempo que empezamos a denunciar que barrios de Madrid como Lavapiés, Vallecas o Villaverde están siendo despojados de dispositivos sociales, sanitarios y, en general, de atención comunitaria local, mientras aumentan los dispositivos policiales. Son áreas de alta vulnerabilidad, por clase social, y porque habitan muchas personas racializadas en ellos. Subir las tasas de dispositivos policiales no es la solución a las cuestiones que afectan a los barrios, lo que hace falta es una intervención social adecuada.

En el caso de Lavapiés, hablamos de un barrio que está a diez minutos andando de Sol, en pleno centro de Madrid. El contraste de vida que hay respecto a otras zonas colindantes, como Latina, es impresionante. Si comparas ambos barrios es evidente que en Lavapiés hay una dejadez de servicios y recursos. 

El secretario de antirracismo de Podemos, Serigne Mbaye, dice que los agentes implicados en la detención del vídeo “ya eran conocidos en el barrio por el trato a las personas negras”. ¿SOS Racismo tenía constancia de ello?

A raíz de la difusión del vídeo el viernes pasado nos han llegado comentarios acerca de estos dos policías, y sabemos que hay un tercero. Nos cuentan situaciones parecidas en las que los protagonistas son los mismos y, al parecer, todo el mundo los conoce. Es algo que habrá que investigar. 

Muchos comparan lo que se ve en el vídeo con casos sonados de EEUU, como el de George Floyd, cuyo asesinato desencadenó enormes movilizaciones contra la brutalidad policial.

Sí. Deberíamos comparar el tratamiento que se da a las personas racializadas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en ambos países, en Estados Unidos y en España. Como allí, aquí también vemos una violencia desmedida en la actuación policial. Es lo que sucede en el vídeo del viernes. Independientemente de si esos dos chicos hicieron algo mal o no, nada justifica esa violencia.

Es tan sencillo como, si había alguna sospecha, reducirles y mandarles a comisaría. Pero el vídeo es desgarrador. ¿Por qué le están pegando tanto? Es inexplicable. Y, a lo mejor, a otra persona blanca, en esa misma situación, se la hubiera tratado de otra manera. ¿Cuál es el sesgo que hay detrás de la policía para que se realice una actuación como la que vimos el viernes y se tenga totalmente normalizado que esto suceda? 

Red Jurídica, una plataforma de abogados que trabajan por los derechos de las personas migrantes y otros colectivos, insiste mucho en que, aunque una persona sea culpable de un delito, tiene derecho a la dignidad, a que se la respete y a no sufrir abusos, y más en una situación como la que se ve en las grabaciones donde hay una total indefensión. 

La versión de la Policía es que los dos jóvenes tuvieron una actitud “hostil” y que uno de los agentes fue herido. Además, varias organizaciones de policías insisten en que no se pueden sacar conclusiones porque en el vídeo solo se ve una parte de lo que ocurrió. ¿Qué cuentan los dos jóvenes?

Es cierto que todavía desconocemos lo que desencadenó esa actuación policial, pero el motivo que haya detrás no justifica la violencia desmedida que se ve en las imágenes. Los chicos mantienen su versión de que ellos no hicieron nada. De hecho, ellos también han denunciado y han solicitado los vídeos de las cámaras de seguridad que están situadas en la misma plaza de Lavapiés. Entiendo que si piden esto es que no tienen miedo y no tienen nada que ocultar. Lo mismo pienso de los agentes, si ellos tienen claro lo que pasó, no habrá problema en que se conozcan esas grabaciones. Ayudaría a aclarar el relato de lo que pasó, porque primero se habló de posesión de drogas y luego, al parecer, de un enfrentamiento con una cajera. 

¿Han podido hablar con los dos chicos? 

Sí, son dos chavales a los que se les ha descrito en los medios como hombres, pero tienen poco más de 20 años y llevan muy poco en España. Ellos están completamente indignados con lo que ha pasado, no se lo esperaban y, además, sostienen que, no solo fueron agredidos en la calle, sino que luego les siguieron pegando en el coche de policía. Se sienten muy frustrados, especialmente con la impunidad con la que se ha podido hacer algo así. 

Independientemente de si esos dos chicos hicieron algo mal o no, nada justifica esa violencia

La parte buena, por decir algo, es que al menos están siendo ahora mismo acompañados por una asociación y que reciben también el acompañamiento de una asesoría legal, algo que muchas veces no pasa. 

Usted acudió, como una de las organizadoras, a la concentración del domingo en Lavapiés. ¿Esperaba que asistieran tantos vecinos del barrio? 

Ver a tanta gente nos reafirmó en la importancia de aquella concentración. Cuando la planteamos, estuvimos debatiendo si hacerla el domingo o esperar a más adelante, pero creíamos que, fuésemos dos o 100, teníamos que organizarla para que los chicos se sintieran acompañados y apoyados. 

La gente está muy cansada de que dejemos pasar estos abusos policiales y que no hagamos nada frente a ellos. De que no haya una revisión sobre qué sucede con las personas racializadas y el trato que reciben de la policía. En general, la gente está muy cansada de que se sigan vulnerando los derechos de las personas racializadas con total impunidad. 

Se han abierto dos investigaciones, una iniciada por la Dirección General de Policía, y otra anunciada por el Ministerio de Interior. ¿La respuesta por parte del Gobierno habría sido la misma sin la presión ciudadana? 

No lo creo, no. Básicamente, porque son abusos sistémicos. Estas agresiones pasan constantemente y, las pocas veces que alguien intenta denunciar, pueden multarte por desacato a la autoridad. Si no hubiera habido una denuncia colectiva de las asociaciones y la sociedad, creo que no habría pasado nada. 

La gente está muy cansada de que dejemos pasar estos abusos policiales

¿Qué esperan de estas investigaciones?

Lo deseable sería que hubiera una reparación del daño y un reconocimiento total de lo que ha ocurrido. Necesitamos presionar para que sea una investigación veraz y efectiva y que no caiga en saco roto. Que no sea un “hemos abierto la investigación, pero ya está”.

¿Qué medidas exigen para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir?

Espero también que esta denuncia sirva para que se promueva un cambio real. Sabemos que estos actos no son una excepción, que este tipo de actos racistas suceden en todos los barrios, incluso en el fútbol, y otros muchos espacios. 

Hace falta una ley contra el racismo, que proteja a las personas racializadas frente a las vulneraciones de sus derechos y reconozca la existencia del racismo estructural. Un marco legal que afirme que, igual que las personas somos machistas, aprendemos racismo y lo podemos desaprender; y que los funcionarios, al igual que la policía, tienen sesgos racistas y necesitan más formaciones para promover un tratamiento igualitario y justo para todos.

De esta ley, por cierto, ya existía un borrador el año pasado y no se llegó ni a debatir en el Congreso. Para evitar esta violencia, pediría que no se nos deje fuera de la agenda política, porque siguen dejándonos al margen, sin tener en cuenta las demandas de la población racializada.

El pasado 4 de febrero, se celebraron elecciones presidenciales en El Salvador. Fueron las primeras en las que Bianka Rodríguez (1993, San Salvador) pudo votar como mujer. Esta joven trans de 31 años se ha convertido en toda una referente para el movimiento LGTBI de su país, donde los derechos de este colectivo son sistemáticamente vulnerados. Ella fue, en 2022, la primera mujer trans en cambiar su nombre y género del documento de identidad. Lo consiguió después de tres años de batalla judicial en los que fue sometida a todo tipo de peritajes.

“Te desnudan para ver tus cambios morfológicos, tienes que presentar muestras de orina, certificados de denuncias –en mi caso, por un intento de asesinato–, pasas por exámenes psicológicos, fisiológicos… Te revictimizan”, dice. La activista salvadoreña atiende a elDiario.es en la plaza de Pedro Zerolo, en el corazón del barrio madrileño de Chueca, tras participar en unas jornadas en Mérida sobre la cooperación internacional LGBTI. Allí escuchó testimonios parecidos al suyo, como el de Ale López Bemsch, que relató su experiencia como persona intersexual en Argentina, o Alice Nkom, abogada camerunesa conocida por su defensa del colectivo LGTBI. Rodríguez fue invitada como directora ejecutiva de la asociación Comcavis Trans y como primera mujer trans colaboradora de alto perfil de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Conseguir un DUI (Documento Único de Identidad) en el que es reconocida como Bianka le ha facilitado la vida en muchos aspectos del día a día. Ya no corre el riesgo de que le denieguen un contrato de alquiler porque el arrendador dude al ver a una mujer con nombre masculino, ni tiene que dar explicaciones de más cuando quiere pagar con la tarjeta de crédito en un supermercado. Pero el momento más simbólico que ha vivido desde entonces fue durante las elecciones. “Me acerqué al colegio electoral nerviosa y con miedo porque pensaba que me iban a acusar de falsificar mi documentación, pero me encontré con todo lo contrario. Por primera vez me dijeron ‘señorita aquí tiene su papeleta’. Por fin he podido votar sin sufrir violencia verbal e institucional”, relata. 

Tras su victoria judicial, la activista ha puesto en marcha un programa para facilitar los trámites a otras personas trans, con el que ya han conseguido ganar otros 22 casos. “Lo más gratificante es saber que he abierto la puerta a que otras muchas personas no sean discriminadas”, explica. Recuerda a una de las mujeres que han podido cambiar su documento de identidad y, gracias a ello, el nombre con el que se identifica aparece en su diploma de graduación: “Esta chica ha podido recoger el título maquillada, con el pelo largo, sin sufrir violencia”. Un avance respecto a lo que ella misma vivió unos cinco años atrás. La presión de algunos de sus profesores universitarios la obligaron a renunciar a su sueño de graduarse en Ingeniería Agroindustrial. 

La transfobia comienza en la infancia

Con 15 años, Rodríguez se vio obligada a huir de su hogar tras toda una infancia soportando maltrato físico, verbal y psicológico por parte de su madre. “Cualquier cosa me recuerda mi niñez, un color de lápiz de ojos o mirar mis cicatrices en el espejo”, dice. “Cuando día tras día te dicen que se arrepienten de que hayas nacido, cuando te golpean por exteriorizar lo que sientes, te acabas creyendo que eres la mayor escoria de la sociedad. Este es el origen de los graves problemas de salud mental y las altas tasas de suicidio entre adolescentes LGTBI”.

Salió adelante con sus propios medios y gracias a algunas personas que la ayudaron en el camino. Pasó dos meses en casa de un compañero del colegio, hasta que una familia cristiana le dio trabajo en una panadería y, posteriormente, se ofreció a alojarla. Cobraba tan solo dos dólares al día, así que era su única opción. “No sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo”, dice. En aquella casa descubrió lo que era la explotación laboral. Trabajaba todos los días de la semana y los domingos era obligada a acudir a un culto evangélico de reconversión. “A aquella casa solo pude llevar mi ropa, incluso me hicieron regalar un colchón que tenía. Me dijeron: '¿Ves esos dos sacos de harina? Acomódalos, porque vas a dormir ahí'. Así pasé dos años, viviendo peor que un animal”. Asegura que denunció la situación a las autoridades, pero se rieron de ella. 

Salió de esa pesadilla gracias a su abuela materna, que había regresado a El Salvador tras unos años viviendo en Estados Unidos: “Era una mujer que tendría casi 70 años entonces, del área rural, pero se despojó de su mentalidad y me aceptó tal y como soy. Me dijo: 'No tengo nada más que esta champa [casucha] que ves aquí, pero puedo darte una cama y un plato de comida”. Su abuela le animó a retomar el bachillerato, que terminó con una mención honorífica, según explica. Pero en la universidad, todo cambió. Cuenta que, tras la presión de un catedrático, se vio obligada a decidir entre dar pasos atrás en su transición o abandonar la facultad. Escogió la última opción. Un informe elaborado por Comcavis Trans en 2022 estima que un 35% de la población salvadoreña LGTBI no tiene la educación básica, una cifra que cae al 24% si se miran los estudios superiores. 

“No buscamos derechos especiales. Eso es lo que dice alguien que no ha vivido en la calle, quien no sabe lo que es acostarse con el estómago vacío y no tener ni papel higiénico para ir al baño. Estas son las condiciones en las que vivimos las personas trans, casi por cultura, en El Salvador”, añade la activista. 

Su trayectoria como activista

Al dejar la universidad, se enfrentó a un mercado laboral que le cerraba todas las puertas: “Si tenía suerte me llamaban para alguna entrevista, pero luego me rechazaban por no cumplir con sus valores éticos”. Es en ese momento cuando entró en contacto con Comcavis, y descubrió que su historia era la de muchas otras. Desde 2017, es la directora de la asociación, un cargo que asumió después de que Karla Avellar huyera del país tras varios intentos de asesinato. Otra de las fundadoras, Tania Vázquez, fue asesinada en 2014, cuando Bianka Rodríguez llevaba apenas unos meses como voluntaria. “La policía nos culpó a nosotras y nunca investigó el crimen. Fue muy duro, pero su muerte, y la de Francella Méndez [activista por los derechos LGTBI], nos impulsaron a presentar una reforma del Código Penal, que ahora sanciona la violencia contra las personas del colectivo”.

Ella misma sufrió un secuestro con violencia en 2018, tras salir de un centro comercial. Un hombre armado la obligó a entrar en su coche y la llevó por calles y paradas que frecuentaba habitualmente, dándole a entender que llevaba un tiempo detrás de ella. Mientras, agarraba su pelo y le decía: “Te voy a matar por defender a los maricones”, según su testimonio. La obligó a bajarse en un parque controlado por un grupo criminal. “Pensé, o me mata él, o me matan ellos. Creía que iba a ser una estadística más”. El caso no fue investigado y nunca encontraron a su agresor.

Bianka Rodríguez tiene solo cuatro años menos de la edad media de vida de las mujeres trans en Latinoamérica, que según la red Redlactrans es de entre 35 y 41 años. Otro informe elaborado por la Asociación Solidaria para impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) registró unas 64 denuncias de vulneraciones de derechos de personas LGTBI entre 2017 y 2022, siendo la Policía Nacional Civil la entidad más señalada. Un 61% de esas denuncias las sufrieron mujeres trans y hombres homosexuales. De acuerdo al estudio elaborado por Comcavis un 90% de la población salvadoreña perteneciente al colectivo ha sufrido discriminación y un 83% algún tipo de violencia. Al menos seis de cada diez consultados dicen haber recibido esa violencia desde las instituciones, mientras que entre un 15% y un 30% de ellos aseguran ser discriminados en su entorno familiar, escolar y laboral.

Cuatro años de retroceso

Nayib Bukele fue uno de los invitados estrella de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la convención ultra más importante del mundo, celebrada la última semana de febrero en EEUU. Entre sus asistentes, también se encontraban Donald Trump,  Santiago Abascal o Javier Milei. El recién reelegido presidente aprovechó una de sus intervenciones para anunciar la eliminación de toda “ideología de género” de las aulas. “Confiamos nuestros hijos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles, luego vienen y quieren meterles ideología y cosas contrarias a la naturaleza”, dijo, acompañado de la directora de Moms for Liberty, un grupo de mujeres lucha contra el “adoctrinamiento” de lo woke (algo así como progre).

No es la primera medida que adopta en esta dirección. La primera decisión que tomó al llegar al poder en 2019 fue eliminar la secretaría de Inclusión Social y la dirección de Diversidad Sexual. “En esta última legislatura ha habido un cierre del espacio cívico de interlocución”, cuenta la activista. “Nos han mandado archivar los anteproyectos de ley de cambio de nombre y de identidad de género, además de todas las propuestas en igualdad. No están cumpliendo con su obligación constitucional de proteger a los grupos más vulnerables, solo propician el aumento del discurso de odio”.

Respecto a las últimas declaraciones del líder salvadoreño, la activista apunta a lo paradigmático de estar tratando de revertir una política educativa que su Ejecutivo puso en marcha. “Acusa al movimiento LGTBI de 'ideología de género', pero antes de 2019 no existía ningún manual de derechos sexuales y reproductivos, se elaboró en la pandemia”, dice con cierta incredulidad. Bianka Rodríguez define estos últimos cuatro años como de retroceso en materia de derechos, aunque no le sorprende la deriva conservadora de Bukele. “Busca fortalecer un discurso basado en la fe y desarticular todos los movimientos sociales, además de verse influenciado por el movimiento conservador global en el que quiere destacar”. Aun así, se siente orgullosa por lo que han conseguido como movimiento. “No estamos muy lejos de ver a candidatas trans en puestos verdaderamente decisivos”, concluye.

Dejar de lado las diferencias entre partidos para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza, esclarecer lo sucedido en la tragedia de Melilla o reformar la conocida como ley Mordaza. Estas han sido las principales líneas de acción que ha trasladado Amnistía Internacional a representantes del Gobierno y la oposición. 

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo, una delegación de la organización encabezada por Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, y Estaban Beltrán, director de la ONG en España, se ha reunido con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; José Manuel Albares, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación;  y Esteban González Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo y vicesecretario de acción institucional del PP. En estos encuentros han trasladado a los representantes políticos sus 14 medidas imprescindibles en materia de derechos humanos para la próxima legislatura.

“Lo que pasa en Gaza es un riesgo serio de genocidio y es el momento de actuar con una agenda común para acabar con tanto sufrimiento”, ha dicho Callamard al comienzo de su intervención. La principal petición de la organización pasa por convertir en permanente la suspensión - ahora temporal- del envío de armas a Israel, además de promover dentro de la Unión Europea la prohibición de importar productos de colonos de las zonas ocupadas y revisar el acuerdo de cooperación entre Israel y la Unión Europea. “No sirve de nada enviar ayuda humanitaria a Gaza mientras continúan los bombardeos y el envío de armas”, insiste la secretaria general, que ha recordado la situación alarmante que se vive en la Franja: miles de muertos, falta de ayuda humanitaria, hambruna, falta de agua potable… 

Callamard ha valorado positivamente algunas de las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España, como el apoyo a la financiación de la UNRWA, una organización que en los últimos meses se ha visto señalada por las acusaciones de colaboración con Hamás por parte de Israel, que no han sido demostradas. La reconocida defensora de los derechos humanos, además, ha recordado que España ha sido uno de los países que ha apoyado la investigación de la Corte Penal Internacional y el caso llevado ante la Corte Internacional de Justicia.

Ceuta y Melilla, una asignatura pendiente

Tanto Beltrán como Callamard han lamentado la falta de compromiso real del Ministerio de Interior para esclarecer de forma independiente los hechos sucedidos durante la tragedia de Melilla de junio de 2022, que desde la organización califican como “una de las mayores manchas de derechos humanos en la democracia española”. 

“Frente a Melilla, la respuesta del ministro ha sido evasiva”, ha dicho Beltrán, que considera que Ceuta y Melilla “siguen siendo una asignatura pendiente para los derechos humanos en España”. La delegación que se reunió con Grande-Marlaska le preguntó si estaba de acuerdo con la resolución de la Fiscalía General del Estado en la que, aunque archivaba la causa de Melilla. apuntaba a la falta de acceso al asilo en España y él dijo estar analizándolo. “Sonó poco convincente”, añade. “Está de acuerdo con una parte del texto, pero no con la parte en la que se habla del riesgo al que se enfrentan las personas subsaharianas que tratar de solicitar asilo en España y no tienen una vía segura para hacerlo”. 

Uno de los puntos esenciales para la organización es conseguir que se dé luz verde a una investigación independiente sobre la tragedia de Melilla, así como que los derechos humanos jueguen un papel importante en las relaciones bilaterales con Marruecos. “Las autoridades españolas y marroquíes deben asumir su responsabilidad y dejar de frustrar los intentos de averiguar la verdad de lo sucedido en Melilla”, afirma Callamard. 

La organización ha destacado algunos de los compromisos a los que han llegado estos días, como la intención de Interior de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, tras no haberse logrado en la anterior legislatura. “Es una norma que atenta contra e derecho a la libertad de expresión y de reunión y sobre la que Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde su entrada en vigor”, ha dicho Beltrán. Otra de las leyes que podrían sufrir cambios en los próximos cuatro años es la de Secretos Oficiales, ya que han mostrado su apoyo a reformar el texto tanto José Manuel Albares, como González Pons.

Otro de los asuntos a los que han mostrado interés desde Interior ha sido a explorar nuevos modelos de mecanismos independientes para la rendición de cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, medidas que, recuerda Beltrán, ya existen en otros países como Holanda o Reino Unido. “Esperemos que estas reformas se hagan realidad en un breve periodo de tiempo. Haremos el seguimiento oportuno para que las víctimas de violaciones de derechos humanos sean escuchadas y estén en el centro de toda media”, ha dicho Beltrán.  A pesar de estos avances, lamentan que no haya intención, por el momento, en reformar la ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio de jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional. 

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, con quien también han podido entrevistarse, se ha mostrado favorable a implementar la Directiva de debida diligencia que se va a debatir estos días en el Congreso y, en caso de no aprobarse, a promover en España y en la UE medidas legislativas para exigir a las empresas procedimientos para cumplir con los derechos humanos en terceros países y a proteger el medio ambiente. Una iniciativa que, creen desde la organización, servirá para prevenir, mitigar, rendir cuentas y reparar a las víctimas. 

Por último, ambos representantes de AI han recordado algunas materias en las que es necesario estar alerta y ha instado a hacer efectivas leyes como la de Memoria Histórica, Libertad Sexual, Vivienda o derechos LGTBI. “En esta legislatura nos jugamos que España avance en materia de derechos humanos o que, por el contrario, empiece a retroceder”, ha concluido el director de AI en España. 

El pasado 11 de octubre de 2023, Nadia (nombre ficticio) acudió a la residencia de ancianos Casa de la Misericordia de Pamplona para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo. Había sido convocada para cubrir una baja por el Grupo ONE, la empresa que la seleccionó y le indicó el día y la hora a los que debía empezar su empleo, aunque aún no había firmado el contrato. Nunca llegó a firmarlo: “Me dijeron que debía quitarme el hiyab”, cuenta a elDiario.es la trabajadora tras denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo.

Nadia cuenta que aquel día la recibió en la residencia una trabajadora, que la acompañó hasta el lugar donde tenía que cambiarse. Al rato aparecieron otras dos que le enseñaron su taquilla, así como el material de limpieza y la hoja en la que tenía que fichar. Sólo pudo estampar su firma en la casilla de entrada, porque poco después apareció otra mujer, que ella entendió que era la encargada, y le dijo que no podía trabajar allí con el pelo tapado, explica la denunciante.

“Me dijeron que en ese centro habían trabajado mujeres marroquíes, pero que al entrar se quitaban el hiyab, porque ‘las reglas son las reglas’”, cuenta Nadia en una conversación telefónica. “Me había recomendado el puesto una antigua compañera y ahora estoy sin trabajo. No me han vuelto a llamar de ningún lado”. 

Nadia se puso en contacto con SOS Racismo y el sindicato LAB para denunciar lo que le había ocurrido. Ambas asociaciones decidieron interponer una queja ante la Inspección de Trabajo, que ya ha sido resuelta. En el escrito, al que ha accedido elDiario.es, la institución considera que se trata de “una cuestión controvertida” sobre la que no hay jurisprudencia asentada en España. Recoge, además, una sentencia europea en la que se establece que la prohibición del uso de símbolos religiosos visibles no constituye una discriminación por sí misma, “cuando sea general e indiferenciada”. Por esos motivos, el inspector concluye que “carece de los elementos de convicción jurídica necesarios para iniciar un procedimiento sancionador” y que, en todo caso, “corresponde a los órganos judiciales” hacerlo. 

Fuentes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social explican que “en ningún caso avalan la discriminación, sino que se encargan de velar por que esas situaciones no se produzcan, ni en el acceso al empleo ni en el trabajo”. En relación al episodio denunciado por Nadia, recalcan que “se trata de un tema complejo en el que no se produjo un despido, pues la trabajadora no llegó a ser contratada”, y en el que “el inspector valora todos los elementos de prueba a su alcance, así como la escasa jurisprudencia existente”.

Según recoge la resolución, la empresa (Casa de Misericordia) argumentó durante la visita de la Inspección de Trabajo que “la exigencia de quitarse el pañuelo no obedece a motivos religiosos, sino a un deseo de no alterar la tranquilidad de los residentes, personas mayores”. La responsable de recursos humanos de la residencia añadió: “A algunos de ellos la presencia de una persona con pañuelo en la cabeza les podría resultar algo anómalo o extraño”.

Estos argumentos han sido tachados como “extremadamente racistas” por SOS Racismo, que califica el caso de “precedente intolerable”. “Nos parece profundamente grave, ya no sólo que inhiban su responsabilidad en este asunto, sino que den por válidos estos argumentos. Esas declaraciones son la prueba de que ha habido una motivación racista e islamófoba”, dice Beatriz Villahizan, miembro de SOS Racismo Nafarroa.  

Por esta razón, el pasado 14 de febrero decidieron convocar una concentración frente a las puertas de la oficina de la Inspección de Trabajo de Pamplona, en vez de junto a la residencia como tenían previsto. “Hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos con un caso tan evidente. Si una directora de recursos humanos se atreve a decirle esto a un inspector, que efectivamente llevar el pañuelo podría perturbar la paz, qué más estará pasando sin que llegue a nosotros”, añade Villahizan.

Este medio se ha puesto en contacto con la residencia Casa de la Misericordia, pero han declinado hacer declaraciones. Nadia asegura que, hasta la fecha, nadie de la empresa se ha puesto en contacto con ella y que, sólo en el momento del despido, recibió un mensaje de WhatsApp de su contratante, el Grupo ONE. “Decían que sentían lo ocurrido”, sostiene Nadia. elDiario.es también ha tratado de contactar con la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Foral de Navarra, dado que la residencia cuenta con un cupo de plazas públicas, pero no ha recibido respuesta a la fecha de publicación de este artículo.

Actualmente, desde LAB y SOS Racismo están estudiando el siguiente paso a seguir y se plantean si continuar por la vía judicial o recurrir también al Defensor del Pueblo. La mujer, de origen argelino, ha perdido toda la esperanza tras conocer la resolución. “Es lo que hay y ya no podemos hacer nada”, lamenta. 

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Nadia asegura haber sufrido discriminación por llevar pañuelo. Cuenta que le pasó algo parecido en un centro comercial de Pamplona. “Estuve limpiando durante cinco meses sin ningún problema, hasta que me mandaron un mensaje diciéndome que no podía ir más con el hiyab porque así lo había dicho el encargado”, explica. En aquel momento también contactó con SOS Racismo y consiguió ser reincorporada a su puesto, pero a las dos semanas la despidieron “sin ningún motivo”. Ahora está buscando trabajo, pero nadie la llama. “Me descartan directamente cuando ven el currículum porque en la foto llevo pañuelo”, explica.

Es la realidad que denuncian muchas mujeres musulmanas que deciden llevar el pañuelo en el ámbito laboral o cuando pasan al instituto, donde también suelen encontrarse con restricciones. “La desprotección es mayor cuando hablamos, además, de sectores precarizados y feminizados, como es el caso de los cuidados y la limpieza”, destaca Villahizan. “Hay que recordar que los casos de discriminación racista, xenófoba o, como ha sucedido ahora, islamófoba que se denuncian son sólo la punta del iceberg. La experiencia nos ha demostrado que detrás hay muchos más que no llegan a saberse nunca”, agrega.

Cada año, SOS Racismo realiza un informe en el que analiza la situación del racismo y la xenofobia en España y Europa. En el último, de 2022, se recogieron 740 actos racistas en todo el Estado, la mayoría relacionados con conflictos y agresiones racistas, y racismo institucional. “Sucesos como este evidencian el racismo institucional y generan una mayor desconfianza por parte de las víctimas a la hora de denunciar”, añade.

Otra investigación similar de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes apunta a que el 93% de las personas musulmanas han sufrido discriminación por motivos islamófobos, racistas y/o xenófobos. Prácticamente el mismo porcentaje, un 93,6%, no llega a ponerlo en conocimiento de las autoridades, principalmente por desconocimiento, falta de confianza o temor a no ser atendidos adecuadamente. Otro de los datos recogidos en el informe es que una de cada cuatro mujeres musulmanas ha sufrido algún tipo de discriminación por el uso del hiyab, siendo en el trabajo, el colegio y la calle donde más se manifiestan estas agresiones.

¿Qué dice la jurisprudencia?

En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) respaldó los despidos a dos mujeres por llevar el hiyab. La Corte concluyó entonces que no es discriminatorio que una empresa prohíba a sus empleados el uso visible de símbolos políticos, filosóficos o religiosos, siempre y cuando no se ocasione una desventaja a un grupo concreto. Sí sería justificable si la finalidad es mantener un régimen de neutralidad, apuntó la sentencia.

Esta respuesta, que ha abierto el camino a muchas empresas públicas y privadas a prohibir el hiyab en sus instalaciones, es el resultado de dos denuncias distintas, una de Bélgica y otra de Francia. En la primera, el despido se produjo después de que la mujer informara de su intención de utilizar esa prenda. Acto seguido, la empresa modificó su reglamento prohibiendo todo tipo de signos religiosos. El segundo caso corresponde a una mujer a la que se le exigió prescindir del velo después de que un cliente presentara una queja.

El TJUE especifica que deben ser los jueces de cada país los que tomen una decisión final y señala que “las disposiciones nacionales que protegen la libertad religiosa pueden tenerse en cuenta como más favorables”.

En lo que respecta a España, hay varios casos controvertidos en los que los tribunales han fallado tanto a favor de la demandante como en contra. Uno de los fallos más conocidos lo dictó el Tribunal Superior de Justicia de Logroño, que dio la razón a la empresa, ya que se argumentó que en ningún momento se prohibió el uso del pañuelo, sino que se solicitaba llevarlo debajo de un gorro de trabajo obligatorio. Otro recurso de Palma de Mallorca fue estimado como favorable, después de que una trabajadora fuera sancionada en varias ocasiones por negarse a llevar el pelo visible. En el último caso se alegó que no existía normativa interna previa que prohibiera llevar símbolos religiosos y, de hecho, en un primer momento se le permitió acudir a su puesto de trabajo, con el respaldo de su responsable. 

Recientemente el Tribunal de Justicia Europeo ha avalado que también las administraciones públicas puedan prohibir a sus empleados llevar este tipo de prendas consideradas “símbolos religiosos”, incluso si no se desempeñan funciones de cara al público. La norma debe aplicarse de forma general e indiferenciada, y limitarse a lo estrictamente necesario, siendo los órganos jurisdiccionales de cada país los encargados de hacer cumplir esas exigencias.

Egipto ha reforzado la seguridad en su frontera con Gaza, en el noreste del país, desde que dio comienzo la ofensiva israelí sobre la Franja el pasado mes de octubre. Y desde el primer momento, ha dicho claramente que no acogerá a los palestinos que huyan de la guerra o sean expulsados por Israel de su tierra, para que no se repita lo que ha ocurrido varias veces en el pasado. Pero el Ejército israelí ha ido arrasando la Franja de Gaza de norte a sur y evacuando a la población cada vez más hacia la frontera con Egipto, junto a la que ahora se hacinan alrededor de 1,4 millones de personas, en la localidad de Rafah.

El paso fronterizo con Egipto (también llamado de Rafah) está a poca distancia de la ciudad homónima, pero los palestinos no pueden cruzarlo sin un permiso especial –para los enfermos crónicos y una mínima parte de los heridos en la guerra– o sin pagar elevadas sumas de dinero en sobornos, tal y como denunció The Guardian y circula en redes sociales. En imágenes por satélite se pueden ver las tiendas de campaña y otros alojamientos informales que han ido surgiendo en la ciudad y sus alrededores, que antes de la guerra tenía una población de menos de 300.000 personas.

Ante las amenazas de Israel de ampliar su ofensiva a Rafah, a pesar de las advertencias de toda la comunidad internacional, Egipto está en alerta por el temor a que los palestinos hacinados en Rafah, que ya no tienen adónde ir, traten de entrar al Sinaí. No sería la primera vez: en el año 2008, miles de gazatíes irrumpieron en territorio egipcio, después de haber logrado derribar una parte de la valla fronteriza, debido a la escasez de alimentos y otros productos básicos en Gaza tras el bloque impuesto por Israel en 2007.

Varias imágenes recopiladas por la empresa Maxar Technologies muestran un muro que está siendo construido junto a la frontera, con grandes bloques de Hormigón. La organización Fundación Sinaí por los Derechos Humanos ha denunciado que el Gobierno de El Cairo está levantando “un muro de siete metros” y una “zona de seguridad” para recibir a refugiados palestinos de Gaza en caso de un éxodo masivo. La organización ha aportado imágenes y vídeos de las obras que se están realizando en la parte egipcia de la frontera, en el extremo noreste de la península del Sinaí, y ha asegurado que “una fuente altamente fiable” ha confirmado esas obras.

Por su parte, el gobernador de la provincia del Sinaí del Norte, donde se sitúa la frontera con Gaza, ha negado que Egipto está construyendo una zona para acoger a los refugiados gazatíes. “La posición egipcia es clara y franca, y fue anunciada por los dirigentes políticos inmediatamente después de la guerra israelí contra Gaza, y es la siguiente: no permitir el desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza a Egipto de forma permanente”, ha declarado Mohamed Abdelfadil Shusha, según el canal de televisión saudí Al Arabiya. Ha agregado que Egipto está “preparado para todos los escenarios” en el caso de que Israel lance su anunciada ofensiva sobre Rafah.

Sin embargo, en las imágenes de Maxar se puede ver un amplio terreno vacío junto a la frontera, donde incluso se puede distinguir alguna maquinaria pesada. Tres fuentes de seguridad, que han pedido no desvelar sus nombres, han dicho a la agencia de noticias Reuters que Egipto ha empezado a preparar en ese área algunas instalaciones básicas que pueden ser usadas para acoger a palestinos, pero que este es sólo un “plan de contingencia”.

El periódico New York Times ha analizado ha analizado el informe de la organización de derechos humanos egipcia y ha confirmado la existencia de una gran extensión de tierra que está siendo arrasada, en la que se observa parte del muro que está construyendo Egipto. “Las imágenes de satélite muestran claramente tierras recientemente niveladas al sur del cruce fronterizo de Rafah”, dice el diario estadounidense. New York Times ha podido ponerse en contacto con un contratista y un ingeniero que afirman estar trabajando para el Ejército egipcio, que les habría encargado construir un muro de hormigón de cinco metros de altura para vallar un terreno de cinco kilómetros cuadrados. Las obras, según las dos fuentes anónimas, comenzaron el 5 de febrero, aunque el muro no empezó a ser levantado hasta el lunes 12. 

También Wall Street Journal se ha hecho eco de la noticia este viernes: “Las autoridades egipcias están rodeando una amplia zona del desierto del Sinaí de más de 20 kilómetros cuadrados, con grandes muros de hormigón, cerca de la frontera con Gaza”, dice el medio, que ha contactado con funcionarios egipcios y analistas de seguridad. “En ese campo podrían alojarse más de 100.000 personas”, según las fuentes consultadas. El periódico afirma que se trata de un refuerzo de la seguridad por parte de Egipto en caso de que “un gran número de habitantes gazatíes logre entrar a consecuencia de la ofensiva israelí en el sur de la Franja”. Las mismas fuentes apuntan a que se han llevado hasta la zona tiendas de campaña, que permanecen sin montar.

La Fundación Sinaí por los Derechos Humanos emitió el miércoles un informe en el que advertía de que las obras “avanzan a gran velocidad, con un importante refuerzo de seguridad en la zona”. En las imágenes pueden observarse varios vehículos de funcionarios egipcios, así como una gran cantidad de excavadoras y maquinaria de construcción.

“El lunes 12 de febrero de 2024 nuestros compañeros documentaron la presencia de varios vehículos con tracción en las cuatro ruedas que transportaban oficiales afiliados al Servicio de Inteligencia Militar”, señala el informe. La zona que señala estaría cerca de Gaz abu Raad, al sur del paso de Rafah, limítrofe con los pueblos de Al Masoura y Joz Abu Raad. En los videoclips también se muestran operaciones de limpieza del suelo, retirada de escombros y almacenamiento de materiales de construcción.

Hasta la fecha, el Gobierno del presidente Abdelfattah Al Sisi ha rechazado repetidamente el desplazamiento de los gazatíes y su acogida en la península del Sinaí. Sin embargo, ha permitido la salida a través del paso fronterizo de Rafah de un número limitado de palestinos que necesitan tratamiento médico fuera de Gaza y la evacuación de residentes extranjeros o con doble nacionalidad tras el comienzo de la actual ofensiva, el pasado mes de octubre.

El Cairo ha tenido que desmentir que vaya a romper las relaciones diplomáticas con Israel y el tratado de paz entre los dos países de 1979, si ese país lanza la temida operación militar contra Rafah, algo a lo que se opone frontalmente Egipto. Fuentes egipcias han asegurado que el Gobierno mantiene la cooperación en seguridad y defensa con Israel, especialmente en la frontera, donde ambos países han sido aliados durante años en la lucha contras los islamistas radicales.

Este viernes, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha declarado en Múnich (Alemania) que su país no tiene intención de deportar a los palestinos de Gaza y que se coordinará con Egipto respecto a los planes para los desplazados que se encuentran en Rafah. “Vamos a coordinarnos, tenemos un acuerdo de paz con ellos y vamos a encontrar un lugar que no dañe a los egipcios. Vamos a coordinar todo y no vamos a dañar sus intereses”, ha asegurado en declaraciones recogidas por The Guardian.

Un periodista incansable, comprometido con la paz y la justicia. Una investigación periodística valiente que puso en evidencia la versión oficial de uno de los hechos más mortíferos de nuestras fronteras terrestres. Un reportaje que retrata los abusos que sufren los migrantes en Libia antes de partir hacia Europa. Una campaña de estilo “centennial” que denuncia la injusticia fiscal y dos informes que ponen el foco en los malos tratos institucionales. Una mujer que sufrió en sus carnes la ablación y ahora lucha porque ninguna otra pase por ello, además de un artista multifacético que se ha llevado el premio del público. 

Todos ellos han sido los protagonistas de la quinta edición de los Premios Desalambre que se han celebrado este jueves ocho de febrero en el Caixaforum de Madrid y que han reconocido el trabajo de periodistas, activistas y organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos. 

El director de elDiario.es Ignacio Escolar ha dado la bienvenida a todos los invitados, dando paso a Rosa Martínez, secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encargada de inaugurar el acto. “Derechos humanos o barbarie, esa es la cuestión que tenemos ante nosotros”, ha comenzado diciendo la secretaria que, al igual que Escolar, que recordado los bombardeos en Gaza durante su intervención y la importancia de defender los derechos humanos que “ya no están sólo amenazados en lejanas dictaduras”. 

Tras ella han subido al escenario Juanlu Sánchez, subdirector del periódico y Gabriela Sánchez, jefa de la sección Desalambre. “Son cinco años ya haciendo de estos premios algo más grande”, ha comenzado diciendo Juanlu, antes de pasar a nombrar a los miembros del Jurado: Olga Rodríguez, periodista especializada en información internacional, escritora y cofundadora de elDiario.es; Andrés Gil, subdirector de Internacional y Desalambre en elDiario.es; María Ramírez,  subdirectora de elDiario.es; Moha Gerehou, periodista y activista antirracista; Amaia Celorrio, responsable de comunicación del Comité español de ACNUR; Pedro Javaloyes, responsable de comunicación de Acción contra el Hambre; Cristina Fuertes, responsable de Comunicación Interna de Coordinadora de ONG; Guillermo Maceiras, responsable de comunicación de Anesvad; Ana Sotto-Mayor, directora de Comunicación de UNICEF; además, de ellos dos. 

“Este tipo de periodismo suele ser difícil. Es a veces difícil no caer en la frustración, también en el caso de las ONG. Pienso en cómo deben sentirse los periodistas que están cubriendo la guerra de Gaza, los que cubren Palestina desde hace años. Pienso en las familias de las víctimas del Tarajal que llevan diez años sin saber nada de sus seres queridos. Con estos premios recordamos lo importante que es nuestro trabajo, los artículos, las campañas… Sin ellas seguramente estaríamos más lejos”, ha reivindicado Gabriela. 

Antes del reparto de premios, los asistentes han podido disfrutar de la actuación del actor, activista y humorista Lamine Thior, que ha entrado al auditorio entre los aplausos de un público que ha podido disfrutar de uno de sus monólogos. El humorista ha conseguido, en unos pocos minutos, repasar el ideario racista de nuestra infancia y los prejuicios que, aún a día de hoy, seguimos perpetuando. Ese “cómete la comida por los niños de África”, el “trabajas como un negro” o “me estás poniendo negro”, que sigue en boca de todos. “Los llamamos microrracismos o microagresiones, no porque no duelan, sino porque cuesta reconocer que, muchas veces, las comenten las personas que más queremos”, terminaba explicando el artista. 

Thior, al que recientemente se ha podido ver en la serie de RTVE “La Ley del Mar”, en su nueva sección “Microrracismos” en el Intermedio, o en su podcast “No hay Negros en el Tíbet”, ha vuelto a subir al escenario poco después para recoger el premio especial Desalambre- Fundación Anesvad a la mejor creación de contenido en defensa de los derechos humanos. Las redes sociales son un lienzo en blanco que no solo sirve para el entretenimiento, se pueden utilizar para conseguir un verdadero cambio, porque es donde las nuevas generaciones nos miran“,  con estas palabras ha agradecido este galardón que han decidido más de cuatro mil socios y lectores de Desalambre. 

Premios a organizaciones y activista

La entrega de premios ha comenzado con la categoría a mejor campaña ONG, que ha ido para Oxfam Intermón, por “Tax the rich”, en la que, con un toque de humor, la entidad ha reclamado un sistema fiscal más justo, enumerando las red flags de las “relaciones socioeconómicas tóxicas”. “Transmitir este mensaje no era nada fácil porque tenemos muy normalizada esta desigualdad. El reto era movilizar para intentar cambiar este sistema que perpetúa la desigualdad cada día bajo la convicción de que la comunicación tiene el poder de lograr cambios significativos”, ha dicho Calos Adán, miembro de la ONG que, junto con su compañera Paula Quintas, ha recogido la escultura en recuerdo de Gaza diseñada por Ana Juan. 

A continuación ha sido el momento de anunciar el premio a mejor trabajo de documentación e investigación, que ha ido para  el Centro de Atención de Víctimas de Malos Tratos y Tortura (SIRA), por los informes “Laberintos de tortura: Violencias e impactos en el tránsito migratorio desde África a España” y “La Cañada Responde. Impactos psicosociales derivados del corte de suministro”. Ambos ponen en el punto de mira en los efectos psicosociales de los malos tratos institucionales desde dos realidades muy diferentes: la de los migrantes que llegan a nuestro país tras haber sufrido todo tipo de violaciones de los derechos humanos y la de los vecinos de la Cañada Real, un barrio madrileño que cumple ya tres años sin suministro eléctrico. 

Dos de esas vecinas, Mariluz y Gladish, han estado presentes durante la gala y han subido al estrado junto a Gabriela López Neira, coordinadora del centro sira, Andrea Galán, responsable de investigación, Pau Pérez sales, director clínico,  que han sacado más de una risa, con un discurso en el que han recordado la importancia de dar voz y protagonismo a las víctimas: “ Intentamos poner números a la realidad y tratamos de medir cosas tan indigeribles como lo que está pasando en la Cañada o que haya personas que sufren tortura en su tránsito migratorio”. 

Fátima Djarra, activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha cerrado esta sección dedicada al tercer sector. Se ha hecho con el título a mejor activista por los derechos humanos, un reconocimiento más que merecido por su incansable lucha contra la mutilación genital femenina, que ella misma sufrió cuando tenía cuatro años. “Hoy presto mi voz a doscientos millones de mujeres y niñas que han sufrido la mutilación genital, presto mi voz a las que no pueden hablar. La mutilación  es una práctica que afecta desde dentro y, en estos momentos, me acuerdo de muchas y muchas mujeres que lo han sufrido y han muerto por ello”. 

Durante el acto, Juanlu Sánchez ha moderado una mesa redonda  en la que se ha hablado sobre el papel de las ONG en la sociedad. Han participado en ella representantes de los patrocinadores de los Premios Desalambre: Carmen Gayo, directora de Comunicación y Fundraising de Acción contra el Hambre,  José María Gil-Robles, presidente del Comité español de ACNUR y Alba Linares, directora de Impacto de la Fundación Anesvad. 

“Se me hace difícil empezar por otro sitio que no sea Gaza”, confesaba Juanlu antes de arrancar este pequeño coloquio, en el que los asistentes, de manera unánime, han lanzado un mensaje en contra de la guerra. “Es muy difícil seguir trabajando a pesar de que intentamos por todas las vías posibles conseguir alimentos, agua y saneamiento. La única forma de evitar una hambruna permanente es un alto al fuego”, aseguraba Gayo. 

“Ucrania va a cumplir dos años de conflicto, estamos en el aniversario de los terremotos en Turquía y Siria, la situación en Sudán y el Congo es dramática… Acabaremos el año con  130 millones de desplazados forzosos”, alertaba Gil-Robles, que instaba a “hacer menos miserable la vida de estos desplazados”. Linares ha aprovechado para recordar que aún hay miles de personas que mueren o sufren consecuencias irreparables por las “enfermedades tropicales olvidadas”: “Lo más triste es que estas enfermedades, olvidadas o desatendidas, que se sufren en el Sur Global podrían curarse si el tratamiento llegará a tiempo”. 

Premios periodísticos

Finalizados los premios al activismo y las ONG, ha comenzado el bloque dedicado al periodismo. Han subido a por su galardón por mejor reportaje o crónica, Maribel Izcue y Moussa al Jamaat, a falta de Okba Mohammad, el tercer de los autores del relato “Libia: refugiados convertidos en mercancía”, publicado conjuntamente por 5W y Baynana, el único medio español formado por migrantes, en su mayoría de origen sirio “Baynana es un lugar de historias, con un gran equipo al que quiero dar las gracias, al igual que a los protagonistas de este reportaje que nos han ayudado a estar aquí”, decía Al Jamaat. 

El reportaje cuenta la dura travesía de un grupo de sirios hasta Europa, pasando de Libia, lugar de partida de cientos de migrantes,  donde sufren todo tipo de maltratos: “Son 22 minutos de lectura, pero encierran años en los que este grupo de migrantes han tratado de llegar a Europa”, explicaba Izcue en su intervención, recordando cómo a finales de año uno de los protagonistas consiguió, por fin, salir de Libia “donde miles de personas siguen atrapadas”.

En esta categoría otro trabajo, “El conflicto entre chimpancés y humanos que matan niños en Uganda”, de África Mundi,  se ha llevado una mención de honor del jurado y, durante el acto, una merecida ovación del público. Esta investigación, con un enfoque novedoso e impactante, denuncia cómo el cambio climático y la explotación del subsuelo  está desplazando a la población animal, generando conflicto con las comunidades locales. 

Luego ha sido el momento del premio Desalambre- Acción Contra El Hambre a mejor contenido digital, que ha ido para la investigación periodística “Agonía a ambos lados de la frontera de Melilla”, un trabajo con repercusión internacional que consiguió desmontar la versión oficial sobre las más de 23 muertes en la frontera de Melilla el 24 de junio de 2022. En ella participaron más de una decena de periodistas de  El País, Der Spiegel, Le Monde, The Independent, ENASS y The Lighthouse Report y, dos de ellos, María Martín y José Batista, han sido los encargados de subir al escenario. “Todavía hay decenas de familias, la mayoría de Sudán, que no han vuelto a saber nada de sus seres queridos. Ojalá algún día podamos decir que el periodismo ha ayudado a que esto nunca vuelva a ocurrir”, ha sentenciado Martín. 

El último galardonado de la noche ha sido el histórico periodista de la radio pública Fran Sevilla. Se ha llevado el premio Desalambre-ACNUR a la perseverancia por su incansable trayectoria centrada en la cobertura de conflictos bélicos, como el de Gaza, del que ha informado estos últimos meses desde Israel. Mientras subía a recoger el premio, podían verse en la pantalla algunas fotografías que recordaban esos cuarenta años de trabajo alrededor del mundo, desde Latinoamérica, donde hizo sus primeras andadas, a Estados Unidos, donde fue corresponsal de RNE. 

“Tengo la sensación de que las muchas palabras vertidas estos años no han sido suficientes. La impotencia aumenta cuando miro a Gaza. ¡No a la guerra en Gaza! No he visto nunca nada que se le parezca en cuanto a muerte y destrucción. La masacre del pueblo palestino continúa en estos momentos, mientras estamos aquí reunidos”, denunciaba el periodista, que ha anunciado que la dotación de su premio, los mil euros que elDiario.es destina a cada galardonado, irán para la UNRWA, una ONG que, recuerda, “Israel está queriendo eliminar”. 

Como broche final a una gala emocionante, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Sáiz ha dedicado unas palabras a los galardonados y ha lanzado una llamada a la acción para desmontar el odio, romper las barreras de la indiferencia y construir una sociedad más inclusiva, tolerante y justa: “ Lo que no se comunica no existe. Una frase que cobra más sentido en estos momentos marcados por intensos flujos migratorios, detrás de los cuales hay historias muy duras, relatos de superación y referentes como Lamine o Fátima”.