Lula retoma la protección de tierras indígenas congelada por Bolsonaro

El pasado 2 de abril, el Estado brasileño pidió perdón a los indígenas Krenak por la persecución sufrida durante la dictadura. En una decisión inédita, la Comisión de Amnistía del Ministerio de los Derechos Humanos, reconoció violaciones colectivas contra un pueblo indígena. “En nombre del Estado brasileño, quiero pedir perdón por todo el sufrimiento que su pueblo pasó”, aseguró Eneá de Stutz e Almeida, presidenta de la comisión, arrodillada ante la matriarca Djanira Krenak. 

La petición de los Krenak, negada durante el gobierno Bolsonaro, denunciaba entre otros crímenes, el desplazamiento forzado, la creación de la Guarda Rural Indígena (entrenada para torturar) y la existencia del Reformatorio Krenak, un auténtico campo de concentración que encerró a indígenas de 23 etnias. Almeida extendió la petición al “resto de pueblos indígenas originarios”.

Tres días después de la petición de perdón, el poeta y filósofo Aílton Krenak se convirtió en el primer indígena en entrar en la Academia Brasileira de Letras (ABL). Aílton destacó en su discurso la importancia de incluir las 170 lenguas indígenas de Brasil en el acervo digital de la academia. Por otro lado, el pabellón brasileño de la 60° Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia 2024 está protagonizado exclusivamente por comisarios y artistas indígenas. 

La potencia acumulada por los pueblos originarios, a parte de conseguir una visibilidad inédita, está presionando al gobierno brasileño. Si nada más llegar al poder Lula creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, en lo que lleva de mandato ha aprobado la demarcación de diez tierras indígenas. A pesar de las mejoras, los problemas siguen cerniéndose sobre la población indígena. El legado de Jair Bolsonaro, bajo cuya presidencia aumentaron un 567% los conflictos con indígenas, sigue planeando sobre Brasil. La invasión de garimpeiros (buscadores de oro) de la tierra Yanomami (no resuelta totalmente por el gobierno Lula) simboliza como ninguna otra la presión del capital. Sin embargo, la principal amenaza para los indígenas es el Marco Temporal, una tesis jurídica que pretende limitar las demarcaciones de tierras indígenas a aquellas ocupadas por los pueblos originarios antes de la Constitución (5 de octubre de 1988).

Política indigenista

Si Jair Bolsonaro apareció en 2018 en la reserva indígena amazónica de Raposa Serra do Sol defendiendo la explotación de sus recursos, Lula ha retomado la política indigenista, paralizada durante el gobierno anterior. A pesar del avance en las demarcaciones, su número y superficie total están por debajo de lo esperado. El pasado jueves, en vísperas del Dia dos Povos Indígena, Lula frustró las expectativas, al aprobar apenas dos de las seis tierras indígenas previstas. El presidente pidió más tiempo para estudiar como realojar a las personas no indígenas que ocupan esas tierras. “Hay avances importantes. El gobierno retomó el proceso de demarcaciones, aunque lentamente. La expectativa es que el proceso pueda acelerarse. Tengamos en cuenta que las políticas indigenistas fueron prácticamente destrozadas durante el gobierno anterior”, asegura en entrevista telefónica Márcio Santilli, presidente de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y socio fundador del prestigioso Instituto Socio Ambiental (ISA). De los 240 procesos de demarcación en estudio, 27 estarían listos para la firma presidencial, incluyendo las cuatro no aprobadas esta semana.  

Entre los avances, Márcio Santilli destaca la intervención del gobierno para proteger algunas tierras indígenas, como la del Alto Rio Guamá, en la Amazonia. Aún así, la situación continúa siendo crítica en algunas reservas, como la Terra Indígena Yanomami o la Terra Indígena Apyterewa (hogar de los Parakanã), codiciada por madereros y garimpeiros. El propio Davi Kopenawa, líder yanomami de renombre internacional, tiraba de las orejas a Lula en una entrevista reciente: “Lula está intentándolo, pero no lo está consiguiendo. La explotación de oro continúa en tierra yanomami”. Santilli cita la “falta de recursos humanos” del gobierno Lula como principal traba en la defensa de la tierra yanomami, una de las regiones en las que el ISA actúa hace décadas. “Con la la instalación de una Casa de Gobierno en el territorio, la determinación del presidente y la involucración de otros ministerios, especialmente el de Defensa, podemos tener una acción más consistente ya en 2024”, matiza. Por su parte, Kleber Caripuna, coordinador la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), organizadora del Acampamento Terra Livre, responsabiliza a algunas alas del gobierno Lula por la lentitud de los procesos: “Somos conscientes que este gobierno no está 100% alineado a nuestras banderas. Hay ministros que se oponen a determinadas pautas indígenas. Seguiremos dialogando, pero presionaremos más”. 

Marco temporal

Si los pueblos indígenas brasileños gozan de cierto apoyo del actual ejecutivo y del Supremo Tribunal Federal (STF), acumulan derrotas en el poder legislativo. Aunque el STF declaró inconstitucional una ley de 2007 que daba validez a la tesis del Marco Temporal, que el propio Lula vetó casi en su totalidad, el Senado y el Congreso aprobaron una nueva ley similar, 14.701/2023. La diputada indígena Célia Xakriabá, en declaraciones a elDiario.es, define la ley conocida como la Ley del Marco Temporal como un “genocidio legislado” que alimenta la violencia contra los pueblos indígena: “Cerca del 95% de las demandas que tratamos en el Congreso, mientras yo presidía la Comisión de la Amazonia de los Pueblos Originarios y Tradicionales, eran sobre violación de derechos humanos”. La ley, según el Conselho Indigenista Missionário (Cimi), “causa inseguridad física y jurídica para todos los pueblos indígenas, instaurando una situación de conflicto constitucional”.  

La situación del pueblo Guarani-Kaiowa, en el estado de Mato Grosso do Sul, uno de los epicentros del sector agropecuario, sintetiza las dificultades del gobierno. Tras el aumento de casos de violencia contra los Guarani-Kaiowá en la Reserva Indígena Dourados, el gobierno abrió un gabinete de crisis. Sin embargo, Lula sugirió en su reciente visita a la región comprar tierras para los indígenas asentados precariamente. El presidente fue duramente criticado, por no acelerar la demarcación de nuevas reservas Guarani-Kaiowá, como la Terra Indígena (TI) Iguatemipeguá I, atascada en la burocracia de Brasilia. Los estudios de la Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) estipulan que las reservas Guarani-Kaiowá equivaldrían apenas a un 3% del territorio de Mato Grosso do Sul, lo que representa solo el 10% del territorio ancestral de la etnia. La compra de tierras sugerida por Lula evitaría algunas expropiaciones y el conflicto con los hacendados locales, que ya han amenazado con poner en marcha un ejército paramilitar si se demarcan las reservas.  

A pesar de los problemas, Célia Xakriabá apunta al optimismo. Por un lado, elogia la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, que a pesar de sus escasos recursos, es “un símbolo de resistencia y compromiso con la protección de los derechos indígenas”. También destaca la aprobación de las cotas del fondo electoral para indígenas, dinero público para garantizar una cuota indígena en las candidaturas electorales. “Ello va a garantizar la llegada de más indígenas a la política”, matiza. 

Mientras las demarcaciones de tierra llegan lentamente, muchos pueblos originarios de Brasil están apostando por activar procesos de retomada, la ocupación de territorios ancestrales que todavía no están protegidos por ley. “Retomar es un ritual no solo de recuperar la tierra, sino de dar la mano a la vida que fue retirada”, en palabras del cacique Babau Tupinambá.