El calendario electoral salta por los aires por los adelantos de las comunidades del PP: “Vivimos un ciclo continuo”

El pasado 21 de diciembre se celebraron las primeras elecciones extremeñas en solitario tras 43 años de Autonomía. En febrero ocurrirá lo mismo en Aragón. En marzo, será el turno de Castilla y León, que se estrenó en esta lista en 2022. Hasta hace unos años, los ciclos electorales en España estaban definidos por un calendario que ha saltado por los aires por estrategia política y la irrupción del multipartidismo. Desde este 2026 recién estrenado, siete comunidades irán por libre en sus elecciones, lo que implica que de ahora en adelante todos los años habrá, al menos, una convocatoria a las urnas.

El país solía celebrar dos grandes momentos electorales: las generales, por un lado, y las autonómicas y municipales, por el otro. Solo cuatro comunidades se desmarcaban de estos dos hitos, aquellas que consiguieron su autonomía en virtud del artículo 151 de la Constitución, tal y como recuerda la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana Carmona. Eran Euskadi, Catalunya, Galicia y Andalucía. El resto iban “todas al mismo tiempo” con “legislaturas pautadas sin posibilidad de adelanto”, explica.

Esta dinámica se rompió en 2022 con las elecciones en Castilla y León, y se ha ahondado con la gymkana electoral que ha ideado el PP para golpear al Gobierno con resultados autonómicos que muestren el desfonde del PSOE, tal y como ocurrió en Extremadura. 

El origen jurídico de este cambio está en la ola de renovación de los estatutos de autonomía de principios del siglo XXI, explica Carmona. Un proceso que se contagió de unas comunidades a otras, y que ahondó en la “federalización” de España, en palabras de la profesora de Ciencias Políticas de la UNED Carmen Lumbierres. 

El PSOE y el PP controlaban ampliamente el parlamentarismo español a todos los niveles y extendieron de forma paulatina la prerrogativa presidencial de disolver las asambleas autonómicas y reiniciar las legislaturas. Pero el cambio no fue del todo homogéneo.

En algunos casos, el contador se pone a cero tras las elecciones y se abre una nueva legislatura de cuatro años, como ocurre en las comunidades históricas o en la Comunitat Valenciana, por ejemplo. En otras regiones, el adelanto electoral solo reordena el reparto de escaños. Fue lo que ocurrió en Madrid en 2021, cuando Isabel Díaz Ayuso disolvió la Asamblea ante el temor a una moción de censura del PSOE apoyada por Ciudadanos, su entonces socio de Gobierno, como sí ocurrió en Murcia, donde fracasó por transfuguismo. Ayuso ganó en 2021, pero tuvo que volver a las urnas en 2023.

Con el cierre de 2025, el PP decidió provocar una cadena de elecciones autonómicas para mostrar la debilidad del Gobierno. En Andalucía y Castilla y León tocaba, no así en Extremadura y Aragón, donde la excusa usada ha sido la de romper el bloqueo político al que, supuestamente, les sometía Vox. 

“Competición permanente”

Lejos de librarse de la extrema derecha, el PP es incluso más dependiente al constatarse su imposibilidad para lograr o mantener sus ansiadas mayorías absolutas. Así lo dijo expresamente el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien se enfrentará a las urnas la próxima primavera.

El nuevo calendario electoral resultante marca elecciones este 2026 (Aragón, Castilla y León y Andalucía). En 2027 serán las municipales y las autonómicas que se mantengan en el calendario clásico. También están previstas las generales. 

En 2028 llegará el turno de gallegas, vascas y catalanas tras cumplir su ciclo de cuatro años. En 2029, europeas y extremeñas. El ciclo se reiniciaría en 2030, con las posibles modificaciones que se puedan producir entre medias por decisión de los diferentes presidentes.

“El problema es que se crea una lógica de competición permanente” entre los partidos, que dejan de lado “la colaboración y la gestión”, apunta Lumbierres. “Así es muy difícil sacar proyectos a medio plazo, sobre todo en asuntos de competencia compartida”, añade. Un ejemplo “clamoroso”, dice, es la vivienda.

Lumbierres sostiene que en una carrera electoral constante “se aceleran las políticas públicas para tener una reacción rápida y se pierden las políticas de medio y largo plazo”. Además, “todo se planifica en función de sondeos y encuestas”. Especialmente en “un sistema multipartidista” y con comunidades que tienen su propio ecosistema de partidos.

Con un calendario de elecciones continuas, se hace más “difícil planificar y conseguir mayorías” porque los partidos están “siempre en confrontación” y se reducen los incentivos para formar coaliciones, algo imprescindible en un sistema multipartidista como el actual que “puede parecer una derrota”.

Herencia de la quiebra de 2015

La irrupción de Podemos, primero, y de Ciudadanos, después, rompió en 2015 el bipartidismo que había dirigido España de forma casi continua desde el final de la Transición. Se terminó así con una tradición casi única en Europa: las legislaturas largas. En la última década, se han celebrado en España cinco elecciones generales: una cada dos años. Hasta entonces, y salvo excepciones, las legislaturas solían acercarse al cumplimiento de los cuatro años estipulados.

El politólogo Lluís Orriols establece en esa ruptura del bipartidismo la quiebra que ahora se ahonda. En su opinión, la actual derivada autonómica forma parte del mismo proceso.

Orriols sostiene una doble consecuencia de la atomización del calendario. “Cuanto más individualizadas” las elecciones “menos expectativa de contagio electoral” de unas a otras, apunta en conversación con elDiario.es. Cuando van juntos la mayoría de los comicios, “se contagian las dinámicas nacionales”, un fenómeno que se reduce cuando se individualizan. 

“Existirá contagio, pero más leve”, asegura. Además, añade, “se reduce el coste político para los partidos” en caso de derrota. En mayo de 2023, casi todo el poder territorial del PSOE pasó a manos del PP de una tacada. Un gran golpe de efecto. Con elecciones individualizadas, explica Orriols, “te juegas menos” en cada contienda. 

El reverso es que la participación suele verse afectada a la baja. “El impacto informativo” de los comicios autonómicos “será menor”, por lo que puede bajar el número de votantes. Así ha ocurrido en los recientes comicios extremeños, por ejemplo. 

Y es que “la reiteración en contiendas electorales disminuye los incentivos” para participar, asegura Orriols. Una opinión que comparte Lumbierres, quien sostiene que un calendario con hitos continuos desgastaría no solo al electorado, también a los propios partidos y a los cuadros que los sostienen en el día a día. Por contra, prosigue, el “electorado más politizado y organizado” ganaría peso. Además, una sucesión de elecciones lleva a un “voto reactivo y emocional”, sin “tiempo a reflexionar”.

Carmen Lumbierres detecta una posible consecuencia más: ahondar en el “presidencialismo” del sistema español, con más poder para el Ejecutivo frente al Legislativo. Quien gobierna, apunta, tendrá en su mano un mecanismo de presión y la capacidad de aprovechar momentos de “debilidad” del rival, como el que transita ahora el PSOE.

La “explosión de elecciones autonómicas”, en palabras de Carmona, provoca un “ciclo continuo” que conlleva “inestabilidad gubernamental”. Y no tiene fácil solución, ya que se precisa un amplio consenso político y territorial, así como la renuncia de los líderes autonómicos a un “arma muy potente que tienen a su disposición”.

Coincide Lumbierres, quien sostiene que “tendría que llegar una España monocolor durante un largo tiempo” para revertir la situación. Y ni siquiera eso sería garantía, ya que, zanja, “nadie querrá devolver ese poder”.

La consecuencia será una ausencia indefinida de “descanso electoral”, explica la catedrática de Derecho Constitucional Ana Carmona. Al menos mientras se dé “esta situación de fragmentación política y sin mayorías estables”.