La primera diputada indígena de Brasil: “Bolsonaro no lo va a tener tan fácil”

Todavía no ha estrenado su puesto en el Congreso Nacional y ya tiene la agenda repleta de desafíos: maniobras que ejecutar y ofensivas que intentar frenar. La primera mujer indígena elegida diputada en la historia del Parlamento brasileño, Joênia Wapichana (Boa Vista, 1974), es la gran esperanza de resistencia dentro de la Cámara baja ante el ascenso de la extrema derecha de Jair Bolsonaro. Además de la elección del nuevo presidente, 52 diputados de su Partido Social Liberal (PSL) se sentarán en el Congreso Nacional junto a Wapichana. 

La diputada forma parte de Rede Sustentabilidade (REDE), el partido de la líder ecologista Marina Silva, derrotada en las elecciones presidenciales, y representa al estado que la vio nacer, Roraima, el territorio con menos población del país.

Su único antecesor indígena en Brasilia, sede del Congreso, fue Mário Juruna, en los años 80. El vacío de representación durante años y la sobreexposición en soledad asustan a veces. “Hay el lógico recelo, como le pasa a muchos otros”, reconoce Wapichana en conversación con eldiario.es. “Pero va a estar atenta toda la comunidad indígena y toda la sociedad brasileña”, agrega.

Se refiere a su seguridad en un país que ha dado ejemplos de los riesgos para las mujeres políticas críticas con el poder, como la concejala Marielle Franco, –asesinada el pasado marzo–, y de lo poco que se investigan ciertos casos. “El hecho de ser la única diputada indígena da cierta visibilidad y esa visibilidad es mi seguridad”, opina ella. “No sé cómo era la de Marielle. Creo que los movimientos sociales van estar atentos a eso y me deja más segura”.

Joênia Wapichana molesta a muchos, desde hace tiempo. “Ya he pasado por ciertas situaciones siendo abogada de la Raposa Serra do Sol, un caso bastante paradigmático. Me conocen, no estoy llegando ahora a esta posición”. La demarcación de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, tras un severo conflicto de más de 30 años con agricultores de la zona, la hizo famosa. En su currículum, desde algún año antes, también figuraba el hecho de ser la primera mujer indígena licenciada en Derecho en Brasil.

Plantar cara a los planes de Bolsonaro

Su plan de trabajo y sus objetivos para la legislatura están todos relacionados con las comunidades indígenas: proyectos de sostenibilidad, derechos colectivos, regularización de tierras y educación. Quiere explicar a todo el país que, para su colectivo, la tierra tiene mucho más valor que el meramente económico que, defiende, le ha otorgado la sociedad capitalista y que el desarrollo indígena, en todas sus vertientes, no se contrapone con el hecho de seguir perteneciendo a una comunidad y preservarla.

En esta andadura, sin embargo, la nueva diputada tendrá que plantar cara al presidente Bolsonaro, que ha asegurado que abrirá el bosque amazónico a proyectos extractivos e infraestructuras y ha retirado, poco antes del arranque de la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Polonia, la candidatura de Río de Janeiro para albergar la cumbre del año que viene. El líder ultraderechista ha sido beligerante con el tamaño de esas reservas indígenas repartidas por la geografía brasileña y está dispuesto a modificar las normas por las cuales se delimitan las tierras.

“Puede decir lo que quiera, pero esa protección viene dada por la mayor ley de Brasil, que es nuestra Constitución”, señala Wapichana. “Cada persona tiene su opinión y su ideología, y la de él es que los derechos de las comunidades indígenas decrezcan, pero las cosas no son tan fáciles, hay una diferencia muy grande entre el querer y el poder”.

Wapichana confía en que las herramientas que bloquean capítulos claves de la Constitución de 1988 obstruirán el ímpetu de Bolsonaro. La carta magna “cuenta con una protección muy grande en relación a los recursos naturales de las tierras indígenas”, recuerda la parlamentaria. “Existe el deber federal de proteger y de demarcar, y eliminarlo no es tan fácil como el presidente imagina. No se modifica la Constitución solo porque a Bolsonaro le dé la gana”.

Esa parte le correspondería a la Cámara de Diputados y al Senado, y allí es donde Wapichana tendrá que vérselas también con el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el lobby del agronegocio, la llamada bancada ruralista. En la legislatura que ahora termina, la bancada ha llegado a sumar 218 diputados de los 513 totales de la Cámara. En las presentes elecciones han perdido fuerza, pero se estima que a partir del 1 de enero su grupo signifique, al menos, una cuarta parte del total de diputados federales que pueden plantear la disminución de los territorios indígenas. 

“Va a ser difícil, pero pueden proponerlo”, reconoce Wapichana, que pone un ejemplo sobre estas trabas: “¿Cuántos años lleva ahí parada la PEC 215? Y sin contar con ningún representante indígena”. Se trata de la Propuesta de Enmienda de la Constitución 215/2000, de 28 de marzo de 2000 que, con incansables intentos a lo largo de casi dos décadas por parte de la bancada ruralista, busca incluir entre las competencias exclusivas del Congreso Nacional –excluyendo a la Fundación Nacional del Indio– la aprobación de demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios y la ratificación de las demarcaciones ya homologadas.

Para ser aprobada, necesita una mayoría cualificada de tres quintas partes de la Cámara y la izquierda siempre ha conseguido bloquearla, e incluso está solicitando su inconstitucionalidad al Tribunal Supremo. Esta modificación otorgaría un enorme poder a la bancada ruralista de diputados y senadores, que suele ir de la mano con la evangélica y la armamentística, en lo que se conoce como la bancada BBB (buey, biblia y bala).

Por otro lado, la líder de la bancada controlada por el agronegocio, la diputada Tereza Cristina, será la próxima ministra de Agricultura. La otra amenaza para la Fundación Nacional del Indio, el órgano gubernamental que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas, es que el Ejecutivo de Bolsonaro está intentando vincularla a este departamento y desvincularla del Ministerio de Justicia, como ha estado desde su creación hace medio siglo. 

“La sociedad brasileña tiene que estar atenta al tipo de personas que están dentro de nuestro Congreso Nacional”, opina Joênia Wapichana. “Tiene que fiscalizar qué intereses está defendiendo el Congreso: los de los más vulnerables, los de las minorías, o los intereses propios”. La nueva parlamentaria espera que “la propia sociedad brasileña no esté de acuerdo con varios de los abusos que están siendo propuestos”.

Wapichana es consciente de los temores de parte de la población y no puede evitar cierto grado de preocupación, pero quiere esquivar el pesimismo. “Los pueblos indígenas han resistido ya 518 años, el periodo de colonización fue muy grande, y también soportaron la dictadura militar”. A su juicio, si siguen en pie desde que Pedro Álvares Cabral arribó a Puerto Seguro con su flota de navíos portugueses, cuatro años con Bolsonaro en el poder, para ellos, serán solo un paso más en su rutina de resistencia.