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El juez decide investigar bajo secreto el espionaje del CNI a Aragonès

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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El juez que investiga el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido abrir una pieza separada y secreta para indagar en la infiltración con el programa Pegasus en el móvil del dirigente independentista por parte del centro.

Así lo han explicado a elDiario.es este viernes fuentes jurídicas, que añaden que el instructor también ha requerido al president su teléfono móvil para que sea sometido a un examen forense por parte de los Mossos d’Esquadra, tal y como la policía catalana ya ha realizado con los dispositivos de otros soberanistas espiados.

El juez Santiago García, que sospecha que el CNI pudo infiltrarse en el móvil de Aragonès sin permiso del Tribunal Supremo, prosigue así su investigación del espionaje después de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a la exdirectora del CNI Paz Esteban (hasta ahora el único cargo gubernamental imputado en el caso) reclamaran archivar el caso. 

En un escrito, la Fiscalía sostuvo que la solicitud de Esteban para archivar el caso debe prosperar “al haber resultado su actuación como directora del CNI ajustada a Derecho y no ser la misma constitutiva de delito”. 

Frente a esta petición, la defensa del president, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde, presentó hace unas semanas un informe de un laboratorio privado en el que los peritos informáticos detectaron que los mismos servidores empleados para espiar a Aragonès se repetían en las infiltraciones a otros independentistas (incluso algunos a los que el CNI negó haber espiado).

El peritaje técnico sobre los móviles espiados ha detectado un patrón común en la infiltración del CNI a Aragonès y al diputado de la CUP Carles Riera, ambas admitidas en sede parlamentaria por la exdirectora del centro Paz Esteban, único cargo gubernamental imputado hasta ahora por el espionaje y que alega que todo se hizo con arreglo a la ley.

Tanto Aragonès como Riera recibieron un SMS con un enlace a una supuesta noticia de un medio de comunicación que en realidad resultó ser un dominio de Internet desde el que se infectó su teléfono. El mensaje contenía un titular falso de una noticia de interés político y se envió coincidiendo con fechas políticas clave.

Más allá de lo que resulte de esa nueva pieza secreta (que durante unos meses solo podrán conocer el juez y el fiscal; no la defensa de Esteban ni a acusación de Aragonès), la investigación del caso Pegasus afronta una nueva fase decisiva con dos tesis enfrentadas.

Para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el espionaje a Aragonès es plenamente legal porque estuvo amparado por el Tribunal Supremo. El Gobierno solo ha desclasificado tres autos del Supremo con el aval a espiar a Aragonès, pero que mantienen varias de sus páginas con borrones e impiden su plena lectura. En ellos el CNI aduce que el president, espiado entre 2019 y 2020, era el jefe de los Comités de Defensa de la República (CDR), un extremo que nunca se ha probado.

Por contra, la tesis de la defensa de Aragonès es que, ya fuera con o sin permiso del Supremo, el espionaje del CNI es ilegal al basarse en razones políticas y no en criterios amparados legalmente.

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