El aumento de temperaturas condena al plátano de Canarias frente a su competencia con la banana, que ya casi copa la mitad del mercado. Durante este año, el calor ha provocado el adelanto de las producciones y que se genere más oferta de la que el mercado puede absorber, algo que se ha notado especialmente durante el verano, periodo en el que la demanda es baja. Cuando esto ocurre, la fruta goza de un mecanismo excepcional de la Unión Europea que permite la retirada de una parte para que los precios no caigan en exceso en los lineales, donde compite con la banana, importada desde América y África hacia la Península desde la década de 1990. Según los datos de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), durante este año, la conocida como pica suma 14,5 millones de kilos en las primeras 35 semanas del año (incluida la última de agosto), entre la obligatoria (10,6) y la voluntaria (3,8).

Como consecuencia del exceso de oferta, los pequeños agricultores que cortan las piñas en sus fincas apenas obtienen lo suficiente para paliar los altos costes a los que tienen que hacer frente. Si gozan de la suerte de contar con plátanos de la mejor calidad, quizá consigan llegar a estar por encima de los 30 céntimos por kilo, en referencia a lo que recibe el productor, descontado el transporte y los gastos de empaquetado. Implica vender a pérdidas, pero al menos les permite aguantar hasta que llegue la ayuda directa del Posei comunitario (0,30 euros por kilo), que les ayuda a cubrir los costes totales de producción y quizá ganar algo de dinero. A los que tienen una calidad inferior no les alcanza ni con las ayudas, si escapan de la pica.

Según el Observatorio de Precios de Canarias, desde enero a abril (últimos datos disponibles) el pago en origen osciló entre los 44 y los 37 céntimos por kilo, mientras que en destino ronda los 1,70 euros; en Península, la venta en lineales apenas ha bajado de los 2 euros el kilo. “Ahora mismo, el plátano se puede estar vendiendo a precios similares al de la banana en el mercado mayorista: unos 0,75 y 0,80 euros. Pero la banana se vende a 1,10 y 1,20 euros, mientras que el plátano está a 2 euros”, apunta Sergio Cáceres, portavoz de Asprocan.

Es la otra cara de la moneda para los productores, que durante una parte del año 2022 recibieron buenos precios, hasta 1,38 euros por kilo, lo que provocó que se agrandaran los márgenes y una manilla de la fruta pudiese verse en supermercados de la Península a 3,29 euros el kilo. El año pasado fue excepcional porque la producción escaseó por los cultivos perdidos por el volcán de La Palma (70.000 toneladas menos) y, por ende, una demanda superior a la oferta hizo que subiera su valor en todos los eslabones de la cadena, con una peor coyuntura para la banana.

“Es evidente que el precio del año pasado se debía a las circunstancias y no era el que debía. El Precio de Venta al Público se ha corregido, pero no tanto como el precio en origen, que es donde estamos teniendo un año bastante malo y no ha repercutido en el consumidor”, explica Cáceres.

En este escenario, la Plataforma por un Precio Justo del Plátano ha convocado una manifestación para el 16 de septiembre frente al Cabildo de La Palma por la situación “insostenible” debido a los precios “ridículos y abusivos”. El colectivo demanda que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria al plátano y no se permitan los pagos por debajo del coste de producción, pues la fruta fue la única excepción en esa norma a petición de Asprocan.

Una pica camino de récord en los últimos diez años

La media histórica de envío de plátanos a la Península semanalmente se sitúa en torno a los 7 millones de kilos, pero lo que se decide enviar no siempre coincide con lo que se corta en las fincas. El año pasado se quedaba corto y este 2023 en las cosechas ha ocurrido todo lo contrario: “La oferta disponible está por encima de los 9,5 millones semanales. La media para esta semana está 2,5 millones por encima de lo habitual de los últimos años”, detalla Cáceres.

La fruta comercializada hasta finales de agosto suma 255.210.000 kilos, casi 59.000 toneladas más que en el mismo periodo del año pasado y 12 más que en 2021. Y este 2023 Asprocan ha ordenado la retirada del mercado de 14.556.234 kilos, cerca de un 5% de todo lo que se comercializó en 2022. De continuar la dinámica, podría ser la pica más elevada de los últimos diez años, si supera la de 2016 (16.181 toneladas) y 2017 (16.484 toneladas) al cierre del año, aunque hay que tener en cuenta que las cifras finales pueden diferir de lo ordenado por la patronal. 

Toda la fruta que no se comercializa, según Asprocan, va destinada a bancos de alimentos o para el sector agrícola y complejos ambientales. De hecho, durante el mes de agosto no se han podido donar los plátanos “al no haber disponibilidad de recepción y distribución”, según Asprocan, que recuerda que al depender del voluntariado, durante el verano no hay logística. “Se toman otras medidas autorizadas, como al ganado o a la creación de compost”, indica Cáceres. 

El portavoz de Asprocan añade que se intenta fomentar la exportación a terceros países, como Marruecos, pero durante el verano dice que es más difícil. “El cambio climático no solo afecta a la producción. También al consumo. Si con 30 o 35 grados apetecen frutas frescas con mucho contenido en agua, como sandías y melones, eso tampoco ayuda a la comercialización”. Y por ello, se recurre a la pica.

Sin embargo, Asprocan aspira a que hasta final de año la producción descienda, sobre todo entre los meses de septiembre y octubre, cuando tradicionalmente hay menos oferta. “Durante todo el año, la producción se ha mantenido por encima de lo esperado. Se supone que ahora debe darse la tendencia contraria: que el mercado incremente el consumo a la vez que nosotros reducimos la producción. En eso confiamos. Y con eso, tratar de recuperar los niveles de precios”, apunta Cáceres.

La paradoja: más kilos con cultivos sepultados por lava

Sin embargo, el calor no es el único factor que ha provocado un aumento de la producción, al menos, según dice Amable del Corral, platanero con más de 50 años de experiencia y presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca). “El calor ha aumentado la producción, porque cada vez que hace más calor se anticipan las cosechas, eso es matemático y hasta ahí estamos de acuerdo”, dice, pero pregunta: “¿Qué pasaría si las hectáreas que están bajo la lava del volcán de La Palma estuviesen en producción?”.

La lava afectó a un total de 600 hectáreas en la Isla Bonita, unas 220 sepultadas y el resto aisladas pero recuperables a corto o medio plazo. Representa en torno al 20% de la producción anual de plátano en las islas. El portavoz de Asprocan asegura que se ha conseguido volver a poner en rendimiento el 70% de los cultivos que no estaban sepultados, pero aún así, reconoce que, dada la pérdida, “el nivel de producción es mucho más elevado en términos reales”.

El presidente de Palca apunta que la razón es que se han incorporado más hectáreas de cultivo de plátano durante los últimos años a pesar de que se retira fruta del mercado por exceso de oferta o baja demanda. Además, son nuevas plantaciones con derecho a ayudas del Posei, un programa destinado a fomentar el sector primario de regiones ultraperiféricas y compensar la lejanía e insularidad; suma 141 millones solo para el plátano en un año, más del doble de ayudas que recibe el resto de las producciones agrarias y ganaderas en las Islas. Y en la práctica, quienes mas tierras tienen, más dinero reciben: en torno al 6% percibe más del 50% de los fondos.

Para acceder a la ayuda del Posei se pone como límite unas 420.000 toneladas anuales comercializadas y que no se retire del mercado más del 5% de la producción en los 12 meses en su conjunto. Si se sobrepasa esa cifra, como ha ocurrido en otros años, se debe prorratear la ayuda. “Se están creando nuevas hectáreas por parte de los grandes o de nuevos productores que están perjudicando a los pequeños o tradicionales que llevan 50 o 60 años. Los más débiles tendrán que abandonar y 15 o 20 se quedarán con todo el mercado. Y aquí no hay control por parte de la Consejería”, critica Amable del Corral. 

Los incendios forestales son cada vez más virulentos. Tenerife ha sufrido el peor de todo el país en 2023, con más de 14.000 hectáreas quemadas desde el 15 de agosto, que ha movilizado numerosos efectivos de distintos rincones de España. Pero quienes se dedican a las labores de extinción coinciden en una máxima: la mejor manera de combatirlos es la prevención durante todo el año. Y una de las técnicas más efectivas son las quemas controladas o prescritas, que consiste en usar el fuego para limpiar determinadas zonas estratégicas que posibiliten limitar el avance de un incendio. Es una práctica extendida en Gran Canaria, que se ha posicionado como uno de los puntos principales de la Unión Europea para realizarla, a donde incluso van a formarse efectivos procedentes de la península o de otros países. Sin embargo, en Tenerife apenas se recoge en su plan anual para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 2023.

“Han hecho alguna, pero no, no hacen”, dice Federico Grillo, director técnico de Emergencias del Cabildo Gran Canaria, quien ha intervenido en el incendio en Tenerife y ha explicado su evolución durante las ruedas de prensa de forma didáctica e ilustrativa. “Nosotros apostamos cada vez más y lo tenemos muy claro: o quemas ciertas zonas o lo pierdes todo”, añade Grillo. Pero las acciones que desarrollan en materia de prevención los cabildos de Gran Canaria y Tenerife no solo difieren en las quemas controladas. En su plan, la cooperación tinerfeña aboga por implantar modelos de vegetación que actúen como cortafuegos aplicando desbroces selectivos, resalveos y podas; mantener limpias las pistas forestales para facilitar el acceso durante las emergencias y, también, una labor divulgativa destinada a concienciar a la población. Para ello, cuentan con ocho técnicos de servicio todo el año, doce agentes de medio ambiente, vigilantes (dos de ellos fijos) y una brigada de ocho efectivos, según el documento.

En cambio, el Cabildo de Gran Canaria detalla que durante la campaña de invierno (de noviembre a mayo) cuenta con 100 efectivos distribuidos en tres bases y un helicóptero a los que se suman unidades de otros colectivos estatales (como la UME), del Gobierno de Canarias o de otros puntos de la Isla. En verano, el personal propio de la Corporación Insular se incrementa hasta las 230 personas, que supera las 800 con otros cuerpos. Además de las quemas controladas, en la isla también se fomenta el pastoreo para que el ganado haga de cortafuegos natural, una acción que complementa con la restauración hidrológica para aprovechar el agua y mejorar las filtraciones en el terreno, controlar la densidad de los pinos mediante poda o limpieza, así como evitar la acumulación de materia vegetal o la limpieza de las pistas forestales, entre otras. También cuenta con el sistema Alertagran, un simulador 3D para mejorar la gestión de los incendios.

Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, apunta que “el monte de Gran Canaria no es el mismo que el de Tenerife” porque mientras que la isla redonda tiene poblaciones en las zonas más altas, en Tenerife “hay una masa forestal, en gran parte propiedad de ayuntamientos y cabildo, pero bajo esa masa forestal es cuando empiezan las poblaciones”. A su juicio, en Tenerife las repoblaciones de pinos que se realizaron hace medio siglo ha generado que crezcan uno al lado del otro “sin espacio para nada más”, algo que “no le ha venido bien al monte”. Pero, sobre todo, llama la atención sobre el abandono de la agricultura y la ganadería en las zonas de medianías y también señala que “hay muchos núcleos que no tienen pistas asfaltadas y no pueden llegar ni un coche de bomberos, ni una ambulancia”. 

Coello manifiesta sus dudas sobre replicar las quemas controladas en Tenerife. “Hay un gran debate entre quienes son más partidarios de la conservación y quienes son más partidarios de la gestión forestal”. Pero, por ejemplo, considera que usar el ganado como cortafuegos “eliminaría una cantidad de endemismos muy grande”, por lo que aboga por intentar lograr un consenso entre todas las partes para acometer las acciones más adecuadas que aúnen la prevención contra incendios y la protección del territorio.

En este sentido, se ha pronunciado la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) que demanda la compatibilidad entre la defensa contra el fuego y la conservación de la biodiversidad. En un escrito publicado el pasado 25 de agosto, aboga por incrementar el personal destinado a la vigilancia; actualizar la normativa acorde a la “peligrosidad climática”; recuperar barreras naturales contra el fuego con laurisilva en el norte en lugar de pinos exóticos y pino canario “plantado fuera de su área potencial” o promover la agricultura y ganadería en zonas rurales.

Jonay Cubas, presidente de ACBC, considera que para realizar quemas controladas en Tenerife “habría que hacer estudios” que tengan en cuenta sus efectos en las especies, las estructuras de la vegetación, en las semillas del suelo o en su composición química, porque “el fuego es malo para la conservación de la biodiversidad en todos sus niveles”. En este sentido, Cubas recuerda que cuando se habla de pinos también se está citando a “un ecosistema con aves, plantas, invertebrados, polinización, o la pinocha, que protege el suelo”. Así, considera que las quemas prescritas son “una técnica mas de prevención” que habría que analizar, pero también defiende “una gestión activa del territorio y gestionar los espacios naturales a su óptimo”.

Al respecto, el naturalista y consultor ambiental Ezequiel Navío, que ha desempeñado labores de asesoría de cambio climático para el Cabildo de Lanzarote y de Gran Canaria, considera que “si las quemas controladas ayudan a evitar un daño mayor en una zona forestal, es de sentido común”, porque de lo contrario, el resultado puede ser que “se queme todo”. Ahora bien, matiza que para llevarlas a cabo deben desarrollarse estudios o análisis de especialistas para decidir dónde y cómo se hacen. Pero Navío apunta que, para combatir los incendios en las Islas, sobre todo se debe primar la colaboración entre todo el Archipiélago, “que las islas trabajen codo con codo y de forma estrecha” desde la prevención a la extinción con sinergias similares.

“Han catalogado mis tierras como pastizal improductivo, me quieren expropiar 1.000 metros”, alerta José Vera, músico profesional con un terrenito en Santa María de Guía en el que cultiva. Su preocupación se prolonga desde abril, cuando salió a información pública una línea de alta tensión sostenida sobre 35 torretas a lo largo de 9,6 kilómetros, entre los municipios de Agaete, Gáldar y Santa María de Guía. Está promovido por una empresa llamada Hierba Muda, una filial del grupo gallego Ecoener, que con un presupuesto de 1,4 millones de euros tiene el objetivo de introducir más renovables en la red del norte de Gran Canaria, al transportar la energía fotovoltaica generada en cuatro parques solares, que también impulsa la misma empresa entre Gáldar y Agaete.

Casi el 80% del trazado es aéreo y los terrenos privados de necesaria expropiación ascienden a 143, en su totalidad de uso agrario, algunos con la categorización de pastizal improductivo, como el caso de Vera, y otros de labradío o pastos. “Te pagan por cerrar fincas”, lamenta Vera, que junto a otros afectados se han posicionado en contra y ha presentado alegaciones. La Consejería de Transición Ecológica tiene la potestad para declarar la iniciativa de interés público y autorizar o denegar el trazado propuesto. En declaraciones a este periódico, ha indicado que el proyecto continúa en información pública, en fase de estudio y contestación de las alegaciones.

Y no son pocas las alegaciones que debe estudiar la Dirección de Energía de la Consejería de Transición Ecológica. Junto a los particulares afectados, el Cabildo de Gran Canaria también ha mostrado su rechazo al trazado que propone la empresa, al igual que los tres ayuntamientos de Agaete, Gáldar y Santa María de Guía y la asociación Turcón-Ecologistas en Acción. Todos coinciden en que existen alternativas para construir la línea eléctrica que el Gobierno de Canarias debería exigir, principalmente, soterrando la mayor parte del trazado.

En un informe solicitado por la Dirección General de Energía, enmarcado en el procedimiento de consulta a las entidades y administraciones públicas afectadas, el 19 de abril la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria concluyó que la empresa debía buscar alternativas al trazado para minimizar los impactos ambientales.

El documento detalla que la línea de alta tensión y las 35 torretas chocan con el Plan Insular del Cabildo de Gran Canaria de 2022 o con el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, en el que se ampara. Además, cita que afectaría a áreas prioritarias para aves, zonas de repoblación forestal y enclaves de alta fragilidad y valor paisajístico.

“Estamos hablando de que un 80% del tendido es aéreo, es algo inconcebible teniendo en cuenta que se puede soterrar”, destaca Inés Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria. “En lugar de hacerlo paralelo a la carretera o contemplar otras opciones, pues se han lanzado a proyectar las torretas porque es lo más económico y rentable para la empresa. Y hemos dicho que de ninguna manera se justifica que la elección sea la adecuada”, abunda.

Miranda aclara que, a pesar de ese informe desfavorable del Cabildo, el Gobierno de Canarias tiene potestad para declarar el proyecto de interés público y permitir el trazado, un escenario que la Corporación Insular trataría de evitar acudiendo a los tribunales si lo estima oportuno. “No solo no podemos permitir que se salten zonas frágiles y prioritarias para aves, repoblación o reforestación, también tiene bastante incompatibilidad con el paisaje, que lo cambia por completo. Y nosotros tenemos mucho empeño en mejorarlo y en cuidarlo. No tiene sentido que se permita esta barbaridad”, zanja la consejera.

Los tres ayuntamientos coinciden en reducir el impacto medio ambiental y demandan una modificación del trazado: la propuesta de Santa María de Guía es que más del 90% de la línea eléctrica sea soterrado y discurra por caminos y carreteras preexistentes de titularidad municipal o insular para aprovechar el dominio público. La asociación Turcón-Ecologistas en Acción directamente pide al Gobierno de Canarias que deniegue la autorización a la empresa para realizar la línea de alta tensión y opte por instalar las placas solares sobre cubiertas o espacios urbanos y urbanizables, es decir, en lugares más cercanos a la demanda. 

Según la asociación ecologista, esto evitaría la construcción de una línea que afectaría a diez especies protegidas: el alcaraván, el halcón tagarote, el cuervo canario, el chorlito carambolo y a aves nocturnas como el búho chico y la lechuza. También a comunidades vegetales, entre las que cita el marmulán, el almácigo, el drago o el sauce canario. Y también destaca la afección que generaría a los cauces de numerosos barrancos.

Los parques fotovoltaicos en suelo rústico

Las líneas de alta tensión unen la subestación de Agaete con la de Guía, desde donde se elevaría o bajaría la tensión generada por la energía de los cuatro parques fotovoltaicos proyectados en la zona de El Cardonal, entre Gáldar y Agaete, tanto para su transporte como para su consumo. En abril de este año, cinco días antes de que lanzara a información pública la línea de alta tensión, el Gobierno de Canarias aprobó la ejecución de las plantas solares -junto a su conexión soterrada a la subestación de Agaete- mediante “un procedimiento excepcional” que le permitía a Hierba Muda llevarlos a cabo sin licencias urbanísticas, al ser declarado de interés general.

Además, el Gobierno de Canarias permitió la modificación del planeamiento municipal, al facilitar su ubicación sobre suelo rústico de protección agraria afectado por hábitat de interés comunitario. También conllevaba la necesidad de expropiación de terrenos privados. En total, suponen un total de 25.120 unidades, a razón de 6.280 paneles solares con una potencia de 2 megawatios cada planta y una inversión de casi 8 millones de euros. La justificación para otorgar la excepcionalidad se basó en su importancia para la transición energética, ya que en conjunto suponen evitar 12.528 toneladas anuales de gases de efecto invernadero a la atmósfera y contribuir a cumplir los objetivos fijados en la Ley de Cambio Climático.

Miranda recuerda que el Cabildo de Gran Canaria, en su informe, sí valoró de interés insular los cuatro parques solares “tras analizar una serie de cuestiones técnicas”: no se oponía ni al planeamiento de insular y cumplía el suficiente grado de detalle. Además, la conexión entre las plantas y la subestación de Agaete era soterrada.

“Dimos nuestra conformidad”, reitera. En este sentido, la consejera explica que, aunque los planeamientos municipales no tengan previstas las instalaciones de renovables en la zona en la que se demanda, la Ley del Suelo permite que, si el Cabildo lo declara de interés insular, el Ejecutivo regional puede dar luz verde. 

El origen: en 2013

Durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Gáldar, el 27 de abril de este año, el alcalde Teodoro Sosa se detuvo a detallar este asunto y situó el origen de todo en el año 2013. En aquel momento, cuenta que se precisaba la construcción de una subestación eléctrica en el norte de Gran Canaria “porque la subestación eléctrica de Tres Cruces en Guía estaba colmatada y necesitaba llegar hasta Agaete para enganchar las inversiones fotovoltaicas o eólicas”.

El Ayuntamiento de Gáldar planificó que la subestación eléctrica se ubicara entre la zona industrial y el cementerio, en una parcela municipal donde se permitía su instalación y “no molestaba a nadie”. Pero entonces, “Red Eléctrica de España compró un terreno en Agaete pegado al lindero con Gáldar, es decir, muy cerquita de Piso Firme, y dijo que es de su competencia construir la subestación eléctrica del norte”, en suelo rústico.

Para Sosa, esta es la causa principal del “problema” que se ha generado, porque las cuatro plantas fotovoltaicas y la subestación se ubican en un suelo rústico, en lugar de la zona que había planificado el Ayuntamiento de Gáldar. “Nuestra respuesta está clara, es la misma que dijimos hace unos años: no estamos de acuerdo con que se ponga esa subestación eléctrica en un suelo rústico”, manifestó el alcalde.

Y a su juicio, la consecuencia se aprecia ahora con el tendido eléctrico de alta tensión. Sosa considera que esto se hubiese evitado si se hubiera optado por su preferencia: que el trazado discurriera por una subestación eléctrica ubicada en zona industrial de titularidad municipal, pues así se hubiese posibilitado que siguiera en paralelo a la autovía y fuese subterráneo, en lugar del trazado que se ha proyectado, al que cataloga como “un disparate”. Por todo ello, aseguró que, aunque el Gobierno de Canarias tenga la potestad de permitir el proyecto tal y como está, Gáldar expresará por todos los medios que pueda que “no estará de acuerdo”.

El Gobierno de Canarias ha concedido el premio de Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional del Archipiélago al hotel RIU Oliva Beach, situado en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura) -categorizadas como Parque Natural y parte de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura- y pendiente de demolición por incumplir las condiciones de su concesión en dominio público. Costas, dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica, tramita desde julio de 2021 la caducidad del permiso a RIU para que siga gestionando el establecimiento, al detectar que acometió presuntas obras irregulares que aumentaron su volumen, en contra de lo acordado.

El pasado 9 de agosto, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el decreto por el que se conceden los premios, que recayó también en la Casa Rural de las Vigas, en Tenerife. Para justificar el reconocimiento al hotel RIU Oliva Beach, el Ejecutivo regional sostiene que la infraestructura, inaugurada en 1977, ha sido “pionera en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el Archipiélago”. El Gobierno de Canarias también defiende que el hotel ha contribuido al “desarrollo en el empleo local y la riqueza de la Isla”.

El año pasado quedó desierto el mismo premio. Las patronales turísticas de Canarias presentaron para el galardón Turismo Islas Canarias a la Proyección Internacional al RIU Oliva Beach de forma conjunta con el Tres Islas. A pesar de estar respaldada por el Ayuntamiento de La Oliva, municipio donde se ubican los hoteles, y el Cabildo de Fuerteventura, la Consejería de Turismo liderada por Yaiza Castilla no consideró la única candidatura que se postuló y nadie lo recibió.  

Ambos hoteles protagonizan un complejo conflicto entre la Dirección General de Costas y ecologistas, por un lado, que defienden la caducidad de la concesión y su correspondiente demolición, frente a la cadena hotelera, a la que respaldan una plataforma de trabajadores de los establecimientos y todas las instituciones implicadas, desde el Ayuntamiento de La Oliva al Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, que defienden que se mantenga el permiso para seguir explotando los hoteles.

Una de las controversias sobre los hoteles de Corralejo tiene que ver con quien debe ejercer la gestión de sus expedientes una vez que el 1 de enero de este año se efectuó el traspaso de competencias de las costas isleñas del Estado al Gobierno regional, entre las que se incluían las autorizaciones para ocupar dominio público.

La cadena hotelera defiende con ahínco que es la autonomía la única administración que debe hacerse cargo de todos los trámites que tengan que ver con el RIU Oliva Beach y el Tres Islas. Por su parte, Costas se reserva la gestión de estos expedientes y ha continuado con los procedimientos; prueba de ello es que el pasado mes de julio volvió a iniciar la caducidad de concesión del Tres Islas después de que el proceso anterior finalizara su plazo máximo.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, (Coalición Canaria), que gestiona el área de Costas regional, ya se ha pronunciado al respecto: ha defendido que la causa de las discrepancias en la gestión de los expedientes radica en que el traspaso de Costas fue insuficiente porque el Estado se reservó competencias. Y su intención es defender en Madrid que es el Ejecutivo regional quien debe resolver los asuntos relativos a su litoral.

Coalición Canaria votó a favor de Cuca Gamarra (PP) para presidir el Congreso de los Diputados junto al Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro, sumando 139 papeletas, lejos de los 178 que logró la socialista Francina Armengol, que ha sido elegida gracias al acuerdo entre PSOE, Sumar, PNV y EH Bildu y un pacto in extremis con Esquerra Republicana y Junts. Por su parte, la candidatura de Vox solo ha logrado los 33 votos de sus compañeros de partido. En la votación de los otros 8 miembros de mesa, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios, la diputada de CC Cristina Valido optó por la abstención.

En un comunicado, la formación ha justificado su apoyo al PP porque asegura que el partido liderado por Alberto Núñez-Feijoó “sí se ha comprometido a asumir la agenda canaria”. Por contra, ha defendido el rechazo al PSOE porque para dicho partido ha sido irrelevante contar con su apoyo. “No han mostrado el más mínimo interés por la agenda canaria”, ha defendido en la nota. En este sentido, Valido ha citado “los 100 millones de euros para La Palma, los 87 millones para financiar la gratuidad de las guaguas y el tranvía; los 410 millones de euros del convenio de carreteras; los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo o los 30 millones de euros del plan de la pobreza”, medidas sin relación alguna con la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados.

“Los socialistas nos pedían un ejercicio de fe mientras decían que no estaban ofreciendo nada a nadie, sabiendo que nos mentían y que han aceptado cosas mucho más difíciles de explicar que los asuntos canarios que planteamos. No nos fiábamos, además, de la palabra de quienes, por motivos que solo ellos conocen, mantienen bloqueadas las partidas que pactaron con nuestras diputadas de CC”, ha sostenido Valido.

Además, CC ha lamentado que en la constitución de la Mesa del Congreso no se haya incluido ningún representante “del nacionalismo serio y constitucionalista que sería una garantía de diálogo y que daría representación a esos ciudadanos de la tercera España que no se sienten representados en el bloque azul o en el bloque rojo”, en referencia a la única predilección que había manifestado Coalición Canaria antes de la sesión constitutiva de las Cortes Generales de la XV Legislatura en el Congres: que la Mesa del Congreso la presidiera el PNV, una propuesta que rechazaron casi todos los grupos.

Sin embargo, aunque hayan apoyado al PP, Valido apuntó que “se abre un nuevo periodo de negociación” en el que seguirá teniendo la mano a Feijoó y a Pedro Sánchez “por responsabilidad con nuestros electores y la tierra a la que representamos”. Así, la diputada dice que acudirá con sus propuestas a las negociaciones a las se les convoque: “Y tendrán que asumirlas si quieren nuestro voto”.

La ambigüedad y equidistancia de CC

Desde que lograra un diputado, la formación liderada por Fernando Clavijo se ha anclado en la ambigüedad y equidistancia, sin dar su claro respaldo a ninguno de los bloques. Su primerapronunciamiento fue reiterar sus líneas rojas a un gobierno con Vox, pero también con Sumar (Clavijo siguió equiparando a Podemos con el movimiento bolivariano). Ese posicionamiento se fue transformando y el partido se abría a negociar acuerdos siempre que beneficiaran a Canarias.

Los cálculos y posicionamientos hacían prever que el voto de CC podía ser determinante ante un posible empate entre ambos bloques a 171 si Junts se abstenía. De hecho, Junts mantuvo el suspense sobre esta votación hasta el último minuto. Pero finalmente se decantó en respaldar a Armengol tras cerrar acuerdos con el PSOE entre los que se han incluido el uso del catalán en el Congreso, la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A.

Por su parte, en el bloque de derechas se rompió la unidad de acción en la primera votación de la legislatura: el PP rechazó ceder algunos de sus escaños para garantizar a Vox un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara Baja y la formación de extrema derecha decidió presentar su propia candidatura en lugar de apoyar a Gamarra. Y con su respaldo a la candidata del PP, de momento, CC se ha desenmascarado con su preferencia por el partido liderado por Alberto Núñez-Feijoó, con quien Clavijo ha dicho que mantiene una relación “excelente”.

Si bien y aunque gobierne con el PP en el Gobierno de Canarias, CC no esconde que podría cambiar su respaldo si al igual que para la Mesa del Congreso se encamina la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Valido reconoció en una entrevista con Canarias Ahora que su hipotético apoyo de cara a la investidura sería “puntual” y mantendría las líneas rojas a Vox y Sumar.

Annus horribilis para la papa en Canarias. Agricultores en las Islas hablan de pérdidas de entre 50 y hasta 70% en producción. El factor climático, con periodos de sequías con reiterados episodios de altas temperaturas intercalados con lluvias ocasionales en momentos inesperados, ha jugado un papel determinante en contra del cultivo. La plaga de la polilla guatemalteca, que desde 1999 merma la siembra en el Archipiélago e impide su exportación, ha causado estragos en los terrenos. Y el aumento de costes de los abonos o las semillas también ha hecho desistir de plantar ante la escasa rentabilidad que se vaticinaba.

“Los cambios bruscos de temperaturas y las lluvias espaciadas han desestabilizado mucho las producciones”, manifiesta Armando Rodríguez, técnico de la Consejería del Sector Primario en el Cabildo de Gran Canaria, especializado en el cultivo de papas. Lo ilustra recordando el ciclo del cultivo desde que en septiembre del año pasado “vino una lluvia inusual” que hizo que se adelantara la plantación de la papa esperando que cayera más agua para recolectar en Navidad, cuando los precios son buenos. 

“Pero no cayó nada más hasta mediados del mes de enero y de ahí hasta mitad de marzo llovió considerablemente y bajaron las temperaturas”, indica Rodríguez, lo que a su vez también perjudica a la papa porque “le afecta tanto una temperatura muy alta como muy fría”. “Después, en marzo, llegó una ola de calor brusco que la rompe totalmente”, añade.

El cultivo del turbérculo precisa de temperaturas tibias y frescas con humedad constante en el suelo, especialmente en dos momentos clave: cuando tuberiza, es decir, unos 45 días después de haber nacido la raíz, y cuando se recolecta. Además, su ciclo completo precisa de unos 5.000 metros cúbicos de agua por hectárea. En este punto, la inestabilidad de las lluvias en un territorio ya de por sí escaso de pluviometría ha provocado que el tradicional cultivo de secano sea insuficiente.

“Hay que tener un riego instalado. Si llueve, pues se aprovecha el agua, pero tengo que tener apoyo. Es como si tengo sed y solo puedo beber un vaso de agua, cuando mi cuerpo me pide una botella. O que solo me diesen agua el miércoles y el viernes. Las plantas necesitan agua para crecer y si no tenemos agua, poco se puede hacer”, explica Rodríguez.

El ejemplo en este sentido lo ilustra la papa antigua de Canarias, la única con denominación de origen en España, que ha sufrido especialmente las consecuencias del clima, al ser un cultivo esencialmente de secano. “Ha sido sobre todo por el clima, porque no ha llovido cuando tenía que llover y ha habido poca agua cuando se necesitaba”, dice Judith Delgado, agricultora con una hectárea en Tenerife e integrante de la asociación de cosecheros Papa Bonita.

Esta variedad la siembra en enero y la recoge en julio; nunca la riega, se nutre de la bruma y de las lluvias de marzo a junio, pero “este año llovió mucho a principios de junio y la papa empezó a florecer otra vez, ha sido muy extraño”, indica Judith Delgado. Los factores climáticos han mermado su producción en un 50% de unos 1.000 y 1.500 kilos de semillas. Ello sin contar las unidades afectadas por la polilla guatemalteca, pues si se suman la que quedaron inservibles, Judith Delgado dice que tan solo ha logrado salvar un 30% de lo plantado.

Ante años con mala cosecha -como el “horroroso” 2011 cuando perdió el 99% de su producción por la polilla- Judith Delgado dice que lo más importante es “guardar semillas, vender lo que se pueda y hacer acopio del consumo”. Tan solo puede adquirir semillas certificadas de la variedad de papa antigua de Canarias en Cultesa, que califica como “muy productiva”, aunque recuerda que su familia cultiva este tubérculo desde hace 401 años y trata de priorizar las propias.

Altos costes

En el norte de Tenerife, una mala cosecha puede empobrecer a un barrio para el que el cultivo tradicional de papas es vital, ya sea como una actividad principal o extra. Es el caso de Benijos, en La Orotava, donde vive y tiene sus cultivos Otilia Cabrera, presidenta de la asociación de vecinos de la localidad, quien antes comercializaba su producción y que, ahora, solo mantiene “para comer”.  Según cuenta, el principal problema en esta área ha sido la subida de precios en semillas y abonos.

“Un saco de abono de entre 25 y 20 euros estaba a unos 16 o 17 euros, pero este año se pagaba a 28 euros. Y la semilla fue tres cuartos de lo mismo: se compraba a 20 euros y este año subió 8 o 9 euros más. Suponía hacer una fuerte inversión de dinero para plantar con la sequía, que hay mucha gente que no tiene riego. Y ello implicaba echar un montón de dinero a un terreno con poca probabilidad de sacarle rentabilidad”, señala Cabrera.

Precisamente, la rentabilidad es uno de los mayores problemas a los que se han tenido que enfrentar los agricultores de esta zona, según recuerda Cabrera: “En Benijos o Icod se abusaba, se pagaba el kilo a 30 céntimos”, cuando, al menos, cubrir los costes debe rondar los 0,60 euros. Entre otras razones, las causas se enraizaban con el deterioro que sufrió la cooperativa Benijos, de la que Cabrera era socia, que se encargaba de recoger y dar salida a la producción de la zona. “Había unos 300 agricultores y en sus cámaras cabían más de 1 millón de kilos, pero se fue deteriorando (…) se pagaba menos de lo acordado a los agricultores y entonces la gente se fue desencantando”.

Cuando las deudas obligaron a echar el cierre a la cooperativa, hace más de una década, el Cabildo de Tenerife compró sus instalaciones, que luego arrendaba a otras sociedades. La última en alquilar fue la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) Garañaña, una entidad que forma parte de un grupo empresarial dedicado a la producción y comercialización agraria, sobre todo de papas, cuya gerente es Ángela Delgado, a su vez presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga). Delgado combina su labor como representante del sector primario, productora y comercializadora, con la de importación de papas de Israel a través de la sociedad Cadimisa.

Cabrera apunta que la importación de papas del extranjero es otro de los factores que contribuye a bajar el precio que se le paga a los productores locales. Como ejemplo, cuenta que los intermediarios “juegan” con la papa importada para ofrecer precios a la baja a los productores locales. Matiza aclara que no está en contra de traer tubérculos de terceros países porque entiende que “lo que se planta en las islas no da para abastecer a todo el año”. Pero sí reconoce que le gustaría que “cuando estuviera la zafra de la papa norte, se controlara la importación para que el producto alcanzara un precio que fuese rentable para los agricultores”, indica. Por ejemplo: “Si la importación llega a finales de agosto, que no la traigan a inicios de ese mes, para que en esas tres semanas pueda venderse la papa del país a buen precio”.

Con la finalidad de conseguir un precio justo para los productores locales, intentó impulsar junto a representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos o de Sí Podemos Canarias la Mesa de la Papa. Sus integrantes demandaban el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a que se pague a los agricultores por encima de sus costes de producción. Además, alzaron la voz contra las importaciones que coinciden con los momentos de mayor recolección de papa local, que ubicaban entre mayo y septiembre.

“Los intermediarios tienen compromisos con productores de Israel, Egipto o Gran Bretaña, pero también deben tener compromisos con los agricultores canarios. Los grandes intermediarios tienen que comprometerse con los agricultores de las Islas”, reivindica Cabrera.

Daniel Godoy es gerente de Agrícola Papacan SL, una de las compañías más importantes de producción y comercialización de papas en Gran Canaria. “La cosecha ha sido de las peores de los últimos años. Hacía tiempo que no se daba algo así. Tenemos capacidad para producir un millón de kilos, pero nos vamos a quedar en 250.000 y 300.000 kilos, un 70% menos”, asegura. El cambio climático es una de las causas a las que atribuye este escenario, pero, sobre todo, lo achaca a la polilla guatemalteca, para la que cada vez hay menos herramientas para combatirla ante la imposibilidad de usar determinados productos.

Y Godoy cita otro factor que a su juicio ha sido fundamental: los recursos humanos. “La falta de mano de obra es un problema añadido que ha hecho que mucha gente haya desistido de plantar porque no se consigue personal para recolectar. Literalmente hemos renunciado a plantar una parte de la superficie porque no conseguimos mano de obra. Es preferible producir menos y centrar los recursos humanos para que esas papas salgan bien, en lugar de plantar mucho y no poder atender los cultivos”, detalla. Lo que ha ayudado a compensar parte de las pérdidas es que, al haber menos producto en el mercado, “los precios al público se han disparado”, añade.

Canarias está encadenando en agosto episodios de calor muy intensos, con la estación meteorológica de Tasarte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marcando la temperatura más alta de España: 45,1 grados este domingo. El mar que rodea las islas no ha sido ajeno y prueba de ello son las llamadas microalgas que han podido observarse en la playa de Las Canteras (Gran Canaria) o en Granadilla de Abona (Tenerife), pues las cianobacterias son organismos marinos que proliferan en la superficie cuando se dan temperaturas altas, ausencia de viento y la marea las arrastra a la cosa. Según el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional, Mariano Hernández Zapata, se prevén “cantidades ingentes” para esta semana, cuando seguirán activos los avisos por calor.

Estas cianobacterias, denominadas Trichodesmium erythreaum, son más usuales en zonas tropicales, como áreas de Australia o en la costa sureste de Estados Unidos, al igual que otras especies que ya frecuentan las costas de Canarias. “Este año tenemos una anomalía positiva de la temperatura de agua de mar y llegan especies tropicales a las costas de Canarias”, dice Ricardo Haorun, catedrático y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Pero más allá del aumento de registros usuales en agosto, Haorun recuerda que en las dos últimas décadas “ha habido un incremento paulatino de la temperatura del mar” que ha propiciado “una tropicalización de la flora y fauna marina de Canarias”. Como ejemplo, el también director del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua) expone el Acanthurus tractus o pez cirujano y la Fula tropical o fula sargento, de aguas cálidas, que ya son habituales en las islas e incluso son capturadas por pescadores; sin embargo, también matiza que en su llegada pueden influir otros factores además del aumento de temperaturas como el tráfico marítimo o las plataformas petrolíferas.

El doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de la ULPGC y también profesor de Biología, José Juan Castro, detalla que el calentamiento del mar implica una menor retención de oxígeno que limita más la vida. “Un ejemplo es la charca de Maspalomas: cuando llega el verano, mueren muchos peces porque el agua se calienta mucho, es decir, hay mucha materia orgánica que se descompone más rápido, se consume el oxígeno más rápido y los animales terminan muriendo”, ilustra Castro. En un espacio como el mar es difícil que se dé la misma dinámica, pero “hay zonas del planeta donde ocurre, sobre todo cerca del Golfo de Guinea, que son anóxicas, allí no hay vida o disminuye bastante”, añade.

Además, el calentamiento del agua también implica que el metabolismo de los peces se acelere. “A partir de cierto momento, las reacciones químicas decaen, las proteínas o enzimas comienzan a perder su capacidad química (...) por ejemplo, los peces y las algas, que no pueden controlar su temperatura y mantienen la misma que la del agua, consumen más cantidad de comida, crecen más rápido, pero también viven menos”, expone Castro.

Lo que sucede en algunos casos es que los peces migran a aguas más frías o profundas y, a su vez, llegan otras especies de zonas más tropicales, lo que deriva en una serie de “impactos ecológicos” asociados, indica Castro. La ciguatera, un tipo de intoxicación alimentaria producida por el consumo de pescado que contiene ciguatoxina que suelen provenir de “algas típicas de zonas más tropicales o cálidas”, es uno de esas consecuencias; en las Islas se han registrado unas 125 desde 2004.

Como ejemplo, cita la sardina de ley, que suele habitar aguas frías  y “puede terminar desapareciendo del mar isleño”, mientras que la Castañeta o fula negra, que es más típica de áreas cercanas a Cabo Verde, pueda expandirse también a Canarias o la decapterus macarellus, conocida como caballa de la familia de los chicharros, “que no existía en las islas hace 20 años y ahora es una pesquería interesante”.

Lo cierto es que el aumento de la temperatura del mar afecta a todas las especies. “Hay una especie de alga que lleva en Canarias más de 20 años y que progresivamente va desapareciendo. Puede ser que esto se deba a otros motivos diferentes al cambio climático, como cambios en la calidad del agua o la contaminación. Pero la temperatura es un factor global que está afectando. Hay especies de aguas más frías que acaban desapareciendo. Y especies de aguas cálidas que eran muy raras y empiezan a proliferar”, abunda Castro.

Los atunes, una de las especies más importantes para el sector pesquero de las islas, migran a Canarias cuando el agua es más cálida. “A medida que se propaga el calentamiento estacional que viene del Golfo de Guinea y llega hasta el cantábrico, los atunes aprovechan ese agua caliente para migrar hacia el norte. Cuando llega el otoño y el agua se empieza a enfriar, empiezan a migrar otra vez hacia el sur, siguiendo las isotermas de temperatura”, señala Castro.

Esto se debe, sobre todo, a los cambios estacionales habituales, cuando hay especies que tropicales que aparecen de forma masiva, como las microalgas, y luego desaparecen cuando vuelven a bajar las temperaturas. Pero cuando el calentamiento es gradual y progresivo, “se produce un cambio poblacional: hay especies que empiezan a desaparecer y aparecen otras, entonces el ecosistema cambia”.

Este 8 de agosto lo anunciaba en un comunicado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: “La playa de Las Canteras sufre estos días una proliferación anormalmente alta –bloom– de microalgas”. Cruz Roja izó la bandera amarilla como medida de precaución al baño. Un día antes, el Consistorio informó de la aparición de decenas de peces globo muertos en la orilla del emblemático enclave de la capital isleña. Pero ambos episodios no están relacionados y son fenómenos naturales, según el catedrático de Ecología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Javier Arístegui, uno de los mayores expertos en la materia.

“La aparición de los peces globo no es un hecho inusual. De vez en cuando, estos animales se reúnen para reproducirse de forma masiva. Y parece ser que consumen el oxígeno del agua y muchos de ellos mueren. Pienso que las mareas equinocciales que hemos tenido con la luna llena los han arrastado hasta la costa. Pero no tiene absolutamente nada que ver con las cianobacterias”, reitera el también profesor del área de Oceanografía Biológica y Ecología de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC.

Las microalgas son las cianobacterias Trichodesmium erythreaum, conocidas en las islas en los veranos de 2004, 2011 y, sobre todo, 2017, cuando tuvieron lugar floraciones masivas en las costas del Archipiélago. Aquel episodio generó alarma social y la falta de información al respecto llevó a Salud Pública a emitir una serie de recomendaciones y al Gobierno de Canarias a encargar un informe para arrojar luz sobre el organismo marino, en el que participó, entre otros, Aristegui.

“Las cianobacterias que han aparecido en Las Canteras, en el sur de Gran Canaria o en las costas de Tenerife y La Gomera son casi recurrentes todos los años. Hay años un poco más fríos en los que ha habido menos, pero este en particular, se ha generado una anomalía de temperatura muy grande, probablemente influenciada por el proceso de El Niño del Océano Pacífico, que está dando lugar a episodios de calor intensos que afectan al mar. Que la temperatura sea tan alta y que el viento haya amainado unos días ha hecho que proliferen las cianobacterias”, explica el también nvestigador del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global.

De hecho, Aristegui asegura que desde junio se han registrado las manchas cercanas a las costas de las Islas a través de imágenes satelitales y prevé que en septiembre puedan incrementarse aún más. “Lo que vemos se ha formado en aguas abiertas, donde se acumulan en zonas de convergencia y son arrastradas por las corrientes (...) cuando llegan a la costa ya están un estado deteriorado por estrés lumínico y oxidativo, por eso tienen esos colores rojizos, porque están expulsando pigmentos al agua. Es un proceso natural, cuando se congregan en superficie, de alguna forma, se suicidan”, detalla. También liberan materia orgánica disuelta, amonio y otros metabolitos que generan olores desagradables.

En este punto, Aristegui incide en que las cianobacterias “no tienen absolutamente nada que ver con los vertidos” y, aunque tienen toxinas que pueden ocasionar irritación en la piel, no “no hay ningún estudio que demuestre que tiene algún efecto tóxico en la salud humana”. En este sentido, las recomendaciones de Salud Pública ante la proliferación de estas cianobacterias desaconsejan el baño donde se ubiquen las manchas, evitar situarse a favor del viento y que los ayuntamientos establezcan indicaciones de aviso a los usuarios, como izar la bandera amarilla, pero no la roja. Si se entra en contacto con las microalgas, es necesario ducharse o enjuagarse de forma abundante, lavar y secar la ropa y, si se observa cualquier efecto, acudir a un centro de salud.

Aristegui recuerda que las cianobacterias en Canarias se monitorizan “desde hace muchos años” y se recogen muestras de forma constante para analizarlas. “Hay otras zonas tropicales como Australia o Florida donde las cianobacterias están prácticamente todo el año y es importante que cale en la sociedad que no tienen nada que ver con vertidos, que no son tóxicas, que es un proceso natural y que seguramente irá a más por el calentamiento global”, concluye.

Las elecciones autonómicas celebradas en Canarias este 28 de mayo han vuelto a sembrar la duda sobre el sistema de representación político del Archipiélago. Un debate reiterado, que alcanzó su punto álgido con la reforma de 2019 y que ha regresado otra vez tras unos resultados valiosos para algunos (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI) y no tanto para otros (PSOE y Nueva Canarias).

La llamada a las urnas en el Archipiélago volvió a dejar desenlaces cuando menos llamativos: el candidato socialista Ángel Víctor Torres obtuvo uno de cada tres votos en la lista autonómica, la que presumiblemente elige al futuro presidente regional, pero no resultó suficiente para revalidar el puesto; NC logró por primera vez en su historia diputados en tres islas distintas (Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura) y se hizo con cinco escaños, pero perdió el sillón del líder del partido, Román Rodríguez, quien no cosechó los apoyos necesarios en la circunscripción regional.

Ambas realidades hicieron que tanto Torres como Luis Campos, diputado de Nueva Canarias en el Parlamento autonómico, criticaran días después de los comicios la ley electoral de las Islas, aprobada en abril de 2022 con la única motivación de dotar de seguridad jurídica la reforma del sistema aplicada por primera vez hace cuatro años. Con dos elecciones ya a sus espaldas, tanto PSOE como NC ven necesario seguir profundizando en la norma. Aunque ahora tendrán que hacerlo desde el bando de la oposición.

“Yo recibo cerca de 290.000 votos [en la lista autonómica] y eso da cuatro diputados al PSOE. Luego resulta que con unos 6.000 votos te dan tres diputados [haciendo alusión a ASG en La Gomera]. Esa ley electoral se tiene que actualizar. Sé que hace falta mayoría cualificada para ello, pero yo lo que estoy planteando es que abramos un debate”, apunta Torres en una entrevista a Canarias Ahora.

El secretario general del PSOE cree que la implantación de dos urnas en la votación ha generado una “tremenda confusión” entre los electores canarios. En una hay que votar al candidato de la circunscripción regional, donde está el aspirante a presidir la comunidad (de ahí salen nueve diputados). En la otra, al de la circunscripción insular (salen 61 representantes). Pero Torres opina que algunos ciudadanos pensaban que “para elegir al presidente bastaba con votar en la lista donde estaba el candidato a la presidencia”. Y considera que eso hay que modificarlo.

“Yo hago una primera propuesta, que no modifica nada, ni los topes ni la presencia de las listas insulares. Y sería que solo se votara en una urna. La primera gran confusión, y eso es innegable, es que se vota en dos urnas, [algo que] solo ocurre en el Parlamento de Canarias. En un ayuntamiento, no se vota al alcalde en una urna y a los concejales en otra. Se vota a todos en la misma urna. Pero en el Parlamento no”, razona Torres.

El líder del PSOE en el Archipiélago puntualiza que una misma papeleta podría tener, en la parte superior, la lista regional con sus respectivos miembros, mientras que en la parte inferior contaría con el candidato insular. “Con eso, solo con eso, conseguimos que la gente no se confunda”. El Consejo Consultivo de Canarias ya dictaminó en 2018 que dicha lógica debería recogerse en una ley en caso de ser empleada.

Por otro lado, Torres y Campos comparten la idea de ampliar el número de diputados electos por la circunscripción autonómica para que el elemento poblacional gane importancia sobre el territorial. Así, de acuerdo con el diputado de NC, una primera propuesta sería robarles uno o dos escaños a las islas no capitalinas y cuatro o cinco a Gran Canaria y Tenerife, con el fin de engordar la lista regional y equilibrar la balanza.

“Que el voto ciudadano tenga realmente un reflejo más fiel en la composición final del Parlamento que el que tiene el territorial”, resume Campos.

La proposición no es nueva. La asociación cívica que impulsó como movimiento popular la reforma electoral en el Archipiélago, Demócratas por el Cambio, ha abogado en reiteradas ocasiones por potenciar la mencionada lista con 21 representantes y reducir el Parlamento regional a 69 diputados. La distribución sería la siguiente: Gran Canaria y Tenerife tendrían 12 escaños cada uno, Lanzarote tendría seis, los mismos que Fuerteventura y La Palma, mientras que La Gomera y El Hierro obtendrían tres cada uno.

Además, el portavoz de la organización, Vicente Mujica, propone algunas modificaciones más “sofisticadas”, como premiar al partido más votado en la circunscripción regional. De este modo, si una formación supera un porcentaje de voto previamente estipulado (entre el 30 y el 35%), recibiría siete escaños solo por eso, pero podría seguir optando al resto de sillones (14) en la repartición proporcional vigente.

“Esto es lo que nosotros llamamos lista autonómica de doble opción. Todos los partidos que superen un porcentaje de voto (más del 30%), tendrían derecho a una reserva de escaños, por decirlo de alguna forma. Esto facilitaría que la lista más votada sea la que gobierne, algo de lo que se está hablando mucho estos días”, argumente Mujica a esta redacción. En los últimos comicios, solo el PSOE obtuvo más del 30% de las papeletas en este sentido.

Mujica recuerda que ya avisó de que una lista autonómica de nueve diputados podría tener repercusiones desgraciadas para los partidos medios o pequeños. En general, los diputados en esa circunscripción suelen repartirse entre las tres agrupaciones con más implantación territorial en el Archipiélago (PSOE, PP y CC) y alguno más, que anteriormente habían sido Unidas Podemos y Nueva Canarias. “Pero a la mínima que te entra un competidor”, remarca Mujica, “ahí no quedan diputados para repartir”. Y quien sale perdiendo es el más pequeño.

“Cuando se hizo la propuesta de la ley electoral, la idea era que el candidato a la Presidencia fuera en la lista regional. Pero claro, ahí tienes que conseguir un número determinado de votos. Si no lo alcanzas, se puede dar el caso de Román Rodríguez (NC). Estás condenando, para asegurar el escaño, que el líder regional que se vota en todas las islas vaya en una lista insular. Y eso creo que no es el sentido de la ley ni del sistema”, remacha Torres.

Tanto el PSOE como NC aseguran que durante la próxima legislatura van a estudiar nuevas reformas del sistema de representación político de los canarios. El problema es que cualquier modificación requiere de una mayoría de 3/5 en la Cámara autonómica. Y la suma entre ambas fuerzas (28 diputados), junto con la dificultad de encontrar socios para ello entre las formaciones que conforman el Gobierno canario (PP, CC, AHI y ASG), auguran cierto inmovilismo. 

Por primera vez desde que comenzó a presentarse en 2008 a las generales, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) no tendrá un diputado en el Congreso de los Diputados. Durante varios tramos del recuento, el candidato Luis Campos y sustituto de Pedro Quevedo ganaba uno de los ocho escaños de la provincia de Las Palmas, manteniendo una pugna con el PSOE casi desde el inicio del conteo hasta que el PP le acabó arrebatando el asiento.

Aunque estuvo muy cerca, la formación finalmente se ha quedado a casi 3.000 votos de lograr el escaño, tras conseguir más de 43.000 papeletas por la provincia de Las Palmas. Gran Canaria concentró prácticamente la totalidad del apoyo a los canaristas, con más del 90%, seguido de Lanzarote (1.400) y Fuerteventura (1.200). 

En dos municipios en los que gobierna, fue la fuerza más votada: en Gáldar, el bastión de Teodoro Sosa, el alcalde más votado de España, y en Santa María de Guía, donde Pedro Rodríguez encadena su quinto mandato. En Las Palmas de Gran Canaria y Telde, las dos ciudades más pobladas de la Islam fue la quinta fuerza más votada; en feudos del partido como Agüimes o Santa Lucía de Tirajana, la cuarta.

Es habitual que estos resultados contrasten con las municipales en la Isla, donde NC-BC ganó en nueve municipios, además del Cabildo. A pesar de sus esfuerzos por tratar de convencer de que el “voto útil” para la ciudadanía de las Islas era conseguir que el partido canarista tuviera presencia en el Congreso, en la provincia de Las Palmas los escaños se han repartido entre el PSOE y PP, que empatan a tres escaños, junto con uno para Sumar y otro para Vox.

La apuesta era arriesgada: concurrir en solitario a los comicios nacionales, algo inédito en su historia. En 2008, el fundador y líder del partido Román Rodríguez fue diputado hasta 2011 en alianza con CC; desde 2011 hasta 2019, Pedro Quevedo mantuvo el asiento de la formación integrándose en la plancha del PSOE y lo revalidó en los siguientes comicios retomando la alianza nacionalista.

Esta vez, tras las infructuosas negociaciones con CC para conformar una nueva alianza nacionalista, Luis Campos acudía en solitario a las generales. Durante la campaña, hacían valer sus logros en el Congreso, como el descuento del 75% en los billetes aéreos hacia la Península, así como su oposición férrea a la extrema derecha, diferenciándose de la ambigüedad mostrada por CC. 

En la misma provincia, su ex socio ha salido mucho peor parado al concurrir en solitario, ya que también se ha quedado fuera la hasta ahora diputada María Fernández, quien se turnó con Quevedo en la pasada legislatura. En la campaña, Fernández auguró que el partido obtendría 80.000 votos por Las Palmas, con sus correspondientes dos escaños. La formación se quedó en 33.000 papeletas.

7 de julio: El Frente Polisario ofrece a pescadores licencias para faenar en aguas del Sáhara Occidental ante el inminente final del acuerdo entre la UE y Marruecos, algo que el portavoz del sector en las islas, David Pavón, califica como ilusionante. 17 de julio: Expira el pacto entre los 27 y Rabat, cuya renovación queda pendiente de que el máximo órgano judicial europeo ratifique o revoque la sentencia que anuló cualquier negociación sobre los recursos del Sáhara Occidental sin contar con su representante legal. En otras palabras, el reino alauí no puede explotar ni vender los recursos del territorio autónomo pendiente de descolonización, si la Corte de Justicia europea no dice lo contrario. La respuesta del lado marroquí no se hizo esperar: el mismo día, Israel reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental, siguiendo el mismo camino que Estados Unidos y el giro de posición del Gobierno de España.

En un escenario en el que Marruecos ha acelerado su ofensiva para que se reconozca al Sáhara como una provincia de su reino y más países apoyen esta vía como la solución “más realista” a un conflicto enquistados durante casi 50 años, ¿qué implicaciones tiene el final del acuerdo de pesca con la UE? “Legalmente, la UE ya no puede negociar con Marruecos si se confirma la sentencia”, explica Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, que lleva 30 años trabajando el conflicto. El Polisario, como representante legal del pueblo saharaui que administra el 20% del espacio terrestre, ha conseguido un reconocimiento por la vía del derecho que no ha logrado por el camino diplomático ni las armas.

“Es un proceso lento y muy largo, ha durado casi 11 años. Se han ido agotando todas las vías y ha llegado a la sentencia en casación. Las anteriores permitían recursos, pero esta última no. Y renovar el acuerdo de pesca sería una violación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, explica Soroeta. Si se ratifica en la Corte de Justicia, se confirmaría que el único actor que tiene capacidad para negociar con la UE sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental es el Frente Polisario. Así, la opción de conceder licencias de pesca en su territorio es una opción que defendió Abdulah Arabi, representate del Frente Polisario en España, y Gilles Devers, su abogado ante las instancias europeas, durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.

El encuentro inédito entre el sector pesquero de las islas -representado por David Pavón, presidente de la Federación Regional de Cofradías en Canarias- y el Frente Polisario fue organizado por Carmelo Ramírez. El consejero de Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria ha estado vinculado en la defensa de la causa saharaui desde la época colonial por los lazos históricos entre ambas comunidades. Fruto de esa reunión, Arabi propuso otorgar licencias de pesca directas de un año de duración para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias” que no puedan faenar en las aguas del Sáhara por el final del acuerdo. En este sentido, reconoció que dichos permisos tendrían que ser aprobados por el Gobierno de España, algo que rechazó de forma inmediata Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Pavón es favorable a que se negocie un nuevo acuerdo pesquero respetando lo que dicte la Corte de Justicia europea. “Tenemos el máximo respeto a lo que diga la Justicia. A partir de ahí, entendemos y defendemos que se debe actuar y negociar”, abunda. En esta línea, muestra su deseo de que un nuevo pacto incluya a más especies, como los pulpos y los calamares saharianos, ya que el que se firmó en 2019 apenas ha repercutido en el sector de las islas (de una flota de 700 buques, solo tenían licencia una quincena, de los cuales cuatro faenaban con regularidad). La UE abonó 208 millones a cambio de 128 licencias, pero el número de licencias activas no ha superado la treintena.

“Realmente, los acuerdos de pesca para la UE son un negocio ruinoso”, califica Soroeta, que recuerda la existencia de informes del Parlamento europeo que los catalogaban como contraproducentes. “Si repartes el dinero que le das a Marruecos entre los barcos que salen a faenar, esos barcos se pueden quedar en el puerto y tan felices”, añade. A su juicio, el acuerdo pesquero “es una forma más que tiene la UE de ceder al chantaje de Marruecos por Ceuta y Melilla, la inmigración o el terrorismo… A través de los acuerdos de pesca, paga una cantidad que no se corresponde con la realidad”.    . 

El abogado del Frente Polisario ante la UE también avanzó, durante la rueda de prensa en la capital grancanaria, que si España rechaza la propuesta de las licencias, se dirigirán a los otros socios: “Porque la UE la conforman 27 países, por lo que empezaremos por consultar a Portugal, Francia e Italia”. Al respecto, Soroeta indica que el Polisario, legalmente, puede conceder esas licencias para los barcos que quieran pescar en las aguas del Sáhara Occidental. “Pero previsiblemente ¿qué pasaría? Que Marruecos apresaría a estos buques”, vaticina. Sin embargo, también añade que en este escenario podría intervenir el Tribunal Internacional de Derecho al Mar, “que tiene competencia automática en caso de apresamiento de un buque” y podría condenar a Rabat.

Además, Soroeta indica que a efectos prácticos “los estados buscan las vías para violar el derecho internacional” y una de las opciones que podría explorar Marruecos es formar empresas mixtas con otros países para que puedan seguir pescando en aguas del Sáhara. Asimismo, también recuerda que Rusia y Japón son “quienes más esquilman las aguas del Sáhara Occidental y no hay mecanismos para atacar a estos estados como con la UE”. Porque la realidad es que quien controla el espacio marítimo y terrestre del Sáhara Occidental es Marruecos, “por la fuerza”, y explota sus recursos sin consecuencia alguna.

El experto en Derecho Internacional apunta que, una vez se ratifique la sentencia, el Polisario podría pedir indemnizaciones correspondientes al expolio de sus recursos en el Sáhara Occidental. “Desde 2016 ya hay una sentencia que establece que se están explotando recursos ilegalmente. Son siete años y el Frente Polisario puede reclamar una cantidad, que no es calderilla, porque Marruecos ha negociado ilegalmente con unos recursos que no son suyos y, por lo tanto, debe indemnizar a su propietario”, añade Soroeta.

Las encuestas de cara al 23 de julio dibujan distintos escenarios en los que cada escaño es valioso. La derecha parece tener ventaja sobre la coalición de izquierdas, pero el Partido Popular y Vox podrían no alcanzar la mayoría absoluta necesaria y precisar de algún apoyo decisivo de partidos como Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Frente a este bloque, se vislumbra que para alcanzar el poder, PSOE y Sumar requerirán de un respaldo mayor de vascos, catalanes, gallegos y, quizá, canarios. Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Coalición Canaria decidieron converger por separado a las generales defendiendo el mismo objetivo: tener presencia en el Congreso y en el Senado para defender y conseguir mejoras para el Archipiélago. Las diferencias ideológicas entre una formación que se sigue atribuyendo la etiqueta nacionalista escorándose a la derecha y otra autodefinida como “canarista de progreso”, junto a las insalvables condiciones de negociación para conformar un bloque electoral, impidieron que se repitiera la alianza con la que consiguieron dos diputados en 2019, uno por cada provincia. 

En sus programas son amplias las similitudes, con propuestas en ocasiones idénticas como la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) o del Estatuto de Autonomía, pero también son patentes las diferencias, con una que destaca sobre las demás: el posicionamiento firme de NC-BC en contra de la extrema derecha, que incluso lo refleja en uno de los puntos de su programa. Por su parte, CC ha reiterado que mantiene una “línea roja” con Vox por “diferencias ideológicas insalvables”, que también extiende a Podemos, Bildu y Esquerra Republicana por el mismo motivo. Pero de forma paralela, CC ha accedido al bastón de mando en Teguise (Lanzarote) gracias a una abstención del partido de Santiago Abascal. Y tampoco ha dejado claro si posibilitaría o no un gobierno nacional entre PP y Vox tras regresar al poder en el Gobierno de Canarias con el respaldo de la formación de Feijoó.

NC-BC ha reiterado su rechazo a la extrema derecha por su negación de la violencia machista, su oposición a los para las personas LGTBIQ+ o su criminalización de las personas migrantes con discurso racistas y xenófobos. Además, en su programa resalta que al ser Vox un partido centralista y contrario al modelo autonómico, es “muy contradictorio que cargos públicos de CC acepten su voto para ganar una alcaldía y, además, estén dispuestos a compartir responsabilidades en una corporación local”. Por todo ello, la formación canarista ha remarcado durante toda la campaña que “en ningún caso” apoyará un acuerdo en el que se incluya a la ultraderecha. El candidato Luis Campos incluso ha demandado el “voto útil” porque considera que el único escaño que pueden conseguir por la provincia de Las Palmas está en disputa con Vox.

CC no se ha pronunciado tan enérgicamente en contra de la extrema derecha, pero la candidata por Santa Cruz de Tenerife Cristina Valido sí ha dicho que no apoyará un gobierno con Vox, aunque con matices. La formación remarcó que su objetivo es poder ser determinante en la gobernabilidad del país y se mostró abierta a llegar a acuerdos si benefician a las Islas. Además, en un manifiesto firmado con una decena de fuerzas de distinto signo que aglutinó bajo sus siglas para este 23-J, CC aseveró que “estas elecciones no van de derechas o de izquierdas; van de Canarias”, para reiterar a continuación que solo los diputados de CC pueden hacer que Madrid cumpla con las Islas frente a partidos estatales.

Turismo

Canarias llega a estas elecciones generales en la antesala de un nuevo año de récord turístico. El motor económico de las Islas está registrando este 2023 las cifras más elevadas de llegada de visitantes extranjeros (5,86 millones hasta mayo) y gasto, en un contexto donde una mitad del Archipiélago demanda la repetida diversificación económica y la otra continúa apostando por el crecimiento del sector.

NC-BC y CC consideran que la industria turística continuará siendo la más importante en la comunidad, pero aseguran que propondrán diferentes medidas en el Congreso de los Diputados para consolidar la recuperación y afianzamiento del sector tras la debacle de la pandemia.

Coalición Canaria, por su parte, dice que insistirá en la prolongación de la financiación para la estrategia de resiliencia turística de las Islas. Este programa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno nacional, destinó subvenciones directas a las empresas canarias por valor de 20 millones de euros en 2021, 50 millones en 2022 y 30 millones en 2023.

Nueva Canarias también exigirá la continuación de esta estrategia, pero en su programa electoral lo explicita citando “la renovación de las ciudades turísticas” y la “modernización de la planta alojativa”. El partido agrega en este sentido que quiere “recuperar el mandato de la ley de directrices del Turismo del año 2003” para afrontar este asunto, más allá de las ayudas y programas de financiación estatal.

Otra cuestión abordada por CC es la famosa tasa verde, un impuesto al queroseno que la Unión Europea (UE) quiere aplicar al sector de la aviación, caracterizado por una imposición bastante baja desde siempre. La formación nacionalista defiende que dicho tributo, junto al régimen de comercio de emisiones, “supondrá un notable encarecimiento de los vuelos con las Islas y un notable perjuicio a la conectividad y al sector turístico”, aunque no hay suficientes estudios para conocer sus efectos. Coalición Canaria afirma que pedirá la exención y más ahora, con la presidencia española del Consejo de la UE.

NC-BC coincide con CC en este punto y también pide la exclusión de Canarias del comercio comunitario de emisiones de CO2, al mismo tiempo que reclama en materia turística la aprobación de un plan de inversión estratégico para “la reestructuración del mismo”, que se dirija a un modelo “descarbonizado y digitalizado, basado mucho más en la sostenibilidad, en la calidad (…) y en el mayor gasto en destino, y no en la obsesión por batir récord en el número de visitantes”.

Como medidas adicionales, Nueva Canarias propone regular “adecuadamente” el alquiler vacacional y “condicionar” el crecimiento turístico en las islas saturadas, como recientemente se ha declarado Lanzarote. 

Vivienda

El acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la población canaria. El 30,8% de los residentes de las Islas está en riesgo de exclusión social en este ámbito, según el último informe de la Fundación FOESSA, y los precios de los alquileres continúan subiendo año tras año.

El Gobierno nacional acaba de aprobar una Ley de Vivienda que pretende regular el alquiler en zonas tensionadas e impulsar la construcción de pisos de alquiler social. Norma que, con los comicios a la vuelta de la esquina, podría decaer en caso de que se produzca un cambio en La Moncloa.

Con respecto a los partidos canarios, Nueva Canarias es la agrupación más propositiva. La formación reitera la aplicación de las medidas de la nueva regulación (construcción de vivienda protegida, ayudas al alquiler, incentivos fiscales y limitación de los precios), mientras que también asegura que exigirá al próximo Ejecutivo nacional “la búsqueda de mecanismos que limiten la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas”, como lleva planteando desde hace meses.

Coalición Canaria, por su parte, no recoge futuras demandas al respecto. La anterior diputada de la fuerza nacionalista en el Congreso, Ana Oramas, votó en contra de la Ley de Vivienda y la calificó como un “disparate” y “en clave electoralista”, llegando incluso a comprar las tesis del PP sosteniendo el bulo de que legalizaba la okupación. El ahora presidente canario, Fernando Clavijo (CC), no se presentó en el Senado el pasado mes de mayo a votar sus 23 enmiendas a la mencionada legislación. 

Crisis climática

Ante “el mayor reto actual de la humanidad”, tanto NC-BC y CC coinciden en la necesidad de instar al Estado a articular medidas específicas para acelerar la transición energética (hidrógeno verde, eólica marina, geotermia…), que Canarias debe acometer antes de 2040 y no 2050, como han optado la mayoría de las regiones de España y de Europa. Sin embargo, ambos partidos cuentan con algunas diferencias en esta hoja de ruta.

Por un lado, Coalición Canaria detalla que exigirá al Estado “fijar series temporales” para la consecución, presumiblemente, de instalación de energías renovables en el Archipiélago. La formación también quiere consolidar a Canarias como “un laboratorio natural de ensayos para la sostenibilidad, entre ellos la tecnología marina”, y por ello dice que exigirá al Gobierno nacional la financiación para que exista un buque oceanográfico en la comunidad. Mientras tanto, en la gestión autonómica ha pactado con el Partido Popular que este último coordine las competencias en Transición Energética en las Islas, formación que llegó a amenazar con derogar la ley climática canaria por ser “intervencionista”.

En lo que respecta a las demandas más concretas de Nueva Canarias, destaca el rechazo a la implantación del gas natural, fuente de energía defendida por PP y CC; incluir a Canarias en los “corredores verdes” marítimos que impulsa la UE para la reconversión ecológica del transporte marítimo; e impulsar proyectos para la fabricación del SAF (combustible aeronáutico sostenible) en la comunidad. 

Movilidad

Las dos agrupaciones canarias comparten muchos puntos en este apartado. Ambas demandan ayudas al 100% al transporte de mercancías agrícolas e industriales “con la imprescindible actualización de los costes”, puntualiza NC. También coinciden en la necesidad de reclamar al Estado la financiación de los trenes de Tenerife y Gran Canaria, la defensa del descuento del 75% en el transporte aéreo y marítimo, el establecimiento de precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público y la inclusión de las administraciones públicas canarias en el funcionamiento de los aeropuertos.

¿En qué han mostrado pequeñas diferencias? Primero, en las bonificaciones al transporte interurbano. Coalición Canaria ha hecho campaña autonómica y nacional con las ayudas al 100% a las guaguas y remarca que volverá a exigir una partida específica en este sentido “más allá del 31 de diciembre de 2023”. Nueva Canarias, por su parte, no hace esta concreción y simplemente dice que pedirá la extensión de ayudas, en especial para la movilidad eléctrica.  

Por otro lado, CC apunta que también demandará la obligación de un servicio público marítimo, con un precio máximo, que una el triángulo de las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera). NC-BC no hace mención de ello.  

Migraciones

Canarias seguirá siendo frontera sur de Europa, con todo lo que eso conlleva. Y tanto NC-BC como CC han esgrimido algunas de las medidas que plantearán al próximo Ejecutivo nacional para no repetir las imágenes de hacinamiento vistas en el muelle de Arguineguín o la gestión de algunos de los centros de menores extranjeros no acompañados durante la última legislatura.

Las dos formaciones coinciden en que España debe coordinarse mejor con la UE y los países de origen para reducir el flujo de llegadas en los próximos años. NC-BC cree que la política migratoria debe tener una importancia creciente en la agenda pública y señala que continuará reclamando más centros de atención, así como derivaciones “ágiles y sostenidas en el tiempo para evitar el colapso”. Cabe recordar que el partido ha propuesto como senador por Gran Canaria a Txema Santana, quien durante 2017 y 2021 trabajó en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Coalición Canaria, sin embargo, ha pedido el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de la que se han descubierto infracciones sistemáticas de derechos cometidos en otras rutas migratorias de Europa.

NC-BC y CC, eso sí, coinciden en la implementación de una distribución “equitativa” de los menores extranjeros no acompañados por todo el territorio español, quienes por ley deben quedarse en Canarias hasta cumplir la mayoría de edad. 

Política exterior

Las relaciones que mantiene el Gobierno de España con Marruecos afectan directamente a Canarias, desde las migraciones a la disputa por las aguas territoriales, pero las Islas no tienen ninguna capacidad de influir en este sentido. CC aboga por estar presentes en las reuniones bilaterales entre España y Rabat. NC-BC no cita al reino alauí en su programa más que para exigir lo que ha reiterado en numerosas ocasiones desde Gran Canaria: que se celebre un referendum de autodeterminación en el Sáhara Occidental en cumplimiento de las resoluciones de la ONU, al tiempo que rechaza el cambio de postura del presidente del Gobierno de España respecto al conflicto.

NC-BC también defiende que se reconozcan las aguas canarias y que sea la comunidad autónoma la que tenga la capacidad de gestionar, en caso de que se explote, el telurio hallado en los montes submarinos. Además, considera que Canarias debe potenciar la relación continental: manteniendo el trato diferencial con la UE; sus relaciones con Latinoamérica y prestar más atención a África para volcar su actividad económica y colaborar en su desarrollo.

La política exterior de ambas formaciones van por caminos muy distintos. NC-BC pone en el centro el compromiso con los derechos humanos, rechazando las políticas europeas sobre refugiados. Entre otras acciones, aboga por impulsar iniciativas de cooperación, como destinar desde las instituciones públicas el 0,7% de sus recursos a la Solidaridad Internacional y a la Cooperación al Desarrollo.

Por su parte, CC centra sus propuestas en política exterior en el ámbito económico. Enmarca su interés en reforzar la alianza con los territorios ultraperiféricos de Portugal y Francia en la Unión Europea para consolidar sus derechos. También dedica unas líneas a mejorar las relaciones con África, proponiendo la expansión exterior de empresas a los países cercanos a las Islas o a través de “programas de conversión deuda”. Y quiere que el Archipiélago tenga un papel relevante como “plataforma atlántica para atraer inversiones”.

REF y Estatuto de Autonomía

En donde ambos partidos coinciden plenamente es en la defensa del REF y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Tanto CC como NC-BC priorizan los fueros isleños en sus programas y consideran esencial que haya diputados de estas formaciones para velar en el Congreso por los derechos que le corresponden del Archipiélago porque así, dicen, están recogidos en su marco legislativo. Sobre todo, y como coincidieron en el debate del pasado 18 de junio en RTVC, tanto Valido como Campos abogan por un nuevo modelo de financiación que recoja las especificidades de las Islas.

La reducción del 75% del precio de los billetes aéreos y marítimos interinsulares.y a la península es uno de los ejemplos de NC, cuya consecución se atribuye por haber sido su voto esencial en la aprobación de los presupuestos de 2019 del PP. Por su parte, CC ha vendido conseguir la gratuidad de las guaguas en la negociación de las últimas cuentas estatales.

Ambos son programas económicos recogidos en el REF que se materializan a través de los presupuestos generales, a los que se suman, por ejemplo, la compensación del sobrecoste del sistema eléctrico del Archipiélago, diferentes programas de ayudas al sector primario como el Posei o partidas destinadas a mitigar la pobreza. El objetivo que defienden ambas formaciones es que se mantengan estos derechos.

También exigen que Canarias amplíe su autogobierno y aumente sus competencias en línea con lo que recoge el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. Durante la pasada legislatura ya se traspasó la gestión del litoral, la tutela financiera de entidades locales y la defensa de la competencia. De forma similar, tanto CC como NC-BC se marcan como objetivo hacer cumplir la transferencia de la gestión de los aeropuertos isleños. Los canaristas también hacen especial hincapié en el artículo 144 del Estatuto que exige que Canarias participe en las decisiones del Estado en materia migratoria o la asunción de competencias de salvamento marítimo.

La Palma

La reconstrucción de La Palma por la erupción volcánica también cuenta con un espacio destacado en los programas de ambas formaciones. CC dice que exigirá que se amplíe el descuento del 60% del IRPF durante los próximo diez años, al tiempo que insiste en sostener que estará vigilante en el cumplimiento de lo prometido por parte del Gobierno de España. También considera “imprescindible y necesaria” una Ley de Volcanes para “arbitrar medidas para los afectados”.

Aunque NC-BC no presentó candidatura por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sí propone un paquete de incentivos fiscales que establezca una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para estimular la inversión. Para agilizar la respuesta administrativa a los afectados, el partido canarista también proyecta la creación de un “consorcio” en la Isla, compuesta por las administraciones locales, insular, autonómica y estatal que goce de autonomía y permita “la unidad de acción”. Y como visión de futuro tras la reconstrucción, plantea que se impulse una reconversión de la agroindustria de la Isla que la haga más competitiva, además de promover una actividad turística que ayude a diversificar el tejido productivo y fijar población en el territorio.

En Canarias, las repercursiones del final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos han tenido escasa trascendencia en el subsector. En una flota con unos 700 barcos, “una quincena” tenían licencia, según dijo el presidente del Gobierno regional Fernando Clavijo, de los cuales cuatro faenaban en los caladeros de Rabat y del Sáhara. “No tiene una gran relevancia para la flota canaria en general”, señala David Pavón, portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, que a su vez matiza que para unos pocos barcos sí “era bastante importante porque era su única zona de pesca”.

La mayoría de las licencias en las Islas las aglutinaba Optuna 43, una cooperativa de Lanzarote que concentra a siete barcos dedicados a la pesca de atún. El gerente Andrés Cedrés explica que el acuerdo de pesca con Marruecos suponía una “puerta abierta” a complementar las capturas que realizan desde las Islas, pero también en Azores o Madeira. De hecho, revela que el año pasado pudieron “salvar la campaña” faenando durante los meses de noviembre y diciembre en la costa africana continental porque en el Archipiélago “había sido flojo”. Ahora, Cedrés dice que tendrán que prescindir de los armadores y tripulantes marroquíes o saharauis que contrataban y esperar a que se vuelva a negociar un nuevo pacto.

Pero también hay barcos que se han quedado sin la única zona en la que podían realizar capturas. Es el caso de El Rajitero, de la cooperativa Teidetuna, una comercializadora privada que se dedica a la pesca de túnidos con sede en Tenerife. Su presidente Francisco Jiménez explica que obtuvieron la licencia para poder realizar capturas en caladeros marroquíes y saharauis de pescado blanco, como la sama. Asegura que contaba con nueve tripulantes, siete españoles y dos marroquíes a los que contrababan y hacían las descargas en la isla del Teide. “Aún seguimos pagando el barco y ahora tendremos que amarrarlo en el muelle con todas las consecuencias que conlleva”, lamenta.

Vender ni siquiera es un posibilidad: “¿A quién le vendes un barco sin licencia? Lo compramos a unos 20 años y nos quedan unas tres cuartas partes para pagarlo… tendremos que ir sacando de los otros barcos para amortizarlo”, añade Jiménez. Sobre las ayudas anunciadas por el Gobierno de España -que contempla unos 300.000 euros para 11 buques-, Jiménez considera que “son pan para hoy y hambre para mañana. No le da a uno ni para pagar la seguridad social”.

El 17 de julio, tras su primer Consejo de Gobierno, Fernando Clavijo aseguró que ya ha pedido una reunión “urgente” con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación “para afrontar esta situación” al entender que va a generar un quebranto económico a las familias canarias que viven de la pesca por la desidia y la falta de implicación y diligencia de los gobiernos de Canarias y de España“. En su intervención, también reivindicó que Coalición Canaria advirtió ”en el Parlamento de Canarias, así como en el Congreso y el Senado“ que no se podría faenar en las aguas marroquíes y del Sáhara.

En 2019 la Unión Europea renovó con Marruecos un acuerdo pesquero heredado desde 1976 con España. Los Veintisiete abonaban 208 millones de euros hasta 2023 a cambio de 128 licencias para capturar determinadas especies, la mayoría para España (93), pero también para para Lituania, Países Bajos, Alemania y Polonia. 

Sin embargo, durante estos cuatro años el máximo de licencias activas ha sido de 27 buques, de los cuales, 19 son españoles (de la flota gallega, andaluza y canaria); si bien, esto no quiere decir que realicen la actividad con frecuencia. De hecho, la mayor cantidad de pescado la han recogido países que  de la flota gallega, andaluza y canaria. Y los que más cantidad de pescado recogen los otros países, entre el 80 %y el 90 % del total, y principalmente boquerón, anchoa o arenque para la fabricación de harinas.

De forma implícita, el pacto ha llevado aparejado el reconocimiento por parte de la UE que el Sáhara Occidental es un territorio bajo soberanía marroquí sobre el que el reino tiene potestad para usar los recursos a su antojo. Pero el Frente Polisario, representante legal del pueblo saharaui, llevó al Tribunal General de la Unión Europea el acuerdo pesquero al considerarlo ilegal por explotar recursos sin contar con el beneplácito de la población ocupada por Marruecos. En septiembre de 2021, la Justicia comunitaria dio la razón al Polisario y anuló el acuerdo, que se ha mantenido vigente hasta que expiró el 17 de julio por el recurso presentado en la Corte de Justicia por España, Francia, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE.

El desenlace de ese recurso aún está por ver, pero de momento el acuerdo pesquero ha finalizado sin visos de renovación. El ministro de Agricultura y Pesca marroquí, Mohamed Sadiki ya advirtió en abril que cualquier escenario estaba ya previsto y anunció la intención de Rabat de explorar alternativas para imponer su línea roja: que el Sáhara Occidental es un territorio que está bajo su soberanía. Este 12 de julio, el ministro de Asuntos Exterior Nasser Bourita expresó la intención del reino de buscar una nueva asociación pesquera con la UE.

El Frente Polisario también ha movido ficha y el pasado 7 de julio, su representante en España, Abdulah Arabi, se reunió en Las Palmas de Gran Canaria con la Federación de Cofradías de las Islas para ofrecer licencias de pesca en las aguas del Sáhara Occidental como la “solución práctica” e inmediata para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias”. Pavón, por su parte, calificó la oferta como “ilusionante”. Sin embargo, para que esto fuera una realidad, tendría que contar con la aprobación del Gobierno de España y el ministro de Agricultura, Luis Planas, restó valor a la propuesta, al tiempo que reivindicó que sólo negociaría con Marruecos.

El portavoz de la Federación de Cofradías de las Islas reconoce su predilección por “respetar” las sentencias del TJUE si se ratifica en la Corte de Justicia sobre el acuerdo de Pesca. Pavón dice que el pacto tiene “un alto potencial para Canarias”, pero actualmente lo considera escasamente rentable para la flota canaria por el canon que se debe abonar y las limitaciones en las especies que se permiten capturar. “La flota canaria se dedicaba a pescar atún y pescado blanco. Lo ideal sería poder pescar pulpo o calamar sahariano, pero está vetado, no queda dentro del acuerdo”, añade.

“Entendemos que para los pescadores de las Islas puede ser interesante que se abra un nuevo marco de oportunidades más adelante, cuando se pronuncie la Corte de Justicia europea. Se verán las condiciones en las que tendrán que llevarse a cabo las negociaciones y quizá pueda ser más ventajoso para Canarias”, manifiesta Pavón. 

“Lo habíamos dicho, que íbamos a plantear un plan de alivio fiscal vivo, dinámico y adaptable a cada uno de los tiempos. Y comenzamos, en primer lugar, con una bonificación del 99% del impuesto de donaciones y sucesiones, como ya habíamos anunciado”. Con estas palabras, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), expuso una de las medidas tomadas este 17 de julio en el primer Consejo del nuevo Ejecutivo, que implica eliminar los impuestos a las grandes herencias.

Se trata de un impuesto que recuperó el anterior Ejecutivo, que desde 2021 y hasta este año solo ha bonificado al 99,9% de la tasa a las donaciones y sucesiones que no superaran los 300.000 euros. Por ejemplo, una herencia de 1 millón de euros quedaba casi exenta de pagar el impuesto los 300.000 euros que le impondría la normativa. De manera progresiva, se seguía bonificando cada 50.000 euros, pero restando un 10%, es decir, si la tasa a pagar al recibir una herencia es de 350.000 euros, se deducía el 90% y así sucesivamente hasta los 1,2 millones de euros. Si un usuario debía pagar 3 millones de euros de impuestos por una donación o una herencia, tenía que abonarlo en su totalidad, sin bonificaciones.

Con la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno se vuelve a la misma política que se aplicó desde 2016 a 2020, cuando también presidía el Ejecutivo Fernando Clavijo. En aquel entonces, se defendió la rebaja fiscal sosteniendo que se quería paliar el número de herencias a las que se renunciaban en las islas. Sin embargo, tras dos años en vigor, los datos del Consejo General del Notariado desmontaron el argumento al mostrar que el número de renuncias de herencias de los isleños aumentaron.

La repercusión de destinar recursos públicos para que las grandes herencias no paguen el impuesto supone, en un año, unos 40 millones de euros menos, según fuentes del Ejecutivo anterior, que ha comparado las cifras de 2020, último año en vigor del impuesto de sucesiones y donaciones y 2021, cuando se aplicó la bonificación por tramos. Cómo recuperar esa pérdida es algo que no desveló Domínguez durante su comparecencia, que adelantó la aplicación de otra medida de rebaja fiscal prometida: “La reducción del impuesto al combustible en las Islas Verdes”. Una acción que demandan y refrendan los otros dos socios de gobierno: Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.

Con esta acción el nuevo Ejecutivo regional quiere que en La Palma, La Gomera y El Hierro no se pague ninguna tasa de carburantes ante el alto coste que supone. Esta medida fue rechazada en la pasada legislatura tras una propuesta de CC en julio de 2021. La Consejería de Hacienda que dirigía Román Rodríguez (Nueva Canarias,) que ahora está en manos de Domínguez, concluyó -tras encargar un informe a expertos- que eliminar los impuestos a los combustibles no contribuía a aliviar el bolsillo de los consumidores. En concreto, detectaba que el principal problema en este ámbito era la escasa competencia empresarial existente y, al quitar el impuesto, según el documento, propiciaba mayores beneficios a los operadores.

Sobre la bajada de del 7 al 5% del IGIC, que cierra el trío de propuestas de rebajas fiscales recogidas en el programa firmado entre CC y PP, el vicepresidente del Ejecutivo prometió que se aplicará el próximo año con el presupuesto autonómico. Sin embargo, Domínguez reconoció que durante la reunión del Consejo descubrió que para 2024 “el Gobierno central va a congelar las reglas de gasto”, lo que implica que no se podrá llevar a cabo endeudamiento ni usar los remanentes de tesorería“. ”Esa información no la teníamos“, dijo, y ”coarta mucho“.

En este sentido, Domínguez recordó la aplicación de la regla de gasto estará condicionada por quien gane tras las elecciones generales del 23 de julio y, de forma paralela, de lo que decida la Unión Europea, ya que podría permitir mayor flexibilidad de gasto en función a las cuentas que se le presenten. “Indistintamente de esta situación, el Gobierno de Canarias quiere devolver a todos los canarios su esfuerzo, un esfuerzo muy grande durante todo este tiempo, porque hemos visto como se ha recaudado más que nunca y vamos a intentar encajar esas cuentas más allá de las decisiones que se tomen en el ámbito nacional y el europeo”.

“Déjenos gobernar. No nos han dejado llegar. Nos han dado menos treinta días. Tenga un poquito de fe”, pidió Fernando Clavijo durante la sesión de investidura para la Presidencia del Gobierno de Canarias. Ante la crítica oposición que ejercieron el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) desde el primer momento, el líder de Coalición Canaria (CC) demandó un margen de cien días para desarrollar sus primeras acciones junto al Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI). Minutos antes de ser investido, quiso rebajar el tono frentista con el que contestó a Ángel Víctor Torres (PSOE) o Luis Campos (NC-BC) y reclamó unidad y consenso a todo el Parlamento para afrontar los “difíciles” retos que tendrá Canarias tras una legislatura con pandemia y erupción volcánica, entre otras catástrofes o circunstancias adversas.

En su discurso, Clavijo pintó una perspectiva para la XI Legislatura nada halagüeña, con una realidad que estará marcada por los “cambios constantes” de los últimos cuatro años, con crisis económicas, financieras o sociales, además de tensiones por guerras o urgencias sanitarias. Citó como principales retos el cambio climático, la crisis hídrica, el reto demográfico y la inteligencia artificial. Y auguró “tiempos difíciles” en el plano económico, con la imposición desde Bruselas y el Gobierno de España de “disciplina fiscal”. 

Para afrontar sus vaticinios, el presidente del Gobierno de Canarias, junto al vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), ha acordado constituir un equipo con doce consejerías, dos más que en la anterior legislatura, con seis áreas para CC, cinco para el PP y una para AHI, dando a ASG cargos intermedios. Además, la estructura del Ejecutivo será transversal, es decir, los dos socios con más fuerza intercambiarán servicios, direcciones generales o empresas públicas en las distintas áreas para evitar compartimentos estancos y primar “la estabilidad” y “la lealtad institucional”, conceptos recogidos incluso en el programa de gobierno.

Y como primera acción, ha adelantado que rebajará la política fiscal: “Vamos a empezar bajando los impuestos al consumo”, dijo, a lo que añadió la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y disminuir la tasa a los combustibles en las denominadas islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro). Estas acciones se llevarán a cabo en un Gobierno con Hacienda y Economía en manos del PP y que son marca de la casa. Fue una promesa en campaña electoral y se plasmó en el programa de gobierno suscrito entre CC y PP el 6 de junio, cuando se dio por cerrado el pacto que deja a la primera fuerza más votada, el PSOE, en la oposición.

En concreto, el Gobierno reducirá el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7 al 5% por tramos y productos de forma modulada a lo largo de la legislatura con el objetivo de “ayudar a las familias, a los emprendedores y los autónomos” ante la inflación. La oposición del PSOE y NC ha criticado la medida reiterando que al bajar la recaudación se pierden ingresos y, por ende, se abre la puerta al recorte del gasto en ámbitos como la sanidad o educación. En cambio, Clavijo, que es economista, ha sostenido que supondrá un ahorro para la ciudadanía y ha negado que conduzca a tener peores servicios públicos, alegando que lo que marca la diferencia no es disponer de más o menos presupuesto, sino una “gestión seria, eficaz y rigurosa”. Sin embargo, aún no ha detallado en qué ámbitos aplicará la reducción ni cuándo se llevará a cabo.

En otros aspectos del “cambio de rumbo” o “giro de timón” que anunció Clavijo para el Gobierno de Canarias, se incluye reforzar y dar más facilidades a la actividad turística como principal motor económico del Archipiélago. En su discurso, Clavijo alertó del peligro de que en las islas persistan los brotes de turismofobia y abogó por reforzar su valor en la sociedad como generador de empleo. Del nuevo Ejecutivo no se puede esperar que aplique la ecotasa, un impuesto que se aplicaría a los visitantes a las islas, que abanderó Podemos en la pasada legislatura y que el PSOE pospuso. En la misma línea que las patronales del sector, tanto CC como el PP se han mostrado en reiteradas ocasiones totalmente en contra de aplicar esta medida en las Islas. A lo que sí se ha comprometido la Consejería que estará en manos del PP es a encaminar la actividad para que tire de otras como el comercio o el sector primario con el objetivo de diversificar la economía para el paraguas de la sostenibilidad.

A pesar de que fue citado como uno de los grandes retos a los que se enfrenta Canarias, la mitigación o lucha contra el cambio climático apenas tuvo espacio en su discurso, al igual que en el programa elaborado con el PP. La formación liderada por Manuel Domínguez, que gestionará la Consejería de Transición Ecológica, ha abogado por derogar la Ley de Cambio Climático del Gobierno regional, una de las mayores apuestas del anterior Ejecutivo, que fue definida como la norma más ambiciosa de todo el Estado en este ámbito. Pero Clavijo ha matizado que será reformada “para mejorarla”. A diferencia de la IX Legislatura, cuando CC no se tomaba en serio el calentamiento global, esta vez sí se ha comprometido a seguir los objetivos marcados para lograr la neutralidad climática en 2050: en cuatro años se compromete a aumentar la penetración de renovables del 20 al 45%.

Para Clavijo, otro de los grandes retos a los que se enfrenta Canarias es la crisis hídrica que afectará al sector primario, al que reivindicó como una prioridad para su Ejecutivo. Para afrontar la escasez de agua, prometió nuevas desoladoras, priorizando Fuerteventura, una isla con un sistema de distribución obsoleto que tiene tuberías que han superado su vida útil hace más de diez años. También se comprometió al cierre del anillo hídrico insular de La Palma y citó otras obras que acometerá en las demás islas.

Durante la pasada legislatura resucitó el viejo debate de la sobrepoblación de las islas y se constituyó la comisión sobre el reto demográfico que se pospuso para abordar con un mayor margen si es necesario actuar en este sentido. El nuevo Ejecutivo ha recogido el guante atribuyendo a este asunto el rango de “uno de los mayores retos del futuro de las Islas”. Así, tal y como recogió el programa de CC y PP, se creará una Consejería de Reto Demográfico que desarrollará una estrategia y un plan de acción para abordar el desequilibrio de habitantes entre las islas, tanto en los municipios tendentes a la despoblación como en los que denominan “tensionados”.

La vivienda copó gran parte de los mítines de los partidos durante la campaña del 28 de mayo por la aprobación de la ley estatal el 27 de abril. Durante su tramitación, CC no solo se posicionó en contra, sino que se alineó con las tesis del PP, señalando las medidas de protección para personas vulnerables en caso de desahucio como una puerta para “legalizar la ocupación”. Coalición Canaria no llevó a cabo ningún plan de vivienda pública durante diez años, hasta que el Parlamento aprobó por unanimidad en diciembre de 2020 el Plan de Vivienda 2020-2025. Ahora, el nuevo Ejecutivo promete un Pacto por la Vivienda en Canarias para desbloquear proyectos paralizados y tomar medidas para abaratar precios de mercado; además, buscarán la colaboración con ayuntamientos para tener suelo.

Sanidad, educación y servicios sociales

Las listas de espera en Sanidad fueron una de las principales críticas que arrojaron tanto CC como el PP al Gobierno del Pacto de Las Flores: en 2022 crecieron un 12,5% y se situaron en una media de cinco meses. Es la Consejería que provocó la ruptura entre CC y PSOE en 2016 y esta vez se la queda Clavijo, aunque áreas tan importantes que gestionan un gran presupuesto como el Servicio Canario de la Salud podrían compartirse con el PP. En este ámbito propone dialogar con todos los actores del sistema para mejorar el servicio y dotar de los recursos e infraestructuras necesarias a las islas. Además, se compromete a ampliar la atención psicológica: como mínimo, lograr diez profesionales por cada 100.000 habitantes.

En educación, en manos del PP, aún no se ha especificado que se vaya a cumplir con el requisito legal (según la norma autonómica de educación) de destinar el 5% del PIB de Canarias a esta área. Sí se ha anunciado un Pacto por la Educación que recoja las demandas de todos los actores del sector y facilite la aplicación de medidas. La Formación Profesional adquiere una gran importancia para el nuevo Ejecutivo, que también aboga por aumentar la inversión en I+D+I y priorizar “la igualdad de oportunidades; la atención a la diversidad y la cultura del esfuerzo”. Es en este ámbito donde únicamente se ha hecho referencia a la igualdad, que estuvo ausente del discurso de investidura de Clavijo; en el programa se aboga por llevar a cabo medidas que incidirán en la prevención del sexismo, la discriminación y la violencia, además de favorecer la integración de las personas trans.

El mismo presidente que en 2017 se negó a implantar una renta básica porque creía que cronificaba la pobreza aboga ahora por implementar la Ley de Servicios Sociales, cuya catálogo fue aprobado hace unos meses con 1.800 millones de euros para los próximos doce años, ejecutar un Plan de Lucha contra la Pobreza y colaborar con el Tercer Sector. También puso el foco en la atención a las personas mayores, comprometiéndose a implantar 5.500 camas sociosanitarias en las Islas. La gestión del área, que vuelve a manos de CC, fue reprobada por el Parlamento cuando estaba al frente Carmen Valido (candidata al Congreso) entre 2015 y 2019. Durante la pasada legislatura, en manos de Podemos, se consiguió incorporar cuatro veces más beneficiarios al sistema que la media estatal. Ahora, Clavijo se ha comprometido a dotar de más recursos al sistema.

Relaciones Canarias-Estado

Uno de los puntos centrales del discurso de Coalición Canaria es, desde su fundación, la relación con el Estado y la larga lucha que dice mantener para lograr derechos y conquistas para las Islas. No la obvió en su intervención Clavijo y es uno de los apartados más extensos del programa suscrito con el PP. Como punto central: la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el desarrollo del Estatuto de Autonomía para adquirir más competencias.

“Dialogaremos hasta el límite de lo razonable, e incluso más allá, pero les aseguro, señorías, que no tememos al conflicto, y llegado el caso acudiremos a todas las instancias políticas y judiciales que estén a nuestro alcance para que se respete a esta comunidad autónoma y al pueblo canario”, anunció Clavijo.

También anunció la Ley de Volcanes y exigirá al Gobierno de España que cumpla con lo prometido con La Palma, como el mantenimiento del IRPF y los fondos para la reconstrucción y salud mental durante diez años, o que priorice la cooperación con otras autonomías en materia migratoria y tenga más sensibilidad con la atención a menores extranjeros llegados a las Islas. El Gobierno de Canarias también quiere estar presente en las reuniones bilaterales con Marruecos y, en el marco comunitario, se reforzará la participación directa del Archipiélago como Región Ultraperiférica junto a Francia y Portugal.

El candidato de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha sido investido presidente del Gobierno de Canarias este 12 de julio, un mes y medio después de que las elecciones del 28 de mayo situaran a su partido como la segunda fuerza más votada. En la sesión de investidura, ha obtenido 38 votos a favor de CC, el PP (tercera fuerza), Agrupación Socialista Gomera (que cambió su “lealtad ideológica perruna” del pacto de progreso en la pasada legislatura al actual de derechas) y la Agrupación Herreña Independiente. Frente a los 32 en contra de la oposición del PSOE (23), Nueva Canarias (5) y Vox (4), que entra por primera vez en el Parlamento.

En torno a las 11.40 horas, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez (PP), declaraba: “Ha obtenido mayoría absoluta en primera votación. Fernando Clavijo, nuevo presidente del Gobierno de Canarias, suerte”, ante los aplausos de su bancada (19), la de los populares (15), la de los gomeros (3) y el herreño (1).

En su última intervención ante el pleno antes de ser investido, Clavijo hizo un llamamiento a la unidad y al consenso ante los retos históricos que tiene por delante Canarias: “Seamos capaces de ponernos de acuerdo”. En este sentido, ha añadido que no ve “ningún adversario” en la Cámara y ha tendido la mano para un camino “que empieza aquí”. Sobre su ejecutivo, que previsiblemente el lunes celebre su primer Consejo de Gobierno, ha dicho que estará formado por “compañeros”, hombres y mujeres que van a trabajar para conseguir un futuro emprendedor para Canarias.

De esta forma, Clavijo ha tomado el relevo de Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE, en la Presidencia del Gobierno de Canarias. En su turno de intervención en el debate de investidura, el aruquense ya comenzó a ejercer como el líder de la oposición. “Usted ganará el gobierno, pero las elecciones las ganó el PSOE”, le dijo. También se dirigió al PP, a quien criticó que tan solo pidiera dejar gobernar a la lista más votada si la fuerza que obtiene el mayor respaldo es, precisamente, la del PP. “Si somos otros, si te he visto no me acuerdo”, manifestó. Los socialistas ganaron las elecciones al Parlamento de Canarias por las dos listas, la autonómica y la insular, y superó a CC por 120.000 votos, según recordó Torres. El grupo socialista suma 23 diputados, mientras que CC consiguió 19 escaños. “A quien quería la ciudadanía de presidente quedó claramente reflejado con los resultados”, reiteró.

Con estos datos, el líder de los socialistas en Canarias volvió a poner sobre la mesa la sugerencia de cambiar el sistema electoral del Archipiélago porque considera que adolece de “déficit democrático”, pues, por ejemplo, otorga tres diputados a una formación que obtiene 6.000 votos en su isla (ASG) y no se presenta por la circunscripción autonómica, mientras deja fuera a partidos como Unidas Sí Podemos, con 34.500 papeletas por la plancha insular, o Drago Verdes Canarias, que sumó 27.916 votos por la misma lista. Además, Torres recordó otro dato para respaldar su propuesta: las elecciones del 28 de mayo registraron una abstención que se acercó al 50% en las Islas. “Hagamos un trabajo con sosiego. Es importante que abramos el debate para que nuestro sistema electoral invite al voto”, demandó.

Pero en su turno de réplica, Clavijo le recordó a Torres que el PSOE apoyó la reforma electoral en 2018 y la ratificó en 2020, para tratar de mejorar uno de los sistemas más injustos del mundo, aunque en la práctica se quedó en un retoque que apenas cambiaba las reglas del juego. Por ello, el líder de CC criticó que la propuesta de Torres denota “cierto mal perder y no encajar bien las adversidades”. En este sentido, aludió a los pactos suscritos en la pasada legislatura para desbancar a CC de distintas instituciones donde había sido la fuerza más votada y “no por eso cuestionamos las reglas del juego”.

En la intevención del Grupo Popular, Manuel Domínguez -que ejercerá como vicepresidente del Gobierno regional- se dirigió directamente a Torres para decirle que “su secretario general le ha abandonado”, porque no firmó la propuesta de Alberto Núñez Feijoó durante el debate del 10 de julio para comprometerse a apoyar que gobierne la lista más votada. Fue el mismo argumento que expuso un día antes en la ronda de rueda de prensa de los partidos ante el discurso de Clavijo: Luz Reverón, portavoz del grupo popular, dijo que todos deben jugar a las “mismas reglas del juego” y lo que “no vale” es que se apliquen medidas solo si el PSOE gana los comicios: “Nuestra propuesta estuvo sobre la mesa”. La firma del acuerdo entre CC y PP para gobernar las islas se cerró el pasado 6 de junio, poco más de una semana después del 28 de mayo.

Al PSOE le acompañarán en la oposición los cinco diputados de Nueva Canarias, que pierde el escaño de su fundador y principal referente Román Rodríguez al no conseguir los votos suficientes por la lista regional, pero mantiene los mismos asientos que en la pasada legislatura. Tomó la palabra Luis Campos, portavoz y candidato al Congreso, que centró su intervención en criticar la medida estrella anunciada por Clavijo durante su discurso: baja el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7 al 5%.

Campos advirtió que la política de rebaja fiscal que pretenden llevar a cabo CC y PP es “una grave irresponsabilidad” y alertó que es “la antesala” de los recortes en materia social en las Islas: implicará una bajada en la recaudación de 540 millones que a medio plazo se situará en los 1.200 millones, añadió. Clavijo defendió que se pueden bajar los impuestos y recaudar más y sostuvo que supondrá un alivio fiscal para las familias isleñas. Además, ante las críticas recibidas por parte de PSOE y NC, el líder de CC pidió cien días de margen para demostrar su gestión.

Con cuatro diputados ha comenzado Vox su andadura en la Cámara. Su presidente y portavoz, Nicasio Galván, quiso buscar lugares comunes con CC, sosteniendo que compartía la mayor parte de su discurso, como su diagnóstico sobre la situación del Archipiélago o la bajada de impuestos, y le pedía a Clavijo que explicara su línea roja al partido de ultraderecha. Incluso mostró su predisposición de apoyar la candidatura de Clavijo si se prescindía de la Agrupación Socialista Gomera, grupo al que rechaza por llevar en su nombre la palabra “socialista”. 

La intervención del portavoz de Vox también estuvo marcada por el intercambio que mantuvo con José Manuel Barragán. El portavoz de CC le reprochaba desde su bancada que contradijera el programa electoral del partido de ultraderecha, al afirmar que ni estaba en contra del Régimen Económico y Fiscal de Canarias ni de la violencia machista. “¿Esto es normal?”, llegó a pronunciar Galván por las interrupciones de Barragán que provocaron las risas del Parlamento . La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, llamó al orden al diputado y la sesión continuó sin mayores contratiempos.

Aunque CC gobierna en el Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote) gracias a la abstención de Vox -lo que le recordaron tanto PSOE como NC-, Clavijo defendió que mantiene una linea roja con el partido de ultraderecha porque niega la violencia machista, quiere suprimir el Régimen Económico y Fiscal (REF) o propone suprimir las comunidades autónomas. “No puede estar más lejos de los principios por los que estamos en política”, señaló.

En su intervención como portavoz de CC, Barragán le pidió al candidato a la Presidencia estabilidad, serenidad y compromiso y “que no se endiose, ni intente dar pena”, como a su juicio ha ocurrido con Torres. 

Por su parte, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, reafirmó su apoyo al nuevo pacto de gobierno liderado por CC con la misma lealtad que tuvo con el anterior del socialista Torres, una alianza que “no va de personas ni de lealtades ideológicas perrunas, sino del interés del pueblo y la lealtad a los votantes”, añadió. Ante la propuesta de promover una reforma del sistema electoral, Curbelo dejó claro que ya estuvo en contra de la anterior modificación que introdujo una lista regional y ha subrayado que intentar cambiarlo de nuevo “es poner en riesgo los equilibrios territoriales”.

Y la Agrupación Herreña Independiente, que consiguió un diputado que en anteriores comicios había estado integrado en CC, demandó que el nuevo Gobierno de Canarias avance en la igualdad efectiva de las Islas Verdes (La Gomera, El Hierro y La Palma) con el resto del Archipiélago.

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reprochado al Partido Popular que solo se muestre partidario de apoyar a la fuerza más votada en unas elecciones si quien gana es su partido. “Si somos otros, si te he visto no me acuerdo”, ha manifestado durante la sesión de investidura en el Parlamento de Canarias en referencia a la propuesta de Feijoó.

Torres quiso recordar durante su intervención durante el debate de investidura, posterior a la del candidato a la Presidencia Fernando Clavijo -que será apoyado por el PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente- , que el PSOE ganó las elecciones con 264.221 votos por la lista autonómica, más de 90.000 que Coalición Canaria, que fue la segunda fuerza má votada.

Por ello, concluyó que “a quien quería la ciudadanía de presidente quedó claramente reflejado con los resultados” y aunque reconoció a Clavijo que “ganará el gobierno”, reiteró que las elecciones las ha ganado el partido socialista.

En este sentido, Torres llamó a abrir el debate sobre lo que denominó como el “déficit democrático” que presenta el sistema electoral canario y que a su juicio ilustra la abstención del 50% en las islas durante el 28 de mayo. “Hagamos un trabajo con sosiego. Es importante que abramos el debate para que nuestro sistema electoral invite al voto”, ha indicado.

Sobre el nuevo gobierno que previsiblemente se formará entre CC y PP, Torres ha reconocido que le ha llamado la atención que s vayan a constituir tres consejerías más y que se crucen los cargos. “Creo que es complicado porque parece que no se fían los unos de los otros. Quizá el nuevo pacto, que aún no tiene nombre, debería llamarse el pacto de la desconfianza”, ha añadido.

Respecto al discurso de Clavijo, el líder del PSOE en las Islas ha tachado su intervención de “retórica hueca” que se ha limitado a decir lo que quiere hacer, pero sin detallar el como. “Ha sido plano, filosófico e incompleto, sin reconocer ningún mérito al gobierno saliente con una voluntad de oscurecer lo que se ha hecho en unos años durísimos para Canarias”, recriminó Torres.

Durante la media hora de su alocución, Torres ha defendido la gestión realizada por el pacto de las flores los últimos cuatro años a pesar de las dificultades sufridas, nombrando las acciones llevadas a cabo durante la pandemia y la erupción volcánica de La Palma, sumado a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Bajo estas circunstancias, recordó que en Canarias, respecto a 2019, hay 32.000 isleños menos en la lisa del paro y 70.000 personas afiliadas más. También aportó datos turísticos para mostrar la recuperación del sector tras la pandemia. Torres ha retado a Clavijo a que “cuando acabe su gestión que diga que ha logrado, al menos, estos mismos datos”.

También ha invitado al candidato a la Presidencia del Ejecutivo regional a seguir “la huella del pacto de las flores” en distintos ámbitos para mantener el estado del bienestar, nombrando las diferentes medidas que se han llevado a cabo en la protección de de las familias más vulnerables, en dependencia, en juventud, igualdad, en vivienda, sanidad, educación, en I+D+i, en infraestructuras viarias o en la lucha cambio climático. “Le queda culminar el trabajo”, reiteró.

En cambio, criticó una de las medidas anunciadas por Clavijo: la bajada de impuestos. Según Torres, reducir el IGIC del 7 al 5% puede suponer 500 millones de euros menos de ingresos por el IGIC, que subirían a 1.100 millones si la Comunidad Autónoma tiene que compensar a cabildos y ayuntamientos por sus propias pérdidas. “¿Dónde va a recortar?”, preguntó.

Sobre las críticas realizadas por Clavijo a la gestión de la erupción en La Palma, Torres le ha advertido de que la reconstrucción Palma “no va a ser fácil” ni rápida y le ha preguntado si le va a decir a los afectados que abandonen las viviendas modulares porque va a haber otras soluciones habitacionales.

En su turno de palabra, Torres también quiso hacer especial hincapié en la ausencia en el discurso de Clavijo de políticas de igualdad o de lucha contra la violencia machista. A su juicio, esto es consecuencia del pacto con el PP, una formación que no puede esconder que está llegando a unos acuerdos con la ultraderecha donde “se censuran lecturas, obras de teatro, libros o cultura, ee retiran banderas y se cometen ataques contra la libertad”.

En este sentido, pidió a Clavijo que aclarara si Coalición Canaria firmó un acuerdo con Vox en el Ayuntamiento de Teguise para que la formación de ultraderecha se abstuviese para darles la alcaldía. “¿Apoyaría un gobierno de Madrid con Vox? Dijo que nunca lo haría. Y usted gobierna en Teguise gracias al apoyo de Vox”, señaló Torres.

El secretario general del PSOE terminó su intervención recordando “con emoción” cuando se entregaron en el municipio de Arucas “a los a los familiares los restos de quienes recibieron un tío en la sien y que pudieron recibir una sepultura digna; por ellos, que nos enseñaron que no todo vale para llegar al poder, tenemos que ser valiente. Tenemos que estar en defensa de la palabra, la única arma ante quienes quitarnos derechos”.

Torres ha reconocido que la lucha contra la censura o los retrocesos son algunos de los motivos que le llevaron a tomar la decisión de quedarse en la oposición en el Parlamento, para hacer ver que existen recetas y formas de gobernar que dan mejores resultado que otras, para agradecer a los que confiaron en su candidatura y “por Canarias”.

“Defenderemos esta tierra, haremos una oposición constructiva, pero firme, bajo convicciones progresistas. Tenderemos la mano a su gobierno para todo lo que sea bueno para esta tierra. Nos tendrán enfrente si se da el más mínimo retroceso en lo conseguido”, manifestó Torres.

Casi dos meses después de las elecciones del 28 de mayo, el Parlamento de Canarias ha comenzado a celebrar el debate de investidura que hará presidente del Gobierno regional a Fernando Clavijo con el apoyo del Partido Popular, o lo que es lo mismo, la segunda fuerza con más apoyo, Coalición Canaria, estará al frente del Ejecutivo con el respaldo de la tercera. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, daba paso a Clavijo pasadas las 11.00 horas de este 11 de julio y durante poco más de una hora defendió las acciones pretende llevar a cabo durante los próximos cuatro años. Tras agradecer al Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente el acuerdo para formar gobierno, pasó a vaticinar el escenario hasta 2027.

Clavijo considera que vendrán “años difíciles” porque Bruselas y el Gobierno central van imponer “disciplina fiscal”, por lo que cree que Canarias debe adelantarse y prepararse para su impacto. En este contexto, anunció que una de las primeras medidas que acometerá el nuevo Ejecutivo será “bajar los impuestos al consumo” porque estima que este tipo de políticas ayuda a “aliviar la carga de las familias”.

En concreto, ha defendido la propuesta lanzada en campaña -compartida con el PP- de bajar el IGIC del 7 al 5%, pero matizando que se ejecutará “por tramos y productos” (antes del 28 de mayo había anunciado una rebaja general). Además, indicó que se irá “modulando a lo largo de los próximos cuatro años para ayudar a familias, emprendedores y autónomos y a los sectores productivos”.

Sobre las críticas desde el PSOE o Nueva Canaria contra esta medida, Clavijo ha replicado que es “falsa” la premisa de que rebajar impuesto suponga un recorte en servicios públicos por la pérdida de ingresos. A su juicio, subir la presión fiscal no garantiza un mejor servicio público y, como ejemplo, citó que en la pasada Legislatura se incorporaron 900 millones de euros más a la Sanidad, pero la lista de espera media aumentó un 30%.

“Si subir los impuestos no garantiza un mejor servicio público, bajarlos tampoco garantiza lo contrario”, ha sostenido Clavijo, quien en su lugar ha dicho que lo que marca la diferencia es una gestión eficaz y este será el principal eje de actuación del nuevo Gobierno: brindar “una administración realmente al servicio al ciudadano”.

A la bajada del IGIC le acomparán otras medidas de rebaja fiscal. Clavijo ha anunciado la bonificación al 99 % el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y “con efecto inmediato” eliminará el impuesto al combustible a las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro). A su juicio, esta es una medida “de justicia” que no ha cuantificado y que, según ha dicho, supondrá “un ahorro” para sus ciudadanos y empresas.

Clavijo ha hecho una firme defensa de las rebajas fiscales para ajustarse “a la realidad de la economía de quienes vivimos en esta tierra”, que según ha añadido, han “recibido unos servicios públicos más ineficientes” a pesar de que los cobiernos canario y estatal “aumentaban de forma desorbitada sus ingresos fiscales”.

Sanidad y Educación

La política sanitaria para los próximos cuatro años de CC se basará en el diálogo con todos los actores que forman parte del sistema, según Clavijo, con “el paciente en el centro de las acciones” que se llevarán a cabo. De forma específica, ha nombrado las principales problemas por islas: ha prometido dotar de recursos humanos y materiales en el Hospital del Norte y del Sur de Tenerife; en Gran Canaria, se ha comprometido a impulsar las obras de ampliación y reforma del Hospital Materno Infantil, entre otras.

En Educación, el discurso del candidato se ha centrado en proponer un nuevo Pacto regional que recoja las demandas de todos los actores del sector y facilite la aplicación de medidas. Hizo especial mención a la importancia de la Formación Profesional, anunciando a la creación una Viceconsejería que la desarrolle.

Además, ha prometido aumentar la inversión en I+D+I en Canarias con la ayuda de las dos universidades públicas canarias y centros de investigación. Y ha anunciado que su nuevo gobierno tendrá una Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura transversal con competencias sobre presupuestos y estrategias de innovación, pero también en cultura, de manera que esté vinculada a la modernización.

Servicios sociales

Para una de las autonomías con mayores índices de pobreza de España, Clavijo propone desarrollar las medidas que aprobó su gobierno de 2015 a 2019, como la Ley de Servicios Sociales o el Plan de Lucha contra la Pobreza.

A su vez, prometió “desbloquear” el plan de 5.500 camas sociosanitarias para personas mayores en las islas y que se reforzará el personal destinado a la gestión y agilización de las valoraciones de dependencia y discapacidad. En este punto, ha anunciado la creación del área de personas mayores, participación y soledad no deseada para atender a la profunda crisis estructural que registra el sistema de ciudadanos de este sector de la población.

Vivienda

Clavijo ha criticado la Ley aprobada por el Gobierno central porque, a su juicio no reconoce la realidad de Canarias ni recoge las diferencias en el problema de acceso que se vive en islas. Así, Clavijo considera que “la situación es insostenible” y critica que la administración “ha sido incapaz de articular una respuesta eficaz y real”.

Y ha prometido que el Instituto Canario de la Vivienda, Visocan, Gestur y Gesplan colaborarán con todos los ayuntamientos para aprobar y modificar el planeamiento con el objetivo de tener suelo disponible a medio y largo plazo.

En contra de la turismofobia

Otro de los puntos en los que Clavijo quiso hacer más énfasis ha sido rechazar la turismofobia que ha atribuido a “grupos y grupúsculos” que la alientan. En este punto, reconoce que el sector ha cometido “abusos y errores”, pero esto no debe llevar a generar “un sentimiento de rechazo” hacia el principal motor económico de las Islas.

Clavijo ha hecho una defensa a ultranza del turismo porque crea empleo en hoteles y apartamentos, además de otros sector como en el comercio, el transporte o la agricultura, pero en lugar de alentar la turismofobia, aboga por un encaminarse hacia un turismo sostenible y de calidad, sin detallar más medidas concretas.

Sobre la sostenibilidad, Clavijo apenas ha dedicado una breve parte de su discurso para referirse a acciones de gobierno respecto a la transición ecológica. El candidato dice que se mantendrá la Ley de Cambio Climático y se marca el objetivo de elevar del 20 al 45% el grado de penetración de las energías renovables en las islas en los próximos cuatro años, en consonancia con los objetivos de la ONU de emisiones cero en 2050.

Pacto de Empleo

El candidato a la Presidencia ha criticado “sacar pecho de datos de paro cuando hay trabajadores que el día 20 de cada mes deben acudir a Cáritas o Cruz Roja para poder comer”, en referencia al Gobierno de Canarias saliente. Y su propuesta pasa por aumentar el número de trabajadores en el Archipiélago con la firma de un Pacto por el Empleo que avance hacia un empleo de calidad y de oportunidades, aprovechando los fondos europeos

Para ello, ha abogado por el diálogo con los agentes sociales priorizando reducir la precariedad laboral, potenciar la inserción laboral de los jóvenes para evitar que emigren y la atención especial a las personas desempleadas de larga duración. “No podemos seguir admitiendo como una fatalidad de nuestro mercado laboral empleos mal pagados”, ha añadido.

Sector primario

Clavijo ha querido reivindicar la importancia del sector primario para las Islas por su importancia en el mantenimiento del paisaje y el medio ambiente y, además de fomentar el consumo de productos locales a través del turismo, ha anunciado que su gobierno priorizará el riego y el abastecimiento para afrontar la crisis hídrica.

Entre otras acciones, ha prometido la ejecución de la “las nuevas desaladoras en el norte y sur de Fuerteventura y el cierre del anillo hídrico insular en La Palma” y ha anunciado que se pondrán en marcha junto a los cabildos y desde la recuperara Dirección General de Aguas.

El reto demográfico y mejorar la atención pública

El candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias ha anunciado que el reto demográfico también estará presente los próximos cuatro años y se comprometió a elaborar un plan de acción específico, que incluirá la creación de una Consejería que aborde la cohesión social, para situar al máximo nivel y coordinar el crecimiento poblacional y el desarrollo sostenible.

Uno de los asuntos prioritarios en el programa firmado entre CC-PP ha sido mejorar la atención ciudadana de las administraciones públicas. “No puede ser un muro infranqueable, un obstáculo que frena iniciativas y una pesadilla para el administrado”, ha indicado Clavjo. Para ello, propone simplificar “la maraña” burocrátrica de los servicios públicos.

Relaciones Canarias-Estado

Clavijo ha anunciado que, independientemente de quien gobierne después del 23 de julio, tratará de iniciar una nueva etapa de diálogo y entendimiento basado en la defensa el REF y el Estatuto de Autonomía. “Dialogaremos hasta el límite de lo razonable, e incluso más allá, pero les aseguro, señorías, que no tememos al conflicto, y llegado el caso acudiremos a todas las instancias políticas y judiciales que estén a nuestro alcance para que se respete a esta comunidad autónoma y al pueblo canario”, ha señalado.

En este sentido, dijo que avanzará en la transferencia de las competencias recogidas en el Estatuto, como los puertos y aeropuertos,y reclamará un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera para los servicios públicos básicos, con separación de los recursos del REF.

Marruecos

Durante su discurso, Clavijo criticó la postura que defendió Pedro Sánchez frente al Sáhara Occidental, apoyando la propuesta de Marruecos de reconocerla como su autonomía. Considera que ese cambio de posición no ha tenido su reflejo en la política exterior de Marruecos, que ha seguido tensando la cuerda y no ha puesto en marcha una política distinta, humana, en el tratamiento de la migración que sale desde allí hacia las Islas.

En este asunto, que considera “crucial” para Canarias, anuncia que exigirá respuestas que frenen el drama que están viviendo miles de personas todos los años. Por ello abogó por estar presente en las reuniones bilaterales con Marruecos en los asuntos que le afecten, en lo que incluye la definición de la mediana o el acuerdo de pesca que finaliza el 17 de julio.

Unión Europea

Las Regiones Ultraperiféricas y la relación de Canarias con la UE también han tenido cabida en la intervención de Clavijo, quien anunció que reforzará la participación directa de Canarias en Europa, así como las relaciones con Portugal y Francia, “para la mejor defensa de los asuntos que nos afectan”.

En puntos concretos, nombró la defensa de la exención de Canarias en la nueva tasa verde que se aplicará a los vuelos internacionales que, junto al régimen de comercio de emisiones, supondrá un notable encarecimiento de los vuelos con las islas y un notable perjuicio a la conectividad con las islas, perjudicando al sector turístico, según Clavijo, quien anunció que se “trabajará para revertirlo”. 

Ley de Volcanes

Clavijo quiso dejar para el final de su discurso a “los palmeros y palmeras” afectados por “la mayor catástrofe en España del siglo XXI”. El candidato a presidente de Canarias ha anunciado su apoyo a la iniciativa legislativa popular para elaborar una Ley de Volcanes de Canarias y se ha comprometido a cumplir lo prometido en vivienda, agricultura, turismo, empresas y autónomos, educación y sanidad.

“Salga el Gobierno de España que salga de las urnas el 23 de julio, exigiremos que se cumpla con La Palma, que el descuento del 60 % del IRPF y los fondos para la reconstrucción y salud mental se amplíen hasta 10 años”, ha sostenido Clavijo.

Clavijo ha cerrado su intervención teniendo la mano a la oposición y a toda la sociedad para “pasar a la acción para empezar cuanto antes” de cara a afronta los nuevos retos de Canarias.

“Canarias tiene futuro y ese futuro está en nuestras manos, en las de quienes estamos aquí y en las de todos y cada uno de los más de dos millones de canarios y canarias que viven en nuestras ocho islas, y no podemos seguir perdiendo el tiempo describiéndolo y llenando discursos de retórica hueca, tenemos que pasar a la acción”, ha concluido Fernando Clavijo.

La Dirección General de Costas ha iniciado un nuevo expediente de caducidad de la concesión sobre dominio público otorgada a Riu para el Hotel Tres Islas, situado en las Dunas de Corralejo de Fuerteventura. En un escrito del pasado 5 de julio, al que ha tenido acceso este periódico, el órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica indica que el procedimiento anterior, iniciado en agosto de 2021, superó el plazo máximo de tramitación que fija la ley, pero al constatar que se mantienen las obras que incumplen la normativa y las condiciones de la concesión otorgada, ha vuelto a comenzar el proceso que puede confluir en la demolición del edificio.

Costas recuerda que una orden Ministerial del 12 de abril de 2007 otorgó a Sonco Canarias (absorbida por RIU) la concesión hasta 2037, con la condición de que no se modificara ni la altura ni la superficie del hotel ubicado sobre un espacio natural protegido. Poco más de un año después, personal de vigilancia de Costas comprobó que se ejecutaron unas obras de ampliación e impuso una sanción de 10.885 euros con la consiguiente orden de reponer el inmueble a su estado anterior. Tras comprobar que la situación no cambiaba, en agosto de 2021 comenzó a incoar un expediente de caducidad de la concesión.

El procedimiento es arduo e involucra a todos los actores implicados, desde la empresa afectada y su derecho a presentar alegaciones, también ecologistas u otras partes interesadas, hasta las distintas administraciones intervinientes. Además de la sanción impuesta, se comprobó que las actuaciones realizadas en el hotel habían supuesto un aumento del 3,46% de la superficie y las construcciones que conllevaron un cambio de uso ocupaban un volumen de un 3,25% respecto a lo que se había autorizado.

Lentamente, el expediente fue obteniendo todos los parabienes: el 19 de julio de 2022 la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre concluyó que procedía ejecutar la caducidad de la concesión y la extinción del derecho a ocupar dominio público del hotel Tres Islas. El 11 de agosto del mismo año, el Consejo de Obras Públicas también se pronuncia en la misma línea y un mes después, el expediente obtiene la seguridad jurídica necesaria con un informe de la Abogacía del Estado, que manifiesta su conformidad con la caducidad de la concesión.

Tan solo restaba el informe del Consejo de Estado para que el expediente gozara de las garantías suficientes para poder transformarse en una resolución, aunque ya casi en el tiempo de descuento del plazo que establece la ley. Sin embargo, el 20 de abril de este año, el Consejo de Estado dictamina que “procede declara la caducidad del expediente” porque ha transcurrido “el plazo máximo legalmente establecido” sin que se haya notificado la correspondiente resolución a las partes interesadas. Y un mes después, el secretario de Estado de Medio Ambiente ratifica la decisión, pero recordando que aún cabe abrir un nuevo procedimiento si persisten los incumplimientos de la concesión y de la legalidad.

Una decena de infracciones

Lejos de desistir, Costas volvió a realizar una inspección en el hotel Tres Islas el 8 de junio, día en el que también recibe un escrito de la asociación ecologista Agonane que solicita que se vuelva a iniciar el procedimiento “Se corrobora que las causas que motivaron la incoación del expediente de caducidad continúan en la actualidad, no habiéndose producido cambio alguno en la concesión”, cita el informe sobre la visita al inmueble.

En concreto, detalla que las obras que conllevaron una sanción en 2008 y motivaron el inicio del expediente de caducidad han sido explotadas comercialmente, lejos de lo que se había previsto en el proyecto de obras que se autorizó con la concesión. El escrito cita que sobre el solárium de la sexta planta del hotel se crearon cuatro nuevas habitaciones que han supuesto “un sensible aumento del volumen del edificio” y “se encuentran en la actualidad en el mismo estado en el que fueron sancionadas”.

Costas añade que la empresa ha cambiado el uso de dicha superficie del que inicialmente se le había autorizado con la concesión, es decir, dos gimnasios, una peluquería, tres salas de masaje y un cuarto. “Con la distribución reflejada en el plano del proyecto no resultaría posible la distribución de usos actuales, por lo que deben haber sido necesarias obras de reorganización de la planta por completo” sin la autorización correspondiente, según cita el escrito.

Además de aumentar el volumen, Costas dice que se han llevado a cabo actuaciones sin contar con título habilitante, como las obras de reforma interior y exterior de la Casa de Tico Medina; la reorganización de los muros divisores de espacios en el jardín o la construcción de un pasillo ajardinado que sirve de acceso a dicha edificación entre las pistas de tenis y la zona de gestión de residuos del hotel. A ello, suma la edificación de un arco en el acceso al hotel de 128 metros cuadrados de superficie y 336 de volumen.

En el escrito alude a la modificación de las tres piscinas ubicadas en el jardín principal del hotel Tres Islas, con dimensiones y formas diferente a la inicialmente permitida, junto a un jacuzzi “de cuya autorización no se tiene constancia”.

En la visita de inspección, Costas también detectó “el estado de ruina de las edificaciones colindantes con la depuradora y la antigua casa de Tico Medina, que se encuentran sin techo, con grietas de gran tamaño en las pareces próximas al colapso”. En este sentido, recuerda que el concesionario tiene la obligación de conservar y mantener las obras y terrenos concedidos “en perfecto estado de utilización”.

Así, la secretaria de Estado de Medio Ambiente dio luz verde al inicio de un nuevo expediente de caducidad, al detectar “el incumplimiento de la orden ministerial que rige la concesión, así como de la normativa de costas”.

Ecologistas frente a Riu y el Gobierno canario

Al respecto, la asociación ecologista Ben Magec, que ha sido parte interesada y ha demandado la caducidad del expediente, ha lamentado “gravemente” que el anterior expediente no pudiera finalizar su tramitación. “Es una negligencia pública, en este caso, del Consejo de Estado y demandamos que no vuelva a incurrir en la misma actitud porque entendemos que puede haber prevaricación manifiesta”.

A pesar de ello, el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, ha añadido que considera una buena noticia el inicio de un nuevo proceso y anuncia que el colectivo se personará en el nuevo expediente porque entiende que “los derechos ambientales son bienes generales y comunes que están más allá de los intereses particulares de una empresa”.

Por su parte, la cadena RIU ha defendido el interés general de los hoteles, tanto el Tres Islas como el Oliva Beach, por los puestos de trabajo que genera en la zona norte de Fuerteventura, un argumento respaldado por una plataforma formada por empleados y apoyado por distintas administraciones, desde el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura al Gobierno de Canarias.

La empresa ha reiterado que desde enero de 2023 el Gobierno de Canarias es quien tiene las competencias para gestionar las concesiones de los hoteles y critica que el Estado siga ejerciendo su tutela. “Es una actuación clara de injerencia en las competencias transferidas a Canarias y una más que clara persecución administrativa a este establecimiento y a esta empresa que raya en un abuso de poder”, ha manifestado a este periódico.

La gestión del agua de abasto municipal es un negocio seguro. Un puñado de grandes empresas, algunas ligadas a la construcción, están atentas a cada licitación que sale en España para prestar un servicio que les asegura, al menos, rentabilidad. Uno de los más recientes ha tenido lugar en el municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria (13.838 habitantes). El pasado 9 de junio fue adjudicada la concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento por 121,7 millones de euros y un periodo de 40 años a una de las entidades más potentes del sector: Aqualia. Se trata de una sociedad participada en un 51% por el Grupo FCC, del magnate mexicano Carlos Slim, y en un 49% por un fondo de inversión australiano llamado IFM Investors.

El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha confirmado a este periódico que la licitación ha sido recurrida ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TCAP) de Canarias. “Cuando el Tribunal se pronuncie ofreceremos más información”, ha respondido el Consistorio. El 27 de marzo de 2023, más de un año después de que el Ayuntamiento publicara la licitación, se aprobó el expediente de contratación, con un plazo de presentación ofertas hasta el 8 de mayo, por procedimiento abierto. Tan solo se postularon Aqualia y una Unión Temporal de Empresas formada por Global Omnium Medioambiente; Tedagua (Grupo Cobra) y LEM Infraestructuras y Servicios. De estas tres, tan solo Tedagua cuenta con experiencia en el sector en las islas.

Aqualia ganó el procedimiento en la valoración subjetiva, donde había que lograr al menos 35 puntos para pasar a la siguiente y última fase de evaluación de las ofertas económicas antes de adjudicar el concurso. La mesa de contratación puso las puntuaciones a los criterios que se deben cumplir para prestar el servicio después de que se presentaran las ofertas. Y valoró a Aqualia con 49 puntos, la máxima que podía conseguir, y a la UTE con 30, quedando excluida. Además, el proceso de apertura de sobres y la adjudicación coincidió con el periodo electoral del 28 de mayo y con un gobierno municipal en funciones.

El documento del acta de adjudicación dedica unas páginas a justificar que, “sin ningún género de dudas”, jurídicamente la administración puede llevar a cabo este tipo de actuaciones porque estima que forma parte de los asuntos “cotidianos, corrientes y habituales para su actividad se mantenga y continúe”. El acuerdo de gobierno en Santa María de Guía se fraguó poco antes de la constitución de los ayuntamientos, el 15 de junio. Pedro Rodríguez, de Juntos por Guía-Nueva Canarias, volvió a ostentar el bastón de mando por cuarto mandato consecutivo, tras ser la fuerza más votada y pactar con el PSOE.

Un plazo de 40 años y poco rentable

El recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Canarias, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, pretende retrotraer la tramitación del expediente al inicio porque considera que los pliegos no se ajustan a la legalidad. La recurrente, que ha pedido permanecer en el anonimato, considera que está injustificado que el plazo de la concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento en Santa María de Guía sea del máximo plazo legal de 40 años, porque entiende que no incluye obras de envergadura que justifiquen un periodo tan prolongado para amortizar la inversión.

Preguntado por este punto, el Ayuntamiento explica que la duración del contrato “halla acomodo dentro de la legalidad vigente”. En concreto, cita que el plazo de 40 años de concesión es legal según la Ley de Contratos del Sector Público siempre y cuando cuando se contemplen la ejecución de obras y la explotación del servicio. En este caso, el Consistorio aclara que no se aportarán recursos públicos durante la vigencia del contrato y que la entidad adjudicataria tendrá “única y exclusivamente” como retribución las tarifas de agua. Por ello, entiende que es razonable aplicar la duración máxima para que la explotación del servicio en su conjunto sea viable y la empresa pueda recuperar la inversión.

Sin embargo, el recurso también plantea que la concesión, que exige a la adjudicataria una inversión inicial de 4,6 millones de euros, no es rentable. Abunda que la Tasa Interna de Retorno del estudio de viabilidad del proyecto es del 2,94%, una cantidad inferior a un bono del Estado, que presenta una rentabilidad superior al 3%. Además, que los pliegos impongan la obligación al concesionario de asumir los costes de vigilar y supervisar la ejecución del contrato es, para la recurrente, otro motivo que condiciona la rentabilidad del proyecto e, incluso, alega que infringe la Ley de Contratos del Sector Público porque se trata de un gasto que debería ser municipal y no inherente al servicio.

Litigios entre Aqualia y el Ayuntamiento de Santa María de Guía

Si se formaliza el contrato este año, hasta 2063 el servicio de aguas en el municipio estará en manos de la misma empresa que llevó a los tribunales al Consistorio alegando que era deficitario tras más de 20 años a cargo de gestión. “La única finalidad del Ayuntamiento de Santa María de Guía, ha sido mantener atrapado indefinidamente y sin remedio a Aqualia en una relación contractual deficitaria, plenamente conocida, obligándola a financiar sin límite las necesidades del servicio municipal”, expuso la empresa en un comunicado fechado en agosto de 2018, donde anunciaba la finalización de la relación contractual.

Según cuenta el Ayuntamiento, la gestión del servicio público de abastecimiento de agua en Santa María de Guía fue adjudicada en 1998 a Gestión de Aguas del Norte (Aqualia) hasta agosto de 2018. El contrato fue prorrogado en un acuerdo plenario el 29 de septiembre de 2003; sin embargo, en 2009 decidió resolver con la sociedad el contrato de manera anticipada y acordó con Aqualia la prórroga del servicio por seis meses hasta que un nuevo gestor se hiciera cargo, momento en el que recibiría el pago de la correspondiente liquidación.

La razón de resolver el contrato, según detalla el Ayuntamiento, era que el municipio había recibido una planta desaladora y quería volver a licitar el servicio integrando la infraestructura. El Consistorio dice que mantuvo “reuniones informativas públicas” con cuatro de los mayores operadores del sector en el ámbito nacional: Canaragua (Suez), Gestagua (Saur), Sacyr y Aqualia, pero ninguno presentó oferta. “Al quedar desierto el servicio, siendo este esencial para la población, se mantuvo al operador FCC Aqualia, S.A., que continuó hasta el día 18 de agosto de 2018, al ser esta la fecha de finalización del contrato”, explica.

Y en junio de 2011, el Ayuntamiento acordó prorrogar de forma indefinida el contrato, pero esta vez, sin el beneplácito de la empresa. Aqualia no estaba de acuerdo con las condiciones económica con las que debía seguir prestando el servicio tras la resolución del contrato en 2009 y estimaba que debían revisarse porque no le parecían rentables. Y fue cuando elevó el asunto a los tribunales.

De hecho, en su comunicado de 2018, directamente acusaba al Ayuntamiento de “inactividad y desidia” para encontrar un nuevo gestor durante nueve años que pusiera fin al contrato, pues consideraba que a la administración “le resultaba mucho más económico” mantener a la misma concesionaria dejando de abonarle los trabajos y servicios realizados e “incrementando con ello el déficit patrimonial”.

En declaraciones a este medio, Aqualia asegura que “trabajó con el Ayuntamiento hasta agosto de 2018” y “en ese momento, de mutuo acuerdo”, dejó de prestar el servicio. Sin embargo, el Consistorio dice que ese año la empresa decidió “marcharse unilateralmente” a pesar de los requerimientos para que continuase y reclamó el pagó por la liquidación del contrato establecido en 2009. “El saldo final abonado por la Corporación fue de unos 72.000 euros”, sostiene.

En 2018, la administración municipal tramitó por la vía de emergencia el servicio, adjudicando el contrato a Canaragua hasta que se efectuara una nueva adjudicación. “En ejecución de la citada emergencia, se confeccionó una auditoría detallada del estado del servicio, conjuntamente entre Canaragua Concesiones, S.A. y el Ayuntamiento, además de estabilizar el mismo mediante la ejecución de obras inaplazables para mitigar las pérdidas de la red, resultando muy satisfactoria la ejecución del contrato al haber aumentado el rendimiento de la red, celebrándose al menos 17 reuniones de coordinación”, relata el Consistorio.

La tramitación de la nueva concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento ha tardado un año y ha sido “complejo”, reconoce el Ayuntamiento, que dice que es una característica habitual en este tipo de procedimientos. Y tras las ofertas de Aqualia y la UTE formada por tres empresas, el propio Consistorio admite que le ha resultado “sorprendente que no se presentara a la licitación Canaragua Concesiones, S.A. a pesar del alto grado de conocimiento del servicio” que, hasta la formalización de la adjudicación, sigue prestando.