“Parte de la maquinaria europea funciona gracias a las personas migrantes que trabajan sin sus derechos consolidados”

“Es una mujer embarazada”. Comienza la entrevista y Txema Santana aparece al otro lado de la pantalla. Sus primeras palabras confirman que la ruta migratoria hacia Canarias suma una nueva víctima. En este caso, se trata de una mujer embarazada que intentaba llegar a Lanzarote en una neumática con 52 personas más. En los últimos días, Santana ha recibido numerosos mensajes de familiares desesperados que solo quieren saber si sus seres queridos están vivos o muertos. En diferentes puntos del mundo es conocido que, si alguien sabe de la ruta y de sus protagonistas, es él.

Txema Santana lleva años trabajando en el fenómeno migratorio desde diferentes ámbitos. Además de ser periodista, ha sido también técnico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y asesor del Gobierno de Canarias en materia de migraciones. Durante su larga trayectoria no ha normalizado nunca una desaparición. Se mantiene firme en su lucha por la convivencia y la integración. Cada muerte le pesa, y por eso sigue trabajando por romper el discurso securitario y apostar por viajes seguros. Ahora afronta un nuevo reto y concurre a las elecciones del próximo 23 de julio como candidato al Senado en la lista de Nueva Canarias. “Asumo el reto”, anunció en sus redes.

En una entrevista concedida a Canarias Ahora, Txema Santana relata las consecuencias de las políticas migratorias europeas, plantea los retos que asumirán los nuevos gobiernos y responde sobre las amenazas que acechan a quienes intentan llegar a Canarias tras el auge de la extrema derecha. 

El último informe de CEAR alerta de que el rechazo violento de los migrantes en las fronteras comienza a ser una “respuesta estructural” de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Está ocurriendo esto también en España y, en concreto, en Canarias?

España es uno de los países donde hemos visto mayores masacres en las fronteras. Esta línea ya se ha traspasado en fronteras terrestres como Melilla y Ceuta. Un país tercero mata a decenas de personas y no se asume ninguna consecuencia. Hubo palmadas en la espalda por el trabajo bien hecho. Otra cosa es en el caso de Canarias, donde se sigue rescatando a personas y haciendo desembarcos seguros y una acogida a veces más precaria y a veces menos. La parte de Salvamento Marítimo en Canarias sigue siendo un elemento destacado dentro del Salvamento europeo, pero es verdad que España cede cada vez más a Marruecos la posibilidad de rescatar a personas que salen hacia la ruta canaria. Marruecos está interviniendo más que hace un año. Estamos en un momento de cambio donde, evidentemente, la UE está fortificando la entrada a su territorio sin posibilitar otras vías. Esto está derivando en una presión migratoria que se resuelve a base de dar dinero para lo que ellos llaman mejorar la contención y desplazar a las personas hacia el sur del continente, como hicieron en Túnez.  

Aun así, la ruta canaria no deja de sumar muertes. ¿Cuál es el interés de mantener el discurso securitario por encima del derecho a la vida?

Hay una máxima que es seguir el rastro del dinero. Hay una gran inversión para el control fronterizo que no está primando la vida de las personas. Es una inversión millonaria de los impuestos de los ciudadanos europeos en una industria de la seguridad. Si cambiáramos el enfoque y habláramos del derecho a migrar de forma regular, podríamos discutir sobre cupos de personas o sobre elementos en base a una migración ordenada y segura. Sin embargo, la discusión es más dinero para vigilancia, para armamento… Lo que nos conduce a una situación de guerra en las fronteras. En el siglo XXI, donde la comunicación es global y hay acceso a imágenes de todo el mundo, muchos jóvenes ven que sus ídolos están en Europa. Se fomenta que algunas personas sí puedan viajar. Lo que no podemos hacer es impedir que los pobres lo hagan de forma regular. Seamos claros: lo que se está impidiendo es que las personas pobres viajen, porque los ricos sí lo pueden hacer.

España cede cada vez más a Marruecos la posibilidad de rescatar a personas que salen hacia la ruta canaria

¿Por qué España delegó en Marruecos el rescate de la patera que naufragó el pasado 21 de junio?

Hay dudas sobre lo ocurrido. Estas dudas sobre todo estriban en qué acuerdo se está aplicando para que el rescate se produjera de esta manera y cómo se tomaron las decisiones de este rescate. Detrás de esta decisión está de alguna forma el conflicto del Sáhara Occidental. Es responsable afrontar los nudos de la historia que quedan sin responder en este punto del mundo. En el comunicado que ha enviado Salvamento Marítimo no se menciona en ningún momento al Sáhara.

¿Qué retos enfrenta el nuevo Gobierno de Canarias? 

El nuevo Gobierno de Canarias tiene que reestructurar el organigrama que tiene que ver con las migraciones. El gobierno anterior tenía un organigrama que no respondía a la realidad migratoria. Es un asunto transversal, no estanco, que debe comunicarse desde la sanidad, la educación… Se debería introducir una oficina de atención a las personas migrantes. Sería bueno tener espacios de información para las personas migrantes y sus familiares. Espacios de orientación jurídica donde las personas se sientan seguras y donde las personas puedan llamar para saber si sus familias están vivos o no. Hay que considerar a las personas migrantes no son números que han llegado, sino sujetos políticos, con derechos y a los que hay que cuidar para mejorar la prosperidad de nuestra propia sociedad. Esta oficina también tiene que atender a las personas locales que tienen dudas sobre seguridad, quiénes son sus nuevas vecinas, sobre la legislación, por qué se decide situar un centro en un lugar concreto. Debe ser un enlace entre la ciudadanía y el gobierno. 

Ante el auge de los discursos de odio, también se abre la necesidad de trasladar toda esta información a colegios, institutos…

Personalmente he recorrido cientos de asociaciones, colegios, clubes deportivos informando sobre este asunto. Ha sido enriquecedor por el intercambio de preguntas, de dudas. En los institutos ha habido brotes de xenofobia y se han planteado soluciones específicas. Los sanitarios han planteado protocolos y han tenido dificultades para llevarlos a cabo. Los abogados del turno de oficio han tenido problemas para poder ejercer su derecho y su profesión y también han planteado quejas. Los educadores sociales también han visto cómo había un intrusismo profesional vinculado a lo securitario. La policía no sabe cómo intervenir con personas migrantes con órdenes de expulsión abiertas a las que no pueden expulsar. Se necesita un enlace del gobierno que esté constantemente resolviendo este tipo de dudas. Hay una burbuja de mentiras y de racismo que ha ido creándose con fines políticos que hay que pinchar. Porque afecta directamente a la dignidad y seguridad de las personas migrantes, a la salud mental de las personas locales y de forma más determinante a la propia democracia.

¿Cómo se puede pinchar esa burbuja?

Con más transparencia. Hay que transparentar toda la información que sea posible vinculada a lo migratorio, datos, procedimientos, qué se hace en cada momento y qué decisiones se toman, como en otros ámbitos de la gobernanza. No puede ser que en otros ámbitos de la gobernanza se transparenten los motivos por las que se toman decisiones, pero en el ámbito migratorio hay una opacidad constante. Si el periodista quiere acceder a datos, tiene cada 15 días llegadas por provincias, parciales, ni por islas. Lo mismo pasa con la acogida. No digo que haya que saber quiénes son, ni dónde están. Pero las personas locales tienen derecho a saber qué se está haciendo y las migrantes deben saber qué va a ocurrir con ellas. No puede ser que se les abra una orden de devolución nada más llegar, que se ejecuten muy pocas, y que el resto viva de forma constante con esa espada de Damocles sobre ellos pensando que van a ser expulsados después de cada paseo que dan. Pensando que pueden estar siendo buscadas. 

España es uno de los países donde hemos visto mayores masacres en las fronteras

¿Qué interés se esconde detrás de esta opacidad y falta de transparencia?

En torno a la inmigración hay una opacidad que a veces da la impresión de que es intencionada, para despojarlos de derechos y que sean sujetos de explotación. Entre 2021 y 2023 han llegado a Lanzarote más de 14.000 personas. De esas, en Lanzarote puede haber 200 o 300 personas. Nos hacen creer que están en las calles, pero no están ni siquiera en Lanzarote. Lo que pasa es que nadie se lo ha dicho. El asunto migratorio es una competencia estatal en la mayoría de sus ámbitos, pero afecta a la población local en cuanto al impacto de las llegadas y de las noticias. Hay un descuelgue de la responsabilidad para asumir el liderazgo. A Canarias han llegado unas 45.000 personas entre 2021 y 2023. En las Islas debe haber ahora 5.000 o 6.000 personas, y son las que han llegado en los últimos meses. La mayoría ya no está en las Islas, tampoco en el Estado español. Muchas están en países de Europa y otras han regresado voluntariamente a sus países para seguir con su vida. 

Las leyes están obligando a considerar la inmigración una emergencia humanitaria y de seguridad, cuando las migraciones son un flujo natural. Las personas siguen con sus vidas, siguen sus tránsitos, regresan a sus países porque se ven en la calle y quieren volver a ver a sus familias. El sistema despoja de derechos a algunas personas que acaban siendo aprovechadas por un sistema laboral que los acaba explotando. Parte de la maquinaria europea funciona gracias a personas que están trabajando sin sus derechos consolidados. Tengo la impresión de que el colonialismo no ha terminado. Si antes había una explotación de recursos naturales y de materias primas que eran llevadas de las colonias a la metrópolis, ahora hay una explotación constante de recursos humanos para ser explotados en la metrópolis. Las personas llegan, no se les dan derechos, pero terminan insertas en el sistema. 

Hablando de colonialismo, ¿qué repercusión ha tenido en la ruta canaria el cambio de postura de España con respecto al Sáhara Occidental? 

Se extremó el control migratorio especialmente hasta el 20 de mayo de este año. Hubo más control, más intercepción de pateras que iban a salir, más redadas, se trasladó a las personas al interior del país. Se pusieron en marcha acciones con la colaboración del Gobierno de España para aumentar la vigilancia. Pero esto no ha impedido que las personas sigan saliendo de manera más controlada hasta el 20 de mayo, y menos controlada a partir de esa fecha, donde observamos que ha debido haber algún tipo de cambio. Desde el 20 de mayo hasta hoy han llegado más de 2.600 personas, casi la mitad de todas las que han llegado a las Islas este año. Los supervivientes han hablado de palizas, de traslados al desierto, de redadas. Mucha más presión por parte de los traficantes y de las autoridades marroquíes, que a veces son policías, militares o paramilitares. 

Lo que también afecta a la ruta canaria es el acuerdo pesquero de Marruecos anulado por el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Expira el 17 de julio, una semana antes de las elecciones, y la Unión Europea sigue sin incluir las aguas del Sáhara en el acuerdo pesquero y sin decidir que el Frente Polisario esté en las negociaciones. Marruecos utiliza a las personas migrantes en su beneficio político. Lo ha hecho en el pasado. Con las migraciones forzó un cambio de posición de España con respecto al Sáhara Occidental. Eso es una utilización de las personas más vulnerables que hay, a veces sus propios nacionales, que son más de la mitad de las personas que han llegado a Canarias. Negocian beneficios que no llegan a las personas.

En torno a la inmigración hay una opacidad que a veces da la impresión de que es intencionada, para despojarlos de derechos y que sean sujetos de explotación

¿Y en las vulneraciones de derechos de la población saharaui?

En cuanto a la población saharaui no ha cambiado nada, porque su privación de derechos fundamentales sigue siendo evidente. Su propia cultura y el poder de tomar una decisión sobre su futuro se les ha usurpado desde que Marruecos ocupó el territorio. Hay una misión de Naciones Unidas para hacer un referéndum y no se ha llevado a cabo. El fracaso de Naciones Unidas en el Sáhara está beneficiando la ocupación marroquí. 

En el último mes han llegado al menos diez cayucos que partieron de Senegal. ¿Lo que está ocurriendo en el país empujará a más jóvenes a salir? 

En Senegal se está viviendo cierta combustión social y de disputa generacional. Por un lado hay una condena a prisión a un líder opositor, Ousmane Sonko, y un presidente que quiere repetir por tercera vez y allí no está permitido el tercer mandato (Macky Sall). Por un lado está la propia juventud que ve con incertidumbre su futuro. Por otro lado, la juventud más politizada cree que es hora de tomar el poder y de dar un paso al frente. Una diáspora que observa con preocupación y compromiso lo que pasa en su país. Luego están los jóvenes que viven el día a día y creen que pueden ser años de su vida perdidos y lo que necesitan es llevar comida a su casa. Esa gente va a seguir marchándose.

En el último mes han llegado 10 cayucos. Dos de ellos han sido interceptados en el Sáhara. La mayor parte había salido de Senegal. Puede parecer que no es mucho, pero en el resto del año había llegado uno. En 2022, cuatro. Tampoco estamos en otoño, cuando esta ruta larga es más viable o más posible, ni estamos aún inmediatamente antes de las elecciones. Yo siempre digo que el amor en muchas ocasiones es el motor de las migraciones. Quien migra lo hace por sí mismo, pero también por su familia, por sus hijos. El amor en el sentido amplio de la necesidad de dar a sus familiares y a las personas queridas una vida mejor. Pocas veces es una cuestión meramente individual. 

Después de la experiencia de 2020, ¿está Canarias preparada para nuevos repuntes?

El actual Gobierno de España entendió varias cosas que hicieron que la respuesta en 2021 y 2022 fuera un poco mejor.  Canarias no puede ser un gueto en el que encerrar a las personas migrantes que llegan a esta frontera exterior de la Unión Europea. Esto es clave y lo tienen que entender todos los ministros del Interior que pueda haber en España, sean del partido que sean. Canarias no puede ser una cárcel a cielo abierto. Ni ahora, ni nunca. No debe volver a ocurrir. Su traslado al continente debe ser regulado, eficaz, ágil y transparente. 

Por otro lado, tienen que confiar más en la lectura que hacemos de Canarias. Estamos diciendo que el Gobierno de España debe ser flexible con su Plan Canarias. Habían replegado algunos centros por un descenso de llegadas, pero hay factores ambientales que vienen indicando que las llegadas aumentan y que esto puede continuar. Hay que detener ya el repliegue del Plan Canarias y no repetir errores. No concentrar los centros en los mismos municipios, no hacer macrocampamentos de más de 1.000 personas y no generar incidencias en las islas por decisiones tomadas a miles de kilómetros. Por el bien de la sociedad local y de las personas en acogida. Debe haber un compromiso inequívoco de que va a haber derivaciones al continente. No solo con los adultos. En mi opinión, habría que trabajar también para agilizarlos con los menores. 

¿Qué carencias en el sistema de acogida de menores ha desvelado el caso Siglo XXI? 

 

La emergencia ha desbordado la acogida de menores, con unas ratios muy grandes y en manos de organizaciones que presuntamente no solo han desviado dinero destinado a esa integración, sino que lo han utilizado para beneficio propio. Habrá que esperar a ver qué dice la justicia, pero las informaciones que han salido deberían avergonzar a un sistema que necesita más control, reducir la externalización en la medida de sus posibilidades y ser realista. No es realista que un punto de la frontera exterior de la UE como Canarias tenga bajo su tutela a todos los menores que llegan en momentos de alta intensidad migratoria como el actual y que las pruebas de edad tarden tanto. El control de la administración tiene que aumentar, las ratios deben ser menores, el Gobierno de España tiene que ser más responsable. No solo en Canarias, sino toda la sociedad española y la UE. De lo contrario, estamos intentando resolver una ecuación con menos herramientas de las necesarias.