Buques de guerra de Marruecos navegaron sin autorización por aguas de soberanía española los últimos días de julio y primeros de agosto, mientras decenas de miles de personas migrantes entraban a Ceuta por el espigón de la playa del Tarajal, según informa El País. En concreto, se trató de al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí, en una maniobra que no se trató de un mero tránsito, sino de una vulneración intencionada y repetida del mar territorial.

En respuesta, la Armada española, integrada dentro del Ministerio de Defensa, desplegó hasta tres buques con fines de vigilancia y disuasión. El Estado Mayor de la Defensa movilizó de inicio al Buque de Acción Militar (BAM) 'Rayo', con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria y que llegó a la ciudad autónoma el lunes 3 de agosto. Se trata de un patrullero de altura cuya misión principal es la vigilancia marítima.

Las incursiones marroquíes continuaron y la Armada desplegó entonces la fragata 'Santa María', procedente de la base naval de Rota (Cádiz), pero una avería obligó a sustituirla por la fragata 'Navarra', también parte de la 41 escuadrilla de buques de escolta. Durante unas horas del 6 de agosto, ambas estuvieron atracadas en el puerto de Ceuta para trasvasar el equipo de Infantería de Marina a bordo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado esta información en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional. Sánchez ha admitido que la Armada envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española, aunque no ha llegado a explicar por qué entraron esos buques marroquíes.

El presidente del Gobierno ha señalado que fueron días muy intensos y muy difíciles y ha asegurado que hubo interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

Según asegura El País, las maniobras de las marinas española y marroquí estuvieron a punto de provocar la colisión de patrulleros de los dos países. El medio menciona a fuentes conocedoras de los incidentes, sin especificar, y afirma que estas se limitaron a señalar “que la firme reacción del Gobierno, con el despliegue disuasorio de la flota y las gestiones de alto nivel del Ministerio de Defensa ante las autoridades de Rabat, pusieron fin a los incidentes”, en palabras del redactor.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado si “hay alguien que dude que no hubo complicidad por parte Marruecos y las autoridades marroquíes” y si “alguien piensa que 80.000 personas o buques de guerra pueden transitar libremente como lo hicieron sin que las autoridades marroquíes lo supieran y lo consintieran”.

Almeida ha zanjado que “eso no lo duda nadie”. “Lo que pasa es que ya sabemos que oye, yo una de las cosas del cambio de gobierno que aspiro es a saber qué sabe Marruecos de Sánchez. Y espero que los españoles nos enteremos de qué sabe Marruecos de Sánchez”. Según su criterio, “es más grave lo de los buques de guerra que la entrada de 80.000” personas, aunque “todo forma parte de lo mismo”.

El desfile del 12 de octubre por el Día de la Fiesta Nacional volverá a mostrar las capacidades de las Fuerzas Armadas, pero también dejará ver el potencial de la industria española que hay detrás de sus vehículos, aeronaves y sistemas tecnológicos. Entre los protagonistas de este año destaca el vehículo de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón, que simboliza, junto a otros equipos militares, las oportunidades que se abren para la industria de automoción en el sector de la defensa.

La conexión entre ambos sectores va más allá de los vehículos que recorrerán las calles de Madrid. La automoción afronta una etapa de transformación en la que la diversificación hacia la industria militar puede convertirse en una alternativa para mantener la actividad de sus fábricas y aprovechar capacidades industriales, tecnológicas y de ingeniería ya desarrolladas. El impulso de los programas de defensa y la búsqueda de nuevos proveedores por parte de Indra están acelerando este acercamiento.

Un análisis realizado por INDIE a partir de la composición oficial del desfile identifica a más de una veintena de compañías vinculadas directa o indirectamente a los vehículos, sistemas y aeronaves que participarán en la parada. El desfile reunirá a 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad y otras instituciones públicas, además de 144 vehículos, 39 motocicletas y 82 aeronaves, si las condiciones meteorológicas permiten su participación. En el escalón terrestre, uno de los focos estará puesto en el Dragón 8x8, desarrollado por Tess Defence, que desfilará con tres unidades de la Legión: dos vehículos de combate y uno de Zapadores. El blindado está llamado a sustituir progresivamente a plataformas más antiguas, como los BMR y los VEC.

También volverán a participar los vehículos tácticos Vamtac de la gallega Urovesa, empleados en distintas configuraciones por las Fuerzas Armadas, así como los carros de combate Leopardo 2E, los vehículos de combate de infantería Pizarro y los vehículos de zapadores Castor, vinculados a Santa Bárbara Sistemas. La representación industrial se extiende a plataformas logísticas y sistemas tecnológicos, como la estación de guerra electrónica GAMO 8, que integra herramientas para detectar y gestionar amenazas, incluidos los sistemas no tripulados.

En el aire, el desfile contará con aeronaves de Airbus y otros fabricantes, con especial protagonismo del A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en Sevilla, junto a modelos como el C295 y el A330 MRTT. Los Eurofighter, los F-18 y los helicópteros militares completarán una exhibición que refleja la participación española en grandes programas europeos y la importancia de la producción nacional dentro de cadenas industriales internacionales.

Indra busca fábricas y proveedores en la automoción

La imagen del desfile sirve como anticipo de una colaboración que podría adquirir una dimensión mucho mayor en los próximos años. Indra ha abierto un proceso de selección de proveedores entre las empresas de automoción para participar en programas de defensa con un volumen global de 7.500 millones de euros. La compañía pretende aprovechar la capacidad de producción en serie, la ingeniería y la extensa red de proveedores del motor para fabricar vehículos militares y sus componentes.

El plan contempla proyectos que incluyen 186 vehículos pesados de artillería sobre ruedas, otros 280 con cadenas, 34 tanquetas anfibias y 128 lanzapuentes. Son volúmenes reducidos en comparación con los de una fábrica de automóviles convencional, pero pueden aportar carga de trabajo a medio y largo plazo en un sector sometido a la presión de la electrificación, la competencia internacional y los cambios en la demanda.

Indra Land Vehicles, la filial de la compañía dedicada a este negocio y liderada por Frank Torres, exdirectivo de Nissan Motor Ibérica, busca incorporar a fabricantes de vehículos y componentes. La empresa ya ha señalado posibles colaboraciones con MAN y Rheinmetall para el desarrollo de vehículos pesados lanzapuentes. Sin embargo, Seat sigue sin decidirse sobre las conversaciones con Indra para explorar posibles vías de participación.

La transición no se limita al ensamblaje de vehículos. Las necesidades de suministro abarcan desde estructuras metálicas, mecanizado, soldadura y pintura hasta cableados, cámaras, pantallas, sistemas ópticos, hidráulica y software. Muchas de estas tecnologías ya forman parte de la actividad de los proveedores de automoción y pueden encontrar aplicaciones en programas militares, aunque su adaptación exige certificaciones y controles de calidad específicos.

Los proveedores preparan el salto a defensa

El potencial de esta diversificación también aparece en un estudio de KPMG y el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, según el cual más del 40% de las empresas del sector dispone de tecnologías de doble uso, aplicables tanto a actividades civiles como militares, y un tercio mantiene ya alguna relación con la industria de defensa.

Sernauto, la patronal de los proveedores de componentes, ha puesto en marcha un Hub Defensa-Automoción para facilitar la conexión entre las empresas del sector y las necesidades de las Fuerzas Armadas. La asociación identifica oportunidades en áreas como la electrificación, la electrónica de potencia, la sensórica, la conectividad y la fabricación inteligente.

Algunas compañías ya están dando pasos concretos. Ficosa, especializada en sistemas electrónicos y de visión para vehículos, ha creado una división específica para el negocio militar y trabaja para cerrar colaboraciones con Indra y General Dynamics.

Los embajadores de los países de la Unión Europea en España han iniciado este lunes una visita de tres días a Aragón, durante la que conocerán algunos de los principales proyectos económicos, industriales y tecnológicos de la Comunidad, con especial atención a sectores como la logística, los centros de datos y la Defensa.

La visita se celebra por iniciativa del embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, coincidiendo con la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea durante este semestre. Los diplomáticos han sido recibidos este lunes en el edificio Pignatelli por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los miembros de su Gobierno, en una jornada de trabajo en la que también han participado representantes de los agentes sociales.

Después de los elogios mutuos, las llamadas a intercambiar experiencias y el propósito compartido de reforzar la colaboración europea, el vicepresidente de Vox del Gobierno de Azcón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha aprovechado la ocasión para ampliar considerablemente el orden del día. Y ha entregado a cada uno de los 26 diplomáticos una carta con su particular relación de asuntos pendientes para Europa en la que ha desplegado buena parte del ideario voxista.

El primero, la inmigración. Nolasco ha urgido a los embajadores a blindar Europa ante “la inmigración masiva y descontrolada”, que considera una “amenaza” de primer orden para “la supervivencia económica del Estado del Bienestar” y para las democracias de los países de la Unión. “No habrá Europa si Europa no es capaz de controlar eficazmente sus fronteras”, sostiene en la misiva.

La “invasión”

El vicepresidente aragonés ha situado nuevamente a Ceuta en el centro de su argumentación y la ha presentado como “el ejemplo palmario del riesgo de colapso del modelo democrático europeo”. “Todos y cada uno de los Estados miembros estamos llamados a dar una respuesta a quienes sufren una invasión”, afirma Nolasco, que utiliza de nuevo este término para referirse a la llegada de migrantes a la ciudad autónoma, una expresión que viene empleando reiteradamente durante los últimos meses.

La carta no se queda en la política migratoria. Nolasco también ha pedido a los 26 embajadores que transmitan a sus respectivos gobiernos la necesidad de acometer un proceso inmediato de “desregulación” en la Unión Europea. “Es urgentísimo”, asegura, porque considera que hacen falta “menos normativa, más claridad legislativa y menos limitantes para nuestros ciudadanos, para nuestros trabajadores y para nuestras empresas”.

A la lista se suma la política energética. El vicepresidente sostiene que “Europa no puede asfixiarse por una deriva energética que le resta competitividad” y reclama un sector energético “fuerte y competitivo” capaz de proporcionar a la industria energía “a precios razonables”.

Tampoco han quedado fuera de la carta la agricultura y la ganadería. Nolasco reclama “una redefinición urgentísima” de las políticas europeas para el sector primario y sostiene que agricultores y ganaderos deben ser “defendidos, no convertidos en un actor secundario”, vinculando su protección con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento económico.

Y, puestos a trasladar encargos a los representantes europeos, el vicepresidente ha recuperado también una vieja reivindicación aragonesa: la Travesía Central del Pirineo. Nolasco ha instado a los embajadores a “retomar la filosofía de aquel gran proyecto” porque considera que “ni es justo ni es inteligente” mantenerlo aparcado.

Su argumentación, sin embargo, ha ido más allá de las comunicaciones transfronterizas. Nolasco sostiene que el Pirineo central constituye el recorrido más corto entre la península y el resto de Europa y añade una lectura política: “La llave de las comunicaciones entre la península y el resto de Europa no puede seguir estando en las manos de quienes, desde posiciones secesionistas y excluyentes, desean imponer sus intereses a los del resto de un país y de todo un continente”.

De este modo, una jornada concebida inicialmente para presentar a los embajadores europeos las posibilidades económicas, industriales y estratégicas de Aragón ha servido también para que el vicepresidente aragonés les haga llegar, por escrito, su propia agenda para la Unión Europea.

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

Era sábado y aún remoloneaba en su habitación de Sevilla, cuando Ossama abrió WhatsApp y se encontró varias llamadas perdidas y mensajes de audio enviados por su hermano Mohamed desde Ceuta. “Hermano... los soldados me agredieron. Estoy muy herido. No sé qué hacer: ¿Debería ir al bosque? Pero el bosque de Beni Younes está lejos... qué debo hacer?”, decía el primero de los audios recibidos a las 8 de la mañana, a los que ha accedido elDiario.es. “Ni siquiera siento la cabeza. Me está pasando algo en la cabeza. Podría morir en la carretera. Me sale mucha sangre. ¿Qué puedo hacer?”, añadía el hombre junto a una fotografía donde se observa su cara descompuesta, con varios golpes en el rostro y machas de sangre en la camiseta. 

Su hermano, Mohamed, acababa de recuperar el conocimiento desorientado, con la camiseta cubierta de sangre y un fuerte dolor de cabeza, en medio de un bosque en la zona de Benzú (Ceuta). El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Decenas de migrantes han denunciado con sus testimonios las supuestas agresiones sufridas por parte de patrullas de militares que recorren Ceuta cada noche, como publicó elDiario.es y ha documentado esta semana Amnistía Internacional en un informe que el Ministerio de Defensa ha acabado remitiendo a la Justicia, dos semanas después de haber tenido conocimiento de casos similares a través de las publicaciones de este medio. La de Mohamed es la primera denuncia de agresiones de militares presentada en comisaría por un migrante que se ha hecho pública hasta el momento. Los malos tratos que describe en ella podrían ser constitutivas de un delito de torturas, advierte el colectivo Border Resistance, que está acompañando al migrante desde los días posteriores a la paliza.

Según el escrito, Mohamed dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Denuncia traslado forzoso

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Jjunto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envío los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo.

Las lesiones incluyen “distintas heridas de 2-5 centímetros, locales, superficiales, dolorosas al tacto en el área occipital que requieren sutura local con grapas”. En el hospital, Mohamed explicó que había sido agredido por varios soldados españoles, con la intención de incluir esa información en el parte médico. Sin embargo, un sanitario le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según la denuncia presentada en Policía.

“No digas que fueron los militares”

Pese a que no incluye mención alguna a los militares, el parte médico coincide con las lesiones que Mohamed muestra a elDiario.es en varias fotografías realizadas el pasado 12 de septiembre, las mismas imágenes que mandó un amigo a su hermano Ossama tras salir del hospital. El pasado 29 de septiembre, el denunciante se encontró con elDiario.es en los alrededores del centro donde es acogido en Ceuta. El marroquí mostró su cabeza a este medio, ya sin grapas pero con varias cicatrices. Está mejor, dice, pero sigue teniendo fuertes dolores de cabeza.

No sale mucho del campamento porque teme un nuevo encuentro con una patrulla de militares. “Como he denunciado, me da miedo que me hagan algo o me echen por eso. Me han contado casos de otros chicos a los que, aunque estaban acogidos en un centro, les rompían la pulsera y los pegaban igualmente”, dice Mohamed. El miedo, sin embargo, no le ha impedido denunciar, pese a que es la razón que frena la visita a los juzgados de la mayoría de migrantes que, magullados, aseguran haber sufrido agresiones por parte de soldados españolas.

Ossama, el hermano de Mohamed, viajó a Ceuta en la misma noche de los hechos para tratar de ayudarle. Aunque le llevó al Hospital para solicitar un nuevo parte médico con más información, no lo consiguió: “Nos dijeron que la médica que lo había entendido no estaba y que tenía que volver al día siguiente”, lamenta el marroquí, que tuvo que regresar a Sevilla sin completar su misión.

Desde la ciudad española, Ossama muestra su indignación ante los hechos denunciados por su hermano mayor y las dificultades con las que se toparon al denunciar. “Estamos en un país donde se supone que se respetan los derechos de todas las personas. Él simplemente vino para tener una vida mejor, como tantas personas. No vino para hacer daño a nadie. ¿Por qué se permite que una persona sea tratada de esta manera?”, se pregunta el marroquí.

“Hay muchos casos parecidos, no es solo este. Imagina que finalmente le devuelven a su país y, después de todo lo que ha sufrido, queda con una lesión grave o no puede trabajar. ¿Qué futuro le queda?”, se queja desde Sevilla en conversación telefónica con elDiario.es.

El Ministerio de Defensa ha remitido a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de militares a migrantes en Ceuta documentadas por Amnistía Internacional tras los hallazgos previos de las investigaciones publicadas por elDiario.es desde hace dos semanas. Asimismo, ha encargado una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”.

La organización internacional ha denunciado este miércoles en un informe “un patrón” de prácticas como “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a personas migrantes, sin importar su edad, condición o género” en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” contra personas migrantes que permanecen en las calles de la ciudad o en asentamientos informales tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio.

El departamento que dirige Margarita Robles ha informado de que ha remitido el informe a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta. Además, ha trasladado que ha instado al Mando de Operaciones (MOPS) a investigar y dilucidar responsabilidades individuales “para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”.

La organización asegura haber recogido 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad “palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. Según sus conclusiones, apoyadas por vídeos y testimonios de los migrantes, algunos militares “han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes —para evitar ser reconocidos— propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.

Según los testimonios recabados por la organización, y tal como relataron decenas de migrantes a elDiario.es, las actuaciones de los militares incluyen “insultos y amenazas constantes” para que abandonen Ceuta, “impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden”.

elDiario.es publicó por primera vez el caso de más cinco personas que, en distintos puntos de la ciudad, denunciaron haber sido obligados por militares a raparse la cabeza, o incluso fueron los soldados quienes les cortaron a trasquilones parte del pelo que tanto tratan de cuidarse muchos jóvenes marroquíes.

A lo largo de sus investigaciones, este medio ha preguntado al Ministerio de Defensa repetidamente sobre estas actuaciones, sin obtener respuesta. Desde Moncloa se han ceñido a reiterar su intención de abrir una investigación interna.

A través de vídeos y fotografías, Amnistía Internacional ha documentado cuerpos magullados de migrantes con lesiones que “parecen compatibles con golpes” de las porras reglamentarias. En su investigación, la ONG menciona algunos casos concretos. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban ese tipo de lesiones en la cabeza, “una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales”. Según el testimonio recabado por la ONG, uno de ellos fue “obligado a arrodillarse antes de ser golpeado”.

Un hombre marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar “tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada tras ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio”, al este del puerto ceutí.

La ONG también destaca el caso de un chico marroquí y otro argelino “golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”, según contaron los migrantes al equipo de Amnistía que visitó la ciudad del 10 al 15 de septiembre. “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de los jóvenes entrevistados por Amnistía Internacional.

Una veintena de testimonios recopilados de manera directa por elDiario.es a mediados de septiembre, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describieron un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad.

Estos relatos pusieron de relieve que patrullas de militares han recorrido Ceuta en busca de migrantes a los que agredir y robar dinero y teléfonos móviles, además de prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordenase con la finalidad de denigrarlos. Grupos de militares también han rociado con gas pimienta a menores mientras caminaban o volvían de comprar comida, como pudo comprobar elDiario.es en dos episodios en una semana.

Este medio también accedió y verificó varios vídeos de agresiones de militares uniformados contra personas migrantes en la ciudad autónoma ocurridos en las últimas semanas. En uno de esos sucesos, un joven que trataba de escapar por una vía próxima a uno de los campamentos de acogida del Gobierno es atrapado por un grupo de soldados que lo lanzan en la ladera de un pequeño cerro, junto a varios arbustos, y lo acaban apaleando. Las grabaciones muestran otros casos de estas palizas sistemáticas.

La policía antiterrorista británica investiga la posible conexión de Irán con lo que parece un complot para atentar contra una base militar en el sur de Inglaterra que también utiliza Estados Unidos. La policía detuvo este domingo a cinco hombres cerca de la base de Fairford y encontró materiales en tres furgonetas que podrían ser explosivos. 

Los investigadores están examinando lo que han localizado, pero su “en principio” creen que se trata de piezas de artefactos explosivos improvisados, según el diario The Guardian. 

La policía antiterrorista aseguró este lunes que los hombres detenidos son ciudadanos británicos residentes en Londres y tienen entre 23 y 25 años. No los identificó por su nombre, como es costumbre en el Reino Unido mientras no haya una acusación formal. También subrayó que la investigación sobre la “actividad” de estos hombres y sus “motivaciones” sigue en curso.

Los cinco hombres serán puestos en libertad bajo fianza y con límites a sus movimientos este lunes, según anunció el jefe de la policía antiterrorista en Londres, Laurence Taylor, que insistió en que la indagación continúa. La policía está considerando si se trata de individuos “que hayan actuado, sabiéndolo o sin saberlo, en nombre de un Estado extranjero” y movidos por “una ganancia financiera rápida”.

“Esta es una operación enormemente compleja y de gran escala”, dijo también Vicki Evans, coordinadora antiterrorista. “Soy muy consciente de la especulación sobre la motivación detrás de este incidente, y las cuestiones geopolíticas que plantea. Pero pido que se deje espacio a la policía antiterrorista para que haga su trabajo con cuidado y claridad”.

Fuentes de la investigación aseguraron a la agencia Reuters y otros medios en el Reino Unido que una acción conectada con Irán es la “más probable”, aunque no descartan otras pistas relacionadas con Rusia o el terrorismo islámico. La embajada del régimen iraní en Londres compartió este lunes un mensaje en redes para negar “de manera categórica” su relación con el incidente y amenazó con “acciones legales apropiadas”.

El aviso

Una granjera de la zona que volvía a casa el domingo de madrugada vio a un “gran grupo” de hombres enmascarados y encapuchados en unas furgonetas que actuaban de manera “sospechosa”, según contó ella misma a la BBC, que omitió su nombre e interpretó su voz con una productora para proteger su identidad. Los vehículos bloqueaban su camino y, al principio, pensó que se trataba de policías. Asegura que parecieron asustarse al verla, se marcharon a toda prisa y eran al menos ocho personas.

“Entonces me di cuenta de que estaba pasando algo muy raro. Como era consciente de la amenaza de seguridad para la base, llamé de inmediato a los agentes del Ministerio de Defensa, pero el teléfono sonó y sonó, y nadie contestó”, contó a la radio de la BBC. “A la una y 36 de la madrugada, llamé al 999 [el número de emergencias en el Reino Unido]. En diez minutos, el pueblo estaba lleno de policías armados. Pasó por la pura chiripa de que yo llegara a la vez que las furgonetas”.

La granjera se quejó de que tuviera que ser una ciudadana corriente como ella quien lanzara el aviso en un base que se supone está en alerta. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, agradeció su colaboración y dijo este lunes que la vecina tenía “una foto parcial” de lo que estaba pasando.

Los vecinos de 85 viviendas del pueblo cercano de Whelford, en la región rural de los Cotswolds, fueron evacuados a primera hora de la mañana del domingo a hoteles y un polideportivo cercano. La policía anunció que podrán dormir en sus casas este lunes.

Investigación en curso

Streeting, el ministro de Defensa, dijo en la BBC que no puede comentar sobre la identidad y los motivos de los detenidos. Pero la relación con la base, las alertas de los últimos meses y la amenaza directa de la guardia revolucionaria de Irán en julio contra los bases británicas hacen que Irán sea el principal sospechoso en la investigación, según los diarios The Guardian y The Times. Los investigadores también aseguran que, de momento, no se descarta ninguna hipótesis.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, se reunió con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la semana pasada. El británico aseguró haberle advertido de que el Reino Unido “no tolerará intimidación, ataques y actividades hostiles” en su territorio. 

En un discurso en el congreso del Partido Laborista este lunes en Liverpool, Miliband subrayó que el incidente en la base es “un recordatorio de las amenazas” que afronta el Reino Unido.

El comentario de Trump

El ministro de Defensa dijo que hay que esperar a que la investigación avance antes de dar detalles más en público.

También subrayó que el Reino Unido no ha apoyado el ataque de Estados Unidos contra Irán y que sólo ha permitido el uso de sus bases a Estados Unidos para lo que considera acciones defensivas de los países atacados por Teherán en la zona. Los límites al uso de las bases británicas provocaron las críticas continuas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anterior primer ministro británico, Keir Starmer.

Este domingo, Trump comentó que la operación policial británica había sido “fantástica” y sugirió que los detenidos estaban siendo investigados “desde hace tiempo”. Al ser preguntado por las declaraciones de Trump, el ministro de Defensa británico dijo que la indagación sobre los sospechosos y qué pasó sigue en curso.

El coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete, cesará en su destino el próximo mes de octubre y será relevado por el coronel Gabriel Flores.

El edificio Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha en Toledo ha celebrado el acto 'Día de la Delegación', para conmemorar los 31 años de servicio y el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Jose Pablo Sabrido, ha aprovechado para agradecer a Juan Luis Vizuete su labor. Ha estado en el puesto desde 2020.

Tras seis años al frente de la Delegación, ha destacado la conmemoración del 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto o las jornadas de Seguridad y Defensa para Docentes y Orientadores en las que han participado 130 profesores en sus tres ediciones, en Toledo y Albacete.

En el ámbito provincial, ha mencionado los dos conciertos de música militar realizados en esta sede la participación de 65 centros educativos en el concurso literario escolar 'Carta a un Militar Español', las 405 charlas sobre Fuerzas Armadas en colegios e institutos de secundaria, la realización de las pruebas selectivas para el acceso a Militar de Tropa y Marinería por 6150 aspirantes con una tasa de aprobados del 28,3% de los presentados, y que la implantación de la administración electrónica ha permitido reducir el consumo de papel en un 70%, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa.

El documento suscrito en Nueva York por el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Burita, y su homólogo israelí, Gideon Saar, avalado explícitamente por la Casa Blanca —el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, fue el anfitrión del acto— es mucho más que un simple acuerdo para elevar las relaciones entre Rabat y Tel Aviv al rango de embajadas.

Ya en 1994, tras los Acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, el rey Hasan II impulsó el establecimiento de oficinas de enlace entre Marruecos e Israel, aunque posteriormente, con la violenta respuesta israelí al estallido de la Segunda Intifada (septiembre de 2000), decidiera dar marcha atrás. Hubo que esperar a octubre de 2020 para reabrir dichas oficinas, como uno más de los pasos dados a partir de la incorporación de Marruecos a los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump al final de su primer mandato presidencial. Una decisión que, en esencia, suponía el reconocimiento marroquí de Israel como Estado a cambio del reconocimiento del Sahara Occidental como territorio plenamente marroquí por parte de Trump —y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu—.

Visto así, una primera lectura del acuerdo para elevar la representación diplomática bilateral, con el nombramiento inminente de embajadores y el añadido de la reapertura de enlaces aéreos directos y proyectos conjuntos de inversión, podría parecer un simple paso más en una relación que se ha ido reforzando a ojos vista en estos últimos cinco años. Pero de inmediato surgen elementos que modifican significativamente esa primera impresión.

Choca, por ejemplo, que se escenifique esa decisión justo cuando Israel, por boca de su ministro de Defensa, Israel Katz, insiste en que las Fuerzas de Defensa israelíes están listas para “terminar el trabajo” —es decir, para completar el genocidio que el Gobierno de Netanyahu está llevando a cabo contra los palestinos—. El monarca marroquí sigue siendo formalmente el presidente del Comité Al Quds, creado por la Organización para la Cooperación Islámica para elaborar y desarrollar planes y programas para proteger la ciudad de Jerusalén (Al Quds, en árabe), preservar su patrimonio religioso y cultural y apoyar a su población palestina.

Solo cabe entender que lo que acaba de suceder en Nueva York termina por confirmar que Rabat (y, en realidad, el resto de las capitales árabes) ha abandonado definitivamente a su suerte a los palestinos, sin atender en ningún caso a sus compromisos con la causa palestina y al generalizado sentimiento propalestino de su propia población.

Por encima de cualquier otra consideración, la absorción del Sahara Occidental es fundamental para el régimen marroquí y a ese objetivo está dispuesto el rey Mohamed VI a subordinar cualquier otro. De ahí que esté dispuesto a ajustarse al guion (proisraelí) que establezca Trump, si con ello logra su apoyo para terminar de inclinar la balanza a favor de su tesis soberanista, tanto en la ONU —reduciendo el mandato de la MINURSO sobre el terreno, para que siga sin poder atender a las violaciones de derechos humanos— como en la reactivación del proceso de negociación para imponer a los saharauis el plan marroquí.

Pero es que, además, con el reforzamiento de los vínculos con Israel, lo que obtiene Rabat es vital para sus planes de seguridad y defensa. Israel es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de defensa y contar con su apoyo le permite a Rabat mantener el intenso ritmo de la carrera armamentística que está sosteniendo con Argelia en su ya tradicional disputa por el liderazgo del Magreb.

Gracias a esa colaboración, Marruecos ya cuenta hoy con un amplio abanico de productos israelíes, como el sistema de defensa antiaérea Barak MX; el sistema anti-drones Skylock Dome; los drones de reconocimiento y ataque Wander-B, Thunder-B y SpyX; las municiones merodeadoras Skystriker; los lanzacohetes PULS y las piezas de artillería autopropulsada ATMOS 2000, así como dos satélites espía Ofek-13. En tan solo cinco años, esas ventas israelíes ya suponen en torno al 24% de todas las importaciones marroquíes en el capítulo de defensa, a lo que se suman los proyectos para producir localmente algunos de esos equipos, como ocurre en Benslimane, donde la empresa israelí BlueBird ya ensambla y produce drones militares.

Inevitablemente, por mucho que el acuerdo diplomático se presente como beneficioso para la estabilidad del Magreb y que el esfuerzo militar marroquí esté dirigido hacia Argel, España se muestra inquieta. Por una parte, porque en el contexto actual el Gobierno español sabe que está en la diana tanto de Washington (especialmente por su postura díscola en la OTAN sobre el gasto de defensa) como de Israel (por las acusaciones sobre el genocidio palestino). De ahí cabe derivar un explícito apoyo de ambos países a Rabat, precisamente cuando todavía nos encontramos sumidos en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de decenas de miles de personas de Marruecos. En caso de un aumento de las tensiones entre España y Marruecos, Rabat cree tener el viento a su favor.

Por otro, porque el rearme marroquí supone un reto para el sistema de defensa español, aunque solo sea en la medida en que el apoyo de Washington y Tel Aviv le está permitiendo a Marruecos reducir la desventaja con España en la relación de fuerzas, sobre todo en el ámbito naval y aéreo.

Hay resultados electorales que se explican mirando la campaña y otros que obligan a mirar mucho más atrás. El obtenido por Alternativa para Alemania (AfD) en las recientes elecciones de Sajonia-Anhalt pertenece a los segundos. Naturalmente, habrá que hablar de inmigración, del rechazo al Gobierno federal, de las peculiaridades de Alemania oriental o de la guerra de Ucrania. Pero quizá convenga mirar también hacia otro lugar: al deterioro de aquellas instituciones que durante décadas hicieron de las sociedades europeas lugares relativamente seguros para vivir.

Unos meses antes de estas elecciones, el Gobierno alemán, formado por la Unión Cristiano-Demócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), había anunciado un importante recorte del Estado del bienestar. Entre otras medidas, una reducción acumulada del gasto sanitario de hasta 38.000 millones de euros hasta 2030 y un endurecimiento de las condiciones de acceso a determinadas prestaciones sociales, especialmente las vinculadas al desempleo de larga duración.

Existen problemas reales que no pueden ignorarse —envejecimiento demográfico, incremento de los costes sanitarios, debilidad económica o necesidades de inversión—, pero las decisiones presupuestarias son profundamente políticas, ya que indican qué riesgos decidimos afrontar colectivamente y cuáles trasladamos a las personas y las familias. Y hay un elemento que convierte el caso alemán en particularmente significativo, ya que el ajuste anunciado coincide con un considerable incremento del gasto en defensa. Aunque no pueda establecerse una correspondencia contable simple entre ambas partidas, resulta inevitable preguntarse: ¿qué ocurre cuando un Estado afirma que debe incrementar nuestra seguridad frente a supuestas amenazas exteriores mientras reduce las instituciones destinadas a proporcionarnos seguridad frente a la enfermedad, el desempleo, la pobreza o la vejez?

Tony Judt formuló hace tiempo una advertencia que hoy resulta inquietantemente actual. En 'Sobre el olvidado siglo XX' escribió que “gracias a medio siglo de prosperidad y estabilidad, en Occidente hemos olvidado el trauma social y político que representa la inseguridad económica de las masas, y en consecuencia no recordamos las razones que llevaron en primer término a la creación de los Estados del bienestar de los que hoy disfrutamos”. La palabra fundamental es inseguridad. Porque el Estado del bienestar nunca fue solo una gigantesca maquinaria redistributiva, era también, y sobre todo, una formidable institución productora de seguridad colectiva. Permitía saber que enfermar no significaría arruinarse, que perder el empleo no supondría caer inmediatamente en la pobreza, que envejecer no equivaldría a depender de la caridad familiar y que el origen social de una criatura no determinaría completamente sus oportunidades educativas. Aquellas políticas no eliminaron la desigualdad (seguían operando en un sistema capitalista), pero hicieron algo políticamente decisivo: redujeron el miedo. Y hemos olvidado hasta qué punto las democracias necesitan de personas que no tengan miedo.

Asimetría entre izquierda y derecha

Aquí aparece una paradoja que la izquierda europea debería tomarse muy en serio. Tendemos a suponer que el deterioro de los servicios públicos, el debilitamiento de la protección social o el aumento de la inseguridad económica terminarán pasando factura electoral a las fuerzas políticas que los promueven. Parecería lógico: si alguien recorta las prestaciones que utilizas o deteriora el hospital al que acudes, acabarás votando a quien prometa recuperarlas. Pero la política no funciona necesariamente así y, sobre todo, no funciona igual para la izquierda que para la derecha.

Existe una profunda asimetría política en las consecuencias del deterioro del Estado social. La izquierda necesita que las instituciones públicas funcionen porque una parte fundamental de su proyecto descansa sobre la promesa de que, mediante la acción colectiva, la fiscalidad y las instituciones comunes podemos protegernos mejor frente a determinados riesgos que abandonando a cada persona a sus propios recursos. La escuela pública, la sanidad, las pensiones o las prestaciones por desempleo son, en este sentido, mucho más que políticas concretas, son demostraciones cotidianas de que lo común funciona, y cuando lo hacen bien producen, además de servicios, confianza política. Por eso su deterioro provoca un daño particularmente grave a la izquierda. Una lista de espera interminable no constituye solamente un problema sanitario, puede convertirse en un argumento contra la capacidad de lo público. Una prestación insuficiente no genera únicamente pobreza, también alimenta la sospecha de que la redistribución no funciona. La extrema derecha se encuentra en una posición muy diferente: no necesita demostrar que las instituciones comunes pueden funcionar mejor, al contrario, prospera “demostrando” que han dejado de funcionar. 

Cuando faltan recursos sanitarios, viviendas asequibles, plazas escolares o prestaciones suficientes, el conflicto político puede formularse de dos maneras: podemos preguntarnos por qué una sociedad rica no garantiza determinados bienes colectivos, cómo se distribuye la riqueza, quién paga impuestos o qué prioridades presupuestarias hemos establecido; pero también podemos formular una pregunta completamente distinta: si los recursos son escasos, ¿quién tiene derecho a disfrutarlos? La primera pregunta conduce hacia la redistribución, la segunda hacia la exclusión. Y la extrema derecha es extraordinariamente hábil desplazando el debate de una hacia otra. Su operación política fundamental consiste en transformar conflictos verticales en conflictos horizontales, de manera que la cuestión deje de ser cuánto aportan quienes más tienen y pase a ser quién recibe qué entre quienes tienen menos. De este modo, el problema de la vivienda se convierte en competencia entre población autóctona e inmigrante, y la saturación sanitaria deja de explicarse por inversiones insuficientes y pasa a atribuirse a quienes supuestamente utilizan unos servicios que “nosotros” hemos pagado. El Estado social no desaparece del discurso de la extrema derecha, pero cambia radicalmente de naturaleza: protección social, sí, pero para los nuestros.

Aquí reside una de las paradojas más preocupantes de la política contemporánea. La derecha radical puede beneficiarse electoralmente del deterioro de unas instituciones sociales cuya expansión nunca formó parte de su proyecto político. Puede incluso defender políticas económicas regresivas y, simultáneamente, capitalizar la inseguridad producida por el debilitamiento de la protección colectiva. Todo lo contrario de lo que ocurre con la izquierda. Cuando gobierna, se espera de ella que los hospitales funcionen, que las escuelas reduzcan desigualdades, que las pensiones sean suficientes y que perder el empleo no conduzca a la pobreza. Pero cuando participa en el deterioro de esas mismas instituciones no solamente incumple una política concreta, debilita el fundamento material de su propia credibilidad.

Por eso la participación del SPD en el ajuste alemán plantea una cuestión especialmente delicada. Una fuerza socialdemócrata puede considerar que aceptar determinadas restricciones presupuestarias demuestra responsabilidad gubernamental, pero corre el riesgo de hacer indistinguibles las alternativas precisamente allí donde históricamente construyó su identidad. Si izquierda y derecha coinciden en transmitir que el Estado social ya no puede garantizar las seguridades que garantizaba, la extrema derecha puede ofrecer una respuesta distinta: no promete reconstruir la universalidad perdida, sino reducir el número de personas con derecho a beneficiarse de ella. Cuando no parece posible aumentar el tamaño de la tarta, siempre queda discutir quién merece sentarse a la mesa.

La seguridad social también es seguridad democrática

Aquí adquiere todo su sentido la advertencia de Judt sobre “el trauma social y político” de la inseguridad. El Estado del bienestar europeo no nació únicamente de un impulso humanitario ni fue simplemente resultado de la fuerza del movimiento obrero, sobre todo surgió de una experiencia histórica traumática, la de unas sociedades que habían aprendido durante la primera mitad del siglo XX que masas de población sometidas al desempleo, la pobreza, la incertidumbre y el miedo podían dejar de confiar en las instituciones democráticas y optar por el fascismo. La seguridad social fue, en este sentido, también seguridad democrática.

Esta es la dimensión que hemos ido olvidando al convertir el Estado del bienestar en una cuestión fundamentalmente contable. Discutimos cuánto cuesta la sanidad, cuánto cuestan las pensiones o cuánto cuesta el desempleo, pero no nos preguntamos cuánto cuesta políticamente que millones de personas vivan convencidas de que mañana pueden estar peor que hoy. Porque la inseguridad no genera necesariamente solidaridad ni las crisis económicas, la precarización o el deterioro de las condiciones de vida desplazan espontáneamente a las sociedades hacia la izquierda. Pueden producir solidaridad y movilización colectiva, pero también repliegue identitario, autoritarismo y búsqueda de chivos expiatorios.

La precariedad no tiene ideología predeterminada, depende de quién consiga interpretarla. Para que una interpretación progresista de la inseguridad resulte convincente es necesario construir solidaridades, explicar que quien compite conmigo por una vivienda no es la causa de que falten viviendas, que quien espera conmigo en las urgencias no es responsable de la insuficiencia de personal sanitario, que el que haya más o menos personas solicitantes de una prestación social no elimina la pregunta fundamental de por qué determinados grupos contribuyen fiscalmente mucho menos de lo que deberían. La extrema derecha dispone de una explicación mucho más sencilla para todo esto: basta con señalar a alguien.

R. H. Tawney comprendió extraordinariamente bien el peligro ya en 1931 y en 'Igualdad' recordaba que “la combinación de democracia y desigualdad económica extrema forman un compuesto inestable”, añadiendo que, aunque se trate de una vieja evidencia de la ciencia política, es una verdad que “se olvida periódicamente” y que “periódicamente, por tanto, es necesario volver a descubrir”. Ese redescubrimiento comenzó hace aproximadamente lustros, al calor de la crisis financiera y de las políticas de austeridad, tanto en las calles -con los movimientos de indignación que denunciaron sus costes sociales y la creciente concentración de la riqueza- como en el debate académico, donde trabajos como los de Thomas Piketty devolvieron la desigualdad al centro de la discusión económica y política. Pero quizá hoy haya que añadir algo a Tawney: el problema contemporáneo no es únicamente la desigualdad, sino la combinación de desigualdad e inseguridad. Una sociedad puede tolerar durante bastante tiempo diferencias económicas mientras una mayoría mantenga la expectativa de que su vida mejorará y confíe en instituciones capaces de protegerla frente a los grandes riesgos. Pero cuando la desigualdad coincide con la percepción de que esas protecciones se retiran, irrumpe una pregunta políticamente explosiva: si hay recursos para unas cosas, ¿por qué no los hay para “nosotros”?

En Alemania esa pregunta adquiere una especial gravedad cuando el ajuste de las políticas sociales coincide con el incremento del gasto militar. Pueden darse razones geopolíticas para considerar necesario ese esfuerzo, pero cada decisión presupuestaria expresa una prioridad y transmite un mensaje acerca de qué inseguridades considera el Estado que merecen protección. Un Estado puede decir a su ciudadanía que necesita protegerla frente a amenazas exteriores mientras reduce las instituciones que la protegen frente a la enfermedad, el desempleo, la pobreza o la vejez, pero no debería sorprenderse si esa ciudadanía acaba preguntándose qué significa exactamente la palabra seguridad.

No se trata de sostener que los recortes sociales produzcan automáticamente votos para la extrema derecha, tampoco de reducir el racismo o la xenofobia a la inseguridad económica, sería falso y políticamente complaciente. Pero el deterioro del Estado social modifica el terreno sobre el que se desarrolla la competición política, y no lo hace de manera neutral. Además, los beneficios del Estado social y los costes de su deterioro tampoco se perciben simétricamente. Cuando las políticas públicas funcionan, sus beneficios tienden a naturalizarse, por eso nadie se levanta cada mañana agradeciendo que exista una escuela pública, que llegue una ambulancia cuando llama al 112 o que sus progenitores cobren una pensión; lo que funciona acaba convirtiéndose en mero paisaje. Cuando deja de funcionar, en cambio, el malestar busca responsables. Y aquí puede resumirse toda la asimetría de la que venimos hablando: si la izquierda necesita que lo público funcione, a la extrema derecha le basta con que alguien tenga la culpa de que no funcione.

Por eso la relación entre Estado social y democracia es mucho más profunda de lo que solemos reconocer. La sanidad pública, las pensiones, la educación, la vivienda o la protección frente al desempleo no constituyen únicamente capítulos presupuestarios, son instituciones que permiten que personas con posiciones económicas, orígenes y trayectorias diferentes experimenten que pertenecen a un mismo mundo social. Cuando esas instituciones se debilitan, no desaparece la necesidad de protección, pero sí cambia la política de la protección, la pregunta deja de ser “¿cómo podemos protegernos colectivamente?” y empieza a convertirse en otra muy distinta: “¿de quién debemos protegernos?”

Judt nos recordó por qué construimos el Estado del bienestar; Tawney nos advirtió de que la desigualdad extrema termina siendo incompatible con una democracia estable. Convendría releerlos después de Sajonia-Anhalt. Porque el Estado social no fue únicamente una respuesta a la pobreza, sobre todo fue una respuesta política al miedo producido por la inseguridad de masas. Y quienes consideran que podemos debilitarlo indefinidamente sin consecuencias deberían recordar una lección elemental de la historia europea: cuando desaparece la seguridad social, el espacio que deja libre no lo ocupa necesariamente la izquierda. También puede ocuparlo el miedo, y la extrema derecha sabe muy bien qué hacer con él.

La planta de Volkswagen en Osnabrück está a punto de afrontar una de las transformaciones más radicales de sus 125 años de historia. El centro alemán que durante décadas fabricó el Beetle Cabriolet, la versión descapotable del icónico Escarabajo, dejará progresivamente de producir coches para convertirse en un centro industrial dedicado a la seguridad y la defensa.

Volkswagen ha alcanzado un acuerdo con el Estado de Baja Sajonia y la firma israelí de inversión Aurelius Capital para sentar las bases de la venta de Volkswagen Osnabrück GmbH. Aurelius se convertiría en el accionista mayoritario, mientras que Baja Sajonia mantendría una participación minoritaria. El objetivo es garantizar la continuidad industrial de una fábrica cuyo futuro parecía abocado al cierre después de que el grupo decidiera poner fin a la producción de vehículos en 2027.

El cambio de actividad contempla además una alianza con Rafael Advanced Defense Systems, uno de los grandes fabricantes israelíes de tecnología militar. La compañía, conocida internacionalmente por desarrollar el sistema de defensa aérea Iron Dome —la denominada Cúpula de Hierro—, estudia junto a Aurelius y Baja Sajonia la fabricación en Osnabrück de sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y otros países europeos.

El acuerdo todavía no constituye una venta definitiva. Las partes deberán concretar la estructura económica y organizativa, las responsabilidades futuras y el calendario de transición, además de obtener las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias. Pero el pacto supone un primer paso para convertir una de las fábricas que Volkswagen había situado entre las candidatas a desaparecer en un nuevo proyecto industrial.

De los descapotables a la Cúpula de Hierro

El contraste entre el pasado y el futuro previsto para Osnabrück difícilmente podría ser mayor. La historia de la fábrica está estrechamente ligada a Karmann, el carrocero alemán que comenzó a producir allí el Beetle Cabriolet en 1949 y que posteriormente se especializó en vehículos de series cortas, descapotables y cupés deportivos.

Por sus instalaciones pasaron modelos y proyectos de Volkswagen, pero también de BMW, Renault, Jaguar, Kia o Mercedes-Benz. El Karmann Ghia convirtió a la compañía en un nombre reconocido dentro de la industria europea de la automoción.

La crisis financiera de 2009 acabó con Karmann, que entró en insolvencia. Volkswagen adquirió posteriormente buena parte de las instalaciones y mantuvo Osnabrück como una pequeña fábrica multimarca especializada en series cortas, vehículos especiales y producción complementaria para otras plantas del grupo.

Pero ese modelo dejó de ser sostenible. La producción de los Porsche que se fabricaban en Osnabrück terminó a finales de 2025 y actualmente la factoría está centrada en el T-Roc Cabriolet. Volkswagen decidió en 2024 que la producción de automóviles desaparecerá progresivamente del centro durante el verano de 2027. La alternativa que ahora se plantea cambia por completo el perfil industrial de la instalación.

Un centro de defensa con tecnología de Rafael

Aurelius y Baja Sajonia pretenden desarrollar Osnabrück durante los próximos años como un centro de competencia especializado en soluciones de seguridad y defensa. El primer proyecto que serviría como ancla sería la cooperación con Rafael Advanced Defense Systems.

La empresa israelí aportaría su experiencia tecnológica y su conocimiento en sistemas de defensa aérea, mientras que la plantilla de Osnabrück asumiría un papel central en la puesta en marcha de las operaciones industriales y en la fabricación de los nuevos productos.

Rafael es especialmente conocida por el Iron Dome, un sistema diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, misiles y drones. La compañía también desarrolla Iron Beam, un sistema de defensa aérea basado en tecnología láser, y Trophy, un sistema de protección activa instalado, entre otros vehículos, en el carro de combate alemán Leopard.

La intención no se limita a este primer proyecto. Los promotores de la operación pretenden utilizar la nueva estructura empresarial como plataforma para atraer futuras colaboraciones y proyectos vinculados a la seguridad y la defensa. “Hoy establecemos una alianza industrial a largo plazo con nuestros socios alemanes con el objetivo de garantizar que la tecnología se produzca íntegramente en Alemania para proteger a Alemania y a Europa”, ha señalado el consejero delegado de Rafael, Joav Tourgeman.

Casi 1.400 empleos, en juego

Uno de los principales objetivos de la operación es preservar el empleo. Osnabrück cuenta actualmente con unos 1.800 trabajadores y, según el comité de empresa, la solución planteada podría proporcionar una perspectiva laboral a cerca de 1.400 personas. La cifra permitiría conservar alrededor de tres cuartas partes de la plantilla actual, aunque los representantes de los trabajadores advierten de que todavía quedan aspectos por concretar.

Volkswagen ha destacado que los empleados de Osnabrück serán fundamentales para industrializar los nuevos proyectos. La experiencia acumulada durante décadas en producción, calidad, procesos industriales y fabricación de vehículos de series cortas constituye, según el grupo, una de las principales ventajas de la planta.

“Volkswagen asume su responsabilidad con Osnabrück. Con el acuerdo de hoy damos un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para la planta”, ha señalado el consejero delegado del grupo, Oliver Blume.

La presidenta del Comité de Empresa General y del Grupo Volkswagen, Daniela Cavallo, ha elevado incluso la cifra de trabajadores con perspectivas de futuro a más de 1.200. Al mismo tiempo, ha reclamado que el proceso no se limite a una parte de la plantilla y que Volkswagen mantenga su responsabilidad con los trabajadores que no queden cubiertos por la nueva estructura.

Una salida para una de las plantas amenazadas

La operación adquiere especial relevancia dentro del profundo proceso de reestructuración que Volkswagen está llevando a cabo en Alemania. El grupo ha identificado un exceso de capacidad productiva en Europa y ha puesto en marcha un programa de reducción de costes y empleo que contempla 100.000 puestos de trabajo menos incluyendo 50.000 adicionales.

Osnabrück era una de las instalaciones cuyo futuro estaba seriamente comprometido después de que Volkswagen decidiera retirar la producción de vehículos en 2027. El acuerdo anunciado ahora abre una vía diferente: en lugar de limitarse a cerrar la fábrica, se plantea reconvertirla hacia una actividad industrial completamente distinta.

El papel de Baja Sajonia resulta determinante. El estado federado es accionista de Volkswagen con alrededor del 20% de los derechos de voto y ha participado activamente en la búsqueda de una alternativa para el centro. Su presidente, Olaf Lies, considera que el deterioro de la situación geopolítica y el aumento de las necesidades de defensa de Alemania y Europa pueden convertirse en una oportunidad industrial para la región. “Alemania y Europa deben fortalecer sus capacidades y ser más independientes”, ha defendido Lies, quien considera que Osnabrück puede contribuir a convertir ese objetivo en actividad industrial y empleo.

Para Aurelius, la ventaja de Osnabrück está precisamente en aquello que Volkswagen considera difícil de mantener dentro de su red industrial: una estructura flexible, trabajadores altamente cualificados y experiencia en productos complejos y series de producción pequeñas. “Osnabrück aporta algo que no se puede construir desde cero: muchos años de experiencia con productos exigentes, procesos de fabricación precisos y alta calidad”, ha destacado Tomer Jacob, director gerente de Aurelius.

Con las amenazas híbridas de Rusia asumidas en Europa como la nueva normalidad, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, destacó el esfuerzo inversor en la Unión Europea para responder a los nuevos retos de defensa que han surgido tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo, bajo el título La política de defensa de la UE en el punto de mira, que se ha hecho público este jueves, pone sobre la mesa la incapacidad europea para conseguir una “verdadera preparación militar para 2030” debido a “sistemas nacionales fragmentados, cuellos de botella industriales, coordinación política lenta y una dependencia continuada de EEUU”.

Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia se vislumbró las “graves vulnerabilidades resultantes de décadas de desinversión” en Defensa por parte de Europa. El conocido como “dividendo de la paz” reveló insuficiencia de reservas de municiones y misiles, largos plazos de fabricación de productos de defensa, fuerte dependencia de proveedores de fuera de la UE y cuellos de botella logísticos en las redes de transporte. Estas insuficiencias se han visto potenciadas ante el anuncio de EEUU de abandonar su papel de defensor de Europa para centrarse en otras zonas del mundo.

Para hacer frente a estas deficiencias, el gasto conjunto en defensa de los Estados miembros de la UE creció un 78,6% entre 2020 y 2025. Paralelamente, la UE ha incrementado notablemente su apoyo mediante programas que buscan la cooperación transfronteriza y la adquisición conjunta de capacidades en el bloque. A pesar de que los estados miembros han pasado de dedicar en sus presupuestos anuales colectivos de defensa de 262.000 millones de euros en 2022 a 418.000 millones en 2025 (todos los aliados de la OTAN en la UE cumplieron o superaron el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB), el desafío de la autonomía estratégica para 2030 no se va a conseguir, según los auditores europeos.

Inversión desordenada: duplicidades y lagunas

Entre los problemas que se observan está la “inversión desordenada por planificación ascendente”, es decir, dirigida por cada Estado miembro de forma soberana. Esta falta de un proceso armonizado europeo perpetúa la fragmentación de inversiones, duplicidades de equipamiento militar y lagunas persistentes en las capacidades militares críticas. El informe apunta que se debería seguir el modelo de planificación de la OTAN, caracterizado por un enfoque descendente (“de arriba abajo”) con escenarios estructurados.

Otro de los problemas que se apuntan es el dilema de las cláusulas de preferencia de la UE, que países como Francia defienden, frente a la posición de adquirir armamento fuera de Europa de Alemania. Los instrumentos de financiación europeos obligan de forma estricta a priorizar componentes y diseño originados en la UE, con un máximo del 35% de componentes extracomunitarios.

El problema es que la industrial de defensa europea carece de capacidad de entrega inmediata y presentaba plazos de fabricación muy largos. Exigir de forma acelerada la preferencia europea puede retrasar las entregas operativas críticas en un momento de urgencia extrema. Los auditores ponen como ejemplo que entre el inicio de la guerra en Ucrania y junio de 2023, el 78% de las adquisiciones militares de los Estados miembros se realizaran fuera de la UE, destinándose el 63% de estas compras únicamente a Estados Unidos.

“Falta de materias primas estratégicas y personal cualificado”

A esto hay que añadir que los “cuellos de botella de personal y seguridad de suministro”. La base industrial de defensa europea se enfrenta a la “incapacidad para absorber de forma eficiente los nuevos flujos financieros por falta de materias primas estratégicas, componentes intermedios y personal técnico cualificado”. La captación de talento global se ve además gravemente obstaculizada por los procedimientos nacionales de habilitación de seguridad (como los estrictos requisitos de ciudadanía nacional), que restringen la libre circulación de profesionales incluso dentro de la propia UE.

En el mismo sentido, el informe critica que el acceso a la documentación militar para evaluar el rendimiento de los programas europeos se ve limitado de forma rutinaria por leyes nacionales de secretos de estado, confidencialidad industrial e información clasificada. Esta restricción impide a los auditores externos publicar información detallada o ejemplos ilustrativos, lo que merma de forma directa la claridad de la información y restringe la precisión de los informes de auditoría accesibles para la ciudadanía y el control democrático.

Gestión de la defensa de la UE: “Híbrida e inestable”

Por otro lado, la gestión de la defensa de la UE es “híbrida e inestable” entre la soberanía nacional intergubernamental y la política industrial supranacional de la Comisión Europea. Esto genera “superposición institucional y fricción de coordinación”, con un marco institucional complejo con riesgos sustanciales de “duplicación de funciones y responsabilidades difusas” entre los diferentes organismos.

Además los auditores señalan que la rapidez con la que los Estados miembros han aumentado su gasto en defensa responde principalmente a objetivos políticos basados en “insumos” (como el porcentaje del PIB nacional de la meta de la OTAN), de manera que estos compromisos de gasto “carecen de requisitos claros de rendimiento y no garantizan que se cumplan los principios de economía, eficiencia y eficacia, lo que limita su utilidad real en el campo de batalla”.

También añaden que la alta competencia en innovación tecnológica del sector defensa provoca que la inflación de los costes de equipamiento militar supere de forma habitual a la tasa de inflación general, la falta de persona en la Comisión Europea para gestionar los programas de Defensa o los riesgos macroeconómicos del uso masivo de préstamos emitidos mediante deuda europea: 150.000 millones de euros del programa SAFE (ayuda financiera para armamento, munición, sistemas de defensa aérea, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas) o los 60.000 millones de euros destinados a ayudar militarmente a Ucrania.

El Gobierno del Principado y Duro Felguera han alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición de los talleres de Barros, en Langreo, una operación que facilitará la instalación de una segunda factoría de Indra, en la comunidad, donde ya cuenta con instalaciones en Gijón/Xixón.

El anuncio de que se había alcanzado un acuerdo satisfactorio para Duro Felguera, Indra y para todo Asturias lo ha hecho el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la apertura de los cursos de verano de UGT Asturias y ha sido confirmado posteriormente por la ingeniería asturiana.

El presidente, como viene siendo habitual, también ha compartido la noticia en su perfil oficial de la red social X, como reproducimos a continuación.

Segunda factoría

El Gobierno asturiano ya había señalado desde hace semanas que esta intentando hacer “todo lo posible” para que el taller de Barros pudiese albergar la segunda factoría de Indra en Asturias, una cuestión que lleva meses siendo objeto de una negociación en la que la multinacional de Defensa y Duro Felguera no llegaron a un acuerdo sobre el precio de venta.

Según han señalado fuentes de Duro Felguera, este acuerdo con el Principado permite “facilitar una solución justa para todas las partes que permita hacer posible el proyecto”.

No obstante, ha adelantado que no va a facilitar detalles sobre esta operación hasta que culminen los trámites que debe llevar a cabo con el Ejecutivo asturiano para materializar la operación.

El futuro industrial

Para la compañía asturiana de ingeniería especializada en proyectos llave en mano, que recientemente ha trasladado su sede social a La Felguera, este acuerdo refleja su voluntad de “contribuir al futuro industrial de la zona y de favorecer la llegada de nueva actividad”.

Según Barbón , el objetivo de esta operación es conseguir que Indra se instale “cuanto antes” en Langreo y demuestra que el Ejecutivo asturiano no ha dejado de trabajar “ni un solo día” para conseguir que este proyecto industrial se materiaice.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, la operación permitirá desbloquear una iniciativa estratégica para la cuenca del Nalón y reforzar el posicionamiento del Principado en sectores vinculados a la industria y la defensa.

Una solución

“Pese a los rumores y las acusaciones sin fundamento alguno, hemos encontrado una solución satisfactoria para todas las partes”, ha subrayado.

Indra había manifestado su interés por adquirir el antiguo taller de Duro Felguera para implantar una segunda planta de producción industrial en Asturias, donde ya adquirió en julio de 2025 a Duro Felguera el conocido como 'El tallerón' de Gijón/Xixón para implantar su primera factoría de blindados y plataformas terrestres.

El taller de Barros, según los planes de la multinacional, podría funcionar como una ampliación para la capacidad de producción de blindados de Indra, que recientemente cerró un acuerdo para implantar otra factoría en Galicia, y poder así dar respuesta a los planes de modernización del Ministerio de Defensa.

Airbus ha defendido este viernes su última propuesta presentada a la representación social en busca de un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida, que secundan sus trabajadores en España desde el pasado martes, que prevé la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6 % en un periodo de 5 años hasta 2030. Además, se compromete a mantener el 40% de teletrabajo como hasta ahora, factor que desencadenó la huelga. Los trabajadores han decidido tras recibir la propuesta que el próximo lunes votarán si suspenden o no la huelga temporalmente, exigencia de Airbus para proseguir las negociaciones.

Tras las asambleas celebradas esta mañana en todos los centros de Airbus en España, salvo en el de Cádiz, sobre la suspensión temporal de la huelga indefinida -convocada por UGT, CGT y ÚTIL desde el pasado martes- a la que la dirección de la compañía condiciona la continuidad de las negociaciones, los trabajadores de la planta de Getafe (Madrid) han decidido volver a votar el lunes próximo.

Airbus cuenta en España con unos 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo.

En la planta de Albacete, el resultado de la votación ha sido “continuar revisándolo más adelante”, mientras que en la de Tablada se ha votado seguir con la huelga y plantear si hay que votar de nuevo el lunes, de acuerdo con los sindicatos.

El pasado jueves, tras una reunión de quince horas, se ha fijado para el próximo martes otra sesión de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), donde está previsto que continúen las negociaciones, en un contexto en el que la empresa ha mejorado su propuesta inicial, aunque sin colmar de momento las aspiraciones sindicales.

Incrementos

En un comunicado interno remitido a la plantilla, Airbus se compromete, por su parte, a un incremento del 0,5 % para la revisión salarial anual (RSI) y del 0,5 % para las promociones y compensar el denominado “efecto abril” con un pago excepcional de 2.000 euros en enero de 2027.

En su misiva, la empresa asegura que su objetivo es encontrar “un acuerdo común que sea bueno para todos, para los empleados y para Airbus en España” y que lo quiere encontrar “a través del diálogo y una negociación que se lleve a cabo en un entorno tranquilo y respetuoso”.

A su juicio, su última oferta presentada a los mediadores establece “una base sólida para un acuerdo duradero” que corresponde a los puntos que fueron puestos sobre la mesa por los interlocutores sociales y los trabajadores, tanto en el aspecto económico como en el no económico.

Sin embargo, advierte de que la continuación de la huelga está creando “una situación crítica tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes”, de algunos de los cuales ha recibido “claros mensajes de preocupación”, así como de diferentes partes interesadas que necesitan continuidad de negocio y fiabilidad.

Por ello, Airbus ha explicado que ha condicionado la finalización de su ofertas a la desconvocatoria o suspensión de la huelga, convocada por CGT, UGT y ÚTIL, y, en los próximos días, llevará a cabo sesiones de puertas abiertas —tanto presenciales como en línea— para responder a cualquier pregunta y garantizar que los trabajadores entiendan “plenamente el valor de esta oferta”.

En las asambleas celebradas esta mañana sobre la suspensión temporal de la huelga, se ha decidido volver a votar el próximo lunes en la planta de Getafe (Madrid), que agrupa a 9.000 empleados de un total de 14.000, con los que cuenta Airbus en España.

En otros centros como Albacete, el resultado de la votación ha sido “continuar revisándolo más adelante”, mientras que en la de Tablada se ha votado seguir con la huelga y plantear si hay que votar de nuevo el lunes.

Propuestas no económicas de la oferta de Airbus

En cuanto a las reivindicaciones no económicas, Airbus acepta mantener el acuerdo del 40 % de teletrabajo, así como el de vacaciones que estaba vigente anteriormente con 2 semanas de vacaciones obligatorias (en lugar de 3) y 2 semanas de vacaciones flexibles (en lugar de 1).

En cuanto al absentismo, ha paralizado el sistema Bradford, lo que significa que las devoluciones se procesarán en la nómina a más tardar 2 meses después de la aceptación final del acuerdo.

También reducirá el precio del servicio de comedor de 5 euros a 3,5 euros a partir del 1 de octubre y mantendrá el sistema de transporte colectivo y las rutas tal y como están hoy en día.

Además, se identificarán los puestos objetivamente adaptables a la flexibilidad voluntaria de entrada/salida y, para los empleados que forman parte del Proyecto Bromo (la fusión de los negocios espaciales de Airbus, Thales y Leonardo), se garantizará que las condiciones del convenio colectivo local permanecerán en vigor desde el día 1 hasta que exista un nuevo convenio en la nueva empresa.

Respecto de la planta de Cádiz, se creará un comité específico antes del próximo 1 de noviembre para analizar los acuerdos y las necesidades futuras de actividad.

Durante 2026 y 2027, la empresa llevará a cabo una revisión integral para mejorar la progresión y la promoción de la carrera técnica, los LMA, los cambios en las posiciones del catálogo y el esquema de salario variable, de acuerdo con el comunicado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ve “difícil de entender” y “chocante” que Defensa cuestione la planta que el grupo automovilístico chino SAIC pretende instalar en Ferrol: “No creo que le hagan ningún favor al proyecto”.

Así se ha pronunciado el mandatario gallego tras conocerse este lunes la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

“Es difícil de entender. Es un expediente que llevamos tramitando conjuntamente el Gobierno y la Xunta desde hace muchos meses, donde conocemos perfectamente su contenido y las diferentes circunstancias que inciden y ahora es sorprendente que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de falta de seguridad o riesgo militar”, ha criticado Rueda, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Según el presidente del Ejecutivo autonómico, la Xunta ha sido la primera en alabar la gestión conjunta realizada para que SAIC decidiese instalarse en Ferrol. “En todo caso no le corresponde a la Xunta evaluar unos supuestos riesgos de seguridad nacional si es que los hay. A la Xunta le corresponde exigirle al Gobierno que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica que se le presenta a Galicia”, manifestó.

“Es un poco sorprende que en estos momentos el mayor riesgo para la seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante en mi opinión”, insistió Rueda, que repitió que es responsabilidad del Gobierno compatibilizar el proyecto con la seguridad nacional.

Hispasat, participada en un 89,68% por Indra, ha sido designada contratista principal de la infraestructura de antenas, sistemas de control y conexión con las redes de tierra del programa europeo de comunicaciones seguras por satélite IRIS2, por un presupuesto superior a 1.600 millones de euros.

Este programa espacial será el mayor y más complejo desarrollado hasta la fecha en Europa, siendo esta la primera vez que una empresa española asume la primera línea de mando de un gran proyecto espacial europeo, según ha informado Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

La tecnológica presidida por Ángel Simón y dirigida por Josep Maria Recasens, ha informado de que se ha concluido el proceso de negociación por parte del consorcio SpaceRISE –formado por los gigantes del satélite Eutelsat, Hispasat y SES – con la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea para poner en marcha esta constelación IRIS2, así como el plan de desarrollo y despliegue del sistema de comunicaciones seguras por satélite europeo.

Se espera que esta constelación entre en servicio en 2030.

En el marco de dicho acuerdo, Hispasat ha sido designada contratista principal de la infraestructura de antenas, sistemas de control y conexión con las redes de tierra, en virtud de lo cual liderará el desarrollo de la capa orbital muy baja (Low LEO) del sistema - situada a una altitud de entre 200 y 450 kilómetros-, orientada a servicios de conectividad directa a dispositivos móviles e IoT (internet de las cosas).

Hispasat compromete 600 millones de inversión

Para este proyecto, Hispasat comprometerá hasta 600 millones de euros de inversión con el fin de asegurar el acceso a las comunicaciones satelitales en órbitas no geoestacionarias en regiones de alto valor estratégico para aplicaciones comerciales y militares.

El programa IRIS2, que constituye un proyecto insignia de la Unión Europea articulado sobre un modelo de colaboración público-privada, contempla una inversión en conjunto de hasta 4.000 millones de euros por parte de los miembros de SpaceRISE, complementados con fondos públicos de la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y la Agencia Espacial Europea hasta alcanzar una inversión total de 15.600 millones de euros.

La Comisión Europea y la ESA suscribieron en diciembre de 2024 la puesta en marcha de este programa, que consistía en una constelación multiórbita de más de 280 satélites con el fin de proporcionar comunicaciones resilientes, seguras y rápidas a gobiernos de la UE y empresas europeas, según se informó entonces.

En concreto, el nuevo sistema iba a contar con 264 satélites en la baja órbita terrestre y 18 satélites de órbita media, lo que permitirá que estos se comuniquen entre sí de forma segura y rápida.

Esta constelación puntera protegerá nuestras infraestructuras críticas, conectará nuestras áreas más remotas y aumentará la autonomía estratégica de Europa, se dijo entonces desde la Comisión Europea.

Esta nueva constelación se sumará a la ya existente Galileo, dedicada a la navegación civil por satélite y la observación de la tierra.

El Gobierno decidió en la noche del jueves cerrar la frontera de Beni Enzar, la única operativa entre Melilla y Marruecos, según informó la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplazara al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La medida se sumó al despliegue de unidades del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en la gestión de la crisis por la que en las últimas horas miles de personas han entrado desde Marruecos a la ciudad autónoma.

El flujo de ciudadanos que han entrado en Ceuta no ha cesado durante la noche, según informa Europa Press, y las llegadas han continuado a primera hora del viernes, con continuas carreras en la zona fronteriza. Lo hacen a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.

Fuentes policiales citadas por la mencionada agencia precisan que son más de 50.000 las personas que habrían entrado a España en los últimos días. A primera hora de este viernes los esfuerzos de las fuerzas desplegadas allí quieren evitar que los inmigrantes se dirijan al centro de la ciudad y a las barriadas, donde desde ayer se encuentran durmiendo o deambulando. En las horas siguientes, se ha gestionado el regreso de más de 48.300 personas a Marruecos.

Siempre según Europa Press, los inmigrantes, marroquíes en su inmensa mayoría, han caminado durante la madrugada de este viernes desorientados por las calles de toda la ciudad, sin saber adónde ir dado que en los centros de acogida no admiten nuevos ingresos. El de adultos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado con más de mil residentes pese a tener 512 plazas. Además, en sus inmediaciones continúan llegando nuevas personas, ya hay más de un millar a la espera de ingresar.

Las Fuerzas Armadas han reforzado a la Guardia Civil “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, según anunció este jueves el Gobierno, ante la entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. Según explicó desde el Ejecutivo, “los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil”. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este mismo viernes a la zona.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se ha sumado ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Asimismo, el Gobierno ha informado del envío de dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo se reforzará con un helicóptero.

Respecto a los efectivos de la Policía Nacional, Moncloa ha informado de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, “para apoyar las labores de reseña y documentación”. En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Asimismo, este jueves se han incorporado tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

“Ejemplar colaboración”, según Interior

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Ante lo ocurrido, el Ministerio del Interior ha destacado este jueves “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha agradecido además a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados” en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, “que han impedido miles de intentos de migración irregular”.

“Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, han añadido desde Interior.

“Restablecer cuanto antes” la normalidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por segunda vez en la tarde de este jueves y le ha informado de los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la ciudad autónoma.

De igual manera, Marlaska también le ha trasladado el despliegue de efectivos del Ministerio de Defensa para apoyar a la Guardia Civil en la zona. Le ha reiterado “su apoyo y compromiso” para “mantener la seguridad en Ceuta y restablecer cuanto antes” la normalidad.

La velocidad acumulada durante la carrera empuja el aire sobre las alas hasta que aparece la sustentación necesaria para abandonar el suelo. Los aviones necesitan mucha pista porque sus motores deben acelerar hasta alcanzar ese punto, mientras la longitud disponible condiciona el peso, el viento y la capacidad de frenar si surge un problema.

Esa dependencia convierte cada aeródromo en una pieza decisiva y explica el interés militar por aparatos capaces de despegar desde espacios mucho menores.

El X-BAT quiere despegar sin depender de un aeródromo

Esa limitación es la que Shield AI y GE Aerospace intentan eliminar con el X-BAT, un caza de ataque pilotado por inteligencia artificial que despegaría y aterrizaría en vertical. Ambas empresas completaron en Peebles, en el estado de Ohio, el encendido del motor F110-GE-129E con la tobera AVEN integrada, un ensayo terrestre que precede a las pruebas previstas para finales de 2026.

Armor Harris, vicepresidente sénior de ingeniería aeronáutica de Shield AI, resumió la dependencia técnica del proyecto: “El X-BAT está diseñado para despegar y aterrizar verticalmente desde cualquier lugar, sin base aérea y sin pista”.

El aparato lleva más de dos años en desarrollo y fue presentado en octubre de 2025. Shield AI plantea que pueda operar desde barcos, islas o terrenos remotos, una capacidad destinada a reducir la dependencia de aeródromos que pueden quedar inutilizados durante un conflicto.

Sus dos bodegas internas admiten armamento de hasta 907 kilogramos cada una, con dimensiones cercanas a las del F-35, mientras sus 80 kilovatios de potencia eléctrica alimentan equipos de guerra electrónica y sistemas de interferencia. La compañía atribuye al modelo un radio de combate de unos 1.850 kilómetros.

La tobera AVEN permitió recuperar una tecnología ya ensayada

La tobera AVEN desvía los gases del motor en tres dimensiones y permite gobernar el empuje para que el aparato pueda apoyarse sobre su cola durante el ascenso o el descenso vertical. GE Aerospace desarrolló este equipo en los años 90 para cazas F-16 experimentales, y Shield AI asegura que acumuló 73 horas de pruebas en tierra, 135 horas de vuelo y 95 vuelos antes de permanecer almacenado.

La empresa lo reacondicionó para el X-BAT y considera que el ensayo reciente fue la primera prueba integrada de la tobera, sus controles y el motor desde aquella década. Harris destacó el ahorro de desarrollo logrado con un componente ya probado: “Adaptar un equipo con experiencia real de vuelo nos ha permitido avanzar a un ritmo enorme en vez de partir de cero”.

El programa VENOM llevó la inteligencia artificial a un F-16

La inteligencia artificial también ha comenzado a incorporarse a cazas ya existentes mediante un programa estadounidense. La Fuerza Aérea y DARPA anunciaron el 16 de julio que un F-16 modificado realizó un vuelo en la base de Eglin, en Florida, controlado por un sistema de inteligencia artificial, aunque un piloto permanecía en la cabina preparado para intervenir si era necesario.

Army Recognition explicó que el programa VENOM añadió ordenadores, sensores e instrumentación sin alterar el programa básico del avión, mientras The Aviationist señaló que seis F-16C serán transformados y que los primeros llegaron en abril de 2024. AeroTime añadió que las operaciones autónomas comenzaron tras meses de ensayos, simulaciones y vuelos de validación iniciados en junio de 2026.

Tim Stevens, piloto de pruebas de VENOM, atribuyó el avance a años de preparación de cientos de especialistas. El general de brigada James Valpiani, responsable del programa en DARPA, indicó que el sistema permite alternar el mando humano y el control de la inteligencia artificial mediante un interruptor.

El piloto permanece en la cabina y puede recuperar el avión en cualquier momento, una condición mantenida durante esta fase de evaluación. No obstante, Stevens reconoció dudas sobre su fiabilidad en combate.

Los próximos proyectos reunirán varios cazas autónomos

Patrick Highland, que asumirá el programa AIR, explicó que los siguientes ensayos reunirán varios cazas controlados por agentes autónomos, mientras Terry Wilson, responsable de desarrollo de inteligencia artificial en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, mantendrá la coordinación técnica entre las organizaciones participantes. Las capacidades obtenidas también alimentarán el programa Collaborative Combat Aircraft, destinado a que aeronaves sin tripulación acompañen a cazas pilotados durante sus misiones.

Hivemind, el programa autónomo de Shield AI, permitiría que el X-BAT despegara, aterrizara y participara en misiones sin tripulación, por su cuenta o junto a aeronaves pilotadas. El diseño prevé que continúe operando cuando las comunicaciones o la navegación estén interferidas, aunque el prototipo no ha volado y las cifras difundidas proceden de las empresas responsables.

La tobera pasará por nuevas comprobaciones antes de instalarse en el aparato, y el vuelo vertical previsto para este año decidirá si el concepto funciona fuera del banco de pruebas. Ese recorrido separa ambos proyectos: VENOM ya ha volado con supervisión humana, mientras el X-BAT todavía debe demostrar que puede elevarse desde su propia cola.

Indra obtuvo un beneficio neto de 219 millones de euros de enero a junio de 2026, un 2,1% más que en el mismo semestre del año pasado empujado por el área de defensa, cuyo negocio creció un 103%, en un periodo marcado por el relevo de su cúpula directiva. La compañía ha achacado este incremento del beneficio a la mejora operativa.

Las acciones de Indra se alzaban más de un 3% en Bolsa en los primeros compases de la apertura del mercado.

La compañía, que estrena consejero delegado, Josep María Recasens, tras el relevo de su presidente (Ángel Escribano por Ángel Simón), facturó 3.179 millones de euros en este semestre, un 29,7% más que en el mismo periodo del año pasado, tras crecer en todas sus divisiones, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Su cifra de negocio ha estado empujada sobre todo por el área de defensa, que se duplicó, hasta 973 millones, impulsado principalmente por la contribución de los Programas Especiales de Modernización por 217 millones; así como el área de Vehículos Terrestres correspondientes al programa del vehículo blindado 8x8 ambos del Ministerio de Defensa, por 197 millones, entre otros.

Pese a su despegue en defensa, Indra, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 28%, continúa obteniendo la mayor parte de los ingresos por su división tecnológica de Minsait, en la que facturó 1.541 millones, un 2,6% más.

En el grupo, el área que más creció en ingresos es el de Espacio, que aún representa poco más del 6 % de la facturación de la compañía, pero que creció un 398,3 % debido a las consolidaciones de Hispasat e Hidesat hasta los 190 millones.

En tráfico aéreo, la compañía facturó 300 millones, un 16,2 % más; y en movilidad, 175 millones, un 1,8 % más.

Duplica su cartera de pedidos

La compañía ha aumentado un 116,7% su cartera de pedidos en el semestre, hasta los 20.533 millones, impulsada principalmente por defensa, que acaparó 11.746 millones.

Además, ha incrementado un 58,4% su contratación, hasta 5.010 millones, y ha acabado junio con un posición positiva de caja positiva de 1.033 millones, frente a los 4 millones de deuda que tenía en la misma fecha del año pasado.

Estos resultados provienen de un semestre en el que se ha retirado del grupo su principal accionista privado, Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que tenía un 14,2% y después de que se suspendiera el análisis que se estaba realizando para efectuar una operación corporativa con la compañía.

España es el país del que obtiene más de la mitad de su facturación, 1.844 millones, tras crecer un 48%, respecto a 2025; seguida de América, con 584 millones (19,7% más); Europa, 475 millones (8,6% menos) y Asia, Oriente Medio, 275 millones (39,9% más).

Indra tiene una plantilla de 58.383 trabajadores, un 5 % menos, la mayoría de los cuales trabajan en Minsait, 41.206. Un total de 7.878 están en defensa.

Su consejero delegado, Josep María Recasens, ha considerado que los resultados de este segundo trimestre demuestran claramente las capacidades industriales, de ejecución y de entrega en tiempo y forma de los contratos que forman parte de la cartera Indra y constituyen un “inmejorable punto de partida” para el nuevo plan estratégico, que están poniendo en marcha.

Su prioridad de gestión será la “excelencia en la ejecución”, elevando la velocidad de entrega, la calidad, la fiabilidad y la competitividad.

Para ello, buscará “tejer alianzas sólidas y relaciones de cooperación” tanto a nivel nacional como internacional.

El proveedor francés de componentes para automoción Valeo da un paso más en su estrategia de diversificación y entrará en el mercado de la defensa como suministrador de motores eléctricos para drones militares. La compañía ha firmado un acuerdo con la tecnológica francesa Harmattan AI para fabricar en Francia motores eléctricos destinados a equipar los drones de la empresa, que recientemente ha renovado un importante contrato con el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia.

El acuerdo convierte a Valeo en proveedor de uno de los programas de drones más relevantes del país, después de que la Dirección General de Armamento (DGA) francesa quintuplicara el pedido del microdron Sonora con un contrato adicional de 5.000 unidades. La startup ya había entregado un primer lote de 1.000 drones en apenas seis meses y su tecnología ha sido utilizada durante el ejercicio militar Orion 2026, el mayor despliegue del Ejército francés desde la Guerra Fría.

La aportación de Valeo será un motor eléctrico de fabricación nacional desarrollado a partir de su experiencia en electrificación para la automoción. La principal novedad tecnológica es que funciona sin tierras raras pesadas, una característica que reduce la dependencia de materias primas consideradas estratégicas y mejora la seguridad de la cadena de suministro, un aspecto especialmente sensible para la industria de defensa.

Crecer más allá del automóvil

La producción de estos motores comenzará a principios de 2027 en una planta de Valeo en Francia y abastecerá tanto aplicaciones militares como futuras plataformas civiles desarrolladas por Harmattan AI.

“Este primer contrato en el sector de los drones pone de manifiesto la experiencia industrial de Valeo para apoyar la soberanía nacional”, destacó el consejero delegado de la compañía, Christophe Périllat. El directivo subrayó que la iniciativa forma parte de la estrategia “Beyond Automotive” del grupo, orientada a aplicar las tecnologías desarrolladas para el automóvil en nuevos sectores industriales con elevado potencial de crecimiento.

Para Harmattan AI, el acuerdo supone reforzar la autonomía industrial francesa en un momento en el que Europa busca reducir su dependencia tecnológica en materia de defensa. Su consejero delegado y cofundador, Mouad M'Ghari, señaló que disponer de un proveedor nacional de motores sin dependencia de tierras raras constituye un elemento clave para asegurar el control de toda la cadena de valor. “La alianza refuerza la seguridad de nuestro suministro y garantiza un acceso fiable a los materiales y a la experiencia necesarios para fabricar nuestros sistemas de defensa”, afirmó el ejecutivo.

Un proveedor del automóvil que amplía horizontes

El contrato representa un nuevo ejemplo de cómo la industria del automóvil está aprovechando sus capacidades en electrificación para acceder al creciente mercado de la defensa. La experiencia de Valeo en motores eléctricos, electrónica de potencia y fabricación a gran escala resulta fácilmente transferible a plataformas como los drones, cuya demanda se ha disparado tras los conflictos recientes y el incremento del gasto militar europeo.

El grupo francés cerró 2025 con una facturación de 20.900 millones de euros, emplea a cerca de 100.000 personas y cuenta con una red industrial formada por 149 plantas de producción y 59 centros de investigación y desarrollo repartidos por 29 países.

Harmattan AI acelera su crecimiento

Fundada en 2024, Harmattan AI se ha convertido en una de las empresas de defensa con mayor crecimiento en Europa. Tras captar 200 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Dassault Aviation, la compañía anunció la construcción de una fábrica de 6.000 metros cuadrados en la región de París con capacidad para producir hasta 10.000 drones al mes.

Además del Ejército francés, la empresa ya ha obtenido contratos internacionales, incluido un pedido de 3.000 sistemas autónomos por parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido, y ha iniciado su expansión industrial en Marruecos mediante un acuerdo para producir sistemas autónomos y desarrollar un centro de investigación en inteligencia artificial.