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Esta temporada de graduaciones, en Estados Unidos está dejando una escena incómoda para Silicon Valley: jóvenes abucheando a los evangelistas de la inteligencia artificial (IA). No a políticos, ni a rectores, ni a empresarios tradicionales, sino a los apóstoles de la nueva economía. Eric Schmidt, exconsejero delegado de Google, fue recibido con silbidos por miles de estudiantes en Arizona cuando habló del impacto de la IA en el trabajo. Algo parecido ocurrió días antes en Florida. El contraste es revelador: la generación que debería abrazar la revolución tecnológica observa la IA con una mezcla de miedo y escepticismo. Muchos de esos graduados acumulan currículos sin respuesta mientras escuchan que deberán “aprender a colaborar con la IA”, una frase que empieza a sonar más a amenaza que a promesa de prosperidad.

Esta semana, el Papa León XIV ha advertido de que la IA puede terminar condicionando procesos democráticos y ampliando dinámicas de control social. Que puede distorsionar a la humanidad. La Iglesia, tradicionalmente lenta para reaccionar ante las disrupciones tecnológicas, percibe ya un problema político y humano detrás de la euforia empresarial.

Y, sin embargo, el dinero sigue votando justo en dirección contraria. Nvidia volvió a pulverizar expectativas con unos ingresos trimestrales disparados y quince trimestres consecutivos batiendo previsiones. Su consejero delegado, Jensen Huang, habló de la “mayor expansión de infraestructuras de la historia de la humanidad”. La frase podría parecer exagerada si no fuera porque los mercados siguen comportándose como si fuera literalmente cierta. Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank se dispararon un 20% en Tokio ante las expectativas ligadas a la IA y a su exposición a OpenAI (la matriz de ChatGPT), de la que ostenta el 13% del capital. Mientras tanto, Google presentó nuevas herramientas capaces de automatizar tareas cada vez más complejas y Huawei asegura haber encontrado un camino alternativo para fabricar chips avanzados sin depender de la tecnología occidental vetada por Estados Unidos. La supuesta burbuja lleva demasiado tiempo resistiéndose a pinchar.

De hecho, el problema para los escépticos es que cada semana aparecen nuevos datos que dificultan sostener la tesis del colapso inminente. Anthropic ya habla de beneficios antes de lo previsto. SpaceX (de Elon Musk) prepara una salida a Bolsa (OPV) que podría convertirse en la mayor de la historia. Y OpenAI acelera sus propios planes para cotizar. Hay algo profundamente paradójico en todo esto: la sociedad expresa ansiedad creciente sobre el impacto laboral y democrático de la IA mientras los mercados siguen interpretando cualquier avance como el anuncio de una nueva edad dorada. La profecía de la burbuja incumplida empieza a parecerse a aquellas crisis anunciadas cada año que nunca terminan de llegar.

Eso no significa que no haya motivos para la prudencia. Las advertencias sobre las futuras OPV de OpenAI, Anthropic o SpaceX son significativas. Muchos pequeños inversores podrían entrar tarde en compañías cuyos primeros accionistas llevan años esperando una vía de salida. La advertencia que publicaba hace unos días Axios AI+ es directa: “solo porque puedas no significa que debas”. El exgestor de carteras Tyler Gardner afirma que nada le convencería de comprar estas OPV: hacerlo sería el mayor regalo que se puede hacer a los insiders (los directivos, consejeros o accionistas mayoritarios de una empresa que tienen acceso a información confidencial antes de que se haga pública) y a los inversores privados que llevan años esperando poder salir. Y hay otro elemento menos visible: la automatización financiera: los fondos indexados y el capital pasivo podrían inflar todavía más estas cotizaciones de forma casi mecánica, alimentando un círculo donde el precio deja de reflejar expectativas racionales y pasa a reflejar pura inercia financiera.

Quizá el dato más importante de esta semana no sea bursátil, sino cultural. La IA ya no genera únicamente fascinación; empieza a producir rechazo social visible. Y eso cambia el tablero. Durante años, Silicon Valley asumió que cualquier tecnología capaz de generar riqueza terminaría siendo aceptada por la sociedad, aunque provocara disrupciones temporales. Pero los abucheos en las universidades estadounidenses apuntan a otra cosa: una generación que sospecha que la revolución puede estar diseñada para beneficiar sobre todo a quienes ya están arriba no para repartir la prosperidad.

El dato

1.800

Son los millones de euros de ahorro anual que se lograría si se impulsara el usos de los fármacos genéricos hasta niveles europeos, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado de distribución de medicamentos en España. La patronal de los genéricos, Aeseg, asegura que en España estos medicamentos se sitúan aún lejos de la media europea, que está en torno al 65% en unidades y al 25% en valores, porcentajes que se reducen en nuestro país al 21% y 40 %, respectivamente.

Eso en cuanto al ámbito mayorista; en cuanto al minorista, la CNMC propone flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio. Dice este organismo que, si se flexibilizara la apertura de farmacias, se crearían, en una década, 20.000 nuevos establecimientos y 45.000 nuevos empleos, la mayoría cualificados. El Consejo General de Farmacéuticos rechaza esta liberalización.

El gráfico

La industria europea del automóvil atraviesa una transición que ya no gira solo alrededor de la electrificación. La batalla real se libra en otro terreno: quién controla la tecnología, las cadenas de suministro y la capacidad industrial del coche del futuro. Y ahí China ha tomado ventaja. Los fabricantes europeos, presionados por los costes y la transición verde, recurren cada vez más a fábricas chinas para producir vehículos más baratos y competitivos. Volkswagen reconoce que fabricar un eléctrico en China puede costar hasta la mitad que en Europa, mientras Bruselas teme perder no solo producción, sino también innovación y control tecnológico.

En este gráfico de Agenda Pública, puede apreciarse quién gana y quién pierde en esta nueva realidad en la última década. Se observa un cambio de peso muy significativo en la cuota de mercado de los países productores. Este cambio beneficia a China e India, cuyas cuotas en 2025 —35,8% y 6,7%, respectivamente— suponen un aumento del 32,5% y del 46,5%, respectivamente, con relación a las de 2015. Algunos países, como la propia India o México, han ganado protagonismo al actuar como polos industriales emergentes, integrándose en cadenas regionales.

Según datos recogidos por el Financial Times, China ya exporta más de siete millones de vehículos al año, frente al millón escaso de 2020. Solo en los cuatro primeros meses de 2026, las exportaciones crecieron un 61%. Basta con echar un ojo a los coches que circulan por nuestras ciudades y pueblos. Las marchas chinas crecen como la espuma.

En medio de esa sacudida, España intenta posicionarse como uno de los grandes polos europeos del coche eléctrico. La combinación de plantas ya instaladas, costes más bajos que Alemania o Francia, renovables y fondos europeos ha atraído el interés de fabricantes chinos y alianzas como la de Stellantis y Leapmotor en Zaragoza. El sector confía –como hemos contado esta semana en el diario-- en que esas inversiones permitan renovar el viejo “milagro español” de la automoción, aunque el movimiento también plantea un dilema incómodo para Europa: reindustrializarse apoyándose precisamente en la tecnología china que intenta contener.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Josep Maria Recasens, nuevo consejero delegado de Indra. ‘Reca’, como se le conoce en los despachos del sector de automoción, llega a Indra con un perfil que, sobre el papel, encaja bien en la nueva etapa de la compañía: discreto, técnico, internacional y con fama de estratega tranquilo. En Renault ha sido una de las piezas clave de Luca de Meo y uno de los ejecutivos españoles con más peso en la transformación del automóvil eléctrico europeo. No tiene experiencia directa en defensa, pero tampoco la tenían antes Marc Murtra, Ángel Simón o el propio José Vicente de los Mozos. Lo que busca ahora Indra no es un militar industrial, sino alguien capaz de ordenar una compañía atrapada durante dos años en un gran conflicto de gobernanza.

Su principal reto no será tecnológico, sino político y corporativo. Recasens aterriza en una Indra todavía marcada por la crisis provocada por la irrupción y salida de los hermanos Escribano, la frustrada operación con EM&E y la continua batalla por el control ejecutivo del grupo. Y ahí aparece la figura de Ángel Simón. Aunque el nuevo presidente proyecta un perfil institucional y no es ejecutivo, en sus dos meses en el cargo ha demostrado que manda y mucho, con la incorporación de su lugarteniente, Ciril Rozman, y la salida del predecesor de Recasens, De los Mozos.

 ‘Reca’ tendrá que gestionar ese equilibrio delicado: construir liderazgo propio sin entrar en colisión con un presidente que parece decidido a pilotar directamente la transformación del grupo.

Porque el momento de Indra es probablemente el más ambicioso —y también el más inestable— de su historia reciente. La compañía quiere convertirse en campeón nacional de defensa en plena explosión del gasto militar europeo, liderar programas estratégicos como el FCAS o el 8x8 Dragón y redefinir el mapa industrial español alrededor de la defensa y la tecnología. El problema es que esa expansión coincide con una empresa todavía tensionada internamente y bajo vigilancia política constante. Ahí es donde el estilo Recasens puede convertirse en ventaja: menos ejecutivo agresivo y más operador de consenso. Justo lo que necesita una compañía que lleva demasiado tiempo funcionando como un avispero.

No todo nos parece mal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medidas “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

Quienes, desgraciadamente, no pueden jubilarse por mucho que quieran (y lo necesiten) son las trabajadoras del hogar. Para muchas de ellas la vejez y una larga carrera laboral no dan paso a la jubilación ni al descanso. “La mayoría de compañeras siguen trabajando porque es lo único que te queda para sobrevivir tú y los tuyos. No nos queda otra”, explica Marga Martínez, empleada del hogar y de cuidados desde hace 26 años a Laura Olías en esta información. Esta realidad queda analizada en un informe de Oxfam Intermón, que pone el acento en los problemas generalizados para acceder a una pensión suficiente en este colectivo, de más de medio millón de trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres.

Nos gusta la competencia 

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En los despachos del sector de automoción se le conoce como 'Reca', más fácil de pronunciar para muchos que su apellido completo. Ahora, Josep Maria Recasens (Girona, 1976) da el salto a Indra y el sector de la defensa con su estilo práctico y discreto. No sabemos si Josep Maria Recasens habrá celebrado su nombramiento como consejero delegado de Indra cantando la canción 'Smooth operator' de Sade, la misma que canturrea Carlos Sainz cuando consigue subir al podio en una carrera de Fórmula 1 haciendo gala de su talante afable. El 'operador suave' de la automoción dirigirá la principal empresa española de equipamiento militar.

Josep Maria Recasens habla con suavidad y siempre con una sonrisa en los labios. Unos días antes de su designación como principal candidato al puesto de consejero delegado de Indra hizo una demostración de sus cualidades sociales en Barcelona para presentar el Plan España Auto 2030, la ambiciosa hoja de ruta que se empecinó en negociar con todos los actores del sector del automóvil y con el Gobierno.

“¿Cómo estáis por aquí?”, preguntó Recasens a directivos de Seat, la empresa en la que se formó y trabajó durante unos 20 años, con los que se reencontró en la que considera todavía como su casa. Escuchó y elogió los logros de Seat y Cupra en los años en los que él ya no estaba en la compañía al dar el salto a Renault de la mano de Luca de Meo, que lo aupó en la marca española y también en la francesa.

Es una muestra de su talante sociable y pausado tras el que hay un estratega y uno de los directivos españoles con más capacidad para tejer alianzas. Además de la consecución del Plan España Auto 2030, Recasens da el salto a Indra con otra medalla, la de haber encarrilado el futuro para los próximos años de las fábricas de Renault en Valladolid, Palencia y Sevilla. Para ello ha tenido un papel decisivo para convencer a la nueva dirección de Renault, encabezada por François Provost, y a los sindicatos españoles, que han tenido que renunciar a algunas de sus demandas para acercar posiciones en un convenio colectivo para fabricar modelos 100% eléctricos por primera vez en España.

En el impulso final del convenio, Recasens ha contado con la implicación del ministro de Industria, Jordi Hereu, que convocó una reunión para evitar las huelgas y asegurar las nuevas inversiones.

El nuevo CEO de Indra tendrá que hacer gala de su pragmatismo en el nuevo equipo que está configurando Ángel Simón tras el terremoto con la marcha de Ángel Escribano. El presidente ha prescindido de José Vicente de los Mozos, que también había sido presidente de Renault España y miembro de la dirección del grupo francés, y ha fichado a su escudero Ciril Rozman como responsable de la Oficina de Presidencia.

A sus 50 años, el ingeniero catalán Josep Maria Recasens llega a Indra para continuar la labor que había emprendido De los Mozos de atraer a fabricantes y proveedores de automoción al sector emergente de la defensa y la seguridad. Recasens jugará un papel importante con sus contactos en la automoción para convencer a empresas industriales y tecnológicas para que se sumen a la lista de proveedores de confianza, tanto para ensamblar vehículos como para obtener dispositivos avanzados como cámaras, sensores y software.

El Gobierno, que controla Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), confirma el interés por los perfiles que tienen vinculación directa con la industria del motor, en línea con la idea de que se den ciertas convergencias entre este sector y el de defensa, llegando incluso a reconvertir fábricas automovilísticas para cubrir la demanda creciente del sector militar.

Ascenso de la mano de Luca de Meo

El fichaje por Indra se convierte también en una oportunidad para Recasens, que ha tenido que resituarse en la cúpula de Renault con las resoluciones de Provost de dar marcha atrás a decisiones que tomó De Meo antes de dejar el automóvil y entrar en el grupo de lujo que controla Gucci. Recasens se quedó sin la dirección de la división eléctrica Ampere, que ha quedado diluida en Renault. En los últimos meses, Recasens ha ido aumentando sus viajes de París a España para elevar su dedicación a la filial española y como máximo representante de la Asociación de Fabricantes de Automóviles.

Aterrizó en Seat en 2002 como un joven ingeniero obsesionado con la estrategia de producto. Pasó por I+D, planificación y gestión internacional hasta que apareció en escena Luca de Meo. Ahí empezó realmente su ascenso. De Meo detectó rápido un perfil poco habitual: técnico, político y corporativo al mismo tiempo. Recasens no era únicamente un ingeniero; entendía cómo funcionan las administraciones, cómo se negocian inversiones multimillonarias y cómo se alinean intereses públicos y privados. En 2016 fue nombrado director de Estrategia de Seat y más tarde se convirtió en una pieza clave del proyecto Future: Fast Forward (F3), el gigantesco plan de 10.000 millones para electrificar las fábricas de Seat de Martorell y de Volkswagen en Navarra y levantar la gigafactoría de baterías de Sagunto.

Aquel proyecto fue un máster para aprender a navegar en un ecosistema con 50 empresas aliadas en un consorcio y con una fuerte implicación de las administraciones a través de complejos mecanismos como los PERTE VEC del Ministerio de Industria.

En 2021 llegó la llamada decisiva. De Meo, ya al frente de Renault, lo reclutó para París como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio del grupo. En la práctica, una especie de jefe de gabinete industrial del CEO. Desde entonces, la carrera de 'Reca' se aceleró todavía más. Se convirtió en presidente de Renault España, asumió responsabilidades en Ampere —la división eléctrica creada por De Meo— y acabó pilotando una parte esencial de la transformación tecnológica del grupo francés.

Ahora, Josep Maria Recasens dispondrá hasta el día 17 de junio para preparar su relevo al frente de Renault España y en la presidencia de Anfac tras marcar la hoja de ruta a corto y medio plazo en la empresa y la patronal.

El directivo catalán llega en un momento crucial para Indra, en el que tendrá que afrontar el arduo reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española, al tiempo que gestiona la situación de la posible reactivación de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), uno de los orígenes de la crisis de gobernanza de la multinacional española.

La invasión rusa de Ucrania y el distanciamiento de Estados Unidos convencieron a Europa de la necesidad de construir sus propias capacidades de defensa. Al tiempo, Donald Trump exige a sus socios en la OTAN que gasten un 5% del PIB en defensa, aunque España lo ha toreado como ha podido, para comprometer el 2% del PIB, que son 34.000 millones de euros al año. Esa demanda de inversión esconde la descarada pretensión de que Europa compre aún más material a la poderosísima industria militar americana.

Francisco Javier Sánchez, presidente de Airbus España, aseguraba en una conferencia que uno de los grandes problemas de la industria de defensa europea es su fragmentación y dependencia. Fragmentación, porque en Europa se producen 179 sistemas diferentes de armas (aviones, barcos, tanques, armas, etc.), frente a 33 en Estados Unidos; y dependencia de este país, porque Europa le compra el 80% del material, mientras que ellos se autoabastecen.

Por tanto, la conclusión evidente es que Europa necesita integrar sus empresas militares, para hacerlas más grandes, innovadoras y competitivas, de manera que sean capaces de suministrar a sus ejércitos y no depender del producto Made in USA. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso es fusionar las industrias nacionales, para luego ir a un proceso supranacional, como en otros sectores. Es el camino para preservar localmente los empleos en una industria puntera en tecnología de uso militar y civil, y mantener cierta autonomía.

Este contexto llevó al Gobierno a promover un campeón nacional de la industria militar alrededor de Indra, compañía cotizada en Bolsa y participada al 28% por el Estado, a través de la SEPI. Se trata de homologarse con los grandes países europeos. Alemania cuenta con Rheinmetall, fabricante de tanques, misiles, artillería y sistemas aéreos antimisiles. Italia, con Leonardo, más enfocado en industria aeronáutica, con aviones de entrenamiento y helicópteros, o satélites. Y Francia, cuenta con Thales, la más parecida a Indra, puesto que está más centrada en transformación y seguridad digital, así como aviónica, radares, satélites, simuladores o señalización.

Rheinmetall es una compañía privada, con un accionariado muy atomizado. En cambio, Leonardo y Thales están, al igual que Indra, participadas y controladas por el Estado, que cuenta con participaciones del 30% y del 26,6%. El caso francés es peculiar porque el Estado tiene un socio, Dassault Aviation, que tiene su misma participación; sin embargo, el primero tiene el 36,7% de los derechos de voto y el segundo el 29,9%. Es llamativo que el socio privado sea además relevante en medios de comunicación, ya que el Grupo Dassault es el dueño de Le Figaro, el principal periódico conservador de Francia. Esto rememora el caso de Amber Capital, principal accionista y gestor del Grupo Prisa, con un 29,9%, que además es socio clave de Indra, con un 7,24%.

Ahora bien, la diferencia de tamaño (facturación) y perspectivas (tecnología) de unas compañías y otras queda patente en su valor bursátil. La capitalización de Rheinmetall es de 55.000 millones de euros, la de Thales 47.000 millones, la de Leonardo 30.000 millones y la de Indra 9.200 millones. Por tanto, queda claro que la empresa española elegida para liderar la industria de defensa Made In Spain tiene mucho que recorrer para homologarse con sus vecinos.

El problema está en que el plan para levantar ese líder español está resultando un desastre, producto de una improvisación propia de aficionados. El Gobierno ha pretendido construir en Indra un accionariado estable y de confianza, a la vez que absorbe empresas del sector que completen su gama de productos militares. En esa dinámica, Indra absorbió la pública Hispasat; entró en el capital de la vasca ITP (9,5%), que fabrica y mantiene motores de aviación, y tomó la mayoría de Tess Defence, una alianza nacional para fabricar tanques, que avanza con dificultades, dado que sus socios son íntimos enemigos, (Indra/Escribano y General Dynamic). A la vez que montaban el puzzle industrial, repartían quesitos de capital a los socios industriales. La familia vasca Aperribay, dueña de SAPA, se hizo con el 7,9% de Indra y el 16,3% de Tess Defence y la familia Escribano llegó a sumar el 14,3% y el 16,3% de esas mismas compañías.

El error es que la casa se comenzó por el tejado, sin un plan estratégico bien trazado, y con los ministerios de Industria y Defensa de mera comparsa. El manejo del plan se hizo desde Moncloa, de la mano de Manuel de la Rocha Vázquez, director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 en la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, en enero del año pasado, al descabalgar a José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica y colocar a Marc Murtra, quedaba vacante la presidencia de Indra y no se le ocurrió otra cosa que colocar a Ángel Escribano, que ya tenía a su hermano Javier en el consejo representando al paquete familiar. A partir de ahí, Indra ha ido de lío en lío, con cambios de presidente, consejero delegado (José Vicente de los Mozos está en la puerta) y directivos de todo ámbito.

Si el proceso se hubiera hecho con un diseño racional, Indra habría adquirido Escribano en 2023, para convertirla en la filial de mecánica, con los hermanos al frente. Indra se habría ahorrado mucho dinero y no habría estado parada más de un año tratando de justificar lo injustificable: que los Escribano podían ser comprador y vendedor de su propia empresa, una compañía engordada con contratos del Estado, que pagaba la fiesta y diluía su poder. Los hermanos Escribano han estado a punto de quedarse con el control y la gestión de una compañía que en 2022 facturaba 42 veces más que la suya. Hubiera sido un escándalo de dimensiones cósmicas.

De la Rocha, el impulsor oficial de la fusión Indra-Escribano se cayó del caballo y, en un giro de guion, promovió la destitución de Ángel Escribano al frente de Indra para colocar a Ángel Simón, que se encontraba en paro desde hace un año, cuando Isidro Fainé le despidió de CEO de CriteriaCaixa por exceso de celo. Es como si De la Rocha devolviera a Simón el favor que le hizo cuando le prestó los votos en Telefónica para ejecutar a Pallete.

Esta batalla tiene dos beneficiarios, los Escribano y JP Morgan, que han ingresado alrededor de 1.300 millones, con un beneficio y reparto que sólo saben ellos. Eso sí, los hermanos Escribano no se han visto en otra igual. A ver qué hacen con tanto dinero ganado rápido y fácil. Parece que la industria de defensa y los medios de comunicación maridan bien, pues hay pocos misiles con tanta puntería. Mientras, Indra y la industria española de defensa llevan dos años perdidos y Rheinmetall, Thales y Leonardo siguen alejándose.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa e Industria, va a lanzar un programa para financiar el desarrollo de Iris², el plan de la UE para lanzar una constelación de 290 minisatélites de órbita baja para asegurar las comunicaciones y dotar al bloque de soberanía espacial. “Algunos piensan que el espacio es patrimonio de un puñado de millonarios excéntricos jugando a ser dioses y fundar colonias privadas en Marte. Eso no es lo que hace Europa, ni España”, ha declarado el presidente durante la clausura del primer Congreso del Espacio que se ha celebrado esta semana en Madrid.

El programa Iris² nació a finales de 2024 como una respuesta europea a la expansión de Starlink, la red de minisatélites privada dirigida por Elon Musk. La iniciativa persigue evitar que las comunicaciones de seguridad nacional europeas dependan del magnate, que ya ha mostrado su voluntad de tomar partido en los conflictos del continente. El ejemplo más sonado ocurrió en 2022, cuando Musk frenó un contraataque ucraniano sobre Crimea apagando el servicio en el momento clave, alegando el riesgo de una escalada nuclear.

El episodio puso de manifiesto que el curso de una guerra y la seguridad europea podían quedar a merced de una decisión unilateral de un solo magnate, un riesgo que el Ejecutivo lleva tiempo verbalizando. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de “preocupante” que la inmensa mayoría de los satélites de órbita baja sean propiedad de Musk, que durante un tiempo formó parte del Gobierno de Donald Trump. El proyecto Iris², rebautizado en medios y redes sociales como el “Starlink europeo”, aspira a ser una red de alta seguridad para comunicaciones gubernamentales y militares.

Iris² está financiado con 10.600 millones de euros, de los que un 60% provendrán de fondos comunitarios. El 40% restante saldrá de las arcas del consorcio SpaceRISE, formado por la francesa Eutelsat, la española Hispasat y la luxemburguesa SES. El 90% de Hispasat es propiedad de Indra, que a su vez está participada en un 28% por el Estado. La española liderará el desarrollo del segmento terreno gubernamental y de los satélites de la capa orbital más baja. Los primeros lanzamientos están previstos para 2029 y se espera que red entre en operación durante la década de 2030.

En su comparecencia, Sánchez no ha aclarado a cuánto ascenderá la participación española en el proyecto. Esta se articulará a través de un Programa Especial de Modernización como los que se están desarrollando con otras empresas de armamento y ciberseguridad. “La industria espacial es crucial para la autonomía estratégica de Europa”, ha declarado Sánchez: “Europa no puede ser sierva ni esclava de nadie. Europa debe ser dueña de su destino y esto requiere de empresas europeas fuertes, con capacidad de competir con los gigantes de otras potencias”.

Facturación de 1.500 millones

El presidente también ha defendido que el sector espacial español es ya una realidad económica. En este sentido, ha recordado que esta industria facturó 1.500 millones en 2025, ha generado “8.000 puestos de trabajo altamente cualificados” y que España fue el segundo país que logró atraer una mayor inversión de capital riesgo el año pasado, solo por detrás de Alemania.

“España puede ser un referente europeo en el sector espacial”, ha asegurado, manifestado que “la única carrera espacial que merece la pena es la que mejora la vida de la gente, aquí en la tierra”. Como ejemplo de ello, ha citado los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus, “que salvan vidas”.

El líder del Ejecutivo defiende que la participación en Iris² “va a suponer también una gran oportunidad para el desarrollo y consolidación de la cadena de valor industrial nacional, tanto en la fabricación de satélites, como en su segmento terrestre”. Para ello se ampliarán las capacidades del Centro Europeo de Astronomía Espacial en España.

El Govern de Juan Francisco Pérez Llorca ha licitat dimarts, per un import de quasi 120.000 euros, el servei de consultoria per a l’elaboració d’un pla estratègic per als sectors industrials de seguretat i defensa en el territori valencià. L’executiu autonòmic pretén pujar a l’onada de l’augment de la despesa militar en l’àmbit dels països de l’OTAN per a crear una indústria autòctona del sector, “un entorn d’inversió sense precedents, que Espanya està aprofitant activament”, segons indica l’informe de necessitat elaborat per la Direcció General de Projectes Estratègics de la Conselleria de Presidència.

La licitació, per procediment obert, busca una consultora que elabore el pla estratègic, com ja va fer la Generalitat amb els sectors aeroespacial i audiovisual. La Generalitat pretén impulsar un sector que es concentra actualment a Madrid i Andalusia.

La memòria justificativa de la licitació, penjada en la Plataforma de Contractació, defensa la “posició estratègica” valenciana per al sector de la defensa i la seguretat i assegura que el Consell “és conscient de la importància estratègica” de la indústria de defensa i seguretat i “no pot quedar al marge de l’oportunitat històrica que està sorgint en aquest moment”.

El document també al·ludeix als desastres naturals que “últimament assoten cada vegada més el nostre territori” i destaca especialment la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va deixar 230 morts. Aquestes catàstrofes afecten, segons la memòria, la “percepció de resiliència institucional” i evidencien la necessitat d’“integrar solucions tecnològiques avançades”, com ara “plataformes d’anàlisi situacional, sistemes d’alerta primerenca i eines de suport a la presa de decisions”.

La “sensació de vulnerabilitat col·lectiva”

Tot això millora la capacitat de resposta davant situacions de risc, optimitzant les operacions d’emergències i contribuint a “mitigar la sensació de vulnerabilitat col·lectiva” que detecta el Consell. La memòria justificativa al·ludeix al “significatiu” ús “clau” de drons en l’àmbit civil, “per a operacions de seguretat i emergències”.

Presidència també destaca els “dos actors principals i constituïts fa poc” en l’àmbit valencià: el clúster Apol·lo i el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana.

“En els últims anys, arran de la guerra d’Ucraïna, la proliferació d’amenaces híbrides, el gir dràstic de la política exterior dels Estats Units i la guerra recent al Pròxim Orient, el context internacional s’ha vist sumit en una profunda inestabilitat que ha generat incertesa en la societat i, particularment, en el teixit empresarial, amb els riscos consegüents per a l’economia i el benestar social”, conclou l’informe de necessitat de la contractació.

El Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca ha licitado este martes, por un importe de casi 120.000 euros, el servicio de consultoría para la elaboración de un plan estratégico para los sectores industriales de seguridad y defensa en el territorio valenciano. El Ejecutivo autonómico pretende subirse a la ola del aumento del gasto militar en el ámbito de los países de la OTAN para crear una industria autóctona del sector, “un entorno de inversión sin precedentes, que España está aprovechando activamente”, según indica el informe de necesidad elaborado por la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Conselleria de Presidencia.

La licitación, por procedimiento abierto, busca una consultora que elabore el plan estratégico, como ya hiciera la Generalitat con los sectores aeroespacial y audiovisual. La Generalitat pretende impulsar un sector que se concentra actualmente en Madrid y Andalucía.

La memoria justificativa de la licitación, colgada en la Plataforma de Contratación, defiende la “posición estratégica” valenciana para el sector de la defensa y la seguridad y asegura que el Consell “es consciente de la importancia estratégica” de la industria de defensa y seguridad y “no puede quedar al margen de la oportunidad histórica que está surgiendo en este momento”.

El documento también alude a los desastres naturales que “últimamente están azotando cada vez más a nuestro territorio” y destaca especialmente la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Estas catástrofes afectan, según la memoria, a la “percepción de resiliencia institucional” y evidencian la necesidad de “integrar soluciones tecnológicas avanzadas”, tales como “plataformas de análisis situacional, sistemas de alerta temprana y herramientas de apoyo a la toma de decisiones”.

La “sensación de vulnerabilidad colectiva”

Todo ello mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, optimizando las operaciones de emergencias y contribuyendo a “mitigar la sensación de vulnerabilidad colectiva” que detecta el Consell. La memoria justificativa alude al “significativo” uso “clave” de drones en el ámbito civil, “para operaciones de seguridad y emergencias”.

Presidencia también destaca los “dos actores principales y recientemente constituidos” en el ámbito valenciano: el clúster Apolo y el Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana.

“En los últimos años, a raíz de la guerra de Ucrania, la proliferación de amenazas híbridas, el giro drástico de la política exterior de Estados Unidos y la reciente guerra en Oriente Próximo, el contexto internacional se ha visto sumido en una profunda inestabilidad que ha generado incertidumbre en la sociedad y, particularmente, en el tejido empresarial, con los consiguientes riesgos para la economía y el bienestar social”, concluye el informe de necesidad de la contratación.

Las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley han firmado un acuerdo con el Pentágono que abre las puertas a la vigilancia total. De todas ellas, hay que quedarse con un nombre: Palantir. La empresa fundada por Peter Thiel, uno de los hombres más poderosos y reaccionarios de Silicon Valley, rastrea todos tus datos disponibles para ayudar al ejército a saber prácticamente todo sobre ti. A partir de ahora, los gigantes de la inteligencia artificial ceden toda su tecnología y sus datos al uso militar y de seguridad que la Casa Blanca quiera darle. El ciudadano, el disidente o el enemigo está más indefenso que nunca.

Con Carlos del Castillo, periodista especializado en Tecnología de elDiario.es, explicamos en qué consiste este acuerdo que sitúa a la industria tecnológica estadounidense, alineada con los intereses de la Administración Trump, en centro de todas las fases de la guerra, y el cambio de paradigma que representa este movimiento. 

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Amper ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones de euros, según ha indicado la firma en un comunicado este jueves.

Este movimiento para comprar esta compañía con sede en Zaragoza (Aragón), líder en el ámbito de las comunicaciones para Defensa y Seguridad, cuenta con un precio de compraventa fijo de 155 millones.

Esto implica un valor de la empresa inferior a nueve veces el Ebitda del ejercicio 2025, que fue superior a los 20 millones de euros, y de un importe contingente máximo de 45 millones de euros (earn-out), sujeto al cumplimiento de objetivos habituales en este tipo de transacciones.

Asimismo, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic. Por tanto, el volumen total de la operación podría alcanzar los 225 millones de euros.

Pago en efectivo

El pago del importe fijo se realizará mediante un pago en efectivo de 111 millones de euros, para lo que se contempla la entrada de uno o varios inversores, y, el resto, 44 millones de euros, se ejecutaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper. Estas nuevas acciones de Amper representarían aproximadamente un 7,75% del capital social de la sociedad tras la ampliación de capital no dineraria y se emitirían a un precio de 0,23 euros por acción.

El precio contingente adicional, en su caso, se abonaría en efectivo. La operación se enmarca por un lado dentro de la estrategia de Amper y Nazca como “actores relevantes” del ecosistema de la industria española de defensa y seguridad que deben contribuir a la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad de España y a su autonomía estratégica, y por otro dentro de la búsqueda de una “colaboración estable y sostenida” entre ambas compañías, como demuestra la participación relevante que Nazca tendrá en el accionariado de Amper.

Nazca, a través de su fondo especializado en Defensa, adquirió Teltronic, compañía de origen español y base industrial en Zaragoza que, hasta entonces, era propiedad de una corporación China. “Uno de los objetivos de esta operación fue recuperar para España una tecnología y unas capacidades industriales consideradas estratégicas”, ha explicado la empresa.

Defensa y seguridad

Una vez completado este proceso, y dentro de la citada Estrategia Nacional, el acuerdo con Amper permite la integración de las capacidades de Teltronic dentro de una firma española que tiene una posición “relevante” como 'Tier 1' en Defensa y Seguridad Nacional con tecnologías propias de uso dual. “Esta operación permitirá a Amper constituirse como líder en España en comunicaciones para la Defensa y Seguridad y un actor relevante en Europa”, han destacado, subrayando que la operación representa para Amper una “adquisición transformacional y altamente complementaria desde el punto de vista tecnológico, industrial y geográfico”. De hecho, se espera que genere sinergias comerciales, tecnológicas y operativas, además de “consolidar el posicionamiento” en mercados como Brasil y México y permitir el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá.

Ante esto, el consejero delegado de Amper, Enrique López Pérez, ha comentado que la incorporación de Teltronic es una operación que refuerza la ambición de la multinacional de ser “el líder español 'mid-cap' de tecnologías de uso dual, a la vez que fortalece su relación estratégica con Nazca'.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Nazca, Carlos Carbó, ha agregado que la venta de Teltronic, que incluye una toma de participación “significativa en Amper, forma parte del objetivo de contribución a la salvaguarda y desarrollo de capacidades estratégicas para la Defensa Nacional y el fortalecimiento de su Industria de Defensa y Seguridad desde su posición de inversor especializado en dicho mercado”.

Está previsto que el contrato de compraventa se firme antes del 16 de junio, quedando sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas de carácter regulatorio en distintas jurisdicciones, así como a la aprobación por parte de la junta general de Amper. Amper ha contado con Bestinver Securities como asesor financiero y Cuatrecasas como asesor legal, mientras que Nazca Capital ha contado con Banco Sabadell como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de armamento de los hermanos Ángel y Javier Escribano, sale del accionariado de Indra con la venta de su 14,3% de la compañía española de tecnología y defensa, según ha avanzado Expansión y ha confirmado elDiario.es en fuentes del mercado.

EM&E era hasta ahora el primer accionista privado de Indra. A los precios de cierre de este martes, ese paquete está valorado en 1.320 millones de euros, con lo que los Escribano van a anotarse con la venta plusvalías estimadas en más de 900 millones. En enero, el paquete de los dos hermanos estaba valorado en 1.700 millones. Indra ha cerrado la sesión de este martes en 52,34 euros, con un alza cercana al 5%. A principios de marzo, sus acciones llegaron a superar los 64 euros.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Escribano ya no figuran como accionista relevante de Indra tras la desinversión, realizada mediante una colocación acelerada. En esos registros del regulador, EM&E figura ya entre los accionistas de la cotizada que han dejado de ser relevantes, al pasar de ostentar un 14,3% del capital de la compañía de tecnología y defensa a un 0,00%, algo que habría notificado al supervisor hoy mismo. Tras trascender la salida de los Escribano, Indra ha informado a la CNMV a última hora de la tarde de la dimisión de Javier Escribano como consejero de la compañía en representación de EM&E, “tras haber transmitido dicho accionista la totalidad de su participación accionarial en el capital social de Indra”.

La operación puede suponer la antesala a la esperada fusión entre Indra y EM&E. Llega tres años después de la entrada de los dos hermanos en Indra, y tras la dimisión, el pasado 1 de abril, de Ángel Escribano (hermano de Javier) como presidente ejecutivo de la tecnológica, tras poco más de un año en el cargo.

Ángel Escribano fue sustituido (aunque sin funciones ejecutivas) por Ángel Simón, exconsejero delegado de CriteriaCaixa. Dimitió al frente de Indra tras expresar reservas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista de la cotizada con un 28%, sobre el “conflicto de interés” que implicaba la absorción de EM&E que Indra llevaba meses estudiando.

Esta operación había sido inicialmente alentada por Moncloa, con el objetivo de crear un gran campeón nacional de la defensa en pleno boom de este sector. EM&E aportaría a Indra el músculo industrial necesario para hacer frente a una cartera de pedidos de 20.000 millones de euros.

La salida de los Escribano del capital de Indra implicará también la marcha de la familia del consejo de administración de la cotizada, en la que todavía conservaban un vocal, con derecho a nombrar un segundo representante. Con la venta de sus acciones en Indra, la operación de integración de EM&E podría retomarse, una vez despejado el conflicto de interés que llevó a la SEPI a expresar sus dudas sobre la integración de la empresa familiar de los Escribano el pasado 18 de marzo.

El pasado jueves, en la presentación de los resultados trimestrales de Indra, su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, recordó que fueron los hermanos Escribano los que se retiraron del proceso y aseguró que Indra está abierta a estudiar de nuevo la posible operación, en caso de que desde EM&E se decidiera retomar de nuevo la negociación, algo que es muy previsible, y más cuando ese conflicto de interés ha quedado ventilado.

En total, EM&E, a través de un préstamo concedido por JPMorgan, invirtió más de 380 millones en alcanzar ese 14,3% que ahora han vendido con plusvalías multimillonarias. A través de su sociedad Advanced Engineering & Manufacturing, los Escribano entraron en el capital de Indra en mayo de 2023 con un 3% inicial valorado entonces en unos 65 millones.

En noviembre de 2023, subieron hasta un 8% por unos 126 millones adicionales, con el derecho a nombrar a un consejero. Y en diciembre de 2024, pasaron del 8% al 14,3%, con una inversión vinculada de unos 190 millones. Un mes después, y tras la marcha a Telefónica del hasta entonces presidente de Indra, Marc Murtra, Ángel Escribano se convirtió en presidente de la tecnológica.

Ahora, uno de los flecos que queda por despejar cuál es la valoración que Indra otorga a la empresa de los Escribano, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años al calor de las adjudicaciones del Ministerio de Defensa.

Según Expansión, el consejo de Indra llegó a estudiar el pasado marzo lanzar una oferta (que no se llegó a realizar) por EM&E por 2.300 millones, después de que el CEO de Indra iniciase los contactos con Javier Escribano, presidente de EM&E, y a raíz de las valoraciones tanto de Indra como de EM&E por parte de los asesores de las diferentes partes.

La Junta de Extremadura ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de ampliación de la empresa Rheinmetall Expal Munitions en Navalmoral de la Mata (Cáceres), que prevé aumentar su producción de artillería gracias a la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial de la localidad.

Según el informe, que se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), el proyecto de ampliación de la planta de fabricación de material inerte de defensa se ubicará en una parcela de más de 34.000 metros cuadrados en el polígono Campo Arañuelo, en Navalmoral, lo que permitirá a Rheinmetall fabricar anualmente más de 13.600 toneladas de productos de artillería y unas 8.400 toneladas de material de aviación, además de granadas de mortero y productos de prácticas. El proceso productivo incluirá operaciones de forjado, mecanizado, tratamientos térmicos, ensamblaje y acabados superficiales.

La resolución aclara que en esta fábrica no se producirá ni se manipulará carga explosiva. La actividad se centrará en la fabricación de los cuerpos de los proyectiles, cabezas de guerra y bombas. Por ello, los informes de Protección Civil determinan que el riesgo por accidentes graves para la población es bajo, ya que las cantidades de sustancias peligrosas (como propano o pinturas) no alcanzan los umbrales que exigen planes de autoprotección especiales.

La Junta de Extremadura ha destacado el impacto positivo de esta ampliación en el medio socioeconómico de la comarca, debido a la generación de empleo directo e indirecto y su repercusión en la economía local. Rheinmetall tiene dos fábricas en la comunidad, una en Navalmoral de la Mata, que será la que ahora se va a ampliar, y la otra unos 20 kilómetros, en El Gordo. Las últimas cifras conocidas es que la empresa alemana ha creado en la zona norte de Cáceres algo más de 500 empleos directos, aunque hace un año ya se conocían sus planes para ampliar la planta morala.

El Gobierno de María Guardiola creó en 2025 el Plan de Impulso Regional al Sector Empresarial de Defensa, que bautizó como 'Baluartia', con el objetivo de “posicionar a Extremadura como región clave en la industria española de defensa”. Las líneas de actuación del plan incluyen apoyo a la comercialización, con la creación de un hub de empresas extremeñas proveedoras de defensa y un catálogo de estas, apoyo en certificaciones y licitaciones, además de formación y capacitación en la materia o jornadas técnicas, entre otras medidas.

Unidades de la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) desarrollarán a partir del próximo 4 de mayo operaciones de vigilancia y presencia en todas las islas del archipiélago, en el marco del Mando Operativo Terrestre.

El despliegue contempla patrullas a pie y en vehículos en el conjunto de Canarias de forma simultánea, con la participación de distintas unidades del Ejército de Tierra, según ha informado este jueves el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El Regimiento de Infantería “Soria” 9 (RI 9) operará en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa; el Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 (RI 49) lo hará en la isla de Tenerife; el Regimiento de Infantería “Canarias” 50 actuará en Gran Canaria; el Regimiento de Artillería de Campaña 93 se desplegará en La Gomera y El Hierro; y el Batallón de Zapadores XVI en La Palma.

Dentro de las actividades programadas, en Fuerteventura el personal del RI 9 impartirá una charla informativa en el IES Jandía el 5 de mayo y realizará una exposición estática de material en el IES Corralejo el día 11.

En Tenerife, el RI 49 desarrollará el 6 de mayo una actividad en el centro educativo San Agustín, donde se ofrecerán charlas informativas sobre la labor del Grupo Táctico Canarias.

Según indica la nota, estas actuaciones tienen como finalidad reforzar la vigilancia, ejercer un efecto disuasorio y contribuir a la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en el archipiélago.

Las actividades se integran en las denominadas Operaciones Permanentes, consideradas una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional en tiempos de paz, con el objetivo de mantener la presencia y el conocimiento del entorno en distintas zonas del territorio.

El despliegue está coordinado por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del Mando Operativo Terrestre, responsable de las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. 

El consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, ha dejado este jueves la puerta abierta a la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la firma familiar de los hermanos Javier y Ángel Escribano, este último presidente de Indra hasta el pasado 2 de abril, y ha puesto la pelota en el tejado de esta compañía, también accionista de Indra con un 14,3% del capital.

“El día que ellos tomen la decisión, pues la estudiaremos”, ha afirmado durante la 'conference call' con inversores que ha celebrado la firma con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre.

Preguntado por esta operación, que se paralizó en marzo después de que EM&E decidiese desistir de la misma por el “conflicto de interés” denunciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el máximo directivo de Indra ha explicado la secuencia de los hechos.

“Los que han retirado la operación han sido los Escribano, entonces, cuando entre dos empresas está una negociación y uno se retira y dice que no quiere, que en este momento no se dan las circunstancias, yo lo único que puedo decir es nada, es esperar”, ha declarado. Así, ha señalado que en la actualidad, con la negativa de EM&E sobre la mesa, él “no tiene nada que decir”.

“A día de hoy, si ellos han considerado que no era el momento, yo no tengo nada que decir y respeto su decisión”, ha zanjado.

Cuestionado por los posibles movimientos en fusiones y adquisiciones ha asegurado que “hay compras y ventas”. “El tamaño lo iremos viendo”, y ha hecho un paralelismo con la caza.

“Esto es como cuando vas a cazar. Si te aparece un buen animal de caza mayor, no lo vamos a dejar desaprovechar, pero hasta que no sales a cazar y no ves la caza, pues no sabes al final si te vuelves con nada, con dos perdices o con algo de caza mayor”, ha explicado.

El directivo ha enmarcado estos movimientos en la hoja de ruta de la compañía. “Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos la dirección y, repito, no es un tema de comprar por comprar”, ha incidido, detallando que las posibles adquisiciones deben “proporcionar capacidades que no tienen, sinergias que puedan eficientar el negocio o abrir nuevos mercados”.

De los Mozos ha comunicado que “no descarta alguna alianza con alguna otra empresa en algún sector que pueda posicionar a Indra como referente en ese sector”. “Todo esto es un tema que está abierto y depende de las oportunidades que vayamos encontrando”.

El grupo obtuvo un beneficio neto de 76,1 millones de euros en el primer trimestre, un 28,4% más, como consecuencia de la mejora operativa y tras crecer en ingresos, especialmente en el área de Espacio y Defensa.

Indra facturó 1.334 millones, un 14,6% más, en un trimestre en el que la compañía ha cambiado de presidente, con el nombramiento de Ángel Simón, y ha suspendido el análisis de esa posible operación con EM&E.

La compañía ha reiterado todos sus objetivos financieros para 2026: más de 7.000 millones en ingresos en moneda local, un ebit mayor que 700 millones y más de 375 millones de flujo de caja libre.

La facturación en el primer trimestre del año creció en todas las divisiones de Indra, especialmente Espacio (89 millones, un 393% más), tras las adquisiciones de Hispasat e Hisdesat; seguidas de Defensa con un 32,5% (275 millones); y Tráfico Aéreo (138 millones), un 17,2%.

Movilidad (80 millones) y Minsait (752 millones), el principal negocio de Indra, crecieron un 1,2% y un 1,3%, respectivamente.

El 21% de los ingresos del grupo, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 28%, y con el que el Gobierno quiere armar un gran campeón de defensa, provienen ya de este área.

El 56% del negocio de Indra proviene de su división tecnológica de Minsait, el 21% de Defensa, el 10% de Tráfico Aéreo, el 7% del Espacio y el 6% de Movilidad.

En el área de Defensa, sus ingresos crecieron tanto en España como en Asia Oriente, Medio y África, apoyados sobre todo en la mayor actividad en Programas Especiales de Modernización, Sistemas Terrestres y el área de Vehículos Terrestres, además del avance en Sistemas Navales.

El programa Eurofighter, un proyecto de colaboración europea (Alemania, Reino Unido, Italia, España), mantuvo una evolución positiva, mientras que el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) presentó un descenso frente al comparable del año anterior.

Más de 20.000 millones en pedidos impulsados por Defensa

En cuanto a la cartera de pedidos en el primer trimestre alcanzó los 20.334 millones, tras creer un 154,1% impulsada principalmente por su área de Defensa (con 11.402 millones, un 279% más que el año pasado) y por la de Espacio, tras las contribución especialmente de Hispasat y que se situó en 2.868 millones frente a los 198 millones de 2025.

Mientras, la contratación neta creció un 55,8 %, hasta los 2.856 millones.

Su flujo de caja Libre se situó en 1.444 millones, frente a los 77 millones del año pasado, principalmente impulsado por los anticipos recibidos para los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Con respecto a la deuda neta, el grupo ha terminado en marzo de 2026 con una posición positiva de caja neta, de 855 millones frente a los 129 millones en 2025.

Más de la mitad de los ingresos de Indra, un 53% provienen de España, un 21% de América; un 18% del resto de Europa; y un 8% de Asia, Oriente Medio y África.

La plantilla final a cierre de marzo de 2026 estaba formada por 62.689 empleados, lo que ha supuesto un incremento del 3% en marzo de 2025.

El mayor miedo de Donald Trump con Anthropic se ha cumplido. Cuando el presidente estadounidense intentó imponer un castigo ejemplarizante a esta startup de IA hace dos meses por intentar “dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”, no pensaba solo en ella. Temía un efecto contagio en el sector tecnológico, cuya colaboración es absolutamente indispensable para el Pentágono desde la irrupción de la inteligencia artificial. Esta semana más de 560 ejecutivos y empleados de Google han confirmado los miedos de Trump.

“Queremos que la IA beneficie a la humanidad, y no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina”, reza una carta que han enviado al director ejecutivo de la multinacional, Sundar Pichai. Entre los firmantes hay una veintena de vicepresidentes y directores ejecutivos de diferentes unidades de negocio. “Esto incluye armas autónomas letales y vigilancia masiva, pero va más allá”, añaden.

Las armas autónomas letales y la vigilancia masiva fueron exactamente las dos líneas rojas que Anthropic se negó a que el Pentágono traspasara con su tecnología cuando comenzó la guerra de Irán. “En un número limitado de casos, creemos que la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos. Algunos usos también están simplemente fuera del alcance de lo que la tecnología actual puede hacer de forma segura y fiable”, justificó Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de la startup.

La reacción de Trump fue intentar condenar al ostracismo a la startup. La colocó en la lista negra como un “riesgo para la cadena de suministro”, lo que la impide firmar contratos con la administración y con empresas que tengan relaciones con la administración. Pero ha fracasado: un nuevo modelo de IA desarrollado por Anthropic que ha puesto patas arriba la ciberseguridad internacional ha impedido a la Casa Blanca ejecutar el castigo.

Según ha publicado en exclusiva el medio estadounidense Axios, el equipo de Trump está elaborando directrices para permitir a las agencias seguir trabajando con Anthropic pese a su propio bloqueo. “Salvar las apariencias y lograr que regresen”, ha descrito una fuente sobre el proceso.

El control por la narrativa de Silicon Valley

La etapa en la que los contratos con el Pentágono eran tabú para las empresas de tecnología estadounidenses ha quedado muy atrás. “Creo firmemente en la importancia existencial de utilizar la IA para defender a Estados Unidos y otras democracias, y para derrotar a nuestros adversarios autocráticos”, declara el propio Amodei.

Sin embargo, los límites de esa colaboración no están plenamente definidos. Y aunque buena parte de las élites de Silicon Valley se han alineado con Donald Trump, existe una tensión evidente con la base de ingenieros y profesionales altamente cualificados que aún pueden poner pie en pared. “Tomar la decisión equivocada ahora mismo causaría un daño irreparable a la reputación, el negocio y el papel de Google en el mundo”, esgrime la carta de sus trabajadores y ejecutivos: “Sabemos por nuestra propia historia que nuestros líderes pueden tomar las decisiones correctas, para nosotros y para el mundo, cuando hay mucho en juego”.

La iniciativa perseguía frenar un nuevo contrato de la multinacional con el Pentágono para utilizar sus modelos de IA en “cualquier propósito gubernamental legítimo”. No lo han conseguido, puesto que Google confirmaba la noche de este martes que el acuerdo con los militares ya está cerrado. Pese a ello, ha evidenciado justo lo que Trump trataba de evitar: convertir los límites éticos de la IA militar en un debate público dentro de las propias empresas tecnológicas.

De hecho, la misiva no es el único ejemplo de que aún queda contestación interna en Silicon Valley. Cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó su conversión en una brigada paramilitar y desató el caos en Minnesota en enero, unos 2.500 empleados de las grandes tecnológicas que prestan sus servicios al organismo pidieron a sus jefes que cortaran esa relación.

“Queremos estar orgullosos de trabajar en el sector tecnológico. Queremos estar orgullosos de las empresas para las que trabajamos. Podemos y debemos usar nuestra influencia para acabar con esta violencia”, decían en la misiva, que en aquel caso también fue firmada por vicepresidentes de las grandes tecnológicas, e incluso por directores ejecutivos de empresas que no tenían contratos con el ICE. “Levanten el teléfono y llamen a la Casa Blanca”, exigían en un texto en el que calificaban como “asesinatos” y “secuestros” los actos de los paramilitares de Trump.

El efecto Palantir

Si Anthropic y Amodei lideran las voces que abogan porque la IA militar tenga al menos algunos límites éticos, la empresa de espionaje y análisis de datos Palantir es la que más vocalmente pide derribar todas esas barreras. No es casualidad que haya sido ahora cuando la compañía haya decidido ser más explícita sobre su posición, publicando un escrito de 22 puntos en las redes sociales que ya se conoce como “el manifiesto Palantir”.

“La cuestión no es si se construirán armas de inteligencia artificial; es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán en debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad nacional y militar. Ellos seguirán adelante”, reza el quinto punto del escrito.

Una era de disuasión, la era atómica, está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la inteligencia artificial está a punto de comenzar

Palantir

La empresa, fundada por el multimillonario Peter Thiel y cuyo nombre proviene de las bolas de cristal usadas para el espionaje en El Señor de los Anillos, lleva dos décadas construyendo su negocio sobre contratos de inteligencia y defensa con gobiernos occidentales. El manifiesto, y el momento de su publicación, es una declaración de intenciones que quiere cerrar el debate en el sector tecnológico estadounidense. “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación”, exige su primer punto.

Con todo, lo que Palantir pone encima de la mesa va más allá de los contratos con el Pentágono. Expone que la IA es el “nuevo poder duro” y que las tecnológicas y EEUU no deberían tener miedo de utilizarla. “La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre el software”: “Una era de disuasión, la era atómica, está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la inteligencia artificial está a punto de comenzar”.

Europa, fuera del debate

La guerra por la narrativa que toma fuerza en Silicon Valley deja otra evidencia. Europa se queda fuera de la construcción de los límites del mundo que viene, sin voz incluso dentro del bloque occidental. “El manifiesto deja muy claro que las capas centrales de la infraestructura digital —nube, IA, analítica de datos— son intrínsecamente estadounidenses, y que la cuestión central es cómo se movilizan al servicio de los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Esa es precisamente la vulnerabilidad para Europa”, explica Pierre-Alexandre Balland.

Balland es el científico jefe de datos del Centro de Estudios de Políticas Europeas (CEPS, por sus siglas en inglés), uno de los think tanks más influyentes en la política europea. “Si la columna vertebral tecnológica de los servicios públicos europeos depende de sistemas construidos, poseídos y alineados políticamente en otros lugares, entonces la soberanía se cede”, asevera en conversación con elDiario.es.

Si la columna vertebral tecnológica de los servicios públicos europeos depende de sistemas construidos, poseídos y alineados políticamente en otros lugares, entonces la soberanía se cede

Pierre-Alexandre Balland — científico jefe de datos del Centro de Estudios de Políticas Europeas

La respuesta más extendida a ese diagnóstico culpa a Bruselas: Europa no tiene Palantirs propias porque reguló demasiado y demasiado pronto. “El verdadero problema de Europa es la capacidad y la dependencia. Carecemos del capital (especialmente de capital riesgo), de infraestructuras de computación, de un mercado unificado de servicios digitales, de escala en la contratación pública y de la coordinación industrial que produjeron el dominio tecnológico estadounidense. Ninguna de esas carencias fue causada por Bruselas, pero sí requieren un nivel de coordinación a escala de la UE”, contesta el especialista.

“Estados Unidos construyó su sector tecnológico sobre décadas de contratación en defensa, inversión pública en investigación, un mercado de capitales sólido y un entorno regulatorio que, contrariamente a cierto mito europeo, es en muchos ámbitos más estricto que el nuestro. Europa reguló porque necesitaba establecer cómo gobernar tecnologías desarrolladas en otros lugares; no dejó de construir esas tecnologías por haber regulado”, continúa Balland: “Derogar mañana el Reglamento de IA no produciría una Palantir europea”

Además, ¿es siquiera posible una Palantir con los valores europeos? El experto recalca que otra de las ideas centrales de la empresa es “que el trabajo que antes se realizaba dentro de ministerios, servicios de inteligencia y estructuras de defensa ahora se hace mejor desde contratistas privados con incentivos ligados al capital”. Sin embargo, recuerda que “todo el modelo de negocio de Palantir depende de esta transferencia”, desde las capacidades analíticas a la integración de inteligencia o el control migratorio.

“Para Europa, donde el contrato social de posguerra descansaba en un servicio público competente, prestigioso y orientado a una misión, este modelo es más peligroso, especialmente ante la falta de alternativas europeas”, concluye.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.

El gasto militar mundial alcanzó los 2,887 billones de dólares en 2025, un aumento del 2,9% en términos reales respecto a 2024. Así lo destaca el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, en su informe anual publicado este lunes y al que ha tenido acceso con antelación elDiario.es.

En 2025, el gasto militar creció en todas las regiones del mundo excepto en las Américas. Estados Unidos sigue en el número uno y Europa experimenta un fuerte incremento, con una subida del 14%. Los cinco principales gastadores militares —Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India— en conjunto representaron el 58% del gasto militar mundial.

“Las cifras de gasto militar actual, de récord, nos muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos, como Islandia, Suiza, Irlanda, Austria y Nueva Zelanda”, señala Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, en el podcast 'Donde callan las armas', que se emite en elDiario.es y en plataformas.

El gasto militar en España

España entra en el ránking de los quince países con más gasto militar mundial, en el puesto 15, y dentro de ese grupo es el país que registra un mayor aumento con respecto a 2024: un 50%, hasta los 40.200 millones de dólares, según los datos que ofrece el SIPRI y muy cerca de lo que avanzó elDiario.es en abril de 2025. “Es la primera vez que España forma parte de este ránking de los quince países con mayor gasto militar mundial”, señala Jordi Calvo en el análisis específico sobre nuestro país.

Dentro de ese grupo, doce países volvieron a aumentar su gasto y solo tres registraron descensos: Estados Unidos, Reino Unido e Israel. El gasto de Polonia, en el puesto 14, creció un 23%, mientras que Italia, en el puesto 12, y Ucrania, en séptimo lugar, aumentaron su gasto militar un 20% cada uno.

El informe del SIPRI señala que este incremento en 2025 elevó la carga militar de España al 2,1% del PIB, “en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno español, lanzado en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese año”.

El gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido más elevado que lo anunciado en su momento y representa ya el 2,42% del PIB

Centre Delàs de Estudios por la Paz

Más elevado

En el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual casi multiplica por dos ese porcentaje de 2016. El SIPRI indica que, con respecto a esa fecha, el gasto militar ha aumentado un 122%.

El Centre Delàs de Estudios por la Paz ha presentado este lunes sus análisis y señala que , según sus cálculos, “el gasto militar real del Estado español en 2025 ha sido aún más elevado que lo anunciado por el Gobierno, llegando a la cifra de 39.476 millones de euros, y ya representando el 2,42% del PIB”.

Para hacer ese cálculo, los investigadores del Centre Delàs aplican los criterios establecidos por la propia OTAN para contabilizar el desembolso de todos sus miembros. Esto incluye todas las partidas vinculadas a la defensa militar, como los costes de personal paramilitar de la Guardia Civil , los créditos en I+D militar que surgen desde el Ministerio de Industria, las misiones militares en el exterior o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar, entre otros.

Para alcanzar el 2,42% del PIB “el Gobierno ha echado mano, por primera vez, de otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas”, indica el Centre Delàs. “Este método de contabilización que ha empleado tiene en cuenta todos los gastos militares, algo que venimos demandando desde hace más de dos décadas”, señala Calvo.

La cifra de 39.476 millones de euros de gasto militar español ofrecida por el Centre Delàs es superior a los 40.200 millones de dólares del SIPRI, ya que ha tenido en cuenta todas esas partidas vinculadas.

El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala

Xiao Liang — SIPRI

Datos globales

Estas cifras confirman la tendencia al alza en un marco de mayor militarismo, siendo 2025 el undécimo año consecutivo de incremento mundial y con un crecimiento de la carga militar global —el gasto militar como porcentaje del producto interior bruto (PIB)— al 2,5%, su nivel más alto desde 2009.

“El gasto militar mundial volvió a aumentar en 2025, ya que los Estados respondieron a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con programas de rearme a gran escala”, señala Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“Dado el abanico de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos Estados, es probable que este crecimiento continúe durante 2026 y más allá”, añade.

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares

Instituto de Investigación de Estocolmo (SIPRI)

El gasto militar de los 32 miembros de la OTAN ascendió a 1,581 billones de dólares, es decir, el 55% del gasto mundial. Estados Unidos sigue en el primer puesto con 954.000 millones de dólares, pero con una reducción de su gasto militar, que en 2025 fue un 7,5% inferior al de 2024. Esta caída se debe principalmente a que no se aprobó una nueva partida financiera para Ucrania durante el año, en marcado contraste con los tres años anteriores.

Sin embargo, Washington aumentó las inversiones tanto en capacidades nucleares como convencionales “para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico, objetivos clave de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional”.

“Es probable que la caída del gasto militar estadounidense en 2025 sea de corta duración”, advierte Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI. “El gasto aprobado por el Congreso de EEUU para 2026 ha superado el billón de dólares, un aumento sustancial respecto a 2025, y podría elevarse hasta 1,5 billones en 2027 si se aprueba la última propuesta presupuestaria del presidente Trump”.

Si analizamos las tablas comparativas, vemos que en el año 2016 España tenía un gasto militar del 1,1% del PIB, por lo tanto el gasto actual multiplica por dos ese porcentaje de 2016

Jordi Calvo — Centre Delàs

Fuerte aumento del gasto europeo

El principal motor del aumento global del gasto militar en 2025 fue el incremento del 14% en Europa, hasta 864.000 millones de dólares. Es el nivel más alto jamás registrado por el SIPRI.

“En la década 2016-2025, el gasto se duplicó (+102 %). Este incremento refleja la creciente inestabilidad geopolítica en la región, principalmente relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos para los miembros europeos de la OTAN”, señala el informe del SIPRI.

El gasto de Rusia y Ucrania continuó creciendo en el cuarto año de la guerra, mientras que el rearme de los miembros europeos de la OTAN supuso el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el final de la Guerra Fría.

El gasto militar de Rusia creció un 5,9% en 2025 hasta los 190.000 millones de dólares, con una carga militar del 7,5% del PIB. Ucrania, el séptimo mayor gastador, aumentó su gasto un 20% hasta los 84.100 millones de dólares, equivalentes al 40% de su PIB.

“En 2025, el gasto militar como proporción del gasto público alcanzó el nivel más alto jamás registrado tanto en Rusia como en Ucrania”, indica Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. “Es probable que siga creciendo en 2026 si la guerra continúa, con mayores ingresos por exportaciones de petróleo en Rusia y un importante préstamo previsto de la Unión Europea para Ucrania”.

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones

Los 29 miembros europeos de la OTAN gastaron en conjunto 559.000 millones de dólares en 2025, y 22 de ellos destinaron al menos el 2% del PIB a defensa. Alemania fue el mayor gastador del grupo, con un aumento del 24% hasta los 114.000 millones. Su carga militar superó el 2% por primera vez desde 1990, alcanzando el 2,3%.

“En 2025, el gasto militar de los miembros europeos de la OTAN creció más rápido que en cualquier otro momento desde 1953”, destaca Jade Guiberteau Ricard, asistente de investigación en el Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del SIPRI.

“A medida que los Estados intentan cumplir los nuevos objetivos de gasto, existe el riesgo de que se difuminen los límites entre el gasto militar y otros gastos relacionados con la defensa, reduciendo la transparencia”, advierte.

Las cifras muestran que buena parte de los países que más han aumentado su gasto militar históricamente son precisamente los que están actualmente en guerra, mientras que los que no lo han hecho son los países, hoy en día, más pacíficos

Jordi Calvo — Centre Delàs

Oriente Medio

El gasto militar en Oriente Medio alcanzó unos 218.000 millones de dólares en 2025, apenas un 0,1% más que en 2024. Excepto Israel, la mayoría de los principales países de la región aumentaron su gasto. El gasto de Israel disminuyó un 4,9% hasta los 48.300 millones. Aun así, seguía siendo un 97% superior al de 2022.

El gasto de Turquía aumentó un 7,2% hasta los 30.000 millones y el gasto de Irán cayó por segundo año consecutivo, un 5,6% hasta los 7.400 millones, debido a la alta inflación, aunque aumentó en términos nominales.

Asia y Oceanía

El gasto militar en Asia y Oceanía alcanzó los 681.000 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que en 2024, el mayor aumento registrado desde 2009. China incrementó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones, Japón aumentó su gasto un 9,7% hasta los 62.200 millones (1,4% del PIB), el nivel más alto desde 1958, y Taiwán alcanzó el 14% hasta los 18.200 millones (2,1% del PIB).

“Los aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía están aumentando su gasto militar no solo por tensiones regionales, sino también por la incertidumbre sobre el apoyo estadounidense”, resalta el investigador del SIPRI Diego Lopes da Silva.

Otras cifras

El SIPRI indica que el gasto militar del Reino Unido cayó un 2,0% hasta los 89.000 millones y el de Francia aumentó un 1,5% hasta los 68.000 millones.

India aumentó su gasto un 8,9% hasta los 92.100 millones de dólares, Pakistán lo hizo en un 11% hasta los 11.900 millones y Arabia Saudí incrementó su gasto un 1,4% hasta los 83.200 millones. En África el gasto militar aumentó un 8,5% hasta los 58.200 millones totales.

El gasto militar como proporción del PIB —la llamada carga militar— es una medida del coste económico relativo de las fuerzas armadas para un país. A nivel mundial, esta carga aumentó del 2,4% en 2024 al 2,5% en 2025, el nivel más alto desde 2009.

En promedio, los países de Oriente Medio registraron la mayor carga militar en 2025 (3,8% del PIB), seguidos por Europa (3,2%), África (1,8%), Asia y Oceanía (1,6%) y América (1,2%).

Los tres países con mayor carga militar fueron Ucrania (40%), Argelia (8,8%) e Israel (7,8%). “El mayor aumento se registró en Ucrania (+5,6 puntos porcentuales), seguida de Azerbaiyán (+1,4) y Noruega y Dinamarca (ambos +1,0)”, indica el SIPRI. Sudán del Sur y Burkina Faso registraron las mayores disminuciones.

En la boyante industria de la inteligencia artificial es difícil seguir la pista de todos los actores si no se es un usuario habitual de sus herramientas. Sobre Anthropic, una de las startups más punteras del negocio, la primera referencia que tuvo parte de la opinión pública llegó de una gran bronca de Donald Trump. Una “empresa de izquierda radical y woke” dirigida por “locos izquierdistas” cuyo “egoísmo está poniendo en riesgo vidas estadounidenses” y que aspira, según el presidente estadounidense, a “dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”.

El motivo que desencadenó el rapapolvo fue la guerra de Irán. El fin de semana en el que comenzaron los bombardeos estadounidenses sobre el país, Anthropic se negó a levantar algunas restricciones que pesaban sobre el uso militar de su IA. Según informó la empresa y medios estadounidenses, esos límites eran, en concreto, dos: el que impide que se use para dirigir armamento autónomo y el que la bloquea para realizar vigilancia masiva sobre la población.

Eso ocurrió hace dos meses. Esta semana, Trump se ha referido a la startup como “un grupo de gente muy inteligente”, que “pueden ser de gran utilidad”. “Me gusta la gente con alto coeficiente intelectual, y ellos sin duda tienen un alto coeficiente intelectual”, dice ahora el republicano sobre la cúpula de Anthropic. “Tienden a ser de izquierdas, de izquierda radical, pero nos llevamos bien con ellos”, admite: “Creo que se están encarrilando”.

¿Qué ha ocurrido entre ambas declaraciones? Según Trump, una reunión en la Casa Blanca en la que mantuvieron “conversaciones muy buenas” con Anthropic. Pero hay algo más que el republicano no cita: la salida a la luz de un modelo de inteligencia artificial que podría llevar la ciberseguridad mundial a un nuevo nivel. O ser la peor pesadilla de cualquier sistema informático, dependiendo de quién la controle.

El antes y después de Claude Mythos

La última semana de marzo, Anthropic comunicó que había desarrollado Claude Mythos, un modelo de inteligencia artificial que, asegura, posee una capacidad sin precedentes para identificar y explotar vulnerabilidades en los principales sistemas operativos y navegadores web: Mejor que los humanos más habilidosos.

Por este motivo, su lanzamiento se restringió a un puñado de empresas de confianza, con el objetivo de que pudieran analizar su ciberseguridad e impedir que Claude Mythos desencadenara una campaña de ataques informáticos a gran escala. Primero se otorgó acceso a las grandes tecnológicas estadounidenses, después a los bancos del país, y más recientemente a los bancos británicos.

Hasta el momento, esa lista de socios no ha dado apenas detalles sobre el funcionamiento de Claude Mythos. Amazon, Microsoft o Google (inversores directos de Anthropic) o bancos como Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup o Bank of America se han limitado a hacer declaraciones sobre la importancia estratégica de la ciberseguridad cuando han sido preguntados al respecto.

La única que ha dado cifras es Mozilla, la fundación que desarrolla el navegador Firefox, que este lunes publicó un parche para 271 agujeros de seguridad detectados por Mythos. “Las vulnerabilidades informáticas son finitas, y estamos entrando en un mundo donde finalmente podremos encontrarlas todas”, ha afirmado sobre las capacidades de este tipo de modelos.

Las vulnerabilidades informáticas son finitas, y estamos entrando en un mundo donde finalmente podremos encontrarlas todas

Fundación Mozilla — sobre Claude Mythos

“Lo único que se sabe es que es una herramienta superpotente”, explica Rafael López, investigador de ciberseguridad de la firma Checkpoint. “Si antes tú podías tardar un mes en encontrar vulnerabilidades de un producto, aquí estamos hablando de horas”, continúa.

“Puede sacar los colores a más de una aplicación y más de un sistema de seguridad, pero no es tan fuegos artificiales como lo han querido vender”, cuestiona el especialista: “Seguirán haciendo falta personas que revisen que todo lo que dice es correcto, aunque está claro que va a ayudar muchísimo y puede hacer que todo sea mucho más fácil”.

Esa falta de detalles sobre las capacidades reales de Mythos ha espoleado las suspicacias acerca de si todo lo que está sucediendo a su alrededor podría tener un componente propagandístico. Y uno de los primeros que ha apuntado en esa dirección es Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que también ha sido acusada múltiples veces de utilizar a su favor el marketing del miedo.

“Es una estrategia de marketing increíble decir: 'Hemos construido una bomba, estamos a punto de lanzarla sobre tu cabeza, te venderemos un refugio antibombas por 100 millones de dólares que necesitas para resguardar todas tus pertenencias, pero solo si te elegimos como cliente'”, ha afeado Altman, que hace dos años comparó el desarrollo de la IA con el Proyecto Manhattan, que derivó en la creación de la bomba atómica.

La ética de Anthropic y la desventaja estratégica con China

Cuando Trump cargó contra Anthropic hace dos meses, su golpe no se quedó en la dialéctica. También ordenó etiquetar a la startup como “un riesgo para la cadena de suministro”, lo que implica que ni ella ni ninguna otra empresa que tenga relación con ella puede ser contratada por la administración. En la práctica, equivale a un asesinato corporativo.

Anthropic llevó la decisión a los tribunales y consiguió frenarla de manera cautelar. Puede que la irrupción de Claude Mythos haya recordado a Trump cuáles son los riesgos de condenar al ostracismo a una de sus empresas de IA más punteras. Pero para entender por qué su reacción inicial fue tan contundente, hay que mirar a China.

La reacción de Anthropic al inicio de la guerra de Irán evidenció una desventaja estratégica entre Washington y Pekín. En el gigante asiático no se concibe que una empresa pueda poner límites al uso militar de su tecnología, como hizo la startup dirigida por Dario Amodei. “El sistema chino parte de la premisa de que cualquier desarrollo civil tiene una aplicación militar desde el primer día, y viceversa”, explica Claudio Feijóo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid especializado en la economía y tecnología chinas.

En Occidente, explica el experto, se suele hablar de “tecnologías duales” cuando pueden emplearse en ambos campos. En China, en cambio esa conexión se da por hecha y está integrada en la propia ley estatal a través del concepto de la “fusión civil-militar”. “Se aplica a todos los niveles de la sociedad”, continúa Feijóo, involucrando directamente tanto a “las universidades” como a “las empresas punteras de tecnología”.

Es bajo este prisma donde el castigo ejemplarizante de Donald Trump contra Anthropic cobra sentido estratégico. El temor de fondo en la Casa Blanca es el “efecto contagio”: el miedo a que la rebelión ética de una empresa sirva de ejemplo para que los empleados de otras corporaciones clave se nieguen a colaborar con el Pentágono, como ocurrió en el pasado en multinacionales como Google.

Como advierte Feijóo, se trata de una prueba más de que el mundo se está “chinificando”, al colocar “la seguridad nacional está por encima de cualquier otra cosa”. Cuando el Estado invoca la carta de la seguridad, “se pierde la racionalidad” y el mensaje a las empresas es claro: “todos en fila y a cumplir lo que hace falta para el país”.

Un acuerdo que nadie quiere firmar

Si bien la asimetría entre el Partido Comunista Chino y la Casa Blanca en el control que pueden ejercer de sus empresas tecnológicas queda en evidencia en casos como el de Anthropic, el problema radica en la desconfianza mutua entre las dos superpotencias. En el ámbito de la defensa existe desde hace años una iniciativa internacional para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (REAIM, por sus siglas en inglés) que busca garantizar que haya siempre “una persona en el bucle”: que ningún sistema autónomo ataque sin supervisión humana.

El acuerdo fue impulsado por Corea del Sur y Países Bajos y ha sido ratificado por decenas de países, entre ellos España. Pero en la lista no están Washington, ni Pekín, ni Moscú. “Nadie quiere firmarlo porque nadie se fía de que los otros lo estén cumpliendo”, explica Feijóo. “Cuando la gente no quiere firmar un acuerdo que tiene que ver con controlar la inteligencia artificial en el sector de defensa”, concluye, “lo que te hace pensar es que ya lo están haciendo”.

Entre la postal lluminosa de la badia de Palma i la cruesa de l’abandonament, el Baluard des Príncep s’alça avui com una metàfora incòmoda de la gestió del patrimoni i de la relació de la capital balear amb el seu propi passat. Construït al segle XVII com a part del sistema defensiu renaixentista que envoltava Palma —una complexa xarxa de muralles i baluards dissenyada per resistir setges i protegir la ciutat—, aquest enclavament va ser durant segles una peça clau de l’arquitectura militar. Tanmateix, el que antigament fou símbol de protecció i solidesa històrica, actualment es degrada entre escombraries, grafits i accessos forçats.

Després de cinc anys de paràlisi de les obres de rehabilitació que s’estaven duent a terme al bastió —interrompudes per la fallida de l’empresa que se n’encarregava—, el Govern central acaba d’adjudicar per 1,44 milions d’euros els treballs pendents a una nova empresa, Rigel Over, que s’ocuparà de culminar un projecte llargament suspès en el temps. La intervenció, tanmateix, no és més que l’últim capítol d’una història molt més llarga: la d’una actuació que arrenca als anys vuitanta i que, més que una obra concreta, constitueix una transformació urbana prolongada durant més de quatre dècades. Perquè aquest baluard, aparentment marginal en l’actual paisatge urbà, és en realitat un dels punts on millor es pot llegir la biografia profunda de Palma: una ciutat construïda —i destruïda— a cop de muralla.

L’origen de la transformació del Baluard des Príncep es remunta als anys vuitanta, quan els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña van plantejar una idea radical per al seu temps: no limitar-se a restaurar les muralles de Palma, sinó reconvertir-les en un sistema d’espai públic contemporani. El seu projecte —que es desplega al llarg de tot el front marítim de la ciutat— parteix d’una premissa clara: les muralles ja no tenen sentit com a infraestructura defensiva, però sí com a suport urbà. La intervenció no busca congelar el passat, sinó reinterpretar-lo i fer-lo habitable.

Convertir una antiga estructura militar en un espai transitable

Per a això, el disseny treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica —situada en cota elevada—, el fossat —a mitjana altura— i el front marítim, completament obert. L’arquitectura es converteix així en un sistema de connexions: escales, rampes, recorreguts i plataformes que transformen un antic límit militar en un espai transitable. El Baluard des Príncep no és, en aquest sentit, una peça aïllada, sinó un node dins d’aquest sistema.

El projecte de rehabilitació treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica, el fossat i el front marítim, completament obert, transformant un antic límit militar en un espai transitable

L’execució del projecte, tanmateix, ha estat lluny d’aquesta coherència conceptual. Ja el 2017, el Ministeri de Foment havia invertit més de 4,4 milions d’euros en diferents fases de l’entorn del baluard dins del programa estatal de rehabilitació patrimonial. La intervenció es va fragmentar en múltiples etapes (A, B, C, D, E i F) i va quedar interrompuda després de la fallida de la constructora encarregada de les darreres fases. El resultat: un espai pràcticament acabat, però inutilitzable. L’adjudicació actual arriba per completar aquest últim tram mitjançant la urbanització del fossat, l’execució de les connexions de sanejament, la construcció d’una escala i un pont que connectaran amb la Porta des Camp, així com la finalització de l’edifici de recepció de visitants. És a dir, no es tracta d’una obra nova, sinó de la rematada de què faltava perquè el projecte funcioni tal com va ser concebut.

Per entendre el significat del Baluard des Príncep cal retrocedir diversos segles. Més concretament, al moment en què va veure la llum la muralla renaixentista de Palma, considerada l’obra més colossal de totes les que s’han construït en els més de dos mil anys d’història de la ciutat i una de les de més envergadura de les erigides a Espanya. Projectada al segle XVI davant les noves necessitats defensives que van portar els nous temps després de l’abandonament de l’edat mitjana, encerclava la ciutat al llarg d’un anell de sis quilòmetres. Tanmateix, més enllà de les seves dimensions portentoses, el seu tret més revolucionari va ser la irrupció de dotze estructures baixes, massisses i geomètriques —vuit terrestres i quatre marítimes— que van transformar completament la lògica defensiva: els baluards.

La imponent fortificació es va construir absorbint part del traçat que des del segle XI havia ocupat la muralla àrab: composta per una successió de murs verticals i torres quadrangulars, presentava un estat precari malgrat les reparacions puntuals a què havia estat sotmesa i amb prou feines oferia ja resistència. Havia estat construïda amb carreus de marès i segments de tàpia, material que havia resultat eficaç per resistir l’impacte dels trets procedents de les catapultes, els arcs i les ballestes, però que havia quedat obsolet davant la irrupció dels canons i les bombardes, capaços de llançar projectils de pedra o ferro amb una potència fins aleshores desconeguda.

La revolució dels baluards

Amb l’aparició de la pólvora, ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa. Als baluards —Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador i Sant Jeroni— s’hi afegien vuit portes d’accés i, amb el temps, la capacitat militar de la fortificació es completaria amb un hornabec, tres revellins i un fossat de 24 metres d’amplada que envoltava la muralla terrestre, acabada de construir el 1714, després de cent trenta-nou anys des del seu inici. La superfície que ocupava el cinturó defensiu, amb els seus reforços exteriors i el fossat, arribava als 325.200 metres quadrats. Palma deixava de ser una ciutat simplement emmurallada per convertir-se en una autèntica màquina de guerra geomètrica.

Ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa

En el seu treball La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI, l’arquitecte Fernando Cobos-Guerra destaca que els baluards no van sorgir com una innovació estètica ni com una evolució natural de les muralles medievals, sinó com una resposta urgent a la irrupció de l’artilleria als segles XV i XVI, que va fer saltar pels aires el sistema defensiu tradicional: les torres altes i els murs verticals, eficients durant segles, es van convertir en blancs fàcils per als canons. Va ser en aquest context d’experimentació, assaig i error on va començar a gestar-se una nova manera de fortificar, basada no a resistir l’impacte, sinó en neutralitzar-lo mitjançant la geometria i el foc creuat.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular, on cada element pogués protegir l’altre. Així, el baluard permetia una cosa revolucionària: defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats, mitjançant l’anomenat foc de flanc. La defensa deixava de ser frontal per convertir-se en una xarxa interconnectada d’angles, trajectòries i cobertures.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular capaç de defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats

Després de la derrota soferta a la Goleta de Tunis el 1574, la monarquia hispànica va assumir que les fortificacions “perfectes i inexpugnables” que descrivien els tractats no garantien la invulnerabilitat, fet que va portar els enginyers a deixar de perseguir models ideals i a adoptar un enfocament més pragmàtic, adaptant cada sistema defensiu a cada lloc concret, a la seva topografia, a la posició de l’enemic i a les condicions del terreny. La geometria, l’aritmètica i l’experiència militar es van combinar així en un exercici complex en què no existien solucions universals. De fet, els mateixos tractadistes del segle XVI com Pedro Luis Escrivá —considerat el primer a formular els problemes de la fortificació moderna— o Cristóbal de Rojas —autor de Teòrica i pràctica de la fortificació (1598)— reconeixien que la fortificació era una ciència plena d’incerteses, on cada decisió podia significar la caiguda o la resistència d’una plaça.

En aquest context, el baluard es va convertir en el nucli del sistema defensiu. No era un element aïllat, sinó el lloc on “hi havia tot l’art de la fortificació”, en paraules dels enginyers de l’època: allà s’hi concentraven les casamates, les troneres i els mecanismes de foc creuat que garantien la defensa del conjunt. La seva forma —baixa, angulada, parcialment oculta al fossat— responia a una lògica precisa: ser menys visible, més resistent i, sobretot, més eficaç en el control de l’espai circumdant. Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic.

Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic

Aquesta evolució arribaria al seu punt culminant al segle XVII amb figures com Sébastien Le Prestre de Vauban, enginyer al servei de Lluís XIV, que va portar el sistema abaluardat a la seva màxima perfecció tècnica. Lluny d’inventar formes noves, Vauban va sistematitzar les ja existents: la seva gran innovació va ser entendre la fortificació com un sistema dinàmic i no com una forma tancada i, davant els models teòrics, va defensar una arquitectura militar basada en l’observació directa, l’experiència de camp i l’optimització de recursos, perfeccionant elements com els fossats, els glacis o les obres exteriors per crear defenses en profunditat.

En el cas de Palma, tal com documenta l’historiador Jaime Escalas Caimary en el seu llibre Les muralles de Palma (1955), en què té en consideració les descripcions que ja havia fet l’arxiduc Lluís Salvador en la seva obra La ciudad de Palma (1882), la forma dels baluards era la mateixa en tots ells, excepte en els dos purament marítims, el de Chacón i el de Berard, més petits que la resta. Altres dos, amb la seva gran elevació i la seva ubicació entre terra i mar, sobresortien del recinte defensiu: eren el de Sant Pere i el dels Capellans o es Príncep —en honor a Felip II—, els dos únics bastions que perviuen en l’actualitat.

El d’Es Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles i va arribar a acollir instal·lacions vinculades a la formació i pràctica d’artilleria, en línia amb la funció estratègica del sistema defensiu de Palma en època moderna.

El baluard des Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles

Comença la demolició de les muralles

Tanmateix, allò que durant segles va ser imprescindible va acabar convertint-se en un problema. Durant el temps en què bona part del cinturó renaixentista de Palma va romandre dempeus, l’expansió de l’Imperi Otomà va ser considerada una amenaça i una preocupació de primer ordre per a Felip II, que va veure a les Balears una posició estratègica per defensar el territori de possibles atacs. La construcció de la façana marítima de la fortificació, però, no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, l’Imperi Otomà ja es trobava en decadència i aquest tipus de muralla començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir, un enderroc del qual se salvaria el Baluard des Príncep.

La construcció de la façana marítima de les muralles de Palma no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, aquest tipus de fortificació començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir

La justificació popular que va adquirir més pes per impulsar l’enderrocament del recinte va ser la filosofia higienista imperant a l’època, encapçalada a Mallorca per l’enginyer Eusebi Estada, una de les veus que amb més ímpetu va defensar l’enderroc en la seva obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885), sota el pretext que, com a conseqüència de la presència de les muralles, la població vivia amuntegada i en condicions d’insalubritat. Estada assenyalava que a mitjan segle XVII, l’àrea edificada que ocupava Palma era de 1.023.300 metres quadrats, incloent-hi els seus carrers i les seves places, per la qual cosa a cada habitant li corresponien uns 37 metres quadrats. Tanmateix, advertia, a finals del segle XIX la superfície per habitant es va reduir a 24 metres, quan, segons el seu parer, la dimensió idònia per persona havia de ser de 40 metres quadrats.

Davant dels qui advocaven per enderrocar les muralles, altres s’hi oposaven ferventment, com Bartomeu Ferrà, mestre d’obres de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, que va defensar un pla d’eixample de Palma en què es preservava el recinte renaixentista, envoltant-lo de zones enjardinades a partir de les quals la ciutat podria anar creixent. Garau sostenia així que les muralles sí que podien harmonitzar amb el desenvolupament i la modernització de la capital balear, una postura que, actualment, continuen compartint nombrosos historiadors. L’Ajuntament es va decantar finalment, el 1901, pel projecte presentat per l’enginyer Bernat Calvet, el conegut com a “pla Calvet”, que, sota el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Feliç aquell que pot conèixer les causes de les coses”), preveia l’eliminació de la fortificació, seguia els criteris d’un plànol radio concèntric i apel·lava a l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectes a les muralles.

Els baluards sobreviuen

Amb tot, les muralles no van desaparèixer del tot. Continuen presents en el traçat urbà: les Avingudes de Palma segueixen el recorregut de l’antic fossat i la seva forma en ziga-zaga reprodueix la geometria defensiva renaixentista. El barri antic manté l’estructura heretada d’una infraestructura militar que ja no existeix, amb l’excepció dels baluards de Sant Pere i des Príncep. El de Sant Pere va passar a mans privades a la segona meitat del segle XX: els seus nous propietaris van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir: la pressió social va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic i se n’impulsés la reconstrucció tot just dos anys després, el 1965.

A la segona meitat del segle XX, els nous propietaris del baluard de Sant Pere van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir i va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic

No seria fins a finals dels anys vuitanta quan els terrenys van recuperar la seva vocació pública, després de ser requalificats i sotmesos a un procés d’expropiació que, tanmateix, va quedar durant anys en punt mort. L’espai va romandre abandonat fins al 1997, quan l’Ajuntament de Palma va cedir els terrenys per a la construcció d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurat el 30 de gener de 2004.

El 2023, la polèmica va colpejar de nou al baluard arran de les obres d'instal·lació sobre el mateix d'un exclusiu beach club, fet que va desencadenar una forta contestació social i institucional. Els treballs van ser finalment paralitzats després de detectar-se greus irregularitats, incloent-hi la construcció d’elements no autoritzats i l’alteració del subsol protegit. Associacions com ARCA van denunciar que la intervenció convertia el patrimoni en un “contenidor” al servei d’un ús privat i elitista, allunyant-lo de la seva funció pública i de contemplació. L’episodi va reobrir un debat de fons que travessa tota la història recent de les muralles: fins a quin punt s’han d’adaptar a nous usos i on se situa el límit entre la seva activació contemporània i la seva desnaturalització.

A finals del 2025, el derrumbament parcial d'una torre medieval integrada al Baluard de Sant Pere -un dels pocs vestigis visibles de la Palma islàmica- va tornar a encendre totes les alarmes sobre l’estat del patrimoni defensiu de la ciutat. Les entitats conservacionistes van denunciar la “inacció prolongada” de les administracions malgrat les advertències reiterades durant anys sobre el risc estructural del conjunt, i van alertar que el col·lapse afectava un tram complet del llenç històric, construït en tàpia i morter.

El Baluard des Príncep, per la seva banda, va viure un dels episodis més controvertits de l’urbanisme de la capital balear: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. El complex, projectat el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena —recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco i posteriorment ministre de l’Exèrcit—, es va materialitzar en diferents fases al llarg de les dècades següents, consolidant l’ocupació d’aquest enclavament estratègic. Lluny de ser una intervenció menor, es tractava de diversos edificis residencials que van arribar a allotjar més d’un centenar de famílies i que van transformar completament la fesomia del baluard, ocultant-lo rere una arquitectura aliena al seu caràcter històric.

El Baluard des Príncep va viure un dels episodis més controvertits: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. L’edificació va ser projectada el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena, recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco

Durant anys, la seva presència va simbolitzar la tensió entre desenvolupament urbà i conservació del patrimoni a Palma, en un context en què la mateixa muralla havia deixat d’entendre’s com un element central de la ciutat. El desenllaç no arribaria fins a finals dels noranta, moment en què es va produir el gir definitiu: després d’un llarg procés de negociacions, expropiacions i reallotjaments, el Ministeri de Defensa va cedir els terrenys a l’Ajuntament, fet que va permetre alliberar un enclavament fins aleshores inaccessible i obrir la porta a un ambiciós projecte de transformació urbana que buscava retornar el baluard a la ciutat.

Des d’aleshores, el Baluard des Príncep ha transitat de recinte tancat i degradat a espai en procés de reintegració, convertit avui en una peça clau —encara inacabada— dins la relectura contemporània de les muralles de Palma.

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

En el verano de 2025, el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou quedó bloqueado. Al intentar pagar un billete de tren o un café con su tarjeta, el terminal daba error. Todas sus reservas de viajes quedaron canceladas. Tampoco podía usas sus suscripciones a servicios digitales, recuperar los datos que había almacenado en la nube ni enviar correos electrónicos. El magistrado había sido sancionado por Donald Trump por investigar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y ratificar la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu.

El veto implicó que todas las empresas estadounidenses dejaran de prestarle servicio. Sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard se convirtieron en trozos de plástico. Sus cuentas en Amazon, Microsoft o Gmail quedaron anuladas. Sus reservas de viajes con Expedia, una empresa con sede en Seattle, se cancelaron. Desde entonces Guillou, así como otros miembros de la Corte sancionados, tienen que llamar primero a los alojamientos o estaciones para saber si aceptan dinero en efectivo. El juez goza de libertad en las calles europeas, pero ha sido apartado de la sociedad digital: “Es como volver a la década de 1990”, expresa.

El de Guillou es un caso micro. Cuando esto ocurre a nivel macro, entra en juego el futuro de naciones enteras y millones de personas. Así puede atestiguarlo Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano lo sufrió en las primeras semanas de Trump en el cargo, cuando el presidente estadounidense ordenó a la empresa de satélites Maxar que dejara de suministrar imágenes al ejército ucraniano para forzar a Kiev a negociar con Moscú.

La misma noche en la que comenzó el bloqueo, las tropas de Vladímir Putin atacaron la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rih, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a más de 30. El frente de batalla ucraniano quedó a ciegas, sus pilotos de drones tuvieron que parar sus contraataques y las defensas aéreas quedaron en clara desventaja ante la aviación rusa.

Se trata de una realidad de la que numerosos especialistas han avisado durante décadas, anunciada por casos como el de Julian Assange, pero que ahora toda Europa vive en primera persona. La Casa Blanca tiene “un botón de apagado” para numerosas tecnologías y sistemas críticos del continente y bajo el mandato de Trump no duda en usarlo para forzar a los países europeos a seguir sus intereses.

El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra: es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar

Cori Crider — directora del Future of Technolofy Institute

Esta es la principal conclusión del informe Defensa en la nube: un flanco europeo expuesto, elaborado por el think tank Future of Technology Institute (FOTI), con sede en Bruselas. El análisis, que se presenta este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha elaborado a partir de datos abiertos sobre las contrataciones públicas del continente. El resultado arroja que 23 de los 28 países analizados dependen de los gigantes tecnológicos estadounidenses para sostener sistemas críticos de sus ejércitos y agencias de seguridad.

Esto les deja a merced de bloqueos como el que sufre el juez Guillou y sus compañeros de la Corte Penal Internacional o el de Ucrania. “El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra”, dice Cori Crider, directora ejecutiva del instituto, “es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar”.

“La administración Trump y sus patrocinadores de las grandes tecnológicas han convertido nuestras dependencias tecnológicas en un arma, y esto parece que solo irá a peor”, asevera.

Riesgo alto en más de la mitad de los países europeos

El mapa de riesgo que dibuja el FOTI divide al continente en dos grandes bloques de alerta. En el nivel de riesgo alto se encuentran 16 naciones, incluyendo a potencias militares como el Reino Unido, Alemania y Polonia. Los investigadores las colocan en el peldaño más alto por su política de contratación de forma directa con los hiperescaladores estadounidenses, como se conoce al grupo formado por Amazon, Google, Microsoft y Meta, por la potencia y envergadura de sus centros de datos.

España, por su parte, se ubica entre los siete países con un riesgo medio, marcado por el peligro de las “dependencias ocultas”. Esto se debe a que aunque los gobiernos de estos países han impulsado políticas para recurrir a proveedores nacionales y blindar su soberanía, estos a su vez siguen dependiendo de empresas estadounidenses para desplegar todas las capacidades del sistema. El informe destaca que España tiene una gran dependencia de Oracle, una multinacional estadounidense de centros de datos.

A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo

Tobias Bacherle — coautor del estudio

Los autores del estudio reflejan como las compañías de EEUU, conscientes de esta preocupación, han empezado a ofrecer a los países europeos redes aisladas de Internet y sin conexión con Washington, lo que impediría que la Casa Blanca pudiera forzarlas a echarlas abajo en un momento dado. Sin embargo, el “botón de apagado” va más allá de esa conexión física, alertan.

“A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. Esto se debe a que necesitan renovaciones de las licencias y parches de seguridad. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo”, avisa Tobias Bacherle, coautor del estudio.

Este poder tiene nombre y apellidos legales. La principal herramienta de la Casa Blanca para bloquear el uso de su tecnología es la legislación de sanciones de EEUU, que prohíbe a cualquier empresa estadounidense prestar servicios a las personas o entidades que Washington decida incluir en sus listas negras. Ese fue el marco que obligó a Microsoft, Expedia o Visa a cortar sus servicios a los jueces de la Corte Penal Internacional de forma instantánea.

Al paquete de bloqueo se suma la llamada CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses exigir a sus empresas tecnológicas el acceso a datos almacenados en servidores europeos, lo que llevó al ejército suizo a prohibir el uso de WhatsApp en 2022, destaca el informe. La última es la ley FISA, que habilita la vigilancia de comunicaciones incluso en sistemas teóricamente aislados. Cuando el director legal de Microsoft compareció ante el Senado francés y le preguntaron si podía garantizar que los datos europeos estaban a salvo del gobierno de EEUU, su respuesta fue: “No, no puedo”.

Logística, gestión de personal, armas

Aunque este botón de apagado se ha relacionado tradicionalmente con los servicios digitales y financieros, sobre todo desde que EEUU lo pulsó para acorralar a Assange y Wikileaks, los investigadores explican que no se circunscribe solo a estos sectores. El documento establece que la dependencia de la nube estadounidense abarca los sistemas más vitales de las fuerzas armadas europeas, incluyendo “desde armas hasta logística y gestión de personal”.

Katja Bego, investigadora de Chatham House (un think tank británico de política internacional que se encuentra entre los más influyentes del mundo) destaca que también está “directamente incrustado en los sistemas de armas” y puede, literalmente, “dejar en tierra a nuestros aviones de combate”.

Aunque no lo cita directamente, Bego evoca la gran polémica de los últimos años respecto al botón de apagado tecnológico de EEUU. Se trata del cazabombardero F35, el más moderno de los que emplea y vende EEUU. Este es un avión de combate de última generación con multitud de sistemas conectados, que dependen de software, actualizaciones y flujos de datos controlados en buena medida por empresas y autoridades estadounidenses.

En la práctica, esto significa que estos cazabombarderos necesitan acceso continuo a estos sistemas para operar con normalidad. Esta situación, que se consideraba normal en el marco de la OTAN antes del segundo mandato de Trump, ha disparado los debates sobre si el republicano podría impedir el uso de los F35 a los países que los han adquirido en uno de sus arrebatos geopolíticos.

Estas dudas han provocado que varios países, como España, Portugal, Suiza o Canadá, rechacen comprar el caza o pidan cancelar los contratos ya existentes. Sin embargo, buena parte de las principales potencias europeas ya los tiene en sus fuerzas aéreas.

Comprar europeo y código abierto: la hoja de ruta contra el apagón tecnológico

El informe del FOTI traza un plan de acción “urgente” centrado en romper la dependencia con los gigantes tecnológicos. La principal recomendación es establecer planes de migración graduales para trasladar los sistemas militares más críticos a nubes plenamente europeas antes de 2030. “La infraestructura en la nube debe tratarse como un pilar central de la estrategia de defensa de Europa”, recalca Tobias Bacherle.

El Instituto urge a los gobiernos a reformar sus normativas de contratación pública para instaurar políticas que prioricen a los actores europeos y el software de código abierto. Esto implica exigir que la informática gubernamental y de defensa sensible opere exclusivamente en infraestructuras alojadas y controladas legalmente dentro de Europa, excluyendo de las licitaciones a aquellas plataformas que se comercializan como soberanas, pero que siguen expuestas al alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Además, los expertos advierten contra la actual fragmentación del continente, donde cada país busca parches por su cuenta. La solución, apuntan, pasa por aunar y unificar las compras entre los Estados miembros para generar la demanda suficiente que permita crecer a las empresas tecnológicas locales.

Para los autores, esta crisis de dependencia encierra una oportunidad histórica. Con el gasto militar europeo disparado hasta los 381.000 millones de euros, los investigadores piden a los gobiernos que utilicen estos colosales presupuestos como una “palanca de política industrial”. Como destaca Katja Bego, gran parte de esta tecnología en la nube y la inteligencia artificial es de “doble uso” (militar y civil), por lo que invertir en un ecosistema de defensa propio generaría un efecto dominó que impulsaría todo el sector comercial y tecnológico europeo.