Una cadena de “errores” deja a un menor migrante en la calle en plena ola de calor tras salir de un hospital en Sevilla
D.D. es un joven senegalés de 17 años que llegó a España en 2024 con la esperanza de encontrar trabajo y ayudar a su madre. Al principio recorrió distintos centros de acogida y albergues para personas sin hogar, mientras intentaba abrirse camino lejos de casa. Hace unos meses se trasladó a Sevilla para trabajar en el campo, hasta que el sábado 6 de junio ingresó en el hospital Virgen Macarena tras sufrir un grave episodio de salud mental. El pasado lunes 22 recibió el alta. Cuando cruzó la puerta del centro hospitalario ya no tenía cama asignada, ni un lugar donde continuar su recuperación. En plena ola de calor, D.D. volvió directamente a la calle.
Su caso resume una cadena de “errores institucionales” que las plataformas de apoyo a personas migrantes llevan años denunciando. Cuando recaló en territorio español a través de Canarias, manifestó ser menor de edad, pero nunca se le identificó como tal. No se abrió un expediente de determinación de edad, no intervino la Fiscalía de Menores y tampoco fue inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), pese a que lo exige la legislación vigente. Desde entonces quedó atrapado en un limbo burocrático del que aún no ha salido: su país de origen lo reconoce como menor de edad, pero la Administración española lo registró como adulto a su llegada.
Como consecuencia de esa identificación errónea, fue derivado al circuito de atención para personas adultas, donde se le animó a presentar una solicitud de protección internacional. Así obtuvo la conocida como “tarjeta roja”, el documento que acredita –a los mayores de edad– la condición de solicitante de asilo. En esa tarjeta figura una fecha de nacimiento que, según la documentación oficial de su país de origen, no es la suya.
Una vez se estabilizó en territorio español, D.D realizó los trámites para recuperar su documento de identidad senegalés. Este periódico ha podido comprobar la existencia de una carta nacional de identidad, expedida por el Consulado de Senegal en Madrid en mayo de este año, que sitúa su fecha de nacimiento en noviembre de 2008. elDiario.es también ha tenido acceso a los escritos remitidos por Laia Costa, activista jurídica especializada en derechos de menores no acompañados, a la Junta de Andalucía, la Fiscalía de Menores, el Hospital Virgen Macarena, ACCEM y ACNUR antes de que se produjera el alta hospitalaria.
En ellos se advertía de la minoría de edad del joven, de su situación de “extrema vulnerabilidad” y de la necesidad de activar un recurso habitacional adecuado antes de que abandonara el hospital, en aras de evitar que el joven volviera a la calle, como finalmente ha sucedido. La jurista alertaba además de que dejar a un menor con problemas de salud mental sin alojamiento tras el alta médica “constituiría una omisión grave que podría ser calificada como abandono de menor”, según el Código Penal. Pese a ello, el alta se produjo y D.D. salió del hospital sin que se hubiera activado ninguna medida preventiva de protección que garantizara su correcta recuperación.
Atrapado entre dos vidas
“Es como si tuviera dos vidas”, resume una de las activistas que lo acompaña desde su etapa en Extremadura. Una de ellas aparece en la documentación expedida por las autoridades senegalesas que refleja que a día de hoy tiene 17 años y, por tanto, sigue siendo menor de edad. La otra es la que figura en buena parte de su recorrido administrativo en España desde que llegó a Canarias, donde fue incorporado al circuito de atención para personas adultas.
A juicio de la activista jurídica, el conflicto radica en el valor que las administraciones conceden a los distintos documentos que obran en el expediente. “El artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los documentos extranjeros tendrán en España el mismo valor que los documentos públicos españoles, mientras no sean impugnados judicialmente”, explica Costa.
Sin embargo, aun existiendo documentación expedida por el Consulado de Senegal que acredita su minoría de edad, parte de su trayectoria administrativa en España continúa vinculada a los datos con los que fue registrado al llegar a Canarias y que posteriormente quedaron reflejados en su documentación como solicitante de protección internacional. “La tarjeta roja es únicamente un documento acreditativo de su condición de solicitante de asilo; no constituye en modo alguno una resolución de determinación de edad ni tiene valor probatorio sobre la edad del solicitante”, sostiene la jurista.
La situación de “desprotección” en la que se encuentra actualmente D.D. es, según Costa, “consecuencia directa del error institucional inicial”: no haber sido identificado como menor desde su llegada. Se trata de una práctica recurrente en el sistema de acogida: la “sistemática falta de identificación adecuada” de los menores migrantes que llegan por la ruta canaria. De acuerdo con la jurista, numerosos menores que llegan a través de Canarias quedan inicialmente fuera de los mecanismos de identificación y protección previstos para la infancia migrante, una situación sobre la que el Defensor del Pueblo ha llamado la atención en reiteradas ocasiones por el riesgo de desprotección que genera.
Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico indican que el caso está en manos de la Fiscalía de Menores, después de que el hospital se lo remitiera. Hasta que el Ministerio Público no acredite que es menor, añaden las fuentes, el Gobierno andaluz no puede activar las medidas de protección que corresponden.
Según ha podido saber este diario, la Fiscalía ha citado al joven este jueves para la realización de pruebas de determinación de edad. Una decisión que ha sido recibida con críticas por parte de las personas que acompañan su caso, que cuestionan la necesidad de recurrir a estas pruebas cuando existe documentación oficial de su país de origen que acredita su fecha de nacimiento.
Un caso especialmente sensible
Si el caso de D.D. preocupa a las organizaciones que le acompañan no es únicamente por el fallo de identificación, sino por su situación de especial vulnerabilidad. El joven acaba de salir de un ingreso hospitalario por problemas de salud mental y, según apuntan las personas que siguen su caso, carece de la estabilidad necesaria para afrontar en solitario tanto su tratamiento como los trámites administrativos que condicionan su futuro.
“D.D. no sabe leer y necesita apoyo constante”, explica una de las activistas que le acompaña desde hace meses. “Lo que necesita ahora mismo es estabilidad habitacional, un lugar donde vivir y alguien que le ayude a seguir el tratamiento que le han pautado”, insiste.
La preocupación también aparece reflejada en el expediente médico del hospital sevillano. En uno de los informes a los que ha tenido acceso este periódico, los profesionales sanitarios solicitan que se realicen “cuantas actuaciones sean precisas por las entidades competentes para facilitar” al joven el acceso a sus derechos de protección y subrayan que disponer de “un espacio estructurado donde vivir y apoyos válidos tendrá una repercusión pronostica positiva”.
Actualmente, D.D. permanece en un asentamiento chabolista de La Rinconada. Las personas que le acompañan temen que las altas temperaturas de estos días, unidas a la falta de estabilidad y a las dificultades para seguir correctamente la medicación prescrita, compliquen aún más su recuperación.
Desde la plataforma de apoyo a personas migrantes sostienen que la responsabilidad de protegerle corresponde a la Fiscalía de Menores y a la Junta mientras se resuelve definitivamente su situación. Recuerdan que el único momento en el que el joven ha sido tratado como menor desde que llegó a España fue durante su ingreso hospitalario, donde fue atendido en el área de menores después de que se aportara la documentación expedida por las autoridades senegalesas.
Por ello exigen su reconocimiento inmediato como menor extranjero no acompañado y la apertura de un expediente de tutela por parte de la Junta de Andalucía, al considerar que es la administración competente por encontrarse actualmente en su territorio. “Nos preocupa la deshumanización que se está normalizando y el incumplimiento constante de las normas destinadas a proteger a menores sin red familiar ni apoyo”, denuncian desde la plataforma.
Mientras las administraciones verifican la edad de D.D, el joven sigue esperando. Tiene una carta de nacimiento reconocida por su país de origen, una cita para someterse a pruebas de determinación de edad y un tratamiento médico que continuar. Pero, por ahora, sigue sin tutela, sin alojamiento estable y sin un lugar seguro donde recuperarse.