La bancarrota del capital financiero y la reacción neofascista: la barbarie fronteriza frente al colapso imperial

Cuando la deuda pública de los Estados Unidos cruza la frontera matemática de la quiebra e ingresa en la asfixia estructural —alcanzando la cifra de 31,27 billones de dólares frente a un Producto Interno Bruto estimado en 31,22 billones de dólares al término del primer trimestre de este año—, la economía política imperialista no experimenta una simple sacudida coyuntural, sino una agonía de clase de dimensiones históricas. Este umbral no se registraba desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de aquel periodo de reconstrucción y expansión del capital, hoy el imperio anglosajón, impregnado de sionismo, carece de base productiva real para amortizar semejante losa. Incapaz de garantizar la cuota media de ganancia mediante la acumulación ordinaria y viendo desplazado el centro de gravedad económico global hacia la masa continental euroasiática, el capital financiero norteamericano y sus comparsas occidentales se ven abocados a activar los mecanismos más agresivos y criminales de la reacción.

Las estructuras profundas de la historia de las sociedades se hacen visibles precisamente en la coyuntura de crisis extrema, cuando las contradicciones de clase estallan e imponen la violencia imperialista para reordenar el mundo. Para sostener esa astronómica deuda de más de 31 billones de dólares y preparar las condiciones económicas y sociopolíticas de un conflicto abierto contra la alianza estratégica formada por la República Popular China y la Federación Rusa, el bloque atlantista requiere desesperadamente pacificar y disciplinar su propia retaguardia social. La bancarrota del imperio no se liquida con ajustes contables; se salda mediante la expropiación, el colonialismo y la reorganización autoritaria del frente interno metropolitano. Y en esa arquitectura de dominación reaccionaria, la fabricación industrial de un enemigo de diseño es un requisito metodológico e ideológico imprescindible.

La masa desposeída de trabajadores migrantes, arrojada a las fronteras de Ceuta y del Mediterráneo o hacia al archipiélago canario, a través de la mortal ruta atlántica, por el pillaje colonial en el Sur Global, es convertida deliberadamente en el chivo expiatorio sobre el que canalizar el pánico social y la frustración de las clases subalternas europeas. Antonio Gramsci explicó con insuperable lucidez cómo las oligarquías en fase de descomposición hegemonizan la sociedad construyendo mitos irracionales que fracturan la conciencia de clase y dirigen el resentimiento de los penúltimos contra los últimos. La criminalización de la inmigración no es un exceso discursivo ni un error de gestión administrativa: es la operación fundamental de ingeniería social diseñada para imponer la hegemonía del odio e inocular el virus del racismo visceral en el cuerpo social metropolitano.

Bajo este despliegue, asistimos a la configuración de un auténtico IV Reich de naturaleza financiera, militar y mediática, articulado en torno a la cruzada ideológica antiizquierda que Washington cocina bajo el eufemismo de combatir el “resurgimiento del terrorismo político”, sumando a más de sesenta naciones a su disciplina atlantista en la cumbre celebrada el 16 de julio pasado en la capital estadounidense. En la trinchera europea, las corporaciones mediáticas, los algoritmos de las grandes plataformas digitales y la extrema derecha política operan como el brazo ejecutor de este nuevo orden fascista. Las provocaciones orquestadas a través de redes sociales para incitar colapsos en las vallas de Ceuta, las proclamas que exigen literalmente “cazar” seres humanos para deportarlos sumariamente, la rebeldía institucional de las comunidades autónomas españolas gobernadas por la reacción al negarse a acoger a menores desamparados, e incluso la presión judicial contra el Gobierno español no son fenómenos inconexos, sino los aperos de una estrategia de guerra psicológica brutal.

En este laboratorio geopolítico de la reacción, la figura de Giorgia Meloni adquiere una centralidad sintomática y peligrosa. Al imponer unilateralmente controles fronterizos para los viajeros procedentes de España, el ejecutivo neofascista de Roma no solo dinamita las libertades formales del espacio Schengen y aplica la doctrina del sospechoso generalizado, sino que instrumentaliza la crisis para erigirse en el capataz ideológico del atlantismo en la cuenca mediterránea. Esta ofensiva de la ultraderecha transalpina busca rendir dividendos electorales inmediatos y alinearse ciegamente con la agenda de Donald Trump y Elon Musk, pero proyecta además una sombra de consecuencias extraordinarias e inmediatas sobre el Archipiélago Canario.

En Canarias, donde reside una de las colonias de ciudadanos italianos más numerosas y sociológicamente complejas del Estado español, el riesgo político y sociológico resulta evidente: las políticas de movilización del odio del gobierno de Meloni actúan como un potente catalizador de fractura social. Existe un riesgo latente de que la inyección constante del dogma de la “prioridad nacional” y el chovinismo populista contamine a esta importante comunidad residente, empujando a sectores de la misma hacia posturas de repliegue identitario y enfrentamiento xenófobo en un territorio insular que es, precisamente, la primera frontera española en el Atlántico medio del dolor de la migración africana, máxime cuando el Gobierno español ha respondido con medidas de control fronterizo a los que lleguen de Italia. Semejante dinamita ideológica representa un serio riesgo de fragmentación de la solidaridad de clase y de la convivencia entre la clase trabajadora canaria y la población migrante e inmigrante, amenazando con transformar la convivencia plurinacional en un polvorín de tensiones raciales que solo beneficia a las oligarquías locales y al gran capital financiero.

Antonio Scurati ha retratado con precisión histórica en Los últimos días de Europa la mecánica exacta de este fenómeno: el fascismo no irrumpe mediante un golpe repentino, sino mediante la anestesia moral, la degradación sistemática del lenguaje jurídico y la aceptación gradual de la violencia contra el diferente. El paralelismo con el nazifascismo de los años treinta es absoluto y lacerante. La “prioridad nacional” no es otra cosa que el nombre contemporáneo de la segregación chauvinista de clase, convertida en norma legal para erosionar el derecho sustantivo e instrumentar el derecho penal y el administrativo sancionador contra los desposeídos.

Dentro de este esquema de agresión global, España y el gobierno central presidido por Pedro Sánchez representan en la actual correlación de fuerzas un obstáculo político y geopolítico que el IV Reich necesita derrocar a cualquier precio. Un gobierno en Madrid que pretenda mantener mínimos cauces de contención social, defender la legalidad internacional o negarse al alineamiento automático y sumiso con el atlantismo más belicista constituye un estorbo intolerable para los planes de la oligarquía financiera norteamericana y europea. De ahí la ferocidad del acoso institucional, la asfixia parlamentaria en el Senado y el linchamiento mediático derechista coordinado: para el imperialismo en quiebra no puede haber matices ni fisuras en la retaguardia europea cuando se prepara el gran zarpazo militar e industrial contra el bloque euroasiático.

No cabe llamarse a engaño ni refugiarse en abstracciones tibias o eufemismos socialdemócratas. El enemigo de clase ha enseñado sus cartas y está dispuesto a triturar la convivencia democrática, la legalidad internacional y las garantías procesales más elementales con tal de preservar el dominio del gran capital a expensas del derramamiento de sangre. La criminalización del inmigrante en las fronteras de Ceuta o Canarias, la agitación supremacista de la extrema derecha española, con el patrocinio de la Casa Blanca y del sionismo, y la desestabilización de las instituciones no son más que los preparativos ideológicos, en el Estado español, de una oligarquía imperial exhausta que pretende arrastrar a la humanidad entera a la barbarie. La batalla decisiva no es técnica ni administrativa; es una lucha de clases a escala planetaria donde la única respuesta legítima y eficaz frente al neofascismo es la movilización consciente, el rigor interpretativo y la defensa irrenunciable del internacionalismo organizado de los trabajadores.