PP y Vox tumban la moción para proteger las VPO de 102 familias de Sevilla que compró un fondo de inversión
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado la moción presentada por Con Podemos-IU para proteger a los vecinos de las 102 familias residentes en las viviendas protegidas de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, número 27, mediante su incorporación al Parque Público de Vivienda y evitar su desalojo por parte del nuevo fondo de inversión propietario.
Según ha detallado el portavoz de IU, Ismael Sánchez, la decisión era “defender a las familias o a la especulación” y ha afeado que PP y Vox hayan elegido “no comprometerse” con la compra del edificio. “El Ayuntamiento debe comprar el edificio y las familias tienen que quedarse en sus casas”, ha defendido. Asimismo, Sánchez ha explicado que los habitantes del edificio están recibiendo cartas de parte del nuevo propietario, avisándoles de que subirán los alquileres.
En el otro lado, el portavoz de VOX, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado que los vecinos están “en buenas manos”. En ese momento ha sido interrumpido por un grupo de damnificados con los que ha intercambiado unas palabras, con las que ha indicado que entiende la preocupación pero que “no van a tener ningún problema para seguir en sus casas”. “La solución la tienen en la Ley”, ha concluido el portavoz de Vox mientras desalojaban a los vecinos.
“Del lado del fondo buitre”
Por su parte, el PSOE ha afirmado que PP y Vox se han puesto del lado del “fondo buitre que ha comprado el edificio”, a diferencia de lo ocurrido en Málaga, donde el gobierno popular ha adquirido un edificio de similares características.
En cuanto al PP, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que su voto en contra se ha debido a que la coalición proponente “no ha permitido el voto por separado” de la moción y ha asegurado que han visitado el edificio para ofrecer dar solución caso a caso. “Envisesa está a disposición para defender sin fisuras a los vecinos”, ha concluido.
La comunidad de vecinos Alberto Jiménez Becerril, 27, se concentrará esta tarde, a las 21.00 horas, como protesta por la subida de un 46% en los alquileres y la decisión del Consistorio de no ejercer el derecho de tanteo y retracto tras la venta del bloque de viviendas protegidas.
Venta por 4,2 millones
El inmueble fue puesto a la venta por Inmocriteria Arrendamiento SLU (perteneciente a InmoCaixa, filial inmobiliaria del banco) con un precio de cerca de 4,2 millones de euros, lo que arrojaría una media de poco más de 40.000 por piso. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó ejercer el derecho de tanteo e incorporar al parque público de vivienda este inmueble mientras Gerencia de Urbanismo alegaba que había una decena de pisos “ocupados ilegalmente”, a lo que los inquilinos, que pagan el alquiler desde 2011, se han opuesto.
Por tanto, apareció un nuevo fondo de inversión: Inmoviling SXXI SL, una compañía radicada en Catalunya. “Hasta el pasado 14 de abril nuestro interlocutor era InmoCaixa (Obra Social La Caixa). Pero un vecino fue a poner una reclamación telefónica y le comunicaron que ellos ya no gestionaban el edificio”, explicaba Adolfo a este medio, uno de los inquilinos, y que fue adjudicatario de uno de los pisos destinados a menores de 35 años (85 de los 102). Junto con los mayores de 65 años (otros 14) y tres adaptados, eran los que podían optar a estas viviendas con garaje (por un alquiler que actualmente oscila entre los 300 y los 350 euros), si cumplían también los requisitos de ingresos. Ahora, el futuro es incierto.