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Estos son los bienes que la Iglesia puso indebidamente a su nombre

elDiario.es

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El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha entregado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado que contiene el cerca de millar de bienes inmuebles que la Iglesia reconoce que no son suyos pese a estar inmatriculados a su nombre. La entrega se produce tras el acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, por el cual los obispos admitían que en el listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados gracias a la ley de José María Aznar entre 1998 y 2015 existen “un conjunto que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Las entidades locales tendrán ahora que identificar a sus legítimos propietarios.

La Iglesia vendió 122 viviendas y fincas que puso indebidamente a su nombre

Saber más

Este es el listado completo de los bienes irregulares que ya tienen en sus manos los ayuntamientos, aunque el ministro de Presidencia aseguró que seguirán trabajando con la Iglesia para dirimir algunos dudosos y el Gobierno invita a quienes crean que tienen derechos de titularidad sobre algunos de los bienes inmatriculados a reclamar ante la comisión creada entre el ministerio y la Conferencia Episcopal.

El Gobierno ha traslada a la FEMP el listado para que sean los ayuntamientos los que se encarguen de identificar a los legítimos propietarios de esos bienes, entre los que hay fincas, viviendas e incluso lugares de culto, para que “se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder”. “A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, rezaba el comunicado suscrito por Moncloa y la Conferencia Episcopal el lunes. En el caso de que haya inmuebles de los que figuran en el listado que no tengan un dueño conocido, pasarán a manos de la correspondiente corporación municipal, según explicó Bolaños. “Estamos iniciando el camino de la restitución de los bienes inmatriculados, un camino que debe continuar con más bienes y propietarios” pero que “representa un paso muy significativo”, ha asegurado esta mañana Caballero.

A pesar de que en el comunicado firmado con Moncloa la Conferencia Episcopal admitía que se debe proceder a la “regularización” de ese patrimonio que no le corresponde, en su informe rebajaban el reconocimiento de la apropiación a “señalar errores” en el listado oficial de sus bienes. Algunos de esos bienes que figuran inmatriculados a nombre de la Iglesia -al existir una nota simple que así lo acredita, según fuentes gubernamentales- pero que ahora reconoce que no es su titular ya no están en sus manos porque los ha vendido, cedido o donado a terceros. Así, se ha desprendido de más de 200 de esos inmuebles, según los datos facilitados por el Ejecutivo. Por ejemplo, vendió 122 viviendas y fincas de las que puso indebidamente a su nombre.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha entregado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado que contiene el cerca de millar de bienes inmuebles que la Iglesia reconoce que no son suyos pese a estar inmatriculados a su nombre. La entrega se produce tras el acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, por el cual los obispos admitían que en el listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados gracias a la ley de José María Aznar entre 1998 y 2015 existen “un conjunto que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Las entidades locales tendrán ahora que identificar a sus legítimos propietarios.

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El Gobierno ha traslada a la FEMP el listado para que sean los ayuntamientos los que se encarguen de identificar a los legítimos propietarios de esos bienes, entre los que hay fincas, viviendas e incluso lugares de culto, para que “se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder”. “A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, rezaba el comunicado suscrito por Moncloa y la Conferencia Episcopal el lunes. En el caso de que haya inmuebles de los que figuran en el listado que no tengan un dueño conocido, pasarán a manos de la correspondiente corporación municipal, según explicó Bolaños. “Estamos iniciando el camino de la restitución de los bienes inmatriculados, un camino que debe continuar con más bienes y propietarios” pero que “representa un paso muy significativo”, ha asegurado esta mañana Caballero.

A pesar de que en el comunicado firmado con Moncloa la Conferencia Episcopal admitía que se debe proceder a la “regularización” de ese patrimonio que no le corresponde, en su informe rebajaban el reconocimiento de la apropiación a “señalar errores” en el listado oficial de sus bienes. Algunos de esos bienes que figuran inmatriculados a nombre de la Iglesia -al existir una nota simple que así lo acredita, según fuentes gubernamentales- pero que ahora reconoce que no es su titular ya no están en sus manos porque los ha vendido, cedido o donado a terceros. Así, se ha desprendido de más de 200 de esos inmuebles, según los datos facilitados por el Ejecutivo. Por ejemplo, vendió 122 viviendas y fincas de las que puso indebidamente a su nombre.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha entregado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado que contiene el cerca de millar de bienes inmuebles que la Iglesia reconoce que no son suyos pese a estar inmatriculados a su nombre. La entrega se produce tras el acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, por el cual los obispos admitían que en el listado de 34.961 bienes inmuebles inmatriculados gracias a la ley de José María Aznar entre 1998 y 2015 existen “un conjunto que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Las entidades locales tendrán ahora que identificar a sus legítimos propietarios.

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