Inmatriculaciones

La Iglesia asume ante el Gobierno que registró a su nombre 965 bienes que no le corresponden y se abre a devolverlos

Irene Castro

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La Iglesia reconoce que puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden. Con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el Gobierno hizo público el listado de bienes inmuebles que la Conferencia Episcopal inmatriculó gracias a una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica. A partir de la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos) se puso en marcha una negociación entre ambas instituciones para analizar el listado y, tras varios meses de conversaciones, la Iglesia asume que 965 de esos bienes no le corresponden, según los datos del Ejecutivo. Ahora se iniciará el proceso de regularización mientras la comisión creada para examinar las inmatriculaciones continúa sus trabajos. 

BUSCADOR | Garajes, casas, fincas o huertos: las inmatriculaciones de la Iglesia, una a una

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El acuerdo por el que la Conferencia Episcopal reconoce que no es la legítima propietaria de esos bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 se ha sellado al máximo nivel en un encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable de las relaciones religiosas del Estado, con el presidente de los obispos, Juan José Omella. 

Se trata del primer gran acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Conferencia Episcopal en el marco de las tres subcomisiones que se crearon con la llegada de Sánchez al poder: una para analizar el listado de los bienes inmatriculados, otra para estudiar la fiscalidad y otra para la Obra Pía de Roma. En el primer encuentro que mantuvieron Bolaños y Omella en el mes de agosto, el recién nombrado ministro de Presidencia instó al cardenal a acelerar los trabajos sobre el listado de inmatriculaciones. Los detalles se ultimaron en una reunión que mantuvieron el pasado martes. No obstante, los números que la Conferencia Episcopal ha publicado en su informe en la tarde del lunes no cuadran con los que maneja el Gobierno, que sostiene que los obispos siguieron “depurando datos” esta semana.

Ahora empieza la regularización

“La Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados”, explica el comunicado conjunto de Moncloa y la Iglesia tras el encuentro de este lunes: “El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado, un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”.

La Iglesia admite, por tanto, que inmatriculó indebidamente cerca de un millar de bienes. La mayoría son fincas (502 rústicas y 151 urbanas), pero también lugares de culto (179), viviendas (98) y cementerios (28). De los 965, la Iglesia reconoce que 757, pese a estar registros a su nombre, pertenecen a otro titular y que 208 de los bienes que inmatriculó sin corresponderle están ahora en manos de terceros porque los ha vendido o cedido, por ejemplo. 

Esos son los datos que maneja el Gobierno, pero la Conferencia Episcopal habla de “errores” en el listado publicado que “necesitan ser revisados”, a pesar de que el comunicado que firma junto a Moncloa hace referencia a “iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder”. Así, el informe que los obispos han publicado este lunes por la tarde señala “un grupo de 608 bienes” de los que “falta información” y de 276 que “no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a Ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad”.

La identificación continúa

Tras el reconocimiento por parte de la Iglesia, el siguiente paso será poner en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado para que los correspondientes ayuntamientos puedan proceder a la identificación de los legítimos propietarios. “La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, señala el comunicado conjunto.

No obstante, los trabajos de la subcomisión continuarán ya que hay al menos 73 bienes sobre los que existen informaciones incompletas o contradictorias que deben seguir analizándose. Fuentes gubernamentales apuntan, además, a que ese organismo puede servir para analizar reivindicaciones de personas que consideren que tienen el derecho de propiedad sobre algún bien que figura en el listado de inmatriculaciones sin que tengan que llegar a la vía judicial para su reclamación. 

¿Qué pasa con la mezquita de Córdoba?

La mezquita de Córdoba es uno de los lugares de culto más emblemáticos de los que se inmatriculó la Iglesia pese a no tener título escrito de dominio. Frente a la reivindicación de la titularidad pública, la Iglesia reivindica su propiedad. Fuentes gubernamentales apuntan a que la mezquita no es uno de los bienes objeto de análisis y que su pretensión tenga un “régimen específico” dado que se trata de un “lugar de culto singular”. La intención del Gobierno es encontrar una solución negociada con la Conferencia Episcopal y el Ayuntamiento de Córdoba. 

La Iglesia reconoce que puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden. Con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el Gobierno hizo público el listado de bienes inmuebles que la Conferencia Episcopal inmatriculó gracias a una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica. A partir de la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos) se puso en marcha una negociación entre ambas instituciones para analizar el listado y, tras varios meses de conversaciones, la Iglesia asume que 965 de esos bienes no le corresponden, según los datos del Ejecutivo. Ahora se iniciará el proceso de regularización mientras la comisión creada para examinar las inmatriculaciones continúa sus trabajos. 

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El acuerdo por el que la Conferencia Episcopal reconoce que no es la legítima propietaria de esos bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 se ha sellado al máximo nivel en un encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable de las relaciones religiosas del Estado, con el presidente de los obispos, Juan José Omella. 

Se trata del primer gran acuerdo alcanzado por el Gobierno y la Conferencia Episcopal en el marco de las tres subcomisiones que se crearon con la llegada de Sánchez al poder: una para analizar el listado de los bienes inmatriculados, otra para estudiar la fiscalidad y otra para la Obra Pía de Roma. En el primer encuentro que mantuvieron Bolaños y Omella en el mes de agosto, el recién nombrado ministro de Presidencia instó al cardenal a acelerar los trabajos sobre el listado de inmatriculaciones. Los detalles se ultimaron en una reunión que mantuvieron el pasado martes. No obstante, los números que la Conferencia Episcopal ha publicado en su informe en la tarde del lunes no cuadran con los que maneja el Gobierno, que sostiene que los obispos siguieron “depurando datos” esta semana.

Ahora empieza la regularización

“La Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados”, explica el comunicado conjunto de Moncloa y la Iglesia tras el encuentro de este lunes: “El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado, un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”.

La Iglesia admite, por tanto, que inmatriculó indebidamente cerca de un millar de bienes. La mayoría son fincas (502 rústicas y 151 urbanas), pero también lugares de culto (179), viviendas (98) y cementerios (28). De los 965, la Iglesia reconoce que 757, pese a estar registros a su nombre, pertenecen a otro titular y que 208 de los bienes que inmatriculó sin corresponderle están ahora en manos de terceros porque los ha vendido o cedido, por ejemplo. 

Esos son los datos que maneja el Gobierno, pero la Conferencia Episcopal habla de “errores” en el listado publicado que “necesitan ser revisados”, a pesar de que el comunicado que firma junto a Moncloa hace referencia a “iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder”. Así, el informe que los obispos han publicado este lunes por la tarde señala “un grupo de 608 bienes” de los que “falta información” y de 276 que “no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a Ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad”.

La identificación continúa

Tras el reconocimiento por parte de la Iglesia, el siguiente paso será poner en manos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el listado para que los correspondientes ayuntamientos puedan proceder a la identificación de los legítimos propietarios. “La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, señala el comunicado conjunto.

No obstante, los trabajos de la subcomisión continuarán ya que hay al menos 73 bienes sobre los que existen informaciones incompletas o contradictorias que deben seguir analizándose. Fuentes gubernamentales apuntan, además, a que ese organismo puede servir para analizar reivindicaciones de personas que consideren que tienen el derecho de propiedad sobre algún bien que figura en el listado de inmatriculaciones sin que tengan que llegar a la vía judicial para su reclamación. 

¿Qué pasa con la mezquita de Córdoba?

La mezquita de Córdoba es uno de los lugares de culto más emblemáticos de los que se inmatriculó la Iglesia pese a no tener título escrito de dominio. Frente a la reivindicación de la titularidad pública, la Iglesia reivindica su propiedad. Fuentes gubernamentales apuntan a que la mezquita no es uno de los bienes objeto de análisis y que su pretensión tenga un “régimen específico” dado que se trata de un “lugar de culto singular”. La intención del Gobierno es encontrar una solución negociada con la Conferencia Episcopal y el Ayuntamiento de Córdoba. 

La Iglesia reconoce que puso a su nombre cerca de un millar de bienes que no le corresponden. Con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, el Gobierno hizo público el listado de bienes inmuebles que la Conferencia Episcopal inmatriculó gracias a una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica. A partir de la publicación de los 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a distintos usos) se puso en marcha una negociación entre ambas instituciones para analizar el listado y, tras varios meses de conversaciones, la Iglesia asume que 965 de esos bienes no le corresponden, según los datos del Ejecutivo. Ahora se iniciará el proceso de regularización mientras la comisión creada para examinar las inmatriculaciones continúa sus trabajos. 

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El acuerdo por el que la Conferencia Episcopal reconoce que no es la legítima propietaria de esos bienes inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015 se ha sellado al máximo nivel en un encuentro que han mantenido Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable de las relaciones religiosas del Estado, con el presidente de los obispos, Juan José Omella.