La crisis sanitaria sin precedentes que vive España ha dejado al descubierto la fragilidad de los hogares más vulnerables. Las medidas restrictivas impuestas para frenar al coronavirus impactan de manera específica en las familias y personas con pocos recursos, sin hogar, dependientes o mayores. Para hacer frente a los efectos que la situación pueda provocar en estos colectivos y evitar “una emergencia dentro de la emergencia” de la que alertan las ONG, el Gobierno ha incluido una partida extraordinaria de 300 millones de euros en el decreto aprobado este martes.
Se trata de un Fondo Social Extraordinario, destinado “exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19”, especifica el decreto. Este crédito será transferido directamente a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para que financien y refuercen (con aumentos de plantilla y de recursos) los Servicios Sociales. Este viernes, se celebrará una Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y Dependencia para acordar los criterios y la distribución de los créditos. Las comunidades, diputaciones y ayuntamientos tendrán margen para utilizar el dinero en base a las necesidades que detecten, pero el Ejecutivo ha identificado casi una decena de prestaciones que considera “impresdincibles”, explican desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales.
Son las siguientes:
Reforzar la ayuda a domicilio con el objetivo de garantizar “los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación” de todas las personas, con el foco puesto especialmente en las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. El objetivo de esta medida es compensar el cierre de comedores, centros de día y ocupacionales y atender de manera prioritaria a estos grupos de población, que afrontan una mayor vulnerabilidad en caso de contagio y, en muchos casos, constituyen sectores de riesgo.
Incrementar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia. Este tipo de dispositivos, dirigidos habitualmente a personas mayores y con dependencia o en situación de riesgo de aislamiento, permiten un sistema de comunicación 24 horas para dar respuesta a necesidades o emergencias. El objetivo durante la cuarentena es que el ritmo de contactos de verificación y de vigilancia se incremente, detalla el decreto.
En muchas comunidades autónomas, una parte importante de los servicios destinados a la rehabilitación y a la terapia ocupacional están cerrados. Algunos han pasado a atender telefónicamente. Por eso, el Gobierno insta, por un lado, a que estos centros consideren la suspensión de la atención presencial, y por otro, a que su actividad sea trasladada a los hogares y las casas “cuando sea considerado necesario”. Estos recursos prestan servicio a personas mayores, personas con adicciones o enfermedades mentales (y a sus familias, en muchos casos) y el objetivo es que puedan recuperar su autonomía e integración.
Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar es otra de las prestaciones que nombra el decreto. Cada comunidad autónoma y ayuntamiento diseña sus mecanismos en este sentido –el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha habilitado un hotel y una pensión–, pero el Gobierno apunta a que el personal y los medios materiales deben ser “adecuados”. Esta misma semana, el Ministerio de Defensa dictó una instrucción para que el Ministerio de Asuntos Sociales coordine, con apoyo del Ejército, las actuaciones en esta materia. En España hay unas 33.000 personas sin hogar.
El decreto también insta a ampliar las plantillas de los centros de Servicios Sociales y de las residencias en caso de que sea necesario sustituir a trabajadores por prevención, por contagio de coronavirus, porque se amplíen las prestaciones que se ofrecen o por sobrecarga de la plantilla. Estas últimas, en concreto las destinadas a personas mayores, atraviesan especiales dificultades a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria debido a la numerosa población de riesgo que albergan.
Adquisión de equipos de protección individual (EPI). La escasez de estos medios (mascarillas, guantes o trajes para protegerse ante los contagios) es generalizada. El Ministerio de Sanidad ha comenzado a repartir esta semana a las comunidades autónomas un millón de mascarillas, según informó ayer el departamento dirigido por Salvador Illa. Sin embargo, siguen haciendo falta compras centralizadas de estos equipos, imprescindibles para enfermos, sanitarios y trabajadores.
El Gobierno pide a las comunidades autónomas y los ayuntamientos que amplíen la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias. Es decir, las ayudas mínimas para la inserción que reciben las personas con pocos recursos y que adoptan diferentes nombres dependiendo de cada territorio, o las prestaciones de urgencia (ropa, alimentos, higiene...). El objetivo es que se asegure “la cobertura de sus necesidades básicas”.
Reforzar los llamados “servicios de respiro” a personas cuidadoras y las medidas e conciliación para personas que cuenten con ingresos bajos y tengan que acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio “por razones justificadas o urgentes”. Este tipo de servicios, presentes en algunos ayuntamientos, son recursos de apoyo puntuales que ofrecen profesionales especializados para que los cuidadores, fundamentalmente de personas dependientes, puedan dejar de hacerlo durante un periodo de tiempo concreto.
El decreto, sin embargo, especifica que estos centros deberán garantizar la conciliación especialmente a familias monoparentales sin acceso al teletrabajo, que no pueden repartirse el cuidado entre dos. Ello a la espera de la prestación económica destinada a estos casos que anunció el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que aún no ha sido aprobado por el Ejecutivo.
Junto a estas prestaciones destacadas por el Gobierno, las comunidades autónomas y ayuntamientos podrán destinar el dinero a aquellas que “se consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente justificadas”, detalla el texto. Además, se incorpora una medida de flexibilización de la regla de gasto de los ayuntamientos que, en cómputo total, no puede superar los 300 millones de euros. Los entes locales podrán utilizar el superávit para estos mismos fines.
En cuanto a las transferencias directas, la distribución territorial del dinero será acordada en una Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y Dependencia que se celebrará el viernes, apuntan fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. No obstante, el texto avanza que las variables que se utilizarán para determinar cuánto le corresponde a cada comunidad autónoma serán: la población, la dipsersión, ser una gran urbe, el porcentaje de personas mayores de 65 años y menores de 16, superficie e insularidad.