La Justicia ordena al Ayuntamiento de Santa Cruz demoler un edificio diseñado por Dominique Perrault

Han sido al menos tres los autos judiciales que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez, ha remitido al Ayuntamiento de la capital tinerfeña ordenándole que proceda a la demolición del edificio diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, situado en la principal playa de la ciudad, Las Teresitas. El último tiene fecha del pasado 17 de junio y la juez recurre a las mayúsculas y a los subrayados para dejarle claro al alcalde, José Manuel Bermúdez, que debe proceder a derribar la totalidad del edificio y no sólo una parte, como pretendió el Consistorio hasta el último momento.

Bermúdez, que también figura como número dos en las listas de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, convocó este pasado viernes una Junta de Gobierno extraordinaria para iniciar por la vía de urgencia los trámites que desembocarán en el derribo de este inmueble, firmado por uno de los arquitectos más conocidos internacionalmente. En el realidad, el edificio iba a estar situado bajo tierra y pretendía servir como aparcamiento y centro comercial, además de formar parte de un proyecto global de remodelación de esta playa con zonas deportivas, chiringuitos de diseño y un anfiteatro.

Pero la que se planteó como la obra con la que el exalcalde Miguel Zerolo quería pasar a la posteridad como gran gestor, lo único que ha conseguido, por lo pronto, es que se siente en el banquillo de los acusados el próximo mes de septiembre acusado de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. Nada menos que ocho años de prisión le pide la Fiscalía Anticorrupción a Zerolo, en una causa en la que hay otros doce acusados entre los que se encuentran exconcejales, funcionarios y empresarios por la que está considerada la mayor trama de corrupción de Canarias y que tiene a esta playa como epicentro.

En el año 2000 el Ayuntamiento convocó un concurso de ideas internacional que ganó Perrault con un diseño cuya idea fundamental se basaba en despejar de construcciones todo el frente de la playa. Una petición que los vecinos habían salido a la calle a defender. En aquellos momentos los terrenos pertenecían a dos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, que los habían adquirido a toda prisa poco antes de que trascendiera el contenido de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconocía los derechos edificatorios en la playa. La Corporación se gastó 52 millones en comprar once parcelas, pero no tuvo en cuenta la tasación de la arquitecta municipal, Pía Oramas -hermana de la candidata número uno de CC al Congreso de los Diputados, Ana Oramas- que las valoraba en apenas 17 millones.

A partir de entonces la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) recurrió a los tribunales, que finalmente le dieron la razón y anularon la compraventa. Eso ocurrió en 2007, poco antes de las elecciones municipales de aquel año. Pero meses antes, Zerolo había comenzado las obras deprisa y corriendo, sin esperar al resultado de los numerosos contenciosos que planeaban sobre Las Teresitas. El resultado es que al final nadie sabía a quién pertenecían los terrenos, no se llegó a pedir permisos para construir el edificio que el ingenio popular había bautizado ya como “el mamotreto”, no se firmó el imprescindible convenio con Costas y, al final, el hormigón invadió terrenos de dominio público. Por si fuera poco, se incumplió el principio de que no se puede ejecutar obra alguna mientras se esté fijando el deslinde marítimo costero, como ocurría entonces.

En el mes de marzo de 2008 los trabajos se paralizaron ante el estupor del equipo de Perrrault, que llegó a calificar de “chapucero” al Ayuntamiento de Santa Cruz. Justo en ese momento la Fiscalía para los Delitos contra el Medio Ambiente comenzó a investigar unas denuncias presentadas por particulares, el PSOE y colectivos ecologistas. Años después, el procedimiento judicial culminó con una sentencia que condenó a tres exconcejales y a otros tantos técnicos, con penas de cárcel y a abonar de su bolsillo los gastos que se deriven del derribo del edificio.

A su paso por la Audiencia Provincial se abrió la puerta a que se legalizara una parte del mamotreto, concretamente la que no invadía el dominio público. El Ayuntamiento se agarró a esta alternativa, pese a que las posibilidades de obtener algún tipo de resultado eran nulas. La jurisprudencia es clara al señalar que no se puede legalizar vía planeamiento lo que la Justicia ha declarado como ilegal. El grupo de gobierno puso entonces sus esperanzas en la redacción de un Plan Especial que en sus primeros esbozos contemplaba un aparcamiento en este mismo lugar, aunque sólo de forma indicativa.

Pero el auto emitido hace escasas fechas deja claro que el cumplimiento de esta sentencia que devino en firme hace ya dos años no puede esperar más a la redacción de un documento que carece de plazos y cuya aprobación no depende sólo del Ayuntamiento. Así que la orden de la magistrada es clara: la Corporación local debe asumir los gastos y encargar el derribo de todo el edificio y luego pasarle la factura a los condenados.

Ya parece evidente que se han acabado los argumentos, los intentos de dilatar el procedimiento y de encontrar excusas, en lo que se ha convertido en uno de los episodios más bochornosos de la gestión de los nacionalistas tinerfeños. El propio alcalde ha encargado el derribo por la vía de urgencia, consciente de que se le han cerrado todas las puertas y posibilidades. De que está más cerca de ser acusado por desacatado que de salvar edificio alguno.

Lo único que ha conseguido el grupo de gobierno (actualmente formado por CC y el PP, partido este último que lleva la cartera de Urbanismo) es que cuando caiga el mamotreto, a la vez desaparezca el símbolo de una forma de gobernar la ciudad. Desde los inicios de la democracia, las riendas de Santa Cruz las ha asumido una única formación política, aunque bajo distintos nombres y con diferentes matices ideológicos. Ahora, el proyecto para la principal playa de los santacruceros que pretendía afianzarlos aún más en el poder, se ha convertido en su gran fracaso.

En cuanto a Perrrault, se da por seguro que se iniciarán pleitos judiciales para fijar sus multimillonarios honorarios y antes o después acabará borrando este proyecto de su página web. De hecho, un pleno municipal aprobó por unanimidad descartarlo de forma rotunda. Pero rizando el rizo del sinsentido, poco después el alcalde intentaba mantener en pie el edificio que era la principal pieza de aquel diseño.