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José Luis Ramírez Ortiz

Magistrado con destino en la Audiencia Provincial de Barcelona, en el orden penal. Es miembro de la Junta Directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal, de la International Penal and Penitentiary Foundation, y de la asociación Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz. Compagina la labor jurisdiccional con la investigación y la docencia. Ha impartido numerosos cursos de formación en el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de Cataluña. Tiene experiencia internacional en temas judiciales y penales en Honduras, donde ha impartido seminarios y conferencias, y ha participado en actividades de cooperación. Es profesor del Master de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y del master en Abogacía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las áreas prioritarias de estudio en las que ha centrado la labor investigadora y publicaciones desde una aproximación mixta, empírica y normativa, son el Estado constitucional, el poder judicial democrático y el estatuto judicial, el sistema de persecución penal, la prueba, y los papeles de la policía y la judicatura en las democracias.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un reto histórico

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras lo que la comunidad internacional calificó como el primer golpe de Estado del siglo XXI en ese país. A su éxito contribuyó la Corte Suprema de Justicia, órgano integrado por miembros nombrados por los partidos mayoritarios, Liberal y Nacional, que promovieron dicho golpe. En ese contexto, los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza, participaron en diversos actos de denuncia de los hechos y defensa del orden constitucional. Tras ello, fueron sancionados y removidos de la magistratura por la Corte, que acumulaba poderes jurisdiccionales y disciplinarios. El Tribunal entendió, a grandes rasgos, que habían incurrido en actos contra la “dignidad” o el “decoro” de sus cargos.

Desde el golpe de Estado han sido asesinados en Honduras, en circunstancias no esclarecidas, 6 jueces, 3 de ellos pertenecientes a la asociación judicial Jueces para la Democracia. Además, el número de fiscales, abogados y juristas defensores de derechos humanos asesinados desde el año 2010 es de 72. El pasado 10 de octubre de 2014 fueron asesinadas Marlene Janeth Banegas y Olga Patricia Eufragio, ambas  fiscales del Ministerio Publico en la ciudad de San Pedro Sula. De igual modo, a pocos días de este hecho, fue asesinada Iris Elizabeth Argueta, Defensora Publica en la ciudad de Catacamas.   

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