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Portugal ante el aborto

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La legislación portuguesa todavía vigente autoriza el aborto en las doce primeras semanas de gestación en los casos de violación, riesgos para la salud de la madre o malformación congénita del feto. Apenas quedan unos cuantos países más de la Unión Europea donde el aborto sigue siendo ilegal, como Polonia, Irlanda, Malta y Chipre, pero no comporta pena de prisión para las mujeres o el personal sanitario que ayude en un aborto. También cabe perseguir y juzgar en Portugal a los familiares que tienen conocimiento de un aborto voluntario y no lo denuncian. Aunque es cierto que sólo en pocos casos se ha aplicado, la ley portuguesa aún establece penas de 2 a 8 años de cárcel. Muy sonado fue el caso de Aveiro, en 2004, cuando 17 personas fueron acusadas y condenadas por participar en interrupciones ilegales de embarazos. Ya en 1998 hubo un referéndum, con una abstención del 68,1%. De los que ejercieron el derecho al sufragio, el 50,6% lo hizo en contra de la despenalización del aborto. Pero esta vez el desenlace fue bien distinto. La abstención alcanzó el 56,39%, los votos en contra el 40,75% y a favor del derecho al aborto el 59,25%. Como la participación quedó por debajo de la mitad de los electores, el resultado no es jurídicamente vinculante para el Gobierno, pero el primer ministro socialista José Sócrates ya anunció que “la ley será discutida ahora y aprobada por el Parlamento. Nos interesa luchar contra el aborto clandestino y tenemos que sacar una ley que respete el resultado del referéndum.” Solamente durante el año pasado se realizaron entre 17.000 y 18.000 abortos tan ilegales como peligrosos. Cerca de 350.000 portuguesas entre los 18 y los 49 años de edad se sometieron al menos a una interrupción del embarazo en su vida. El 14,3% de quienes recurrieron al aborto el año pasado viajaron a España. A la clínica “Los Arcos” de Badajoz, a unos kilómetros de la frontera, le llega un 60% de sus clientes precisamente de Portugal. Unas 4.000 mujeres viajaron el año pasado hasta esa clínica española o hasta un centro similar situado en Mérida. La clandestinidad de la interrupción del embarazo hace que en Portugal cueste unos 1.000 euros, mientras en Los Arcos oscila entre los 350 y los 625 euros. Claro que ahora esta clínica española está dispuesta a prestar sus servicios en el mismo centro de Lisboa. Quizá no le vaya tan bien como ahora. El ministro de Sanidad, Correia de Campos, aseguró ayer que los hospitales públicos están preparados para acoger las solicitudes de las mujeres. Muy probablemente saltará pronto la objeción de los médicos que se negarán a interrumpir un embarazo por razones de conciencia. Habrá que contemplar éstas y otras dificultades lógicas de un proceso tan complicado para las costumbres portuguesas, muy arraigadas en las tradiciones católicas más reaccionarias. En todo caso, celebramos este paso delante de la sociedad portuguesa, tan cerca y tan lejos habitualmente de nuestros medios de comunicación y de nuestras preocupaciones.

Rafael Morales

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